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Memoria de Mikel Zabalza

Curioso ganapán, el de delegado o delegada del Gobierno español en las taifas peninsulares del café aguado para todos. Miren la que acaba de liar la que ejerce en Madrid a cuenta de la estelada. Del virrey en la demarcación autonómica de Vasconia, Suecencia Urquijo, qué les voy a contar; como aquel viejo eslogan del cupón de la ONCE: cada día, un numerito. Y no pierde comba en el concurso de hacer la gapuchipez más gorda la titular de la prefectura patria en el cachito foral, Carmen Alba.

“Ya estoy acostumbrada a que me reprueben y pidan mi dimisión”, se refocilaba hace unos días la que lleva como apellido cierto ducado de infame recuerdo. Razón no le falta, a ella plin, así que, sin dejar de sumarme a la inútil petición de que se las pire de una vez, le muestro mi gratitud en estas líneas. Sí, lo que leen: gratitud. Su infinita torpeza —seguramente malvada, por demás— al relacionar con ETA a Mikel Zabalza en el tristemente célebre requirimiento para que se borrase la pintada de Aoiz contra la tortura ha servido para sacar del olvido uno de los más truculentos crímenes cometidos en las cloacas del Estado español.

Invito a los lectores más jóvenes a documentarse sobre el caso. Más de 30 años después, los mismos que berrean sobre la asunción del daño causado y nos dan lecciones de memoria, siguen sin tener los bemoles de reconocer como víctima a un inocente al que sacaron de su casa de madrugada, lo llevaron a Itxaurrondo para inflarlo a hostias, y apareció 20 días más tarde en una zona del río Bidasoa que ya se había rastreado. ¿Cómo era la cantinela de la verdad, la justicia y la reparación?

Colau y la normalidad

Ada Colau reconoce que ha fracasado en su intento de evitar la huelga del metro de Barcelona. No solo eso. Por alguna razón que me abstendré de interpretar, hace públicos los sueldos de los trabajadores. 33.000 euros es la media, de la que tampoco diré ni pío. En la previa, la alcaldesa había solicitado la desconvocatoria del paro que, según su muy docto entender —algo sabe de reivindicaciones y protestas—, es una medida desproporcionada.

¿Y qué hacemos ahora con ella? ¿La arrumbamos de fascista explotadora de la clase obrera o nos liamos a zurriagazos con los señoritos operarios del suburbano que exigen por encima de sus posibilidades? Con lo fácil que sería, ¿verdad?, si el munícipe que pone pie en pared perteneciera a la casta fachuna de rigor. Ahí no cabría la menor duda de que la culpa correspondería en exclusiva a la perversa autoridad, brazo ejecutor del insaciable capital en su sádica carrera precarizadora y laminadora de derechos básicos. O así.

Quizá la enseñanza de todo esto sea, sin embargo, que no hay que venirse muy arriba con el lenguaje panfletero. Ocurre en más de un conflicto (y en más de diez) que las demandas, por justas que sean o lo parezcan, no se pueden satisfacer al cien por ciento. Si tras un número razonable de intentos se sigue en las mismas, suele proceder levantarse de la mesa y reconocer el fracaso, lo cual nos devuelve al principio de estas líneas, pues eso es exactamente lo que ha tenido que hacer, muy a su pesar, Ada Colau. Política real se llama el invento. Aunque descubrirlo y asumirlo supone perder barniz lírico, también es un síntoma de madurez y normalidad.

El daño causado

Reconocer el daño injustamente causado es, miren ustedes qué perogrullada, reconocer el daño injustamente causado. Y hacerlo a pelo, porque sí, porque siendo imposible esa reparación de la que tanto se habla en vano, es lo menos que se le debe a quien se le provocó el sufrimiento, una disculpa. Pero no una de trámite en media línea perdida por ahí, como si todo el mal hubiera consistido en un pisotón al subir al autobús o fuera producto de un malentendido tonto. Algo de más fuste, pensado, elaborado, que se note que ha llevado su tiempo y que parte de la absoluta sinceridad. Tampoco vale apostillarlo con que si yo no empecé, a otros que han hecho cosas peores no se les pide lo mismo, es que había un conflicto… ni demás prosa justificatoria. Aunque las acciones se hayan dado en un contexto muy determinado, cada una es personal e intransferible.

¿Es que acaso hay que humillarse? No va por ahí. Un exceso de flagelo sonaría demasiado artificioso y habría motivos para desconfiar. Basta con unas gotas de naturalidad y otras de empatía, sin perder nunca de vista que incluso las palabras mejor escogidas y dichas no serán capaces de restaurar los estragos cometidos.

Se nos suele olvidar —o directamente no queremos contemplarlo así— que estamos hablando de una cuestión puramente moral. Es fatal mezclarla con las estrategias políticas coyunturales o vincularla, como se está haciendo, con la obtención de hipotéticos beneficios penitenciarios. Si queremos que el reconocimiento del daño causado tenga algún sentido o algún valor, no podemos ni exigirlo ni ofrecerlo a cambio de contrapartida alguna.