Estuve en Ruanda pocos meses antes del genocidio de 1994, durante un recorrido por doce países africanos que me permitió conocer de cerca distintas realidades del continente. Allí descubrí un país de una belleza extraordinaria, sus paisajes, sus gentes y una realidad que poco después quedaría marcada por una de las mayores tragedias humanas del siglo XX. Desde Euskadi hubo misioneros, cooperantes y organizaciones que se implicaron en ayudar a quienes lo habían perdido todo. Hoy, cinco países europeos quieren utilizar Ruanda para enviar allí a personas migrantes que no quieren en sus territorios. La historia debería servirnos para algo más que recordar a sus víctimas.
Hay lugares que nunca terminan de abandonarte. Ruanda es uno de ellos.
Estuve allí pocos meses antes de que el mundo asistiera, entre la incredulidad, la impotencia y la indiferencia, a una de las mayores tragedias humanas del siglo XX. Recuerdo aquel país de las mil colinas, sus paisajes verdes, sus caminos y la vida de sus gentes. Un país de una belleza extraordinaria que estaba a punto de convertirse en escenario de una matanza que acabaría con la vida de más de 800.000 personas.
Pero de Ruanda no recuerdo solamente sus paisajes. También permanecen en mi memoria los lugares que visité, las personas que conocí y las situaciones humanas que pude contemplar. Kiagi, Nemba, el hospital y, especialmente, el campo de desplazados de Nyacyonga forman parte de aquellos recuerdos.
Nyacyonga: el rostro del sufrimiento
Hay una imagen que permanece especialmente viva en mi memoria: la del campo de desplazados de Nyacyonga. Allí encontré a miles y miles de personas que habían huido de la guerra y que vivían hacinadas en condiciones extremas.
Recuerdo las lluvias, el barro y aquellas situaciones que llevaban la supervivencia humana hasta límites difíciles de imaginar. Había familias enteras refugiadas en tiendas improvisadas de plástico, mujeres intentando proteger a sus hijos de la lluvia y niños que lloraban entre el desconcierto y el sufrimiento. La precariedad era absoluta. Apenas tenían protección frente a las inclemencias del tiempo y las necesidades más elementales se convertían en una lucha cotidiana.
Aquellas mujeres, aquellos niños y aquellas familias no eran cifras de un informe humanitario. Eran personas que habían tenido que abandonar sus hogares para escapar de la guerra y que ahora intentaban sobrevivir en unas condiciones extremadamente duras.
Contemplar aquella realidad era comprender que detrás de los conflictos armados siempre están quienes menos responsabilidad tienen y quienes más sufren sus consecuencias: la población civil, especialmente las mujeres y los niños.
Una paz metastásica que escondía una tragedia
También recuerdo una sensación difícil de explicar. Ruanda vivía aparentemente en paz, pero era una paz metastásica. Bajo aquella normalidad cotidiana se percibía una tensión creciente. En el ambiente flotaba la impresión de que algo grave se estaba preparando.
La guerra había comenzado años antes. En octubre de 1990, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), integrado principalmente por exiliados ruandeses, había iniciado una ofensiva militar desde Uganda. Los enfrentamientos, los desplazamientos de población y la inestabilidad política se habían convertido en parte de la realidad del país.
Aunque en agosto de 1993 se habían firmado los acuerdos de paz de Arusha, la reconciliación estaba lejos de consolidarse. Se intuía que la situación podía desembocar en algo mucho más grave. Había señales de alarma, tensiones políticas y una inquietud que resultaba difícil ignorar.
Hoy, con la perspectiva de lo que ocurrió después, aquellos recuerdos adquieren una dimensión estremecedora. Lo que entonces era una sensación de peligro terminó convirtiéndose en una de las mayores tragedias de nuestra historia reciente.
En abril de 1994 comenzó el genocidio contra la población tutsi, organizado y ejecutado por extremistas hutus. También fueron asesinados hutus moderados que se opusieron a las matanzas. En apenas cien días, el odio, la violencia y la barbarie destruyeron familias, comunidades y buena parte del tejido social de un país.
Cuando regresé de África, Ruanda ya ocupaba un lugar especial en mi memoria. Poco tiempo después le dediqué un capítulo en mi libro África en el corazón de la pobreza, el continente de las mujeres y los niños. Lo titulé «Ruanda, en la encrucijada. El país de las mil colinas». No era solamente una referencia geográfica. Era una manera de acercarme a un país marcado por una historia dolorosa, por sus contradicciones y por una tragedia que nunca deberíamos olvidar.
Lo que ocurrió después debería avergonzarnos como seres humanos. La comunidad internacional conocía las tensiones, las amenazas y los preparativos de la matanza. Sin embargo, no fue capaz de impedirla. Naciones Unidas no reaccionó con la determinación necesaria y la reducción de efectivos de su misión en un momento decisivo dejó a la población sin la protección que necesitaba.
Francia, cuya relación con el régimen ruandés anterior al genocidio y cuya actuación durante aquellos años siguen siendo objeto de controversia, tampoco puede eludir las preguntas sobre sus responsabilidades. Su posterior intervención militar mediante la Operación Turquesa no borra esas sombras.
El mundo llegó tarde. Y cientos de miles de personas pagaron con su vida aquella incapacidad para actuar.
Euskadi no permaneció indiferente
Hay otra parte de la historia de Ruanda que quiero recordar porque también forma parte de nuestra memoria colectiva. La de los misioneros, cooperantes y organizaciones que, desde Euskadi, se movilizaron para ayudar a una población que había quedado destrozada.
Las diócesis vascas pusieron en marcha en julio de 1994 un proyecto de ayuda de emergencia para atender a la población desplazada en los campos de Butare y Gikongoro. La iniciativa había sido diseñada por cinco misioneros guipuzcoanos y contó con una aportación de diez millones de pesetas del Gobierno Vasco, además de la colaboración de Cáritas Internacional. Dos de aquellos misioneros se desplazaron a Burundi para trabajar en la organización de la ayuda.
También un grupo de 45 misioneros españoles de distintas congregaciones e institutos religiosos preparó su regreso a Ruanda y a las zonas fronterizas con Burundi y Tanzania para atender a las personas refugiadas. Su conocimiento del territorio, de las comunidades y de las lenguas era fundamental para que la ayuda llegara a quienes más la necesitaban.
La presencia de los salesianos merece también un recuerdo especial. Sus comunidades desarrollaban una importante labor educativa y social en el país. Durante el genocidio, sus religiosos tuvieron que abandonar sus obras y evacuar buena parte de sus comunidades extranjeras.
No eran grandes operaciones diplomáticas ni declaraciones institucionales. Eran personas que conocían el país, que habían compartido la vida de sus habitantes y que entendían que la solidaridad no podía quedarse en palabras.
Entre los misioneros guipuzcoanos quiero recordar especialmente a Isidro Uzkudun, de Pasaia, que dedicó 35 años de su vida a Ruanda. Fue asesinado el 10 de junio de 2000 en su misión de Mugina, durante un asalto en el que unos hombres entraron en su casa para robarle. Murió allí, en el país al que había dedicado buena parte de su existencia.
También quiero recordar a Manuel Segundo Aizpuru, otro misionero guipuzcoano que formó parte de aquella presencia vasca en Ruanda y que falleció en un accidente de circulación.
Sus nombres no pueden quedar relegados al olvido. Representan a una generación de misioneros que compartieron la vida de las comunidades ruandesas, incluso en circunstancias extremadamente difíciles.
Sus vidas representan una forma de entender la cooperación que merece ser reconocida. No se trataba de trasladar los problemas a otro lugar, sino de estar allí, compartir las dificultades y contribuir a que las comunidades pudieran salir adelante.
Ahora Europa quiere enviar a Ruanda a quienes no quiere recibir
Por eso me ha producido una enorme tristeza, y también indignación, conocer la decisión anunciada el 16 de noviembre por cinco países europeos: Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos han anunciado que negociarán con Ruanda la creación de un centro de retorno para trasladar a personas que no tienen derecho a permanecer en sus territorios y cuyas posibilidades de retorno a sus países de origen no se han podido materializar.
El proyecto contempla una primera fase piloto y pretende comenzar los traslados en 2027. Los gobiernos implicados defienden que se trata de una alternativa para gestionar los retornos y que las personas trasladadas podrían establecerse en Ruanda, acceder a un permiso de residencia e integrarse en la sociedad del país.
Pero las preguntas sobre las garantías reales, la protección de sus derechos y la responsabilidad de los países europeos siguen abiertas.
La pregunta es inevitable: ¿de verdad hemos aprendido algo de nuestra historia?
No estamos hablando de cifras ni de expedientes administrativos. Estamos hablando de seres humanos que han abandonado sus hogares, que en muchos casos han atravesado guerras, persecuciones, hambre y situaciones de extrema vulnerabilidad. Personas que buscan una oportunidad para vivir con dignidad y seguridad.
Amnistía Internacional ha reaccionado con contundencia y ha pedido a los cinco gobiernos que abandonen el proyecto. Advierte de que enviar a personas a un país con el que no tienen ninguna relación puede dejarlas en una situación de desprotección y dificultar que puedan reclamar sus derechos. La organización alerta también del riesgo de devoluciones a lugares donde puedan sufrir persecución, así como de las dificultades para garantizar una supervisión independiente y una tutela judicial efectiva.
Human Rights Watch también ha cuestionado el proyecto y ha advertido de los riesgos que entraña trasladar a personas a un país en el que no tienen vínculos y cuya situación de derechos humanos suscita preocupación.
No podemos olvidar tampoco el precedente del Reino Unido, cuyo Tribunal Supremo declaró ilegal en noviembre de 2023 el acuerdo para enviar solicitantes de asilo a Ruanda porque no existían garantías suficientes de que el país fuera seguro para ellos y existía riesgo de devolución a lugares donde pudieran sufrir persecución.
No pretendo juzgar a Ruanda únicamente por su pasado. Sería injusto con una sociedad que ha sufrido enormemente y que ha realizado un esfuerzo extraordinario por reconstruirse después del genocidio. El país ha cambiado y ha avanzado en muchos ámbitos. Pero tampoco podemos ignorar las denuncias internacionales sobre restricciones a las libertades, persecución de voces críticas y problemas de derechos humanos.
No se trata de estigmatizar a su población. Se trata de exigir garantías y de preguntarnos si es razonable que Europa pretenda convertir a un tercer país en destino de personas a las que no quiere mantener en su territorio.
Los derechos humanos no pueden depender del lugar donde se encuentre una persona ni de la conveniencia política de un gobierno.
La memoria no puede ser selectiva
Cuando pienso en Ruanda, no puedo evitar regresar a aquellos días en los que recorrí un país que todavía no había conocido el horror. Pienso en sus colinas, en sus gentes y en aquella sociedad que pocos meses después quedaría destrozada por el odio.
Pienso en Nyacyonga, en aquellas familias hacinadas, en las mujeres que trataban de proteger a sus hijos bajo unas tiendas de plástico y en los niños que lloraban mientras la lluvia caía sobre sus improvisados refugios. Pienso en los campos de refugiados, en las familias que lo perdieron todo y en quienes desde Euskadi hicieron lo posible por ayudar.
Pienso también en Kiagi, en Nemba, en el hospital y en tantos otros lugares que forman parte de mis recuerdos. En los misioneros que regresaron, en los cooperantes que se implicaron y en las organizaciones que entendieron que el sufrimiento de otros también nos concernía.
Hay una diferencia enorme entre aquella forma de entender la solidaridad y la decisión que ahora plantean cinco gobiernos europeos. Entonces hubo personas que se acercaron a quienes necesitaban ayuda. Ahora hay gobiernos que buscan alejar de sus fronteras a quienes necesitan protección.
Europa tiene derecho a ordenar sus políticas migratorias y a establecer procedimientos de retorno conforme a la ley. Pero no tiene derecho a desprenderse de sus responsabilidades ni a convertir a las personas migrantes en instrumentos de una política de disuasión.
El genocidio de Ruanda nos dejó una lección terrible: mirar hacia otro lado también tiene consecuencias. Entonces no supimos proteger a cientos de miles de personas. Ahora no podemos permitirnos construir políticas que vuelvan a colocar a seres humanos en situaciones de desprotección, esta vez bajo el argumento de que así defendemos nuestras fronteras.
A veces pienso que los viajes sirven precisamente para eso: para que determinados lugares dejen de ser nombres en un mapa y se conviertan en recuerdos, rostros e historias que nos acompañan. Ruanda es para mí uno de esos lugares. El país de las mil colinas, de una belleza difícil de olvidar, pero también de una memoria que nos obliga a mirar de frente nuestras responsabilidades.
No sé qué pensarán las personas que hoy gobiernan esos cinco países europeos cuando hablan de enviar allí a quienes no quieren en sus territorios. Sí sé que la historia de Ruanda debería hacerles reflexionar.
Porque después de lo que ocurrió en 1994, después de tantos muertos y de tanta indiferencia, Europa no debería contribuir a construir nuevos espacios de desprotección humana.
Hay heridas que no se cierran. Y hay lecciones que, si se olvidan, terminan convirtiéndose de nuevo en tragedias.
