Como la Justicia es igual para todos y tal, el censo de aforados en el reino hispanistaní asciende a 10.000 caballitos blancos. Es decir, diez millares de individuos que, en caso de comisión presunta o fehaciente de un delito, solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo. Importa tres que se trate de un calentón en una discusión de tráfico, una agresión sexual, malos tratos, un atraco a mano armada, la organización de una banda parapolicial o los cohechos y cazos de rigor. Llegado el momento de rendir cuentas, les cabe acogerse al sagrado jurídico de una instancia que tiene por costumbre echar pelillos a la mar en un par de folios. Felipe González, Yolanda Barcina o José Blanco son tres de los muchísimos agraciados por esta lotería trucada. La colección de indicios clamorosos que habían recopilado voluntariosos instructores de a pie se quedó en papel mojado cuando llegó a la mesa de los supertacañones con galones en las puñetas, tipos, por lo demás, que adeudan su puesto a los mismos sobre cuyas faltas deben decidir. Hoy por ti, mañana por mi.
Para mayor abundamiento en el sobeteo de bajos que supone este flagrante agravio, todavía tienen el desparpajo de vendérnoslo como una salvaguarda de la democracia. Juran, o sea, perjuran, que el aforamiento no es un privilegio sino el modo de preservar a los representantes de la soberanía popular de denuncias y/o querellas de motivación política. Ya, por eso en Francia o Italia solo hay un cargo —el de jefe de estado— sujeto a esta prebenda y en Gran Bretaña o Inglaterra no hay ninguno. Luego se ponen como hidras si se los señala como casta.