La Audiencia Nacional ha hecho lo que tenía que hacer. Los actos convocados en Iruña y Arrasate no son perseguibles penalmente ni susceptibles de ser prohibidos porque no son ilegales. Otra cosa es que sean del punto a la cruz indecentes e inmorales desde muchos puntos de vista. El primero que cito, aunque quizá no sea el más obvio o el más sangrante, es que toman como excusa una causa no solo legítima sino noble como es la exigencia de una política penitenciaria justa para colar de rondón lo que de aquí a Lima no es siquiera un homenaje sino un acto de exaltación a algunos de los criminales más sanguinarios de nuestro tiempo. ¿O es que hay otra manera de nombrar a Henri Parot, autor probado de 39 asesinatos sin haber vertido hasta ahora nada remotamente parecido a una reflexión crítica?
La conversión en héroe y mártir de alguien con ese siniestro currículum es toda una declaración de intenciones. Lo mismo que lo fue haber impreso su nombre y retirarlo del cartel anunciador del evento de Arrasate solo cuando se montó la gresca. Nos conocemos los suficiente para saber de qué iba la convocatoria. Roza lo insultante que el máximo responsable de la entidad organizadora asegure que la marcha es “compatible con la solidaridad con las víctimas”. ¿Qué solidaridad hay en escoger como bandera de la denuncia de las políticas penitenciarias de excepción a un vulnerador sistemático y no arrepentido de los los Derechos Humanos? ¿Cuándo fue la última vez que el autor de esas palabras, Joseba Azkarraga, expresó no ya su cercanía a las víctimas sino su rechazo a la actuación de los victimarios? Ya les digo yo que ha pasado mucho tiempo.