Sábado 8 de febrero de 2020
En 1989, el Consejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Ardanza, José Ignacio Arrieta Heras, escribió el 23 de junio de 1989 en El Correo una reflexión sobre la lucha contra la pobreza. Lo he encontrado y quiero sacarlo del baúl para que se tengan datos para conocer y reconocer sobre quienes pusieron en marcha lo que es una iniciativa vasca, concretamente del EAJ-PNV, anticipándose décadas a lo que es la envidia de Podemos y la rabieta de Bildu.
Decía así el Consejero Arrieta:
“Cuando se cumplen ahora tres meses de la puesta en marcha del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza en Euzkadi por parte del Gobierno vasco, las Diputaciones y los Ayuntamientos y ante ciertas interpretaciones que últimamente se han hecho de alguna de mis intervenciones públicas al respecto, considero necesario una puesta en común de las principales preocupaciones que sobre este lema tenemos en el Departamento de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco.
A estas alturas podemos decir que, no sin ciertas dificultades, los objetivos previstos en el Plan se están cumpliendo. Así, por ejemplo, más de 1.200 familias vascas están percibiendo el Ingreso Mínimo Familiar o salario social y otras 1.000 han solicitado algún tipo de ayuda para cubrir las necesidades comprendidas dentro del segundo nivel del Plan, que hemos denominado «situaciones de emergencia social». En total son más de 1.000 millones de pesetas los que se han destinado hasta la fecha a paliar las múltiples situaciones de marginación por las que atraviesan un importante número de ciudadanos vascos.
Y es ahora cuando pienso que tienen sentido algunas reflexiones personales sobre el particular. En primer lugar, me parece importante recordar que nos encontramos ante un proyecto interinstitucional, en donde la garantía de su éxito radica, de una manera fundamental, en el papel que juegan los profesionales de los servicios sociales que desde los Ayuntamientos están ejecutando el Plan.
Estoy convencido de que estos profesionales representan la punta de lanza, la avanzadilla de todo el proceso y sin cuya participación e integración el Plan no tendría sentido. Pero siendo necesaria su identificación, dedicación y compromiso con el proyecto, se hace igualmente imprescindible su participación en la evaluación y revisión continua del programa.
No podemos olvidar que esta participación de los profesionales de los servicios sociales es lo que nos va a permitir al sector público disponer de criterios, opiniones, sugerencias y propuestas suficientemente contrastadas para que el Plan de Lucha contra la Pobreza en Euskadi sea algo dinámico, que vaya resolviendo los problemas que surjan a lo largo de su desarrollo y que, en definitiva, nos permita cubrir su objetivo fundamental: la reinserción o integración socio-laboral de quienes durante una etapa de su vida padecen la tremenda e injusta situación de no disponer de los medios necesarios para ellos y sus familias.
La segunda reflexión nace de la constatación de que con este Plan estamos marcando un hito en la historia de la política social del Estado español. Y salvo las críticas de algún miembro del Gobierno central, ninguna comunidad autónoma, ni ninguna fuerza política y social del Estado ni de Euskadi han levantado ni una sola voz en contra de este Plan. Por el contrario, quienes se han posicionado al respecto lo han hecho o para alabarlo o para anunciar su voluntad de llevarlo a la práctica en su ámbito territorial.
Y a mí me parece que esto debe de ser un motivo de orgullo y de satisfacción común en nuestra sociedad. Porque nuevamente en Euzkadi, recogiendo toda una tradición de movimientos populares en este sentido, nos hemos puesto en vanguardia de una necesidad reclamada por las fuerzas sociales y por las instituciones autónomas e internacionales, como el Parlamento vasco y el Parlamento Europeo.
Y digo también motivo de orgullo porque, en cualquier ámbito de la vida, representa una sana satisfacción el saberse observado por los demás cuando se es partícipe de una experiencia de cuyos resultados otras sociedades van a poder beneficiarse; cuando, en definitiva, se está tomando parte de un proyecto común, basado en el principio de solidaridad, sin ningún afán de protagonismo. En definitiva, un reto para todos, instituciones y profesionales, con el que merece la pena identificarse, comprometerse y dedicar lo mejor de nuestros esfuerzos.
Para finalizar, una última reflexión que nos atañe a todos. A veces uno tiene la sensación de que cuando los medios de comunicación, e incluso entre los propios profesionales, se habla de este Plan, únicamente se hace referencia a lo que hemos denominado Ingreso Mínimo Familiar, olvidándonos de los otros dos niveles que lo conforman y sin los cuales el proyecto perdería una parte importante de su sentido: las ayudas a las situaciones de emergencia social y el establecimiento de una política sectorial.
Puedo llegar a entender que ese primer nivel sea más fácil de transmitir a la sociedad e incluso a los propios beneficiarios, al plantearse como el pago de una determinada cantidad de dinero. Ahora bien, estaríamos cayendo en un tremendo error si limitáramos el plan a una cuestión asistencial, olvidándonos de las posibilidades que nos permiten el segundo y tercero de los niveles. La inmediatez de uno y la globalidad del otro conforman la filosofía y el espíritu último con que fue concebido: la reinserción socio-laboral del marginado.
Y estas son, a modo de resumen, algunas de las preocupaciones y reflexión es que trasmití recientemente en Argómaniz a un grupo de profesionales de los servicios sociales de los Ayuntamientos con más población en nuestra comunidad autónoma, y que están llevando el peso más importante de este Plan, con motivo de la clausura de unas jornadas de trabajo organizadas por el Departamento de Trabajo y Seguridad Social”.
Por: Jose Ignacio Arrieta Heras*
*Consejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.
(El Correo, 23 de Junio, 1989)
30 años han pasado y se hace mas necesario que nunca, no olvidemos de que cada 10 euros gastados en los presupuestos del gobierno vasco, 7,5 se dedican a gasto social