Lunes 20 de octubre de 2014
La medida, cuyo respaldo sólo fue roto por la abstención de Amaiur, queda pendiente de un último trámite en el Congreso
El Senado dio el miércoles 15 de octubre el penúltimo paso para que los presos de ETA en Francia sean trasladados a cárceles españolas. La Cámara alta dio el visto bueno a la reforma que ajustará las leyes del Estado a una decisión marco de la UE, de tal manera que los reclusos que estén cumpliendo condena en alguno de los 28 países miembros de La Unión sean enviados a sus naciones de origen. El cambio legislativo contó con el voto a favor de la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, excepto los representantes de Amaiur, que se abstuvieron. La modificación legal queda ahora a la espera de un último trámite: la ratificación en el Congreso de las enmiendas que se han introducido en el Senado. Este paso debería materializarse dentro de dos semanas en el pleno de la Cámara baja. Después se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
La iniciativa, que ya ha sido estudiada por los gobiernos de François Hollande y Mariano Rajoy, abrirá la puerta al traslado a España de 59 de los 97 reclusos de ETA en suelo galo –la cifra ha aumentado tras las penas firmes impuestas a Xabier Aranburu y Otoitz Gurrutxaga, detenidos ambos tras la declaración del final de ETA. Se trata de los internos con condenas firmes y sin procesos pendientes. Otros 32 presos, con causas abiertas en París, deberán esperar a que se completen sus sumarios. La medida no afecta a madia docena de reclusos de la organización, que tienen nacionalidad francesa.
Como se sabe los partidos debatieron el miércoles 15 en el Senado durante dos horas una reforma que permite adaptar a España a una normativa que la UE ya acordó en 2008. La sesión, que arrancó a las dos de la tarde, apenas fue seguida por docena y media de parlamentarios, entre los que figuraban, entre otros, Jokin Bildarratz (PNV), Tontxu Rodríguez (PSE) e Iñaki Goioaga (Amaiur). La decisión marco europea pretende facilitar la reinserción de los reclusos al promover que las condenas no sean cumplidas en los países donde se les ha detenido, sino en sus lugares de origen. El texto introduce como novedad que ya no sea imprescindible que el reo deba dar su conformidad al traslado, como hasta ahora. Basta con un acuerdo entre los estados implicados y en que el proceso sea revisado por las autoridades judiciales de los dos países. Francia ya completó la transposición de esta norma en agosto de 2013.
Sin consentimiento
La práctica totalidad de las formaciones en la Cámara alta reconocieron que a España “no le queda otra” que asumir la legalidad de la comunidad europea. De ahí que los grupos respaldaran la reforma, a pesar de que el PP, con su mayoría en esta institución, rechazara todas las enmiendas de la oposición al texto redactado por una ponencia. La excepción a este masivo apoyo correspondió a Amaiur, cuyos cuatro representantes optaron por la abstención. El portavoz de Amaiur justificó el sentido de su voto en la necesidad de comprobar cómo el Gobierno de Mariano Rajoy “materializa” el cambio legal. La coalición liderada por la izquierda abertzale entiende que la legislación de la UE obligaría al Ejecutivo del PP a llevar a los presos que sean enviados desde Francia a cárceles del País Vasco, por tratarse de la comunidad en la que se encuentran sus respectivas familiar. Una posibilidad que no entra dentro de los planes del Gabinete Rajoy, cuyo ministerio del Interior insiste en que esta modificación no supone un cambio de la política penitenciaria y que la dispersión solo se acabará cuando ETA anuncie su disolución definitiva.
La “Ley de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la UE”, nombre oficial del texto que salió del Senado en dirección al Congreso, establece, no obstante, una serie de controles judiciales antes de que el traslado se haga efectivo. Una enmienda incluida en la ponencia a petición del PP determina que tanto la Fiscalía, como el juez Central de lo Penal y el de Vigilancia Penitenciaria, sean los que supervisen cada uno de los expedientes, en un proceso que no se debería prolongar más allá de los 90 días.
Durante el debate, Jokin Bildarratz (PNV) lamentó que hayan pasado “seis años”, un plazo “excesivo, desde que la UE adoptó esta medida y pidió al Gobierno de Rajoy que la “interpretación y desarrollo” de la ley “vaya acorde con el objetivo de la UE” y “prime” la cercanía “al lugar de residencia de la familia y al idioma” a la hora de llevar a cabo estos tratados. Tontxu Rodríguez (PSE), por su parte, fue el único de los intervinientes que aludió a la posibilidad del traslado de presos desde Francia y calificó la medida como un “paso necesario”, aunque se hubiera podido dar años antes.
