Domingo 9 de agosto de 2026
Javier Batarrita Gaztel
Ejercicio de prospectiva política. Este artículo no predice ni defiende que este escenario vaya a producirse: parte de una hipótesis —la pérdida de soberanía española sobre Ceuta y Melilla en 2027— para explorar sus posibles derivadas internas e internacionales, a partir de dinámicas ya observables en 2026.
El punto de partida: una crisis ya en marcha
El ejercicio no parte de cero. En el verano de 2026, España atravesó una crisis migratoria grave en Ceuta, con decenas de miles de entradas irregulares en pocos días y varias decenas de muertes. La crisis reactivó de golpe todos los frentes que un escenario de pérdida efectiva de soberanía en 2027 agravaría:
– Marruecos volvió a poner sobre la mesa, de forma indirecta, su reivindicación histórica sobre ambas ciudades.
– El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, aprovechó la crisis para acusar a España de mantener «enclaves coloniales» en África, en un mensaje que la propia embajada israelí en Madrid se apresuró a desautorizar como posición no oficial del Estado.
– Varios socios europeos —Italia, Finlandia, Dinamarca— reaccionaron con dureza, llegando Roma a suspender unilateralmente Schengen con España, en lugar de desplegar la solidaridad automática que cabría esperar de una frontera exterior común.
– El Ejército español admitió en un informe interno que su superioridad disuasoria frente a Marruecos, reforzada con armamento estadounidense, francés e inteligencia israelí en las últimas dos décadas, ya no es la que era.
Ninguno de estos elementos implica, por sí solo, una pérdida de soberanía. Pero todos apuntan en la misma dirección estructural que un escenario 2027 llevaría al extremo.
I. Consecuencias internas en la política española
Una pérdida efectiva de Ceuta y Melilla —por cesión negociada, invasión tolerada o abandono progresivo— tendría un impacto que trasciende lo territorial:
Crisis de régimen. El valor simbólico de ambas ciudades como prueba de que España resiste la presión exterior es tal que su pérdida sería leída como una humillación nacional de dimensión histórica. Cualquier gobierno que la gestionara caería, casi con seguridad de forma inmediata.
Polarización territorial explosiva. Un precedente de cesión bajo presión externa se convertiría en munición inmediata para el debate territorial español: si Ceuta y Melilla no fueron innegociables, la pregunta de si Cataluña o el País Vasco lo son ganaría fuerza en el discurso de la derecha nacional, y sería instrumentalizada en sentido inverso por sectores del propio independentismo (ver bloque V).
Tensión con las Fuerzas Armadas. Una pérdida sin resistencia militar seria reabriría, con enorme carga simbólica, el debate —hoy tabú en democracia— sobre el papel del Ejército como garante último de la integridad territorial.
Refuerzo del discurso sobre «guerra híbrida migratoria». Si la pérdida se produce en el contexto de presión migratoria sostenida, reforzaría la narrativa —ya extendida en 2026— de que la inmigración se usa como arma geopolítica, alimentando a la extrema derecha en toda Europa, no solo en España.
II. La relación con Estados Unidos
El precedente más relevante ya existe: Washington reconoció, bajo la primera administración Trump, la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, una decisión que se ha mantenido desde entonces. Esto sugiere varias cosas para un escenario 2027:
– Si EE. UU. ya está dispuesto a legitimar reivindicaciones territoriales marroquíes por interés estratégico —bases, cooperación antiterrorista, contención migratoria hacia Europa, contrapeso a Argelia—, no es descartable que un segundo mandato Trump no respalde a España frente a Marruecos, o incluso presione en sentido contrario.
– Ya en 2026 se observa una red de actores alineados con Trump y con Marruecos impulsando el argumento de que Ceuta y Melilla son «enclaves coloniales», lo que indica que Washington, o al menos su órbita, no vería con malos ojos una solución favorable a Rabat.
– El desgaste sería mayor si coincide —como ocurre ya— con otras fricciones bilaterales: gasto en defensa y OTAN, y diferencias de fondo en política exterior, particularmente sobre Gaza.
III. La relación con Israel
El patrón también es visible ya en 2026. La crisis de Ceuta fue utilizada por el embajador israelí ante la ONU para acusar a España de hipocresía, dado que Madrid critica con frecuencia a Israel por su ocupación de territorios palestinos. Un escenario de pérdida efectiva en 2027 probablemente:
– Sería instrumentalizado como argumento comparativo en ambas direcciones —»España exige devolver territorios pero no pudo retener los suyos»— dependiendo de qué sector del espectro político israelí o proisraelí hable.
– No hay unanimidad interna en el aparato diplomático israelí sobre usar este argumento: la propia embajada en España desautorizó las palabras de Danon como posición no oficial, lo que sugiere divergencias internas entre quienes lo ven como baza útil frente a las críticas españolas por Gaza y quienes lo consideran una distracción innecesaria.
– Dado que la relación bilateral ya atraviesa, según varias fuentes, su peor momento desde que existen relaciones diplomáticas, una pérdida de soberanía probablemente aceleraría el acercamiento israelí a Marruecos —país con el que Israel mantiene relaciones normalizadas desde los Acuerdos de Abraham— en detrimento de España.
IV. Repercusión dentro de la Unión Europea
La crisis de 2026 ya reveló que la solidaridad europea sobre Ceuta y Melilla es mucho más frágil de lo que la retórica institucional sugiere:
– Italia suspendió unilateralmente Schengen con España; Finlandia acusó a Madrid de fracasar por completo en la protección de la frontera exterior común; veintidós jefes de Estado y de Gobierno pidieron una reunión de urgencia sobre la gestión española de la crisis.
– Ceuta y Melilla, pese a ser frontera Schengen, quedan fuera del ámbito de cobertura del artículo 5 de la OTAN, lo que explica en parte una respuesta internacional más tibia que la registrada ante crisis fronterizas comparables en el este de Europa.
Proyectado a 2027, esto apunta a varias consecuencias:
1. Redefinición forzosa del perímetro exterior de la UE en el Mediterráneo occidental, con implicaciones directas para Frontex y los acuerdos de externalización fronteriza.
2. Munición política para el euroescepticismo de derecha radical en toda Europa, no solo en España, como prueba de la incapacidad de la UE para proteger sus fronteras.
3. Precedente jurídico incómodo para otros contenciosos territoriales europeos sin resolver, lo que paradójicamente podría generar más solidaridad reactiva con España por puro interés defensivo de otros Estados miembros.
4. Aislamiento antes que cohesión: el patrón de 2026 —países señalando la incompetencia española antes que cerrar filas— sugiere que la reacción a una pérdida efectiva sería más fracturada de lo que la lógica de «defensa del territorio comunitario» haría esperar.
5. Erosión de la narrativa europea de fronteras inviolables, construida en gran medida desde 2022 en torno a Ucrania, con el consiguiente aprovechamiento propagandístico por parte de actores externos interesados en subrayar el doble rasero europeo.
V. La respuesta del nacionalismo vasco y catalán
Aquí no hay una respuesta única previsible, y los datos de 2026 ya muestran divergencias claras entre las distintas familias del nacionalismo periférico:
– PNV y ERC han señalado directamente a Marruecos como responsable de la instrumentalización migratoria, alineándose de facto con el Estado español frente a un actor externo.
– EH Bildu ha optado por el silencio casi total, sin fijar posición pública.
– Junts ha jugado la carta puramente transaccional, usando la crisis para arrancar concesiones concretas —la exclusión de Cataluña del reparto de menores migrantes—sin entrar en el debate identitario de fondo.
Proyectando esta divergencia a un escenario de pérdida de soberanía en 2027, se perfilan cuatro estrategias posibles, cada una con su lógica y sus riesgos.
A) Alineamiento con el Estado frente a la amenaza externa. Reforzaría la imagen de responsabilidad institucional de partidos como el PNV o ERC, evitando el desgaste de parecer que se aprovechan de la debilidad de España en un momento de humillación nacional. El riesgo es renunciar a una ventana de oportunidad histórica si el relato dominante pasa a ser que el Estado ya no puede garantizar su propia integridad territorial.
B) Explotación de la crisis para acelerar el propio proceso. Coherente ideológicamente con el argumento de que la fragmentación de España responde a dinámicas de poder externas que no distinguen entre «enclaves africanos» y «nacionalidades históricas». El riesgo mayor es quedar asociados, aunque sea indirectamente, al mismo bloque de actores externos —Estados Unidos, Israel, Marruecos— que habrían debilitado a España, una asociación que la derecha española explotaría sin matices.
C) Silencio calculado. El modelo ya ensayado por EH Bildu en 2026: evita el desgaste de posicionarse en un asunto que no se controla, a cambio del riesgo de ser acusado de indiferencia.
D) Transaccionalismo puro. El modelo Junts: usar la crisis como palanca de negociación puntual, con bajo riesgo ideológico pero también bajo rendimiento en términos de proyecto político de fondo.
Nada indica que un escenario más grave que el de 2026 fuera a unificar estas posturas; el patrón observado sugiere más bien que las polarizaría entre sí, en función de si el objetivo estratégico de cada partido es consolidarse como socio fiable del Estado, maximizar la presión independentista, o minimizar el riesgo reputacional.
