Bienvenida sea la derogación de la doctrina Parot. Cantaba a leguas que era un chapucero aguaplast jurídico para tapar un boquete de serie en la legislación española, que conjuga escandalosas condenas a tres mil años con un sistema de bonus y cupones de descuento que muchísimas veces dejan la pena real en una ganga. En contrapartida, por una chorrada de delito, hay desgraciados que pringan un decenio, sin que a los paladines de las nobles causas se les mueva media ceja. Cuestión de fotogenia criminal.
O sea, que sí, que muy bien por la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero sin venirse arriba y sin olvidar ciertos detalles. Por ejemplo, que esa institución a la que se le hace la ola por su ecuánime dictamen es la misma en cuyas muelas nos ciscamos cuando bendijo la ilegalización de Batasuna. No puede ser que sus magistrados antes fueran tildados de mamarrachos que emitían sus veredictos sobre lo que no tenían ni puta idea y ahora sean festejados como inspiradísimos y atinadísimos señaladores de la verdad. Ni viceversa, claro.
Ocurre, me temo —y esta es la parte más delicada de mi mensaje de hoy— que una vez más el asunto no va ni de justicia ni de derechos humanos, por mucho que casi todo el mundo se haya refugiado en ambos elevados conceptos para vender su mercancía. La inmensa mayoría de las posturas a favor o en contra de la Doctrina Parot son políticas o de conveniencia. En un lado se defiende la institucionalización de la venganza y el retorcimiento de las leyes para mantener alta la moral del ultramonte. En el otro se pretende dar carta de naturaleza al pelillos a la mar ante quien ha cometido una docena de asesinatos y no siente el menor cargo de conciencia por ello. Me gustaría pensar que hay un camino intermedio entre el encarnizamiento penitenciario y la impunidad, y que es por el que ha optado, aunque sea de puñetera chamba, el Tribunal de Estrasburgo..