Ahí tienen a la Constitución española: 38 años y una mala salud de hierro a la altura de la de aquellos gerontócratas de la URSS que iban superando autopsia tras autopsia hasta que palmaban de aburrimiento. Desde que este servidor recuerda —que es desde el mismo instante de su debate, referéndum y proclamación—, siempre ha estado en entredicho. Que si es un papel, un apaño temporal destinado a caer en cuanto caiga la breve (¡ja!) monarquía de Juan Carlos, un texto mejorable cuando la muerte del bajito de Ferrol esté lo suficiente lejos… Incluso en la época de la glorificación redondomayororejista, cuando los dos partidos turnantes dividieron el censo entre constitucionalistas y lo que fuera, se abría la puerta a unos retoques de chapa y una mano de pintura, siquiera en plan Lampedusa, cambiar para que nada cambie.
Mucha palabrería traducida en ningún hecho. Miento. En realidad, sí ha habido una reforma —más bien ñapa— en el texto supuestamente sacrosanto. El 2 de septiembre de 2011, en los estertores del zapaterismo, PSOE y PP le dieron un meneo al artículo 135 de modo que la soberanía financiera se fue a hacer gárgaras, dejando en manos de los supertacañones de Bruselas la potestad de marcar el límite de déficit que les saliera de la sobaquera.
Es verdad. De entonces a hoy han cambiado unas cuantas cosas. El bipartidismo ya no es lo que era. De hecho, hay una tercera fuerza que ya es segunda en la mayoría de las encuestas. Pero siguen sin salir los números para una reforma de fuste. Desde luego, no en lo territorial ni en la forma de Estado. No digo que me guste en absoluto, solo que es así.