Jueves 22 de noviembre de 2012
“No sé lo que nos pasa» me decía un socialista ante la debacle continua de su partido. Pero no es solo una cosa lo que les pasa, es que les pasan muchas más. De hecho Pérez Rubalcaba reconoció que debían haber modificado la ley hipotecaria en las legislaturas de Zapatero y nada hicieron. O el indulto al banquero Alfredo Sáenz, o el no haber abordado con cabeza el debate catalán. Tantas y tantas cosas, que han ido desdibujando el perfil socialista, de un partido que se llama socialista, obrero y español. Bueno, esto si lo cumplen a rajatabla y hasta en demasía. No hay más que oírle hablar a Rubalcaba de su Majestad el Campechano en un programa de TVE hecho a medida del rey por otro socialista, Miguel Ángel Sacaluga. De ruborizar en un partido que se dice republicano.
Pero veo que lo del PSOE no tiene propósito de la enmienda. Ahora quieren proteger a Rato cuando nunca se ocuparon de proteger al ciudadano de los excesos de Rato. Y no es que yo quiera lo peor para Rato, sino solo lo que le debe pasar a cualquier ciudadano ante la ley. Que ésta sea igual para todos.
¿Y por qué digo ésto?
El Partido Popular ha cerrado filas con el respaldo del grupo parlamentario catalán de CiU y el beneplácito del PSOE para evitar un nuevo “escarnio” a Rodrigo Rato como presidente que todavía es de Caja Madrid. La institución financiera latente en la estructura de Bankia debería haber convocado a la asamblea general para regularizar su situación jurídica y transformar su naturaleza de entidad de crédito en fundación de carácter especial. Sin embargo, la normativa derivada del rescate bancario permitirá al antiguo vicepresidente económico de Aznar ahorrarse el trago, dejando que sean el Ministerio de Economía y el Banco de España los encargados de rubricar de manera directa el certificado de defunción de la que, en su día, llegó a ser primera marca bancaria de Madrid.
El que evita la ocasión evita el peligro y, por eso, el partido en el poder ha decidido reducir a cinco meses el periodo de transición que va a experimentar el mercado financiero español. De este modo, la entrada en vigor de la normativa destinada a dar cuerpo legal al decreto de la última reforma bancaria se produce una vez que Caja Madrid ha superado los plazos exigidos para convertirse en fundación de carácter especial.
Con estas nuevas condiciones, la transformación de la naturaleza jurídica se efectuará por decisión unilateral del Ministerio de Economía y será el Banco de España el encargado de dar de baja de manera automática a la entidad de crédito que actualmente preside Rodrigo Rato. De acuerdo con el calendario previsto, el regulador emitirá su informe de disolución el próximo día 27 revocando a todos los órganos de gobierno de la entidad. El ajuste fino de la ley, llevado a cabo durante su tramitación en el Senado, otorga a las autoridades bancarias la responsabilidad de designar también una comisión gestora que será la encargada de aprobar los Estatutos de la nueva fundación especial, nombrar el patronato y fijar, en su caso, el régimen de amortización de las cuotas participativas que carezcan de derecho de voto.
Caja Madrid será liquidada antes de que acabe este mes sin necesidad de celebrar una reunión asamblearia con un consejo de administración en el que una buena parte de sus miembros han sido imputados dentro del denominado “caso Bankia”. La última y esperpéntica junta general que el grupo nacionalizado celebró en Valencia a finales de junio ha pesado como un mal precedente que nadie quiere ahora repetir.
Las únicas comparecencias públicas a las que deberán enfrentarse Rodrigo Rato, José Luis Olivas y el resto de encausados tendrán lugar, en definitiva, ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andréu. Las citaciones se reanudan precisamente este lunes con la comparecencia de Mercedes de la Merced, exconcejal del PP en la etapa del alcalde José María Álvarez del Manzano, y con el vocal de Caja Ávila, Agustín González.
Como ya ha ocurrido en las anteriores declaraciones judiciales, los abogados de todos los imputados han decidido que sus clientes sólo contesten a las preguntas del juez y del fiscal haciendo caso omiso de las interpelaciones de la acusación particular. El objetivo es impedir que el juicio se convierta en un espectáculo mediático a beneficio de inventario político y con el consiguiente escándalo público. Una razón similar a la que ha inspirado también la nueva disposición normativa para que Caja Madrid pase a mejor vida sin hacerse el harakiri en una asamblea general que, con el actual panorama, podría acabar como el rosario de la aurora.
Y el PSOE no solo callado sino apoyando esta desigualdad tan grave ante la ley. ¿Es ésto propio de un partido socialista?