Lunes 13 de julio de 2015
La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias.
Vía la Entesa presentó una moción que trata de determinar que el Gobierno tomara dos iniciativas, la modificación de una ley y un nuevo acuerdo en el Consejo de Ministros, que permitan una cosa que en Europa está extendida en todos los Estados. España es el único país de la Unión Europea que no da acceso público a los investigadores delante de documentos históricos. Es vergonzoso y bochornoso que la investigación histórica en España esté enmarcada en una Ley franquista de 1968. En 1968 las Cortes franquistas aprobaron una ley que tenía una perversión o una anomalía: no fijaba el límite temporal a partir del cual los documentos calificados como secretos eran públicos, cuando todos, absolutamente todas las leyes de Francia, de Italia, de Alemania, de Gran Bretaña fijan 25, 30 o 40 años a partir de los cuales son documentos públicos. Esta era la ley franquista del 68.
En 1984 el ministro Morán tomó un acuerdo de abrir el archivo del ministerio de Asuntos Exteriores absolutamente a todo el mundo hasta 1968, y España apareció en el 84, 85, 86 hasta el 2010 como el país más avanzado en trasparencia de documentos históricos. En otoño del 2010 el Gobierno Socialista tomó dos acuerdos, mejor dicho un acuerdo y un no acuerdo. El acuerdo era que no sé por qué el ministro Morán declaró secreto prácticamente toda la política exterior de España y, por otro lado, la ministra de Defensa, Carmen Chacón, desclasificó 10 000 documentos de defensa, que no fueron finalmente aprobados por el Gobierno Socialista.
El acuerdo que tomó el ministro Morán en octubre de 2010 imposibilitaba el acceso a los documentos históricos, y en el año 2011, con la llegada del Partido Popular al Gobierno, se tomó la decisión de aplicar el acuerdo del consejo de ministros de Morán que impedía hacer públicos los documentos históricos.
A partir de aquí, se produjo una revuelta de investigadores y de historiadores, más de 400 de 17 universidades, pidiendo que se abrieran los archivos históricos de España al conjunto de los investigadores, y el ministro de Asuntos Exteriores, señor Margallo, les respondió por escrito que en agosto de 2013 el consejo de ministros adoptaría un acuerdo eliminando el de Morán y permitiría el acceso a los archivos históricos, mientras que el ministro de Defensa tomó la decisión de no desclasificar los 10 000 documentos a los que la exministra Chacón se había referido. Esta fue, repito, una clarísima reivindicación de los investigadores e historiadores.
Con este tema pasa lo siguiente: si votáramos en el pasillo, lo ganaría. Todos los diputados, todos los senadores y senadoras con los que hablo en el pasillo me dan la razón, los asesores de los ministerios me dicen que tengo razón, algún ministro me dice que tengo razón, pero nadie se pone de acuerdo en este sentido; es decir, nadie discute que es una aberración el hecho de que la investigación histórica en España esté enmarcada en una ley franquista, y no
se entiende por qué no se pueden examinar aquellos documentos de hace treinta o cuarenta años que forman parte de la investigación.
Y produce bochorno que el otro día un investigador histórico, que tiene una beca del Gobierno, me comentara que en España no le permiten acceder a la documentación que quiere investigar y ha de ir a Londres a conseguirla. Por tanto, les planteo dos cosas: una, que el Gobierno presente un proyecto de ley de modificación de la Ley de secretos oficiales de 1968, que fundamentalmente consiste en poner un límite temporal a partir del cual los documentos son públicos, y, dos, que se anule el acuerdo del ministro Morán de octubre de 2010 para hacer posible esta investigación.
Es absolutamente ridículo que en estos momentos se niegue el acceso a las actividades clandestinas y emisiones de Radio España Independiente de 1946 a 1968, a la repatriación y el licenciamiento de las unidades expedicionarias en Ifni y en el Sáhara, a las dotaciones y los buques de guerra italianos y alemanes en puertos españoles de 1940 a 1946, o a la organización y despliegue de unidades durante la guerra civil. En definitiva, una relación de cuestiones absolutamente ridículas y bochornosas por las que no se permite el acceso a los investigadores.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente.
Como decía Bob Dylan, los tiempos están cambiando. Cuando el senador Narvay Quintero se ha despedido de la Cámara, me ha recordado a aquella imagen de la Segunda República española, cuando el diputado Ossorio y Gallardo preguntó: ¿Qué va a ser de nuestros hijos?, y se escuchó una voz que dijo: Al de su señoría le hemos hecho subsecretario. Pues aquí hay mucho senador que va de subsecretario, a los nuevos Gobiernos autonómicos. Y eso no está mal, pero estamos viviendo los últimos coletazos de la X Legislatura y, aparentemente, al Partido Popular no se le enternece el corazón y no hace algún tipo de concesión aprobando cosas que son evidentes.
Como decía el senador Saura, en pasillo, todo el mundo le da la razón, pero luego le pasa como a Adolfo Suárez: Todos me aplauden, pero nadie me vota. Pues aquí pasa algo parecido, senador Saura. Usted dijo hace tiempo que no entendía cómo la derecha española no era homologable a la alemana, esta en relación con la Guerra Mundial y la española con la Guerra Civil. Porque no se entiende que 40 años después del fallecido dictador, todavía un ministro de Defensa argumente a la petición de desclasificar documentos catalogados como secretos o reservados que no tiene presupuesto y que no puede modificar la Ley de Secretos Oficiales, mientras argumenta que ni el Gobierno ni su ministerio son contrarios a la desclasificación de estos documentos. La verdad es que uno escuchaba esto y le entraba una angustia terrible, vital: ¿pero cómo no puede hacer nada este pobre hombre? ¡Está atrapado en una maraña! Bueno, hace poco le vimos llegando en la fragata Blas de Lezo al puerto marítimo del Abra. Quizá solamente con eso hubiera habido presupuesto para desclasificar documentos.
Porque me parecía estar viendo una película de Cantinflas, con el sí pero no, pero no, pero sí. Y lo resolvía como Lincoln. No sé si ustedes vieron el pasado sábado o domingo una película que proyectó Telecinco, Lincoln, en la que el presidente de los Estados Unidos hablaba de un loro pelmazo que se levantaba todos los días diciendo que ese día era el fin del mundo: ¡El fin del mundo, el fin del mundo! Hasta que al final el dueño del loro le pegó un tiro y dijo: Efectivamente, para ti es el fin del mundo. Y se acabó el problema, ya no hubo ni loro ni problema. Pues aquí van a votar que no y no hay problema. Pero confiamos en que dentro de poco cambie la correlación de fuerzas y este tipo de iniciativas puedan prosperar.
Es verdad que los papeles han de desclasificarse y es verdad que los historiadores tienen que tener acceso a ellos. Pero argumenta el ministro que no tiene dinero y, además, le falta ese plus de voluntad política para resolver un tema que aparentemente es irresoluble.
Nosotros presentamos una moción hace unos meses que tuvo el mismo destino que va a tener esta moción consecuencia de interpelación del senador Saura, que es el cubo de la basura; y solo confiamos en que, efectivamente dentro de poco, se pueda cambiar la coloración de fuerzas, porque la política sobre la memoria en España posterior a la dictadura está marcada por una serie de desplazamientos, desvíos e ironías, y es que las elites políticas del posfranquismo usaron el legado de la dictadura para consolidar una política de silencio al servicio de la estabilidad posdictatorial, y en consecuencia el nuevo régimen democrático se sustentó en un hábito político establecido bajo el autoritarismo. El foco del pacto del olvido sobre la Guerra Civil y sus papeles y documentos sirvió de pantalla para ocultar otros temas potencialmente más revulsivos que debían ser olvidados. Al estabilizarse la democracia mediante el silencio, la democracia posfranquista generó un espacio de sociedad civil que se resuelve diciendo: No hay presupuesto, hay secretos que no se pueden tocar.
Desde el final de la II Guerra Mundial las transiciones de dictadura a democracia incluían habitualmente mecanismos elegidos por el Estado con el propósito de descubrir la verdad y proporcionar por lo menos alguna forma de reconocimiento y justicia, aunque tardía, a las víctimas de pasadas injusticias, y esto lógicamente se tiene que sustentar en documentos, papeles e historias relatadas. Pero como es bien sabido ello no ocurrió en España, donde la Ley de amnistía de 1977, promulgada tras el fin de la dictadura, auguró la libertad de todos los presos políticos, así como la inmunidad ante enjuiciamientos por crímenes políticos cometidos bajo la dictadura.
Por tanto, esta iniciativa no va a prosperar, lo cual es una lástima. Ojalá el senador Saura lo sea también en la próxima legislatura y la vuelva a presentar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Anasagasti.
Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra el senador Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Intervendré de forma muy breve.
En primer lugar quiero desmentir o desmontar el argumento de que no hay dinero, argumento que me dio el ministro de Defensa cuando yo ya no podía replicar. Y es que desde 1984 hasta 2011 eso funcionó sin más dinero. El ministro de Asuntos Exteriores tenía abierto el Archivo General de la Administración, el Archivo Histórico Nacional y su archivo, y los historiadores iban allí y pedían la documentación, que se les daba si no estaba clasificada específicamente como secretos oficiales. Por tanto, el problema del dinero no existe.
Pero, además, no pude decirle al ministro de Defensa que el suyo es un ministerio en el que se produce muchísima diferencia entre el presupuesto inicial y la liquidación de este. En 2012 la operación de nuevos armamentos tenía un presupuesto de 684 y pasó a 1700; en 2013 pasó de 684 a 879; en 2014 de 684 a 883, y en 2015 a 1000. Es decir, el presupuesto de Defensa que aprobamos aquí sufre unas variaciones durante el transcurso del año debido a la fabricación de unos armamentos –algo que ahora no tengo tiempo de discutir− absolutamente millonarias.
Quiero leerles muy rápidamente, porque no tengo tiempo, algunos titulares publicados en los medios de comunicación: Los secretos de Estado son eternos en España. Archivos cerrados a cal y canto. Vamos a ser el farolillo rojo de Europa –advierte el historiador Ángel Viñas−. Archivos históricos, a cal y canto. España impide a los historiadores investigar en sus archivos. Exteriores; ministerio secreto. Exteriores blinda todos sus documentos. Frenado por la Ley de transparencia; la Moncloa ha decidido aparcar el tema del listado de asuntos secretos hasta la entrada en vigor de la nueva normativa. 300 historiadores exigen al Gobierno que libere 100 000 documentos del franquismo. Defensa se niega y argumenta que publicar los papeles que van del 36 al 68 dañaría la relación de España con terceros países. Hay muchos más documentos y muchos más titulares, pero solo he traído algunos.
Esto tiene una repercusión, no solo en España y en Europa, sino en el resto del mundo, porque hay diversas universidades de Estados Unidos donde historiadores importantes afirman en definitiva la necesidad de que esto se modifique. Y acabo diciendo lo que ya había dicho antes: No estamos ante un problema académico, que también, porque hay un problema académico de investigación; estamos ante la posibilidad de que los historiadores y los investigadores tengan la oportunidad de construir con más datos, con las entrevistas con los jefes de Estado, con las operaciones militares, la historia de nuestro país. Y la historia de nuestro país, mi historia, no la puede negar nadie, tampoco un ministro de Asuntos Exteriores o de Defensa que no me explican por qué lo niegan, pero que intentan que no sepamos lo que pasó. En democracia es importante para decidir el futuro saber lo que pasó y solo sabremos lo que pasó si finalmente –y estoy seguro que se logrará− se acuerda modificar la ley franquista y echar atrás el acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010, que impedía ese acceso.
Nada más. Espero que el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco sea senador la próxima legislatura y pueda continuar votando que sí. (Aplausos).
La señora REGALADO DE LOS COBOS: Solamente quería decirle al señor Anasagasti que el ministro de Defensa no está angustiado por este asunto, se lo puedo asegurar. Ustedes, con lo de la fragata Blas de Lezo tienen una angustia vital, no lo pueden evitar, pero le aseguro que al ministro no le angustia en absoluto este asunto. (Aplausos).