Mi animal mitológico favorito es la cogobernanza. Más concretamente, al estilo Pedro Sánchez y en enunciado de su alucinógena vicepresidenta primera (si no me lío con el orden del camarote monclovita), Carmen Calvo. La cosa se viene a resumir en la martingala para timar a pardillos que empleaba un jeta de mi barrio: cara, gano yo; cruz, pierdes, tú. O, aplicado a la gestión de la pandemia, que es el caso que nos ocupa, el Ejecutivo central dicta las normas y las comunidades las acatan, las ejecutan y, por supuesto, se comen los marrones que acarreen, que son un quintal. Vamos, que todo lo que salga mal o disguste a los ciudadanos es culpa de los gobiernos locales. Los éxitos, faltaría más, se atribuyen automáticamente a la fastuosa labor del pastor central.
Semejante principio (o sea, falta de principios) está tan rodado, que hasta ha dejado de ser necesario el estado de alarma. Dice Calvo que en el momento en que el decreto caduque, allá por el 9 de mayo, “se podrían utilizar acciones coordinadas de todas las comunidades cuando se estimen necesarias y que tendrían que ser cumplidas por todos obligatoriamente”. Lo de “acciones coordinadas”, como bien sabemos porque seguimos sufriéndolas, es el viejo artículo 33. Madrid ordena y manda y la periferia obedece, pero eso sí, todo de muy buen rollito.