En mi caminata matutina de ayer pasé por seis farmacias. Tres de ellas anunciaban en su escaparate que disponían de test de antígenos, aunque sin dar más detalles. En las otras tres, sin embargo, se informaba de lo contrario y, en todos los casos, aportando un matiz con olor a denuncia. “No hemos encontrado un distribuidor que nos haga posible venderlos a 2,94 euros”, se leía en uno de los establecimientos. En otro se limitaban a advertir de que se veían obligados a no servir el producto “por problemas de mercado”. Y en el último, el mensaje no dejaba lugar a dudas: “No podemos permitirnos perder dinero vendiendo test más baratos de lo que nos cuestan”, rezaba el folio pegado en la puerta de la botica.
La verdad es que no me siento en condiciones de ofrecerles una interpretación de lo que les describo. De hecho, me confunde semejante disparidad para asumir la norma que establece que las dichosas pruebas tengan un precio máximo de casi tres euros, que sigue siendo casi el doble de lo que se paga en otros estados de nuestro entorno. Eso, sin mencionar, que aquí se ha mantenido la exclusividad de su venta en farmacias, cuando en prácticamente toda la Unión Europea se dispensan en supermercados. Todo, no lo pasemos por alto, cuando estamos hablando de un producto de cuya fiabilidad no podemos estar seguros bajo ningún concepto. Como anotaron el otro día atinadamente nuestros viñetistas Asier y Javier, lo único que hemos sacado en claro con la fijación del precio máximo es que nos saldrá más barato saber si somos falsos positivos o falsos negativos. Cuánta razón tiene Rato: es el mercado, amigo.