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Escarmiento en Alsasua

Así se hace querer y respetar la Guardia Civil en Alsasua. Con una operación de exhibicionismo chusquero a mayor gloria del teledelirio de las tres de la tarde y sus correspondientes clones, incluyendo los de las cadenas megaprogres, que en esto de la una y grande no se salen del carril. Qué bien dan en las pantallas amigas las apoteosis verdeoliva, la caza y captura del lebrel desafecto casa por casa cuando bastaba y sobraba una citación monda y lironda para declarar en el tribunal de excepción que dicen Audiencia Nacional.

Pero claro, hay ministro nuevo al mando y tiene que marcar paquete justiciero, ayudado por las aguerridas togas que se hacen puros con las páginas del código penal. ¿Una de delito de terrorismo, Don Camilo? ¡Venga! Y allá que se van los beneméritos sedicentes de safari por las pecaminosas tierras del norte. Para que el regüeldo sea completo, el cachondo que bautiza las hazañas bélicas de los tataranietos del Duque de Ahumada le pone a esta Ausiki, es decir, Morder. Hay que ser algo que no me atrevo a escribir porque sé cómo las gastan los amos del calabozo hispanistaní.

Acción, reacción, acción. Pierdo la cuenta de las veces que he anotado la tríada en estas columnas de desahogo. Empieza a acongojar este vertiginoso regreso al pasado, con los tirios y los troyanos encantados de conocerse nuevamente, aquí repitiendo las rancias soflamas y allí montando pifostios entre el escarmiento y la pirotecnia.

Como consuelo y esperanza, me quedan los versos de Neruda. La mayoría de nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Esta vez no va a colar. No podemos dejar que cuele.

Justicia española, según

Un titular que obliga a mirar al reloj y al calendario: “El Fiscal Superior del País Vasco pide 6 años de cárcel para Hasier Arraiz por integración en ETA”. La letra menuda profundiza la impresión de haber caído en un agujero negro espacio-temporal. Resulta que la cosa viene de octubre de 2007, que en la mente de la mayoría de los ciudadanos de este país es el paleolítico inferior.

Y no, oigan, no estoy abogando por la desmemoria ni por el pelillos a la mar. Pero es que la petición de pena del hiperactivo Calparsoro no se basa ni de lejos en la aparición de pruebas que relacionen al hoy presidente de Sortu con asesinatos o extorsiones. Se trata de su presencia en aquella reunión de dirigentes de la entonces ilegalizada Batasuna en la casa de cultura de Segura que terminó en espectacular redada televisada a mayor gloria del ministro de Interior de la época, a la sazón, Rasputín Pérez Rubalcaba. Era un plazo más del pago diferido del atentado de la T4 y del fracaso de las negociaciones de Loiola. Se vendió —y aún se dilucida así en la Audiencia Nacional— como la reconstrucción del brazo político de una ETA que había vuelto al matarile. Los hechos han demostrado de sobra que si algo se buscaba en ese encuentro y en otras actuaciones que también acabaron en juicios y condenas —Bateragune—  era forzar a la banda al ERE de extinción.

Una vez he dejado claro que para mi esta causa judicial no tiene más sentido que el político, no puedo evitar, sin embargo, plantear una duda existencial: ¿cuándo hay que ciscarse en la malvada Justicia española y cuándo hay que apoyarse en ella para atizar al adversario?

Espectáculos Fernández

Tendré que reconocerle al contumaz ministro Fernández que esta vez ha conseguido sorprenderme. No es que uno hubiera descartado una de esas operaciones cantosas para la galería que de tanto en tanto gusta sacarse del tricornio, pero confieso que ni por asomo la esperaba inmediatamente después de la manifestación del sábado (en todo caso, antes) ni en la jornada de apertura del macroproceso escoba contra 35 miembros de Batasuna, EHAK y ANV. Bien es cierto que tales concurrencias se quedan en minucia ante el pasmo que me provoca el elemento novedoso de esta nueva redada contra los abogados de la izquierda abertzale. ¡Se supone que les echan el guante, igual que dice el tópico sobre Al Capone, por defraudar al fisco! Minipunto para el Maquiavelo ministerial, que tras discurrir largamente, debió de llegar a la conclusión de que en estos días en los que el personal echa bilis por las corruptelas, no hay mejor venta de la mercancía que envolviéndola como blanqueo de capitales.

Aparte de que no se aclara a qué Hacienda concreta se le realizó el presunto pufo, cuestión que no es menor, se pasa por alto algo que puso de manifiesto ayer en Onda Vasca el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro: la Audiencia Nacional no es competente en este tipo de delitos. Por torpes que sean los ordenantes de las detenciones, una cuestión como esa se tiene muy clara de saque. Pero eso a quién le importa. Ya vendrá Europa con la rebaja el año que toque. Lo que va a los titulares —el día en que el PP presenta su estrategia electoral, ojo al dato— es que mantiene su santa cruzada contra el mal. Pero ya no cuela.

Un fiscal de boca ancha

Científicamente probado: ser fiscal de la Audiencia Nacional es compatible con la condición de bocazas. Quién sabe si hasta es un requisito indispensable, a la vista de los esfuerzos del actual propietario de la plaza, Carlos Bautista, por dar la nota y largar, como si estuviera hablando de esta climatología conchuda que padecemos, que sabe de buena tinta que unos cuantos de ETA lo tienen todo listo para volver al matarile. Y lo suelta a palo seco en un juicio, como garrula estrategia para justificar algo que podría haber argumentado sin necesidad de pegarse semejante moco ni de alborotar el patio, que bastante revuelto está.

¿Se da cuenta el charlatán togado la fragilidad de la materia con la que juega? ¿Le importa algo la angustia que ha podido trasladar a centenares de personas a las que les acaban de retirar la escolta después de haberles jurado que no tenían de qué preocuparse? Malo, si la respuesta a ambas preguntas es que no, porque eso denotaría que el responsable máximo de las acusaciones en el tribunal de excepción es alguien con más peligro que una piraña en un bidé. Peor todavía, si resultara que el tipo actuó con plena conciencia del incendio que provocaría su facundia.

En la cuestión que nos ocupa no hay lugar para las comadrerías o los xurrumurrus de gañán que quiere dárselas de conocedor de grandes secretos. Si hay algo de cierto en la rajada, quien ha de dar la mala nueva no es el chico de los recados, por muy fiscal que sea, sino el que lleva los galones gordos. Si no es Rajoy en vivo o en plasma, como poco, el ministro de Interior en comparecencia pública, oficial y documentada con pelos y señales por los estamentos que cobran para esas funciones. La faena, ya lo sé, es que la presunta inteligencia hispana es tan de chiste que CNI, Polícía y Guardia civil han elaborado al respecto tres informes con conclusiones totalmente diferentes entre sí. Y así no hay manera.

47 kilos

Ahora Grande-Marlaska, al que piropeaban Enorme-Marlaska y le cantaban mañanitas llenas miel y baba, se ha convertido en otro enanito cabrón del jardín filoetarra. Quién iba a esperar hombría de este, jo, jo, jo, se ríen la gracia unos trogloditas a otros en lo más profundo de la caverna. Ídem de lienzo, el mediano imitador de José Luis López Vázquez que atiende por Alfonso Guevara. Cómo le aplaudían con las orejas cuando elevaba su voz de flauta travesera desde el estrado para que los malosos supieran quién mandaba en la sala. Un tipo con las puñetas bien puestas, lo lisonjeaban. Desde anteayer, es un mingafría que se va de vareta por los pasillos de la Audiencia Nacional.

Porque claro, de los otros dos togados —Martínez Lázaro y Sáez-Valcárcel—, progres de cuna y agentes dobles al servicio del Satán rojoseparatista, ya se sabía que se iban a alinear con la traición. Ese escozor estaba amortizado. Pero, ¿y ellos? ¿Por qué un par de campeones de la tolerancia cero se ablandan como una galleta María en un baño de natillas y mandan a agonizar a su albedrío (condicional, pero albedrío al fin) al carcelero-de-Ortega-Lara? ¿Qué tenían en la cabeza para birlarle al Estado de Derecho y a los demócratas de toda la vida el excelso placer de monitorizar cómo se consume hasta el último estertor? ¿Cómo se les ha podido olvidar de un día para otro que la justicia no sabe a nada si no se le añaden encima unas buenas lonchas de venganza? ¿Es que ya no se ponen verracos ante la perspectiva de ver hecha realidad la deliciosa expresión “que se pudran en la cárcel”?

Si quienes se plantean estas preguntas disfrazándolas de exhortos a la dignidad no fueran tan pero tan cerriles, tendrían la respuesta. Marlaska y Guevara no han traicionado nada. Su decisión no ha sido sobre un despiadado terrorista, sino sobre 47 kilos de piel y huesos que ya no podrían ser una amenaza… salvo convertidos en símbolo.

Imputados

Como aquel entrenador de natación que se conformaba con que no se le ahogara ninguno de sus pupilos durante una competición, yo me doy por satisfecho con haber podido leer la palabra “imputados” junto a los apellidos Rato, Acebes y compañía. Por desgracia, me temo que no podemos aspirar a mucho más que eso en la querella abierta en la Audiencia Nacional por el pufo de Bankia. Es cierto que vimos a Mario Conde y a algún que otro pardillo en la trena, pero aparte de que les llevaron a una de cinco estrellas, aquello fue más por una venganza personal que por ganas de hacerles pagar sus fechorías en Banesto. Bastante será que lleguemos a asistir a su sudorosa y nerviosa toma de declaración ante sus señorías. Qué foto para enmarcar.

Mientras llega ese momento, nos cantarán las mañanas con la presunción de inocencia y lo perverso de los juicios paralelos. ¡Ja! Con otras cuestiones no se andan con las mismas chiquitas ni se ponen tan garantistas. Esta vez, claro, la cosa cambia porque no va de pelanas o maletes de manual, sino de auténticos masters del universo. Ahí están, nada menos, dos apóstoles de Aznar: su vicepresidente y en una época ojito derecho, y su brazo —también derecho, faltaría más— ilegalizador. Estos, que según el auto del juez Andreu, pudieron falsificar cuentas y estafar a miles de accionistas, son los que en un tiempo hacían la ley.

No olvidemos a los otros 31 y, especialmente, a los que tienen un carné. Catorce del PP, dos del PSOE, otros dos de Comisiones Obreras y uno de Izquierda Unida. Ese simple enunciado, la mera combinación de números y siglas, vale por un millón de pruebas periciales o de declaraciones de testigos. Si añadimos que por sestear en el Consejo de Administración y aprobar lo que les pusieran delante se apañaban entre 130.000 y medio millón de euros (excluyendo los directivos profesionales, mejor pagados), queda casi todo explicado, ¿verdad?