La puerta giratoria es la metáfora de una realidad pública-política española que nada tiene de poética sino de prosaica ambición personal.
El año pasado el consejero de sanidad de Madrid sr. Lamela inauguró un hospital público del que concedió su explotación privada a la empresa Assignia Infraestructuras en cuyo consejo de administración entró él mismo cuando salió (o le catapultaron) del cargo público. Salto con red en pocos meses, con conflicto espurio de intereses entrelazados.
J.M. Benito, alto cargo en Sanidad de Castilla la Mancha, adjudicó contratos por 36millones de euros a la empresa CLECE-ACS, en la que comenzó a trabajar como asesor ocho semanas después de su cese en el cargo público.
Los ciudadanos/as no sabemos a ciencia cierta si Enagás es una empresa privada, pública o según, pero sí que las exministras Tocino y Palacios, el expresidente de Alianza Popular, Hernández Mancha, el expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia del Gobierno de Aznar, Gonzalo Solana, y el hasta hace unos días director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Luis Valero, serán del consejo de administración de esta empresa “privada” con unos ingresos superiores a 70.000 euros al año, una nadería comparado con lo que cobrará como consejero delegado Marcelino Oreja(jr), tras su paso por responsabilidades públicas… sí, lo han acertado, en áreas de energía.
No se apuren, no pasa nada, todo legal, como ha sentenciado el Tribunal Supremo, que no ve delito en que 60 diputados cobren por gastos de alojamiento y manutención 1.823,26 euros al mes pese a contar con vivienda propia en la capital del reino.
No extraña que el Consejo de Europa critique la ‘puerta giratoria’ de los parlamentarios y en general de los políticos españoles, no tanto cuando están en ejercicio sino especialmente cuando cesan en sus cargos, desde los que giran su puerta sin solución de continuidad a empresas privadas relacionadas con los ámbitos de su anterior actividad pública.
Podría rastrearse algún indicio de incompatibilidad e irregularidad, pero en general en todos estos giros de puerta no existe ilegalidad comparable al terrible delito del parado que arregla grifos.
El Consejo insiste en la total falta de códigos éticos que controlen estos trasvases en España, pero en el país de Roldán/Armada, Gürtel/Filesa, Gal/fondos reservados… hablar de códigos éticos y deontológicos es pedirle a Rinconete, Cortadillo o al Lazarillo de Tormes que paguen el metro o que no sisen a los amos que les roban a ellos.
Pero claro todo es legal, faltaría más.