Tengo para no olvidar los cachetes autosuficientes que me llovieron del sector más chic por haber escrito que Uber era una sanguijuela empresarial de la peor especie. Por entonces, empezábamos a oír hablar de la cosa por estos andurriales, y lo que se llevaba era presentarla poco menos que como una oenegé que había venido a ayudarnos a retirar coches del asfalto por el bien del medio ambiente y la movilidad. Plataforma de transporte colaborativo, se cacareaba, y hasta parecía que colaba, cuando cantaba La Traviatta que se trataba de unos vivales que habían dado con la piedra filosofal. Se habían convertido en imperio del taxi sin tener ni un solo vehículo ni un solo conductor en nómina. Por supuesto, libres de pagar las carísimas licencias, los impuestos correspondientes y hasta los seguros de rigor para llevar y traer pasajeros. Para más inri, por esos birlibirloques perfectamente legales, los cuatro duros en tributos que sí apoquinan se marchan a Haciendas lejanas.
Afiliados impepinables a lo negro o a lo blanco, ahora que ya ha quedado el trile al descubierto, lo que se estila es pedir la prohibición incondicional de Uber y otras compañías del pelo para defender al sector tradicional. Opina servidor que ni tanto ni tan calvo. Cualquiera diría, para empezar, que hemos olvidado o que damos por buenos los abusos sin cuento que hemos sufrido en el tiempo del monopolio de la bajada de bandera. Hay una solución que uno juzga más razonable: igualdad escrupulosa de condiciones en materia de contratación, impuestos, seguros y cualquier otra obligación, y venga a la carretera a ganarse la clientela.