Martes 23 de diciembre de 2014
El juez instructor procesa a Cristina de Borbón y fija en 2,6 millones su responsabilidad 
civil como cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda pública. También procesa a Iñaki Urdangarín, su ex socio Diego Torres y la esposa de este, junto a Jaume Matas, ex presidente de Baleares.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dictado este lunes el auto de apertura de juicio oral contra 17 personas implicadas en el caso Nóos, entre ellos a la infanta Cristina, como cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda pública, así como su esposo, Iñaki Urdangarín, el ex socio Diego Torres y su esposa Ana María Tejeiro y Jaume Matas, ex presidente del Govern de Baleares.
Castro fija en 2,6 millones de euros la responsabilidad civil de la infanta, pago que tendrá que ser acordado por el tribunal que la enjuicie. En total, se estima que la trama del Instituto Nóos urdida por Urdangarín y Torres se apoderaron de 6,2 millones de euros de dinero público.
El juez acusa a la infanta de contribuir, como socia de Aizoon, a que Urdangarin facturase sus retribuciones a través de esta sociedad, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales y de este modo tributar menos en su declaración de la renta de 2007 y 2008.
El resto de los que sienta en el banquillo son el ex contable de Nóos Marco Antonio Tejeiro, el ex director general de Deportes José Luis ‘Pepote’ Ballestero, el ex gerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, el del Instituto Balear de Turismo Juan Carlos Alía, y el ex asesor jurídico de esta entidad pública Miquel Àngel Bonet.
Del mismo modo, sienta en el banquillo al ex secretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, los ex directores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias Jorge Vela y José Manuel Aguilar, y la ex directora de gestión de esta entidad Elisa Maldonado.
Finalmente, abre juicio contra la ex consejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen, así como contra el abogado Salvador Trinxet, quien habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal de los ingresos obtenidos por Nóos desde las Administraciones de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
Por el contrario, sobresee la causa para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, el ex director de Deportes del Ayuntamiento de Madrid Miguel de la Villa y el ex director financiero de Madrid 16 Gerardo Corral.
El auto, de 150 páginas, fija un plazo de treinta días, en atención a la complejidad de la causa, para que los acusados presenten sus escritos de defensa.
Tras este trámite, la pieza 25 Nóos será remitida a la Audiencia Provincial de Palma para celebrar el juicio oral.
El auto de apertura de juicio oral no es recurrible, por lo que el juez recuerda a los acusados que, cuando comience la vista oral, los interesados podrán repetir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones que no ha atendido.
En el auto, Castro descarta aplicar la doctrina Botín a la infanta Cristina, según la cual no se puede abrir juicio si sólo acusa la acusación popular que fue sentada por el Tribunal Supremo.
Cooperadora necesaria y sin doctrina Botín
El juez José Castro descarta aplicar la doctrina Botín para exonerar a la infanta Cristina, tal y como pedía el fiscal Pedro Horrach y su abogado defensor, Miquel Roca.
Castro acuerda el enjuiciamiento de Cristina de Borbón como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarín, a través de la sociedad que tiene el matrimonio al 50%, Aizoon, y que recibió más de 1,2 millones de euros.
El juicio se celebrará a mediados de 2015 y la infanta se sentará en el banquillo junto con otros 16 acusados, entre ellos su marido. El juez fija en 2,6 millones su responsabilidad civil.
En las cuestiones previas, su defensa podrá intentar de nuevo que el tribunal de la Audiencia de Palma le exonere, con el argumento de que sólo le acusa Manos Limpias.
El senador del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, Iñaki Anasagasti, ha presentado una pregunta para respuesta escrita al Gobierno español en la que le cuestiona si piensa considerar necesario consolidar el avance que ha supuesto que España haya aprobado un nuevo Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, con la toma de otras medidas a fin de dar mayor seguridad jurídica a este avance, como puede ser la de modificar el artículo 8 de la Ley 53/2007, que regula el comercio de armas, para incluir la «Regla de Oro» del TCA. 