Aun viviendo en las antípodas del laberinto político es imposible no haberse apercibido de las insistentes llamadas al voto para las próximas elecciones. El deber cívico espera y la publicidad por prensa, radio, televisión, internet, vallas, carteles… es masiva y hasta agobiante.
Y todos estos mediáticos para movernos al voto tienen un costo económico, pagadero y reembolsable, por lo que cabe preguntarse, ¿quién paga las campañas electorales? Escuchaba a un amigo, pequeño empresario con 12 empleados, del pánico financiero que le ronda, como a la mayoría de los autónomos, porque todos los bancos les recortan el crédito y las líneas de descuento, incluso las avaladas por facturas de organismos públicos, o tal vez y precisamente por esto mismo, ya que las instituciones, con la crisis como parapeto y el déficit como excusa, demoran sus pagos uno, dos, tres e incluso más meses.
Con la misma cantinela de la crisis y la inflación, a quienes no pueden hacer frente a la hipoteca bancaria de su casa y desean utilizar el sistema de retorno «te devuelvo la casa, se acabó la hipoteca», no se les liquida la hipoteca, en un juego manifiesto de «usura legal» permitida por el gobierno a los bancos.
Se destinan 44,5 millones € públicos para estas elecciones, de donde saldrán 276,86€/concejal electo y 0,55€/voto obtenido por cada partido. Salta a la vista que este «chocolate del loro» oficial no cubre los gastos generados, por lo que quedan las cuotas de afiliados (testimonial), el propio patrimonio (exiguo) y las suculentas biendirigidas aportaciones privadas físicas o fiscales, que pueden ser de hasta 60.000 € y anónimas…, sí, sí desconocidas para el ciudadano/a y para el fisco, pero no para los grupos políticos financiados.
De modo que tras la toma de poder, nos encontramos con las gracias a los bancos en forma de leyes ayuda/prebendas, o permisos urbanísticos sobrevenidos o contratos de obra o servicios a empresas creadas ad hoc por los cobradores del favor electoral. Puede que no siempre sea así, pero la mujer honesta del césar debe parecerlo, y este trapicheo de dinero con color político, parte innoble y desconocida del PIB negro-negrísimo del país, podría blanquearse informándose a los ciudadanos, o sea haciendo leyes claras… y cumpliéndolas; pero claro, las tienen que hacer muchos de los mismos que ahora las incumplen o manipulan. Dinero y poder, dúo con lustre pero de dudosa buena reputación.