Desde otra mirada

UNA tal Cayetana ha solicitado al Tribunal Constitucional que no se le censure poder llamar «hijo de terrorista» a un tal Pablo, compañero de pupitre parlamentario que no precisamente de ideología. Mentar al padre/madre es muy habitual en el insultódromo typical spanish. Es la herencia entendida como inexorable baldón: si tus mayores fueron sastres, tu darás puntadas, así que, si tus ancestros pecaron, tu serás pecador; todo muy inquisitorial y bastante presente aún, aunque la Inquisición como institución fuera abolida definitivamente (por ahora) en 1834.

Repasando el apellido del tal Pablo, su ascendencia está cuajada de opositores a los poderes económico-sociales establecidos, monarco-oligárquicos y casi siempre dictatoriales; en consecuencia, eran tratados como enemigos y frecuentemente como terroristas, no sé si legalmente (legalidad cooptada), pero sí conceptualmente. Así que Pablo no puede ser menos, aunque sus manos estén inmaculadas, se apellide Iglesias y padezca escraches ideológicos organizados contra él y los de su familia.

Entre nosotros, para asustar a los niños y niñas se nos decía ¡que viene el coco!; en los Países Bajos les dicen ¡que viene el de Alba! Se refieren al ominoso III Duque de Alba, que masacró con brutalidad inusitada a la población protestante (y también católica) de esos países, al estilo de lo que hoy tildaríamos de genocidio ideológico planificado. Un gran héroe de imperio aquí, un Hitler renacentista allí. Su nombre Fernando, casualmente de apellido Álvarez de Toledo, como la Cayetana insultatriz. ¿Podríamos llamarla «descendiente de tirano»?

Dice un proverbio árabe que hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de caza siempre glorificarán al cazador humano. Aquí, hasta ahora, la historia la han escrito los ganadores, los que más y mejor mataban, es decir, entre ellos los antepasados de Álvarez. Han escrito (y escriben) la historia colocándose ellos y a los suyos como héroes y al resto como villanos.

Lo seguimos viendo todos los días en lo que se dice y el trato que reciben los familiares de presos de ETA, como si fueran los asesinos y terroristas por ser familia. O el reciente «despido vengativo» que el Granada Club de Fútbol ha ejecutado sobre el portero Unai Etxebarria por llevar una camiseta a favor de los chicos de Altsasu, que seguramente serán absueltos en Estrasburgo € ¡cuando ya hayan cumplido la condena! A Unai le han tratado como si fuera terrorista, solo por pedir justicia.

Esos mismos fijosdalgo cayetanos, aznaristas, gonzalistas y zapateristas son los que escriben cartas de recomendación y alabanzas para Martín Villa, para ellos héroe de una aherrojada «modélica borbónica transición», pero de infausta memoria en Euskadi (y en la España que no es de los suyos) como fascista. ¿Qué opinarían de un ministro del Interior que al saber de la detención de Santiago Carrillo llama a la comisaría para que no le torturen? ¿Acaso porque sí torturaban a todos los demás?

Aunque no todo lo que sucede al día siguiente sea progreso, leo con cierta esperanza (en realidad es sólo expectativa) que una comisión abre la puerta a la modificación genética de los hijos para evitar enfermedades letales. Entonces puede que llamar a alguien «hija de tirano genocida» ya no sea insulto, bastará con pagar para que te hagan una edición génica ad hoc. Y los cayetanos no solo encanallan, también tienen la pasta para hacerse esa modificación genética.

nlauzirika@deia.com@nekanelauzirika

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PODRÍAMOS encontrarlas en la anunciada erradicación de la poliomielitis –enfermedad causada por un poliovirus– en África, pero no es absoluta porque puede haber rebrotes si no se aportan medios para seguir vacunando y porque continúa siendo endémica en otras zonas del mundo como Afganistán y Pakistán, por ejemplo.

A los humanos nos gustan las certezas, a la mayoría nos suele asustar lo desconocido y nos producen zozobra las incertidumbres. Aunque de hecho naveguemos durante toda nuestra vida en sus olas rompientes, si no vemos físicamente al enemigo es cuando la inquietud pasa de anécdota personal a categoría social. Estamos en ello, porque un virus de cien nanómetros no solo es difícil de ver sino hasta de detectar, lo que da combustible a bulos que soliviantan a quienes niegan que las PCR sean fiables como detector de su presencia. En consecuencia, proliferan las manifestaciones antimascarilla como las de Colón, Roma o Berlín; del no a la distancia física o distanciamiento social, como en la fiesta de proclamación de Trump, las proclamas en pro del ocio descontrolado, de fiestas multitudinarias y reuniones familiares descontroladas€ sabiendo como sabemos que son precisamente estas protecciones físicas las únicas que hoy por hoy garantizan cierta seguridad de salud. Y peor que las manifestaciones son las leyes dictadas al parecer para que no se cumplan, porque no se observa un control muy riguroso sobre los muchos que están sin las protecciones obligatorias en lugares públicos como calles o bares€, y no sé de ahora en adelante si también en zonas laborales, colegios o universidades. Que seamos cabeza de contagios en un estado líder en el número porcentual de infectados no dice mucho de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Permea la impresión comunitaria de que ya vivimos en la etapa de la certeza, falsaria evidentemente, y que solo cuando te tocan de cerca las consecuencias fatales finales es cuando la certeza de verdad te arrumba tus postulados de inhibición de la seguridad.

Estas semanas he hablado con bastantes científicos, he leído y escuchado a muchos otros y todos me transmiten la misma idea: que hay muchas preguntas sobre este virus y su expansión pandémica, pero pocas respuestas. «Quizá, tal vez, es posible, estamos a la espera de resultados concluyentes, a lo mejor, veamos cómo evoluciona€». Es su modo habitual de opinar. Nada nuevo que no suceda en tantas otras realidades de la ciencia y de la salud. Ellos solo certifican que el no contacto entre nosotros es nuestra mejor relación con el virus. La diferencia está pues en nuestras respuestas sociales, de ciudadanía, laboral, educativa, económica, de política informativa€ para que no tengamos un retroceso y volvamos a morir€ a pesar de la vacuna o de posibles vacunas, cercanas sí, pero no como Santo Grial ni bálsamo de Fierabrás.

Es posible que el subconsciente colectivo esté esperando a que el número de muertos se estabilice en unos parámetros que socialmente sean admisibles para dar por superado el proceso. Ya lo hacemos con la gripe: cada año, en los tres meses de epidemia estacional de influenza se producen entre 6.500 y 15.000 fallecidos, pero no es pandemia ni se establecen controles o restricciones especiales. Son las muertes previsibles y conocidas, una certeza periódica. Con esta certeza en el número de muertos asumibles ya viviremos más tranquilos.

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GOIAN bego Joan Mari Torrrealdai, euskaltzale entusiasta defensor de la cultura vasca. Detenido y encarcelado en 2004 por el cierre de Egunkaria, aunque en 2010 se dictaminase que no había motivos para el cierre del periódico, nunca pudo reeditarse. La venganza del Estado contra quien le estaba cuestionando fue implacable, no hubo sentencia, pero sí cumplimiento de pena: desaparición del periódico. Y por supuesto, sin responsable alguno del desaguisado antidemocrático, porque al juez Juan del Olmo nadie le ha pedido explicaciones y no ha hecho sino medrar desde entonces.

El traje de la democracia le queda descuadrado a ese país llamado España, quizá porque algunos pretenden sea solo suyo y en exclusiva para los suyos. Tal vez por ello le tira la sisa democrática de la separación de poderes; el caso es que no se le ajusta bien al cuerpo, le va más el ordenoymando verde oliva, caqui cuartelero o el azulón con brazo en alto. Y a veces el aterciopelado de las togas.

El pasado 31 de julio, el Tribunal Supremo del Reino de España anuló todo el procedimiento y las sentencias del caso Bateragune contra Arnaldo Otegi y cuatro personas más. La noticia hubiera pasado casi desapercibida un 31 de julio normal con las carreteras repletas de caravaneros en frenesí vacacional. Este año ha pasado enmascarada tras los datos del vertiginoso rebrote del covid-19. Los medios ¡ni de lejos! han reflejado la noticia de la nulidad con el mismo patibulario despliegue condenatorio con la que lo hicieron aquel 13 de octubre de 2009. Pena de prensa, pena de banquillo, pena de cárcel íntegra. Y ahora, ¿satisfacción? ¿Justicia recibida? ¡Y un cuerno judicial! Parecería buena noticia si no fuera porque ha tardado veinte meses en ejecutarla desde que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminase dicha nulidad el 6 de noviembre de 2018. Los injustamente condenados reclamarán indemnización por su condena improcedente€, pero sus sentencias por la Audiencia Nacional de 16 de septiembre de 2011, la del Supremo del 21 de junio de 2012 y el plácet del Constitucional el 22 de julio de 2014 tienen íntegramente cumplida la pena. Según el refrán castellano, justicia retardada, justicia denegada o juicios tengas y los ganes, y el Estado triunfante: ¡Venganza cumplida! Cárcel e inhabilitación política.

Recordemos el caso Egin en 1998 imputados por el superjuez Garzón, con el regalo de una docena de huevos de Martín Villa al ministro de Interior y el sacapecho de Aznar: «¿Qué se creían, que no íbamos a atrevernos?» Diez años después todo era legal, pero Egin no pudo reabrir, una voz crítica euskaldun menos. Nadie pidió responsabilidad, ni a Garzón ni a ningún otro juez iluminati salvapatrias. El tentáculo vengador del Estado ganador de nuevo.

Recordemos el caso Atutxa o los asesinatos de Gasteiz. El sábado mismo una denuncia contra un jugador vasco del Granada por llevar una camiseta a favor de los condenados de Altsasu nos lo recordaba, porque probablemente les exculpen en Europa€ pero cuando ya hayan cumplido su pena de cárcel.

Y junto a estos recuerdos, reparen en cuanta condena han cumplido por el GAL, la triple A, Zabalza, asesinatos de Atocha, por torturas demostradas en cuartelillos y comisarías, por ser jueces desautorizados en Estrasburgo€

La venganza está servida y la de ayer es preaviso para los condenados por el procès, que seguramente verán anuladas sus sentencias en Estrasburgo cuando ya hayan cumplido su pena íntegra.

¡Venganza justiciera! Es el histórico modelo institucional español mientras su jefe de Estado se embolsilla impunemente y entre risotadas los millones de todos.

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El almacenamiento de energía ha de ser palanca fundamental de sostenibilidad no solo medioambiental, sino también económica, sostiene la ingeniera Nuria Gisbert, directora general de CIC energiGUNE

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En el balancín continuo del dúo dinámico materia-energía/energía-materia, los humanos hemos transitado por múltiples fuentes de energía, desde calentarnos al sol, utilizar madera o carbón, gas y petróleo, aprovechar la energía geotérmica, hidráulica, eólica o mareomotriz y ahora la solar calórica o fotovoltaica para dentro de unas décadas hincar el diente a la de fusión que nos permita abandonar definitivamente la nuclear de fisión que todavía empleamos. Pero todas las fuentes de energía han presentando siempre el mismo reto, su almacenamiento para poder ser utilizada en cualquier lugar y momento sin vivir al albur de producirla en el instante mismo de su consumo. Supercondensadores, baterías químicas, pilas de combustible de hidrógeno, aire comprimido, almacenamiento térmico, volantes de inercia, bombeo hidroeléctrico… todas son válidas para un futuro de suficiencia de energía y al mismo tiempo descarbonizado. Es en el futuro ya presente de la eficiencia energética en el que se mueve la actividad investigadora tecnológica del CIC energiGUNE de la mano de su directora Nuria Gisbert.

Europa espolea la eficiencia energética, no solo utilizando menos energía, sino usando mejor la que consumimos; y lo quiere conseguir poniéndose a la cabeza mundial de las nuevas tecnologías de almacenamiento. «Para no perder esa batalla tenemos que reducir los costes de los sistemas de almacenamiento. El análisis de las causas técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo moderno, y la previsión de las situaciones que podrían derivarse de sus influencias conjugadas es la ciencia de la prospectiva, que ha venido para quedarse y aún crecerá más; y con ella se generará más investigación. Es el reto», señala a DEIA Nuria Gisbert, doctora en Dirección Empresarial, Conocimiento e Innovación, con 20 años de experiencia vinculados al sector de la energía, en el sector privado y en centros de investigación, quien considera que hay que buscar sistemas de almacenamiento energético cada vez más eficientes y seguros, para lo que se necesitan centros como el CIC energiGUNE, «donde se diversifican productos de empresas que ya están trabajando en esta línea, apoyando a otras organizaciones a posicionarse y a generar estructuras de tecnología asequible», explica, al tiempo que muestra su satisfacción por el fichaje de investigadores como el que acaban de realizar de una «potente» nueva directora general, que al integrarse en el centro atraerá más inversión privada, «un objetivo que se suma al de la propia investigación».

El CIC energiGUNE instalado en el parque tecnológico de Miñano (Araba) es un centro de investigación referente en Europa en el campo del almacenamiento de energía electroquímica y térmica. Con más de 600 publicaciones y 13 patentes acumuladas hasta este año, el centro vasco participa en las iniciativas más importantes del continente (Batteries Europe y Batteries 2030+) y se ha consolidado como el principal referente continental en baterías de estado sólido en el Sur de Europa.

También buscan sistemas alternativos al petróleo. «El hidrógeno como almacenamiento energético es otra apuesta de Europa, porque es un vector de generación de energía más barata y sostenible; lo que fomentará un transporte alternativo al que propicia el petróleo, aunque todavía haya que rebajar sus costes».

EL HIDRÓGENO GANA TERRENO 

Gisbert observa que las empresas que provienen del sector del petróleo están realizando un viraje. «Estamos viendo que no habrá una única tecnología ganadora, sino un reparto en los transportes, que los vehículos eléctricos serán más utilitarios, más domésticos; sin embargo, para las largas distancias, el hidrógeno se posiciona como un vector decisivo, alternativa contundente al transporte con petróleo. Por eso, las empresas del sector petrolífero y gasista se desplieguen para darlo todo», explica con convencimiento.

Es cierto que las empresas tiran mucho de energía eléctrica, su fuente primaria. «Pero lo importante es que sea más de origen renovable. Europa, el Estado y el País Vasco ya han hecho su apuesta clara en sus estrategias: que las entidades utilicen menos energía y hagan un uso más eficiente de ella. Para conseguirlo es básico contar con sistemas eficaces de almacenamiento», añade Gisbert, presidenta también de BCARE spin-off de CIC energiGUNE, empresa de asesoramiento integral en el ámbito del almacenamiento energético.

Preguntarse cómo utilizar la materia y la energía nos plantea cómo combinar ecosistema con economía, un mundo con el que sensibilizarse. «Empecemos a pensar en la ropa y el móvil que utilizamos… y reciclemos de la mejor forma. Aquí entramos en otra línea por la que Europa también apuesta fuerte. Introduce el concepto de «diseñado para ser reciclado», en cómo hacer que la tecnología sea más reciclable y dé más de sí su vida útil. Es otra forma de ahorrar energía».

Por eso, en los sistemas de almacenamiento en baterías, en lugar de níquel y cobalto, parten de materiales más sostenibles, «buscando que los productos tecnológicos lleguen al consumidor en un mercado circular sostenible, que satisfaga sus necesidades y genere riqueza».

TRANSICIÓN SOSTENIBLE

¿La economía puede salvar el mundo verde? Por sus estudios y modelos sobre la economía del cambio climático William Nordhaus consiguió en 2018 el premio nobel de economía. No habla de justicia ambiental y ni sostenibilidad ecológica, sino de actuar frente al cambio climático con mucha moderación económica, porque acciones muy contundentes implicarían más costes económicos que beneficios ambientales. ¿Tan importante resulta la economía en el medio ambiente? «Aportaciones como las de Nordhaus son mucho más realistas y factibles que las de solo los ambientalistas; normalmente los equipos interdisciplinares consiguen análisis más certeros y mejores resultados; los equipos diversificados logran resultados más enriquecedores y te posicionan mejor; este clave de aportación múltiple vale también para la riqueza cultural que aportan personas de diferentes países y culturas, así como la que introduce la variable de género, diversidades todas ellas que propician que las organizaciones funcionen mejor». Para llevar a cabo una transición sostenible, tanto en innovación como desarrollo, siempre es necesaria la convergencia de distintas disciplinas. «Sí, pero no solo de las más científicas y tecnológicas, porque el aspecto económico es clave. Para conseguir sostenibilidad, las soluciones deben de ser más baratas, y la transición económica, como disciplina humanística, plantea que nos capacitemos en actitudes de futuro, concienciando a las generaciones en la necesidad de reciclar, por ejemplo», remarca Gisbert, miembro de la Junta directiva de Innobasque, del grupo de expertos del Parlamento Vasco de la energía y del comité científico asesor del Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.

¿Existe conciencia suficiente ente la ciudadanía sobre una transición sostenible en tecnologías renovables? «Si me lo hubieras preguntado hace cinco años te hubiera contestado que todavía faltaba mucho recorrido. Pero ahora aprecio mucha mayor conciencia de la necesidad de cuidar el planeta y del impacto que genera el cambio climático en nuestro entorno más próximo», reflexiona, insistiendo en que como consumidores no solo tenemos que mirar el precio de los productos, sino también su duración. «Aprender a no gastar dos veces para que el producto sea más sostenible, es una convergencia de distintas disciplinas de educación social», recalca.

ATRAER TALENTO 

CIC energiGUNE cuenta en plantilla con 120 investigadores, con paridad de género y equilibrio en cuanto al origen de procedencia. «El 50% de los profesionales son vascos y el resto internacionales, con 14 nacionalidades diferentes representadas». Para Nuria, la gran fortaleza del grupo es, por una parte, la capacidad de atraer talento que tiene el equipo de profesionales de primer nivel, con Elena Palomo o Michel Armand, vinculado a los premios nobel de química del año pasado y considerado como el científico más importante del Estado en el sector energético. «Esta presencia de prestigio contribuye no solo a mantener el talento investigador en nuestro ámbito, sino a atraer otros nuevos». Y, por otro parte, están las instalaciones punteras del Prototipado de baterías, así como el laboratorio de prototipos de sistemas de almacenamiento térmico, integrado, entre otros, por lazos térmicos de aire y de aceite.

Todo ello ha posibilitado que haya sido la institución científica que más financiación haya conseguido en el Estado español en la convocatoria del programa Horizonte 2020 para baterías. Además, de las 11 propuestas que el centro ha presentado ante la Unión Europea para su financiación.

Reconoce que el buen posicionamiento del centro se debe al esfuerzo de este gran equipo y al compromiso sostenido de las instituciones, la colaboración de agentes privados y al empuje de empresas referentes que confían en su trabajo.

¿Y EL FUTURO?

Porque cuando salgamos de la crisis del Covid-19 probablemente nos topemos con la del cambio climático, algo que en opinión de Nuria no solo será una crisis, sino también una oportunidad para reforzarnos en nuestro modo de obtener y almacenar energía de modo más rentable, eficiente y sostenible. «De la crisis del 2008, salieron reforzados los países y empresas que apostaron por las energías verdes; aprendamos la lección. Esta grave crisis del coronavirus puede ser la palanca para la transición energética; también saldremos reforzados, estoy segura», apostilla sonriente Gisbert.

El Ararteko llama a la ciudadanía a estar en alerta, «porque el virus sigue aquí; las medidas de seguridad han de cumplirse por solidaridad», dice visiblemente preocupado

«Hasta la alarma sanitaria, el número de personas que percibían la RGI se había reducido considerablemente»

«La ciudadanía tiene que mantener las medidas de seguridad. Si no es así, esta situación no acabará nunca»

Manu Lezertua, Ararteko del País Vasco (Foto José Mari Martínez)

DONOSTIA– Le han llamado la atención y hasta provocado rubor ciertas situaciones tras la desescalada, tanto por la irresponsabilidad como por la falta de solidaridad de ciertos colectivos, entre ellos muchos jóvenes, «que no solo ponen en riesgo su salud, sino la de otros colectivos más vulnerables como son los mayores», se lamenta el ombudsman vasco, Manu Lezertua.

El coronavirus y su secuela pandémica, la COVID-19, lo está impregnando todo. ¿También las intermediaciones solicitadas al Ararteko?

–Han cambiado muchas cosas. Nuestra organización del trabajo, de atención y modo de reunirse, contactar con la gente telemáticamente, cierre de oficinas… En cuanto al trabajo de la institución, todas las reuniones han sido telemáticas y las hemos hecho por turnos para evitar riesgos. Sobre las quejas tramitadas, ha habido algunas por incumplimiento de normas, pero, en líneas generales, han sido los casos habituales.

¿Han tenido quejas relacionadas con las residencias de mayores?

–Sí. Por la imposibilidad de verlos, de los traslados… Hubo momentos en los que todos los esfuerzos estaban puestos en frenar los contagios y nosotros, en cuestión de plazos y testimonios con la Administración, hemos sido más benévolos.

Los problemas de siempre siguen ahí, ¿se han intensificado?

–Los problemas de exclusión social siguen ahí; estaban antes del coronavirus, pero ahora se plantean con una agudeza mayor, porque no es lo mismo estar en situación de exclusión social y no poder acceder a las oficinas de Lanbide porque estaban cerradas, ni obtener un certificado; las quejas de ahora han tenido un matiz distinto relacionadas con la pandemia. Siempre hay gente que se queja por el comportamiento de hospitales, policías; ahora es por el COVID.

¿Ha recibido quejas de algún colectivo por no haber podido acceder a los PCR o a test serológicos?

–Algunos, pero la mayoría han ido a los tribunales; algunas sentencias ya se han dado en Gipuzkoa y Bizkaia. Esta parte nos ha tocado menos. Sí, hemos intervenido en Educación con los niños vulnerables que no podían ir a los comedores cuando eran su única comida; también hemos terciado para que desde las residencias de mayores pudieran ver y hablar a distancia con los suyos.

¿También le han llegado más quejas y reclamaciones de pacientes contra Osakidetza?

–Ha habido gente que se ha quejado porque le han pospuesto la operación; sabían que ante la COVID-19 tenían que priorizarse las atenciones, pero se molestaban porque querían se tratados de su patología. La mayoría ha entendido que el sistema sanitario estaba muy saturado y no ha habido muchas demandas.

¿Ha recibido quejas por no haber podido votar el 12 de julio?

–Tuvimos alguno de los partidos muy minoritarios, que no están en el Parlamento, que sí vieron que no tenían tiempos ni medios; pero no he visto ninguna queja de las 200 personas que no votaron. Como hay una polémica entre los juristas aún sin resolver, es posible que reaparezca en cualquier momento.

¿Y de la aplicación de los ERTE?

–Las quejas tenían relación con Lanbide. Aparte de por la RGI, por la aplicación de los ERTE, por su modo de gestión y su lentitud; en Lanbide no cogían las llamadas y era difícil informarse; las quejan eran por esto.

Un colectivo que habitualmente solicita su intervención es el de los inmigrantes. ¿Ha variado este año?

–En general, los problemas que plantean se parecen, sobre todo por la dificultad de gestionar las ayudas, obtener documentos. En una situación normal, la RGI o los papeles para la vivienda exigen la comparecencia física; todo se ha complicó porque Landibe también se cerró, así como otros lugares para recabar los documentos.

¿No podían cumplir los plazos?

–Era muy difícil para cobrar el salario social, la renta de garantía. Ese tipo de problemas también exige a las personas tener un pasaporte en regla, que les resultaba difícil conseguirlo en un periodo razonable; esto también se les complicó.

Están siendo demasiado frecuentes los enfrentamientos con okupas de viviendas habitadas. Ante las dificultades administrativas, policiales y judiciales, ¿solicitan su ayuda o no cabe su intervención? La vivienda es reconocida como bien social, pero ¿es lícito ocupársela a su legítimo propietario?

–Hemos tenido casos controvertidos. Personas que vivían en pisos públicos que iban a ser demolidos, con el agua y la luz cortadas, pedían que para evitar transmisión de la epidemia se restableciera el suministro, porque si no era imposible evitar la transmisión; nosotros así se lo hemos solicitado al Ayuntamiento correspondiente. Y eso suscitó mucha polémica social, no solo entre los vecinos que no son okupas, pero que tienen que convivir con okupas. Se han manifestado en contra de la decisión del Ararteko, pero nosotros pensábamos que en una situación tan grave como ésta no se podía dejar a esas personas en situación de abandono, porque se ponía en riesgo sus vidas, que es el valor prevalente. Hemos insistido en ello, hasta ahora con poco éxito; la reacción social era que los okupas no tenían derecho a nada… pero. Entre otros, tienen derecho a lavarse las manos para evitar los contagios.

¿Y los que estaban en la calle?

–Se arbitraron medidas para que pudieran recogerse aunque fuera en situación provisional. Hemos pedido a las instituciones que ese esfuerzo hecho por resocializar a esas personas se mantenga; que los que estaban descontrolados por las calles no se vuelvan a dispersar como antes de los meses duros de la pandemia.

Sobre la RGI, ¿han recibido más o menos quejas que otros años? ¿Le están saturando el buzón con la nueva Renta Mínima de Ingresos? ¿O se está haciendo razonablemente bien?

–Hasta la declaración del estado de alarma, el numero de beneficiarios había bajado considerablemente; en Euskadi andábamos por los 50.000. Por el momento la cifra no ha aumentado considerablemente, aunque se supone que con la crisis económica que se avecina, que todos vaticinan como muy grave, volveremos a tener cifras elevadas y difíciles de gestionar, porque con la pandemia las administraciones se han desequilibrado en los plazos.

Cuando comience el nuevo curso, ¿cree que le plantearán alguna queja si es obligada la asistencia presencial para profesores, alumnos, otros funcionarios?

–Todo el mundo supone que el sistema organizativo de la enseñanza va a ser uno de los problemas más importante del otoño, pero no solo la enseñanza. Escuelas, universidad, otras instituciones, incluso desde el Ararteko hacemos una reflexión sobre cuál será nuestro posicionamiento para evitar contagios. Supongo que la gente se quejará, pero como no ha llegado el curso aún no ha habido quejas. Muchas personas entienden que han de tomarse precauciones, que lo ocurrido con los brotes se podría haber evitado si hubiéramos mantenido la prudencia y la distancia física. Por esto hago un llamamiento a mantener las medidas de seguridad, porque el aumento de las últimas semanas, incluso en Euskadi, que no es el peor sitio, debe hacernos reflexionar. De no hacerse así, esto no se terminará nunca.

¿Cómo son sus relaciones con las administraciones: buenas, malas o medio-pensionistas? ¿Con cuál de ellas tiene mejor relación?

–Hay de todo; en el informe anual, que no lo hemos podido presentar en público, pero sí consultar en nuestra web, ponemos en valor que, en general, la respuesta es buena, que se resuelven y solucionan de manera rápida los problemas que planteamos. Algunos se enconan, pero destacamos que el Ayuntamiento de Bilbao es el que mejor responde respecto a los plazos, sigue las recomendaciones. Es muy cumplidor, aunque no el único, porque las diputaciones forales y los departamentos del Gobierno Vasco también lo son.

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