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Togas contra Catalá

A buenas horas han descubierto algunos que el chisgarabís Rafael Catalá es un bocachancla con cartera ministerial adosada. Anda que no lo ha demostrado largamente adelantando al milímetro lo que iba a pasar con Iñaki Urdangarín o teledirigiendo con su lengua suelta a los togados por el turbio mar del Procés. Por no hablar, claro, de cómo se ganó a pulso la reprobación de todos los partidos menos el suyo tras hacer mangas y capirotes con las fiscalías, en comandita con el difunto Maza, para limitar el daño en las cloacas genovesas. Se pregunta uno dónde estaban entonces todas esas asociaciones gremiales de lo jurídico que ahora se muestran ofendidísimas porque el individuo ha soltado mierda sobre uno de los suyos.

Soy el primero en proclamar que un miembro del gobierno no debe poner en la picota —a lo Gila, además: “Todos saben que alguna persona tiene algún problema”— a un juez. Ni siquiera a uno que nos ha revuelto el estómago. Si de verdad sabía algo que inhabilitaba al fulano para meter sus narices en un asunto tan delicado como la actuación depredadora de La Manada, tenía que haberlo puesto en conocimiento de las instancias oportunas. Si solo es un tiro por elevación para embarrar más el campo y quedar bien con la calle, es cierto que no puede estar un minuto más en el cargo. Sin embargo, anoto a continuación que ni las citadas asociaciones de jueces ni el sacrosanto CGPJ tienen la menor legitimidad para pedir la dimisión de Catalá. Primero, porque no lo hicieron cuando debieron. Y segundo, porque al hacerlo, incurren en lo mismo de lo que acusan al ministro: atacar la separación de poderes.

Catalá enseña el camino

Como la Justicia es igual para todos y al duque empalmado le faltan abogados, el ministro español de la Cosa, Rafael Catalá, se ha puesto en primera línea de defensa del sujeto. Y no crean que para soltar la soplagaitez de la confianza debida en el Estado de Derecho y sus mariachis con toga y puñetas, qué va. Es gracioso que manifestarse ante un tribunal sea una intolerable coacción a los jueces, mientras que el titular gubernamental del negociado jurídico se puede permitir el lujo de señalar el buen camino a los encargados de tomar, en este caso, la decisión sobre si el marido de la infanta (graciosamente) absuelta debe entrar o no en el trullo.

Traguen saliva antes de leer, que corren el riesgo de ahogamiento ante la desfachatez supina del gachó: “La prisión preventiva es una medida extraordinaria en nuestro Derecho. Privar de libertad a una persona cuando todavía no ha finalizado definitivamente una causa es una medida absolutamente extraordinaria. Por lo tanto, [en el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín] tiene que estar muy justificado por qué es necesario anticipar una pena privativa cuando todavía no hay sentencia definitiva”. Tracatrá.

Por supuesto, tal lección de retorcimiento de la legalidad hasta el corvejón solo es de aplicación con reos de alcurnia, aunque sea adquirida por vía inguinal, como ocurre con el tipo del que hablamos. Cualquier otro pelagatos, y especialmente algunos, se va al talego de cráneo a esperar, no ya la sentencia firme, sino la mera apertura del juicio oral. Hay ejemplos sangrantes. Piensen, sin ir más lejos, en los jóvenes de Altsasu. Y no son los únicos.

Unidad de quemados

Una jodienda, oigan, esto de los ciclos informativos. Pasa el día y pasa la romería. Cada mochuelo vuelve a su olivo, y aquí ya no hay nada más que ver. Les hablo de la tocata y fuga obligada de José Manuel Soria. Como el individuo renuncia a casi nada —ministro en funciones, ya me dirán—, solo una semana después resulta que el asunto está ya cubierto por un espeso manto de olvido. ¿Es que no le caben más responsabilidades a un tipo que, además de haber trasteado en sociedades hediondas, ha mentido en bucle al respecto? Eso, por lo que toca al que se va. Pero, ¿qué me dicen de los que se quedan después de haber puesto las dos manos en el fuego por el gachó?

La unidad de grandes quemados gaviotiles está a reventar. Les hago una lista que empieza por Alfonso Alonso, que porfió que las explicaciones de Soria fueron “contundentes, razonables y suficientes”. Su compañero de gabinete provisional, Rafael Catalá, añadió que “tenían fundamento”, mientras que Luis De Guindos aseguraba que “habían sido convincentes” y José Manuel García Margallo apostillaba que “no había la menor razón para dudar”. Fuera del Ejecutivo interino, María Dolores de Cospedal calificaba al canario como “ejemplo de transparencia”, el bocabuzón Rafael Hernando sostenía con aplomo que “es un caso que no es un caso”, el semialevín Pablo Casado bramaba que las aclaraciones resultaron “totalmente pertinentes” y, por no hacer interminable la relación de piscinazos, el fontanero Martínez Maillo expresaba “todo el apoyo y confianza de su partido” a quien había actuado “con rapidez y agilidad”. Y todos y cada uno siguen en sus puestos.

«Lo demás, merde» (2)

Resumen de lo publicado: una antigua presentadora de noticieros televisivos convertida en reina por vía inguinal le hace cariñitos telefónicos a un compi yogui que está metido hasta las trancas en el pufo de la tarjetas black de Bankia. Un periódico digital —eldiario.es— se hace con los mensajes empalagosos de la mengana y de su real marido —que es más listo y no se compromete casi nada en sus escritos— y, como es lógico, los difunde. A pesar del silencio espeso de algunos de los más importantes medios de comunicación y de los representantes de tres de los cuatro principales partidos españoles, el asunto se convierte en un escándalo del carajo de la vela.

Y a partir de aquí, lo nuevo, que es que el gobierno en funciones toma cartas en el asunto. ¿Quizá para afear la conducta casquivana del Jefe del Estado y su señora? Pues no. Lo que ha hecho el ministro interino de Justicia es anunciar que se va abrir una investigación para determinar si la divulgación de los frotamientos verbales de la tal Ltzia (así firmaba) con su enmarronado partenaire de chakras constituye un delito de revelación de secretos. Como argumento, el licenciado Rafael Catalá esgrime su preocupación por el derecho a la intimidad y la protección de las comunicaciones. Otro del gabinete provisional que tal baila, el ostentador transitorio de la cartera de Interior, Jorge Fernández, se ha descolgado con la fresca que sigue: “Creo que es muy malo, afecte a quien afecte, que se revelen cosas que no deben ser conocidas”. Me dirán que menudo morro, pero vuelvo a exhortarles a sacar sus conclusiones. Es que si lo hago yo, me la cargo.

Investigados e imputados

La historia, siempre injusta, no guarda memoria del nombre del alto funcionario del ministerio franquista de Obras Públicas que, a la vista de que los efectos más graves de los accidentes ferroviarios se registraban en el vagón de cola, propuso suprimir el último coche de cada convoy. Ha debido de ser un nieto espiritual de aquella luminaria anónima el que —esta vez con acogida favorable por parte de sus superiores— ha parido la fórmula para acabar de un plumazo con la plaga de imputados que tan feo lucen en las poltronas y no digamos en las listas electorales. Tan sencillo, oigan, como eliminar la antiestética palabra y sustituirla por otra de ecos menos desagradables.

Investigados ha sido, concretamente, el vocablo elegido por los ingenieros semánticos —Orwell no pierde su vigencia— del ministerio español de Justicia. Su titular, Rafael Catalá, explicaba que el término tiene los taninos exactos como para no sonar a inocente del todo pero tampoco a casi culpable, como ocurría con el participio desechado. Una vez publicado el birlibirloque en el BOE, Mariano Rajoy podrá proclamar sin mentir que ha conseguido acabar con los imputados en las filas del PP y, en un acto de generosidad encomiable, en las del resto de formaciones.

¿Colará? Mucho me temo que, incluso en un lugar cuyos paisanos se meten en vena masivamente Grandes hermanos VIP y Sálvame Deluxes a tutiplén, el truco del almendruco va a dar el cante. En lo sucesivo, cuando el personal escuche que tal o cual trapisondista con carné “está siendo investigado”, traducirá mentalmente: “Vamos, lo que viene siendo imputado de toda la vida”.