El blog de Iñaki Anasagasti

María Esther Solabarrieta

La semana pasada en la confluencia de Alameda Mazarredo e Ibañez de Bilbao, frente a las antiguas oficinas Sota – Aznar, nos hemos encontrado con Patxi Letamendi Urresti, médico, hijo de Txomin Letamendi y Karmele Urresti, la protagonista de la película “Karmele” y de la novela de Kirmen Uribe, “La hora de despertarnos juntos”.

Karmele Urresti Iturrioz era prima carnal de mi Aita Joseba Solabarrieta Urresti. Los dos de Ondarroa y las dos familias exiliadas en Venezuela. Por tanto, soy prima segunda de Patxi y con familias muy relacionadas allí y aquí. Karmele era enfermera y fue quien me abrió los agujeros-pendientes en las orejas recién nacida. El matrimonio Patxi-Karmele tuvo tres hijos. Ikerne (GB), Txomin y Patxi.

Nos ha contado lo que les ha ocurrido este fin de semana y como me ha parecido muy bonito, lo comparto con quien quiera leerlo.

“El pasado 4 y 5 de junio ha cerrado la temporada sinfónica en Bilbao, el trompetista Pacho Flores junto a la BOS (Bilbao Orkestra Sinfonikoa), por lo que el Gerente de la BOS les invitó al concierto del mejor trompetista internacional del momento Pacho Flores (San Cristóbal-Venezuela), ya que Txomin Letamendi había tocado 15 años en la Sinfónica antes de la guerra, así como también en Venezuela, algo que no se refleja bien  en la película. Una pena. 

Txomin padre, junto a otros seis compañeros músicos de la Sinfónica de Bilbao, formaron el grupo de jazz Elola Band, con la cual realizaron múltiples representaciones viajando con la orquesta en trasatlánticos como el Alfonso XII, donde se presentaron asimismo durante dos años,1923-1924, en la ciudad de Nueva York, la ciudad más cosmopolita para la música que ellos tocaban, el Jazz. Tocaron asimismo en varios teatros, llegando incluso a hacerlo en el afamado Carnegie Hall. Pacho nos dijo que incluso había ganado un premio en Nueva York (20 morocotas) ya que había interpretado unas piezas con partituras que desconocía totalmente y que su interpretación fue maravillosa. También nos ha contado que Pacho Flores compuso el vals “Morocota” dedicado con todo su afecto a su madre. Morocota era el nombre popular venezolano que identificaba una antigua moneda de oro que llevaban las damas venezolanas en sus pulseras. Nos hemos estado riendo, pues tanto su Ama como la mía tenían sus morocotas, que exhibían en fechas muy sonadas (Aberri Egunak, Iñaki Deunak, Gabonak, etc).

La historia posterior de Txomin Letamendi, Comandante de gudaris del Batallón Aristimuño, exiliado en Venezuela, fue la de aceptar el llamamiento del Lehendakari José Antonio Agirre, regresando a Bilbao participando en los Servicios de Información del Gobierno Vasco. Detenido varias veces, murió en la cárcel en 1951. Patxi nos cuenta que quien fuera posteriormente Senador, Josep Benet, ya fallecido Txomin, fue quien lo entregó en brazos a la familia. Terrible historia a quien Uzturre llamaba cariñosamente “Turuta”, por su buen hacer con la trompeta.

El caso es que Patxi nos ha comentado que tienen la trompeta de su Aita y quiso agradecerle a Flores su despedida en el escenario con un muy sentido AGUR, comentándole la marca de la trompeta de su Aita a quien Flores le respondió que era una magnífica trompeta y que quizás faltaría revisar para saber el estado de conservación de la misma.

Le hemos comentado que ahora que se va a reabrir el Museo Vasco, éste sería un magnífico lugar donde donarla para que sea exhibida y conocida la historia del gran trompetista Txomin Letamendi.

Ha sido una conversación preciosa, emotiva y recordando a la familia. Ojalá a su Aita se le siga recordando con música, cariño y sobre todo agradecimiento.

Martes 23 de junio de 2026

Igone Elexpe Uriarte

He tocado aquí varias veces la refacción hecha al Museo Vasco de la Plaza Unamuno, aunque se entra por la calle La Cruz, calle donde nació el Lehendakari  Agirre.

Dije que no me había gustado absolutamente nada el trabajo realizado y mucho menos su fachada, todo un mazacote, sin gracia, ni personalidad y que los 22 millones gastados, repito, 22 millones se han gastado, a mi juicio, muy mal, y como una vez inaugurado con los Vips clásicos, no hay derecho al pataleo. Ante eso, la respuesta está siendo negativa. El propio Mikeldi, antes sobre hierba, ha quedado sobre el frío cemento y la maqueta de Bizkaia ha sido arrumbada.

Pero así como funciona el teflón, donde no se pega nada, nadie da explicaciones, nadie se siente aludido y nadie piensa rectificar nada. Es lo más parecido al funcionamiento de un ayuntamiento sin escucha activa y además lo hace ante una oposición que no se entera.

Y como va en serio la cosa, reproduzco el correo que me ha enviado Igone Elexpe Uriarte que se queja sin esperanza porque

 cuya queja irá seguramente a la cesta de los papeles.

La reproduzco a continuación. Dice así:

“Vivo frente a la entrada del museo y pensaba que tras años de aguantar la porquería que quedaba agarrada a los cristales de nuestros miradores (los trabajadores cortando los materiales al aire y sin mascarilla), el resultado iba a ser un edificio que por lo menos, fuera acorde con el entorno vizcaíno. Sin embargo, han tapado la fachada de piedra típica de aquí y han suprimido balcones y la fachada de la farmacia que antes resaltaba y era tan cuqui, ahora ni se distingue. La fachada parece más de un edificio de la meseta que de nuestro paisaje. Un amigo me lo describió así:

“Si un turista me preguntara qué es ese edificio y le contestara que es una cárcel, se lo creería”.

Y lo mejor, es que el museo nos invita a los vecinos que hemos convivido estos años con las obras, a una visita guiada especial. Teniendo en cuenta que llevamos dos semanas de entrada gratis para todo el mundo, pues no sé…

Prefiero que se hagan cargo de la limpieza de nuestros miradores😜”.

Ahí queda eso.

Lunes 22 de junio de 2026

Natalia Junquera

Cuando el presidente del Gobierno compareció en julio de 2025 en el Congreso para dar explicaciones sobre los escándalos de corrupción que afectaban al exministro José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, anunció un plan estatal de lucha contra la corrupción de 15 medidas en materia de prevención, castigo y reparación del daño causado.

Casi un año después, ninguna de ellas está completamente implementada, y Pedro Sánchez tiene pendiente otra comparecencia (24 de junio) para responder por los nuevos frentes abiertos en los tribunales  como es el caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el que investiga a la exmilitante socialista Leire Diez.

12 de las 15 medidas se encuentran en trámite normativo porque dependen, fundamentalmente, del anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), que fue aprobado en primera vuelta en el Consejo de Ministros del pasado 17 de febrero. De las otras tres no hay ningún hito público verificable. Así consta en el informe de seguimiento elaborado por +Democracia, organización que se dedica a aportar ideas para mejorar el funcionamiento de las instituciones, y la consultora TactioTeal. «La brecha entre anuncio e implementación, concluyen,» es, en sí misma, un problema de integridad pública».

EI Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha reprendido a España en varias ocasiones por remolonear con las medidas de prevención.  En su último informe subrayó «la falta de acción decisiva y de resultados tangibles” sobre las recomendaciones hechas en 2019 para prevenir ese tipo de casos y reclamó a las autoridades españolas que antes de finales de este mes les enviaran un documento informando de sus avances.

La politóloga y socióloga Cristina Monge, presidenta de +Democracia, recuerda que el diagnóstico sobre las grietas del sistema está hecho hace muchos años, como prueba que ya en la etapa de Mariano Rajoy se plantease la regulación de los grupos de interés o lobbies, pero falta voluntad política» para hacerlas realidad.

«Hay medidas que necesitan un tiempo de tramitación, pero otras no. Falta liderazgo, convertir este asunto en una prioridad. La revisión, un año después, del grado de cumplimiento del plan anticorrupción es un ejercicio que debería haber hecho el propio Gobierno para rendir cuentas. Sánchez llega a la comparecencia del 24 de junio sin los deberes hechos».

La medida principal del primer eje del plan (Prevención) es la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública para aunar las funciones de varios organismos con competencias similares cuya dispersión, según explicó el presidente en el Congreso, había provocado «ineficiencias”, pero está incluida en la LOIP, en fase de anteproyecto y pendiente de la compleja fragmentación parlamentaria.

Lo mismo sucede con el plan para transformar la plataforma de Contratación del Sector Público con herramientas de inteligencia artificial, que, puestas a disposición de esa futura Agencia Independiente de Integridad Pública, facilitarían un almacenamiento masivo de datos para detectar “patrones anómalos y prevenir la corrupción antes de que se produzca”. La promesa de reforzar el control de la financiación de los partidos políticos, rebajando de 25.000 a 2.500 euros el importe de la donación individual que las formaciones estarían obligadas a hacer públicas, tampoco se ha materializado porque se incluye en la LOIP, que según el informe actúa como un auténtico «cuello de botella» del plan.

La Ley de Administración Abierta, que contempla sistemas de auditoria ciudadana y exámenes adicionales sobre el patrimonio de altos cargos, con controles aleatorios cada año -ahora la normativa incluye uno a final de mandato-, también se encuentra en fase de «anteproyecto».

El segundo eje del plan, el de la protección a quien denuncia irregularidades, es el que más avanzado está, pero porque la medida fundamental, la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI). ya se había incluido en otro plan anterior, el que el presidente concretó en el Congreso en 2024. Y la protección del informante de corrupción emana de una directiva europea de octubre de 2019 La AIPl está operativa desde abril de 2025, pero los refuerzos del plan anticorrupción anunciados hace casi 365 días, como facultar a las autoridades para anular represalias contra esos informantes, establecer indemnizaciones para ellos proporcionales al daño sufrido y ampliar a cinco años su protección tras el cese de sus funciones, siguen sin aplicarse porque dependen de la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública.

Otras reformas

El tercer eje del plan, «investigar, juzgar y sancionar la corrupción», abarca tres medidas que también están en fase de tramitación un año después porque, tal y como recuerda el informe, dependen de la LOIP o de reformas adicionales en el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Se trata de la creación de secciones especializadas en los tribunales de instancia; el establecimiento de un carácter preferente para las causas que involucren a cargos públicos; la ampliación del plazo de prescripción para los delitos de cohecho y malversación; y el endurecimiento de las sanciones a las empresas corruptoras.

En este apartado, Sánchez prometió poner en marcha un “sistema de exclusión y de listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración”. En realidad, la ley ya lo prevé -el conocido como «blacklisting» forma parte de otra directiva europea, esta, de 2014. pero las corruptoras a menudo se libran de esas sanciones porque cuentan con filiales y además, esas sanciones no son efectivas hasta

que hay sentencia firme. El plan anunciado en 2025 preveía «automatizar» esa inhabilitación y ampliarla a 15 años, así como crear un registro de las sancionadas. Pero esos cambios no están en vigor.

El cuarto eje del plan alude a la recuperación de lo robado. Una directiva es la que debe transponerse antes del 23 de noviembre obliga a facilitar el embargo de bienes o decomiso de productos derivados de una infracción penal cuando e bien de origen delictivo se haya transferido a un tercero, así como a reforzar la cooperación transfronteriza. +Democracia denuncia que la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) «carece de un presupuesto suficiente para sus funciones”. El plan sin ejecutar prevé crear la figura del «decomiso preventivo» para recuperar los bienes obtenidos por la corrupción sin que medie condena previa. Pero tampoco se ha llevado a cabo.

El quinto y último eje del plan, «cultura anticorrupción”, es, según el informe, el apartado “con peor desempeño verificable”, pese a que no depende de trámites parlamentarios. Abarca tres medidas: el impulso de programas de buenas prácticas y prevención para el personal que trabaja en el sector público; una campaña de concienciación social que informe de las posibilidades de denuncia de irregularidades y la realización de una encuesta anual sobre percepción y experiencia de la corrupción en España.