Categoría: General

Martes 15 de julio de 2025

Así como el espía ruso Pablo González tuvo plataformas de apoyo de la IA  para lograr su salida de la cárcel en Polonia e incluso el Colegio de Periodistas Vascos le entregó el premio Portell, dos vascos secuestrados por la dictadura venezolana llevan un año encarcelados sin que Maduro les ponga en libertad. Pablo González, el espía ruso en favor de la guerra contra Ucrania incluso fue recibido en el aeropuerto de Moscú por el propio Putin. Sin embargo estos dos jóvenes no existen para este mundo tan sensibilizado por los derechos humanos de los suyos. Es curiosa esta manera de entender la libertad de las personas y su eco en Euzkadi.

Dos ciudadanos vascos, José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, se encuentran detenidos desde hace diez meses en la prisión de Rodeo I en Caracas. Ambos fueron arrestados en septiembre de 2024 junto a otros extranjeros, acusados por la dictadura venezolana de un presunto complot para asesinar a Nicolás Maduro.

Según el siniestro  ministro del Interior, Diosdado Cabellos,los jóvenes eran miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI),una afirmación que las autoridades españolas han negado.

Una fuente del Ministerio de Defensa de Venezuela,  sostiene que los hombres están siendo utilizados como rehenes en un caso de “diplomacia de rehenes”, con el fin de ser intercambiados en el futuro.

El reporte  describe la cárcel de Rodeo I como una “cárcel  del terror” donde, “una vez que entras, no sales”. La información detalla que los detenidos se encuentran en condiciones de hacinamiento, sin poder comunicarse con sus familias y sin la asistencias de un abogado.

Además, no hay una acusación formal en su contra más allá de lo dicho por las autoridades de la dictadura  venezolana. La misma fuente añade que los jóvenes son sometidos a torturas y palizas por parte de funcionarios.

Las familias de los jóvenes han optado por no hacer declaraciones para no entorpecer los esfuerzos de la Embajada de España en Caracas, gestiones que, de acuerdo con el reporte, no han tenido éxito hasta ahora.

Lunes 14 de julio de 2025

Xavier Cassanyes

Los inesperados casos de corrupción de colaboradores en su círculo de confianza,  incluso en el ámbito muy cercano, sitúan a Pedro Sánchez al borde de perder su credibilidad y ánimo político. Al otro lado del hemiciclo, un Núñez Feijóo exultante recoge el fruto de la consigna de Aznar, de hace año y medio “el que puede hacer que haga,…”

Todos los esfuerzos de la derecha contra el Presidente, en todos los frentes, han conseguido que buena parte de la opinión pública centre en Sánchez todos sus males y que se olvide que el partido Popular, que fue condenado como trama corrupta por el caso de la Gurtel, ha sido el máximo depredador de las instituciones y de la honestidad en política, desde que Rajoy perdiera las elecciones ante Zapatero. Habría que repasar la hemeroteca, de aquella legislatura de 2004, cuando el PP pedía el boicot a los productos catalanes y al nuevo Estatut, que fue el detonante de lo que luego sería el Procès. Es decepcionante el poco rigor de analistas que olvidan cómo se desencadenan los sucesos.

Nadie parece acordarse de qué es el PP cada vez que toca el poder, favoreciendo a las grandes empresas, constructoras, hoteleras o futbolísticas, véase la recalificación de terrenos de Ayuso a favor del Real Madrid, y los amiguismos. El partido de la derecha posfranquista, que juega al centro que nunca es, no tiene rubor en  cambiar leyes para favorecer políticas neoliberales y limitaciones sociales, detrayendo recursos de lo púbico. Y, teniendo en cuenta que un gobierno popular solo es viable en alianza con Vox, el partido que revindica la dictadura de Franco, sin estar en un gobierno sí impondría sus principales puntos ideológicos, como puede comprobarse en las comunidades autónomas en que gobierna.

Dos datos: En Baleares la enseñanza de la cooficialidad del catalán va a ser optativa y no se exige como requisito en la administración autonómica, con lo que se merma el derecho de los ciudadanos a ser atendido en cualquier de las dos lenguas cooficiales. En la comunidad valenciana, se desgaja Alicante de la unidad territorial y va a considerarse provincia no sujeta al bilingüismo a diferencia de Castellón y Valencia; un atentado a la unidad autonómica. Es el programa de Vox, volver al estado unitario centralizado sin autonomías, y el castellano como única lengua.

La alternativa viable al bloque de la investidura que sustenta al gobierno de Pedro Sánchez sería una coalición entre PP y Vox. Un gobierno de Feijóo, monocolor dice, con las imposiciones que Vox considere tácticamente convenientes. El alineamiento con el frente de Trump debilitaría a España aún más, perdiendo la oportunidad histórica de retomar un papel relevante como defensora de lo propio y europeo ante el desprecio del mundo anglosajón visibilizado por la vuelta al racismo contra los hispanos en Estados Unidos. El plante de Sánchez ante Trump es la mejor estrategia de medio plazo para reposicionar a Europa en el mundo global frente el entreguismo del partido popular europeo.

La armada ideológica de la derecha está consiguiendo que la ciudadanía minusvalore la gestión económica del gobierno y olvide la política de avances sociales que el gobierno de coalición ha impulsado desde el inicio. Si se llegara a minar la fortaleza, y las ganas de seguir de Sánchez, España se enfrentaría a un retroceso social y político semejante a cómo sucede en Estados Unidos.

La alternativa a Sánchez es Pedro Sánchez con un  verdadero programa regenerador de la política desde los propios cimientos de la democracia: La ley que regula los partidos y los mecanismos electorales. El cómo funcionan los partidos políticos, la imposibilidad  de la crítica interna, por el peso absoluto de la jerarquía y los círculos de presión que impide la evolución ideológica, y el sistema electoral, injusto de base puesto que da más valor al voto de los ciudadanos en las provincias menos pobladas que en las de mayor población, lo que se traduce en una discriminación inaceptable cuando debe garantizarse la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Sábado 12 de julio de 2025

Álvaro Sánchez Castrillo

El coronel Manuel Sánchez Corbí ocupó durante casi tres años uno de los puestos de mayor responsabilidad y proyección pública dentro de la Guardia Civil. A finales de 2015, con Mariano Rajoy en La Moncloa, asumió la jefatura de la Unidad Central Operativa (UCO). Y ahí, al frente de la unidad de élite del Instituto Armado, se mantuvo hasta el verano de 2018, cuando fue cesado de forma fulminante. Nada tuvo que ver la condena por torturas que mancha su expediente desde los noventa. Ni aquellas declaraciones, ya como jefe de la UCO, colocando en el bando de los «malos» a «etarras» y «peneuvistas» —algo que soliviantó a la formación jeltzale—. Fue el envío de un correo ordenando la suspensión de cualquier actividad que requiriese el uso de fondos reservados lo que motivó su destitución.

Tras su cese, que intentó pelear sin éxito en los tribunales, el coronel permaneció algunos meses más en el Instituto Armado. Hasta que decidió solicitar una excedencia para hacer carrera en el sector privado. Sánchez Corbí fichó por Acciona, multinacional que se encuentra en el epicentro del caso Cerdán y que el magistrado instructor del Tribunal Supremo ha rechazado registrar. Y desde entonces, ejerce como director de Seguridad Internacional. Un tipo de departamento que siempre ha resultado extremadamente goloso para aquellos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que dan el salto a lo privado, tal y como dejó constancia de ello el caso Villarejo.