El blog de Iñaki Anasagasti

Martes 18 de febrero de 2014

La LAESE por fin está cerca de ver la luz, en febrero 2014, tras muchos meses de tira y afloja. Tras la aprobación en Consejo de Ministros del Proyecto de Ley el pasado 14 de junio, los trámites parlamentarios están avanzando. El proyecto debería de estar aprobado como Ley Orgánica antes de fin de febrero, como tarde.

No obstante, las dudas se han acrecentado. La propuesta de armonización de la acción exterior con la política exterior del Estado ha sido duramente criticada por todos los partidos de la oposición, los medios de comunicación y la sociedad civil, que han visto un intento de centralización del Ejecutivo de buena parte de las competencias en materia de acción exterior, tanto dentro de la propia administración del Estado como con otras administraciones.

Establecer un mapa de prioridades estratégicas, definiendo a grandes rasgos qué se hace en el exterior (mediante una Estrategia de Acción Exterior cada cuatro años), cómo se hace y quién lo hace (mediante un Consejo Ejecutivo de Política Exterior) y revisar los objetivos mediante evaluaciones anuales, es un procedimiento saludable para una administración que quiere ser eficaz y eficiente. Pero esto no resuelve el pecado original de esta ley, que es similar en fondo al problema que encarna a la Marca España (no es el único): que la LAESE sea identificada más como un proyecto político, muy español, al calor de una mayoría absoluta y sin prácticamente debate parlamentario ni social alguno, que como un proyecto de Estado que entrañe una reforma administrativa con vocación duradera. Por otra parte, si bien es cierto que el Estado tiene una amplia colección de cuerpos en el exterior cuya actuación dista de ser coordinada en muchas ocasiones, toda la acción del Estado en el exterior no puede subrogarse a objetivos de política exterior, sobre todo si estos corresponden a objetivos de política económica (coloquialmente, aumentar las exportaciones y atraer inversiones).

La atribución de competencias en materia de asuntos exteriores también ha despertado gran oposición no sólo en el Parlamento, sino también entre los Gobiernos de las Comunidades Autónomas (CCAA) y sobre todo en Euzkadi y en Catalunya. Este sentimiento se ha acrecentado con la voluntad de la Generalitat de Cataluña de aprobar una Ley de Exteriores propia. La administración de Exteriores se ha posicionado públicamente en contra de esta ley.

Lunes 17 de febrero de 2014

El pasado domingo en la Plaza Levante de Bilbao se congregaron casi un centenar de venezolanos  para protestar por el clima de violencia suscitado en Venezuela por el gobierno del presidente Maduro y para poner en evidencia el clima de represión existente tras la muerte, en unamanifestación de tres estudiantes, así como la muerte de dos salesianos víctimas del delito común desatado en Venezuela y que el gobierno es incapaz de controlar.

Defensores de derechos humanos alertaron sobre las acciones represivas de la policía y la política de criminalización de la protesta, postura muy parecida a la expresada por Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tomó la palabra el presidente de «Venezolanos en Bilbao», Jean Carlos González, que animó a crear un estado de ánimo para que internacionalmente se conozca lo que está ocurriendo en su país así como en la necesidad de ir estructurando una organización que responda a estos llamamientos. Invitado a hablar el senador Anasagasti éste dijo que los medios venezolanos que le llaman se quejan de la falta de noticias que tienen, siendo más la información que se publica en el exterior que en la propia Caracas. “De ahí la importancia -dijo el senador- que no se sientan solos y sepan que pocos o muchos estamos con ellos”. También recordó que “Bolívar vivió un año de su vida en Bilbao y que eso obliga a decirle al régimen de Maduro que el Libertador escribió que »la prensa era la artillería del pensamiento” y que en una democracia las únicas armas tenían que ser el voto y la palabra, no la represión, la muerte y la eliminación de la libertad de expresión”.

Posteriormente intervinieron varios venezolanos dando ideas y se formó en el suelo un SOS hecho con los allí presentes.

Domingo 16 de febrero de 2014

El Govern replica el informe Margallo sobre el proceso catalán.

Ni el Departamento de la Presidencia ni, por supuesto, la inmensa mayoría de los catalanes siente animosidad alguna contra España ni contra los españoles, sino todo lo contrario. No se trata de romper nada, ni de levantar fronteras, ni de alejarnos, sino justamente de estrechar los lazos que nos unen en libertad, en un marco político común, el de la Unión Europea, en el que nadie se sienta subordinado o atado contra su voluntad. Por parte de Catalunya, la voluntad de concordia y de convivencia están, pues, más que aseguradas». Así empieza el informe titulado Estrechar lazos en libertad, elaborado por el Govern de la Generalitat para replicar al que distribuyó el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación por todas las embajadas y consulados de España en el mundo.

El conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha hecho llegar su contrainforme al ministro, José Manuel García-Margallo, solicitándole que lo incluya en la documentación que por valija diplomática hace llegar a todas las legaciones españolas. Considera el conseller que representando como representan los diplomáticos al Estado y no al Gobierno y menos todavía al PP, deberían disponer de todas las aportaciones al debate sobre el proceso soberanista catalán. Con esa intención, el texto está redactado en castellano. El propio conseller Homs asegura haberlo escrito personalmente en sus ratos libres y se nota un esfuerzo no sólo lingüístico sino también político por buscar la complicidad del lector español, hasta el punto que llega a afirmar que «sería absurdo concebir esta independencia como una vía de ruptura con España». La réplica del Govern al Ministerio de Exteriores se centra sobre todo en rechazar el juicio moral que hace el documento ministerial sobre las aspiraciones soberanistas y contraargumentar «el papel casi místico» que otorga el Gobierno español a la Constitución, y refutar que se reduzca a una minoría de la sociedad catalana la defensa de Catalunya como» sujeto político. El texto incluye referencias a los contenciosos de Gibraltar, Sahara Occidental y Ceuta y Melilla.

La cuestión es «¿El pueblo de Catalunya es un sujeto político legitimado para tomar una decisión colectiva como tal sujeto?», la respuesta afirmativa se basa en la existencia de Catalunya previa a la Constitución: «El restablecimiento de la Generalitat -señala el documento- es anterior a la Constitución española y su legitimidad histórica por tanto no puede derivar de ésta». Respecto a la representatividad, el informe del Govern constata que «en Catalunya, lo que representa hoy el PP en relación con la idea de España, o al papel que propone para la lengua catalana, constituye una exigua minoría».