Oído selectivo al clamor popular

LA democracia directa sería el ideal de gobernanza, pero siendo tantas la representativa se impone, quedando el clamor popular como grito vehemente de una multitud, a la espera esperanzada de ser atendida por quienes detentan el poder delegado.

Hoy están llenas nuestras calles de clamores populares en tono cada vez más agudo. Me temo que con razón. Hasta dar la impresión de no haber suficientes días en el calendario para manifestar toda la indignación por tantas cuitas irresueltas.

El clamor popular contra el vesánico asesinato de un niño en Almería, sobredimensionado y muy bien orquestado desde ciertos medios, ha coincidido, ¡casualidad!, con trámite parlamentario para eliminar la prisión permanente revisable. Aquí el gobierno ha hecho gala de tener muy buen oído para el grito popular de “¡Más madera!”, aduciendo precisamente que esa inhumana figura penal es lo que reclama la mayoría de la población. “Escuchen la voz de la calle”, espetó a los demás quien suele ser sordo a esos clamores. Incluso citaron a familiares de víctimas para crear el ambiente idóneo que compeliera a los diputados a votar con sus vísceras en lugar de con su razón.

Hace unos días, un 8-M multitudinario clamó contra las desigualdades que aún sufrimos las mujeres. La receptividad de oído a estos clamores ha sido más bien escasa cuando no desdeñosa, seguramente por sordera disfuncional temporal de género.

El clamor en Catalunya por un referéndum sobre sus demandas ha sido ensordecedor. Ya estamos viendo la finura de oído a este clamor de varios millones de catalanes.

Con esta secuencia de sorderas discrecionales sería demasiado pedir que prestaran oído al clamor (popular, Tribunal de Estrasburgo y del Comité Derechos Humanos) contra la tortura, contra la condena por expresiones de la libertad de opinión, o para no aplicar leyes antiterroristas a acciones delictivas comunes como en Altsasu.

El sábado nuestras calles llenas de jubilados clamando por pensiones dignas. Llamativa la sordera institucional del gobierno a sus demandas;más llamativos (o directamente despreciables) los comentarios de responsables financieros mientras adoban rescates bancarios, salvan autopistas quebradas o incrementan el presupuesto para parásitos sociales como la familia real y aledaños.

El profesor Innerarity en su reciente libro Política para perplejos refiere que la indignación está dando paso a la perplejidad social, porque no encontramos recetas correctoras a los problemas por los que protestamos: seguridad, pensiones, trabajo, inmigración…. De aquí que haya muchos que prefieran votar a quien gestione su rabia antes que a quien pueda solucionar sus problemas. Aquí surge el populismo torticero (Ciudadanos entre otros), que trapacero y zigzagueante entre encuestas se presenta precisamente como gestor de esa rabia sin solucionar conflicto alguno. Lo preocupante es la reflexión de que los mismos que ahora protestan, con razón, por las pensiones mal gestionadas, han sido quienes han votado a los partidos despilfarradores durante las últimas décadas.

Por esto añoro la realidad auditiva de Suiza, donde todo se somete a votación, además vinculante. Votaron sobre instalar o no alminares. Salió que no y no se construyeron. Aquí instalar o no una mezquita dependería del buen oído del gobernante al clamor popular. Pero claro, entonces no podrían engañarnos con lo que les viniera en gana, y no es plan.

 

¡Y quuueeeé?

MONTORO

ASÍ mismo, con esta semiótica entre admiración sorprendida y pregunta retórica dequienvasobrao simultáneas escucho a la administración de Hacienda/Economía, y también de Interior, ante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional anulando la amnistía fiscal-2012 del sr. Montoro. De los 40.000 millones que se propusieron regularizar se legalizó la mitad y los ladrones-defraudadores de cuello blanco tributaron lo amnistiado a un raquítico 3%, menos que el 4% de IVA reducido por una barra de pan. ¡Y qué? Te miran por encima del hombro, sabiendo además que gran parte del dinero amnistiado tenía su origen en el narcotráfico, trata de personas, venta de armas, corrupción y otras actividades criminales.

El cazador cazado. Ha dimitido el mismísimo fiscal anticorrupción por trapicheos económico-financieros personales/familiares en Panamá ¡Y qué? Se ha ido como echando en cara a quienes pagan sus tributos aquí, quizá porque no conozcamos como él el camino correcto. Él, junto a otros “listillos” que vehiculan su actividad económica a través de los 15 paraísos fiscales más agresivos del mundo, hacen que el Estado deje de ingresar unos 1.550 millones € anuales, el 60% del déficit de reserva de las pensiones en 2017. ¡Y qué? Inquiere el defraudador al ser señalado, si Panamá ni figura en la lista oficial española de paraísos fiscales, donde como islas del tesoro sólo aparecen las Islas Bermuda, Islas Vírgenes Británicas y Mauricio. Así que como españolita lista podría organizar mis viajes de turismo financiero-fiscal por Islas Caimán, Países Bajos, Suiza, Singapur, Irlanda, Luxemburgo, Curazao, Hong Kong, Chipre, Las Bahamas, Jersey, Barbados, sin traba legal ni miedos tributarios ni penales a reclamaciones del fisco. ¡Y qué? Chulean quienes en lugar de mi potencial podría, conjugan el presente “puedo” y lo hago: es legal.

Tan legal como que en nuestro mundo vivan 1.000 millones de personas que pasan hambre, 800 millones sin agua potable y 2.500 millones malvivan con menos de 2 euros al día; al mismo tiempo que hay 7,6 billones € (el PIB de Alemania y Gran Bretaña juntos) opacos a Hacienda, guardados en conocidos paraísos fiscales, verdaderas islas del tesoro. ¡Y qué? Es mío y legal, aducen sus depositantes. Tan legal como que 62 fortunas acumulen hoy más patrimonio que 3.600 millones de las personas más pobres, mientras que en 2010 eran 388. ¡Y qué? Acaso la economía no puede estar al servicio del 1% de listos/listillos, de la desigualdad galopante. Desigualdad fomentada, porque si entre 1900-2017 se hubiera combatido esta desigualdad hoy habría 700 millones pobres menos.

Legal, aunque por estos defraudadores las pensiones de jubilación puedan bajar un 4% en los próximos diez años. ¡Y qué? Qué no se jubilen y sigan trabajando, rezongan.

En el ciclo Ética, humanismo y ciencia, la catedrática Adela Cortina propone “cultivar la ética que induzca a no dañar al otro”. Loable y justa propuesta, pero al parecer los ¡Y qué? Del 1% son mucho más válidos que la necesidad de igualdad del irrelevante 99%.

¡Y qué? se oirá justificarlo al fiscal anticorrupción.