Castas y costes

SI no curras, no cobras”, es el lema directísimo del cabreo popular contra las indemnizaciones a parlamentarios y senadores que no han sido capaces de ponerse de acuerdo para formar gobierno, pero sí para subirse el sueldo y cobrar jugosas cesantías o como las llamen bajo frases de camuflaje. Con el final abrupto de la anterior legislatura cobraron por 53 días, 5 de marzo al 28 de abril, los 2.972,94 euros de su sueldo base más sustanciosos complementos;restando los de la diputación permanente, de los 221 con derecho a indemnización lo cobraron 216, sólo renunciaron cinco;a esto sumen que tienen derecho a indemnización “por cese” si han estado más de dos años. Recordemos, el salario mínimo interprofesional son 900€/mes y la pensión mínima de jubilación, 835,80€/mes. Pues bien, con siete meses de diferencia los próceres hispanos repetirán jugada de embolsillamiento;todo dentro del más estricto derecho, esto sí, y además con los mismos paganos de siempre, esto también.

De paso, el soberano “preparao”, como acertadamente le intitula I. Anasagasti, se aplica como los funcionarios el 1,5% de subida a sí mismo y a su camada ascendente y descendente junto a su camarilla cortesana. La subida parece más bien magra si este 1,5% se aplica a un sueldo medio de pongamos 1.500 euros, pero aplicado a los 7.999.040 euros abonados a la casa real la cifra tiene otra enjundia.

En agosto, con vacación y alevosía, la comunidad de Madrid ha aprobado reducciones fiscales que además de mantener la subvención total a sucesiones y transmisiones patrimoniales, rebajará también el IRPF autonómico (un 0,5% menos por tramo) a personas y empresas. El “dumping fiscal” que ya ejercía desde 1995 era evidente, pero estas nuevas reducciones fiscales acercan a los capitalinos hasta los aledaños de “paraíso fiscal”. Pero no a todos por igual, por supuesto, sino a los grandes patrimonios y rentas más elevadas. Estas “rebajas fiscales” de verano no gustan en las Castillas, Asturias o Valencia, porque ellas deben sostener su sanidad, educación y servicios sociales y no pueden rebajar fiscalmente porque no atraen, por ejemplo, empresas y sedes multinacionales bajo el efecto capitalino.

También en canícula veraniega, la Diputación de Bizkaia ha modificado la normativa fiscal para rentas generadas en períodos largos que se cobran en un año fiscal, reduciendo la tributación para que (Brexit duro a la vista) emprendedores y gestores de fondos y startups opten por Bizkaia como ecosistema de emprendimiento. Hasta aquí casi todo bien, si no fuera porque los más beneficiados por su aplicación serán los jugadores del Athletic y el propio club, ya que los peloteros negocian sus sueldos netos y el club paga los tributos, que con esta reforma podría ahorrarse hasta 15 millones €/año. Gipuzkoa, Araba y Nafarroa también querían hacerlo, pero ante las protestas han desistido y en Bizkaia se lo tendrán que pensar.

En todo caso, las modificaciones de porcentajes fiscales propuestos me hacen pensar si no tendríamos que aplicar más la matemática y menos el derecho.

Sea como fuere, mal momento para la lírica de la equidad social. “Como siempre”, me susurra al oído un jubilado con la pancarta preparada.

¡Y quuueeeé?

MONTORO

ASÍ mismo, con esta semiótica entre admiración sorprendida y pregunta retórica dequienvasobrao simultáneas escucho a la administración de Hacienda/Economía, y también de Interior, ante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional anulando la amnistía fiscal-2012 del sr. Montoro. De los 40.000 millones que se propusieron regularizar se legalizó la mitad y los ladrones-defraudadores de cuello blanco tributaron lo amnistiado a un raquítico 3%, menos que el 4% de IVA reducido por una barra de pan. ¡Y qué? Te miran por encima del hombro, sabiendo además que gran parte del dinero amnistiado tenía su origen en el narcotráfico, trata de personas, venta de armas, corrupción y otras actividades criminales.

El cazador cazado. Ha dimitido el mismísimo fiscal anticorrupción por trapicheos económico-financieros personales/familiares en Panamá ¡Y qué? Se ha ido como echando en cara a quienes pagan sus tributos aquí, quizá porque no conozcamos como él el camino correcto. Él, junto a otros “listillos” que vehiculan su actividad económica a través de los 15 paraísos fiscales más agresivos del mundo, hacen que el Estado deje de ingresar unos 1.550 millones € anuales, el 60% del déficit de reserva de las pensiones en 2017. ¡Y qué? Inquiere el defraudador al ser señalado, si Panamá ni figura en la lista oficial española de paraísos fiscales, donde como islas del tesoro sólo aparecen las Islas Bermuda, Islas Vírgenes Británicas y Mauricio. Así que como españolita lista podría organizar mis viajes de turismo financiero-fiscal por Islas Caimán, Países Bajos, Suiza, Singapur, Irlanda, Luxemburgo, Curazao, Hong Kong, Chipre, Las Bahamas, Jersey, Barbados, sin traba legal ni miedos tributarios ni penales a reclamaciones del fisco. ¡Y qué? Chulean quienes en lugar de mi potencial podría, conjugan el presente “puedo” y lo hago: es legal.

Tan legal como que en nuestro mundo vivan 1.000 millones de personas que pasan hambre, 800 millones sin agua potable y 2.500 millones malvivan con menos de 2 euros al día; al mismo tiempo que hay 7,6 billones € (el PIB de Alemania y Gran Bretaña juntos) opacos a Hacienda, guardados en conocidos paraísos fiscales, verdaderas islas del tesoro. ¡Y qué? Es mío y legal, aducen sus depositantes. Tan legal como que 62 fortunas acumulen hoy más patrimonio que 3.600 millones de las personas más pobres, mientras que en 2010 eran 388. ¡Y qué? Acaso la economía no puede estar al servicio del 1% de listos/listillos, de la desigualdad galopante. Desigualdad fomentada, porque si entre 1900-2017 se hubiera combatido esta desigualdad hoy habría 700 millones pobres menos.

Legal, aunque por estos defraudadores las pensiones de jubilación puedan bajar un 4% en los próximos diez años. ¡Y qué? Qué no se jubilen y sigan trabajando, rezongan.

En el ciclo Ética, humanismo y ciencia, la catedrática Adela Cortina propone “cultivar la ética que induzca a no dañar al otro”. Loable y justa propuesta, pero al parecer los ¡Y qué? Del 1% son mucho más válidos que la necesidad de igualdad del irrelevante 99%.

¡Y qué? se oirá justificarlo al fiscal anticorrupción.