Lunes 22 de junio de 2026
Natalia Junquera
Cuando el presidente del Gobierno compareció en julio de 2025 en el Congreso para dar explicaciones sobre los escándalos de corrupción que afectaban al exministro José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, anunció un plan estatal de lucha contra la corrupción de 15 medidas en materia de prevención, castigo y reparación del daño causado.
Casi un año después, ninguna de ellas está completamente implementada, y Pedro Sánchez tiene pendiente otra comparecencia (24 de junio) para responder por los nuevos frentes abiertos en los tribunales como es el caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el que investiga a la exmilitante socialista Leire Diez.
12 de las 15 medidas se encuentran en trámite normativo porque dependen, fundamentalmente, del anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), que fue aprobado en primera vuelta en el Consejo de Ministros del pasado 17 de febrero. De las otras tres no hay ningún hito público verificable. Así consta en el informe de seguimiento elaborado por +Democracia, organización que se dedica a aportar ideas para mejorar el funcionamiento de las instituciones, y la consultora TactioTeal. «La brecha entre anuncio e implementación, concluyen,» es, en sí misma, un problema de integridad pública».
EI Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha reprendido a España en varias ocasiones por remolonear con las medidas de prevención. En su último informe subrayó «la falta de acción decisiva y de resultados tangibles” sobre las recomendaciones hechas en 2019 para prevenir ese tipo de casos y reclamó a las autoridades españolas que antes de finales de este mes les enviaran un documento informando de sus avances.
La politóloga y socióloga Cristina Monge, presidenta de +Democracia, recuerda que el diagnóstico sobre las grietas del sistema está hecho hace muchos años, como prueba que ya en la etapa de Mariano Rajoy se plantease la regulación de los grupos de interés o lobbies, pero falta voluntad política» para hacerlas realidad.
«Hay medidas que necesitan un tiempo de tramitación, pero otras no. Falta liderazgo, convertir este asunto en una prioridad. La revisión, un año después, del grado de cumplimiento del plan anticorrupción es un ejercicio que debería haber hecho el propio Gobierno para rendir cuentas. Sánchez llega a la comparecencia del 24 de junio sin los deberes hechos».
La medida principal del primer eje del plan (Prevención) es la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública para aunar las funciones de varios organismos con competencias similares cuya dispersión, según explicó el presidente en el Congreso, había provocado «ineficiencias”, pero está incluida en la LOIP, en fase de anteproyecto y pendiente de la compleja fragmentación parlamentaria.
Lo mismo sucede con el plan para transformar la plataforma de Contratación del Sector Público con herramientas de inteligencia artificial, que, puestas a disposición de esa futura Agencia Independiente de Integridad Pública, facilitarían un almacenamiento masivo de datos para detectar “patrones anómalos y prevenir la corrupción antes de que se produzca”. La promesa de reforzar el control de la financiación de los partidos políticos, rebajando de 25.000 a 2.500 euros el importe de la donación individual que las formaciones estarían obligadas a hacer públicas, tampoco se ha materializado porque se incluye en la LOIP, que según el informe actúa como un auténtico «cuello de botella» del plan.
La Ley de Administración Abierta, que contempla sistemas de auditoria ciudadana y exámenes adicionales sobre el patrimonio de altos cargos, con controles aleatorios cada año -ahora la normativa incluye uno a final de mandato-, también se encuentra en fase de «anteproyecto».
El segundo eje del plan, el de la protección a quien denuncia irregularidades, es el que más avanzado está, pero porque la medida fundamental, la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI). ya se había incluido en otro plan anterior, el que el presidente concretó en el Congreso en 2024. Y la protección del informante de corrupción emana de una directiva europea de octubre de 2019 La AIPl está operativa desde abril de 2025, pero los refuerzos del plan anticorrupción anunciados hace casi 365 días, como facultar a las autoridades para anular represalias contra esos informantes, establecer indemnizaciones para ellos proporcionales al daño sufrido y ampliar a cinco años su protección tras el cese de sus funciones, siguen sin aplicarse porque dependen de la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública.
Otras reformas
El tercer eje del plan, «investigar, juzgar y sancionar la corrupción», abarca tres medidas que también están en fase de tramitación un año después porque, tal y como recuerda el informe, dependen de la LOIP o de reformas adicionales en el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Se trata de la creación de secciones especializadas en los tribunales de instancia; el establecimiento de un carácter preferente para las causas que involucren a cargos públicos; la ampliación del plazo de prescripción para los delitos de cohecho y malversación; y el endurecimiento de las sanciones a las empresas corruptoras.
En este apartado, Sánchez prometió poner en marcha un “sistema de exclusión y de listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración”. En realidad, la ley ya lo prevé -el conocido como «blacklisting» forma parte de otra directiva europea, esta, de 2014. pero las corruptoras a menudo se libran de esas sanciones porque cuentan con filiales y además, esas sanciones no son efectivas hasta
que hay sentencia firme. El plan anunciado en 2025 preveía «automatizar» esa inhabilitación y ampliarla a 15 años, así como crear un registro de las sancionadas. Pero esos cambios no están en vigor.
El cuarto eje del plan alude a la recuperación de lo robado. Una directiva es la que debe transponerse antes del 23 de noviembre obliga a facilitar el embargo de bienes o decomiso de productos derivados de una infracción penal cuando e bien de origen delictivo se haya transferido a un tercero, así como a reforzar la cooperación transfronteriza. +Democracia denuncia que la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) «carece de un presupuesto suficiente para sus funciones”. El plan sin ejecutar prevé crear la figura del «decomiso preventivo» para recuperar los bienes obtenidos por la corrupción sin que medie condena previa. Pero tampoco se ha llevado a cabo.
El quinto y último eje del plan, «cultura anticorrupción”, es, según el informe, el apartado “con peor desempeño verificable”, pese a que no depende de trámites parlamentarios. Abarca tres medidas: el impulso de programas de buenas prácticas y prevención para el personal que trabaja en el sector público; una campaña de concienciación social que informe de las posibilidades de denuncia de irregularidades y la realización de una encuesta anual sobre percepción y experiencia de la corrupción en España.