Bruselas se inspira un plan europeo de la CAV y Navarra – Acabar con la unanimidad

Viernes 19 de abril de 2019

La Comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión Marianne Thyssen ha informado que Bruselas prepara un plan de acción para financiar actividades de desarrollo sostenible que se inspira en una resolución sobre participación de los trabajadores en las empresas aprobada por unanimidad en los parlamentos de Euzkadi y Navarra. La información, que subraya que la Comisión es “muy consciente de las políticas locales de apoyo a los modelos de empresa participativos” se incluye en la respuesta a una iniciativa que le planteó la eurodiputada jeltzale Izaskun Bilbao Barandica.

La Eurodiputada vasca preparó esta pregunta tras unas jornadas celebradas el pasado mes de febrero en el Parlamento Europeo en torno a modelos de participación de los trabajadores en las empresas a la que asistió una nutrida representación de agentes privados e institucionales vascas . Los participantes reivindicaban un plan europeo para promover esta faceta de desarrollo de la economía social. Izaskun Bilbao Barandica, de la mano de los participantes en aquel seminario se interesó por los planes que a este respecto baraja la Comisión Europea.

En la iniciativa que ha dado lugar a esta respuesta se recordaba la resolución aprobada por unanimidad por los parlamentos de Euzkadi y Navarra “para impulsar un modelo inclusivo-participativo de empresa”. Se destacaba que “la propuesta se ha diseñado sobre la base de la experiencia cooperativa vasca y el diálogo entre sindicalistas veteranos y empresarios de éxito” y se precisaba que el objetivo de la misma era propiciar un tejido empresarial que compitiese “por calidad e innovación con base en las personas”.

Tras destacar que esta resolución “apuesta por promover sistemas participativos de gestión en las empresas, actividades de formación en gestión empresarial dirigidas a delegados sindicales y la participación de los trabajadores en los resultados”, recordaba que “pide apoyo público para incorporar a los trabajadores en el capital, identificar las mejores prácticas en políticas fiscales orientadas a fomentar la participación en propiedad y resultados”. Además detallaba que aboga por implantar “un método para evaluar la implantación del modelo propuesto, desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a empresarios y trabajadores, prestigiar a las empresas que destaquen en su implantación y crear un Registro de Empresas Participadas para dar seguridad jurídica a las medidas que se arbitren en su promoción”.

Marianne Thyssen la Comisaria belga encargada de asuntos sociales, empleo e integración informa esta mañana en su respuesta que el gobierno comunitario está preparando “una posible acción futura, destinada a propiciar un gobierno corporativo sostenible y enmarcada en el «Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible», (acción 10) que tiene una justificación similar a la de la propuesta del Parlamento vasco, concretamente, la importancia de que las empresas den prioridad al crecimiento sostenible respecto a los resultados a corto plazo, lo que incluye la inversión en investigación y desarrollo”.

La Comisaria Thyssen recalca en su respuesta el compromiso comunitario con “el desarrollo de la economía social, que contribuye en gran medida al crecimiento inteligente, sostenible e integrador de los países de la Unión”. Además especifica que “es muy consciente de las políticas locales en apoyo de los modelos empresariales participativos”.

La responsable comunitaria detalla que estas medidas se enmarcan “en el seno de varias iniciativas puestas en marcha por la Comisión, destinadas a impulsar la participación de los trabajadores en el funcionamiento de las empresas. Los proyectos en curso, por ejemplo, tienen por objeto concienciar a los jóvenes acerca del modelo cooperativo apoyando el desarrollo de cursos de formación adecuados a nivel de enseñanza secundaria o universitaria”.

Es muy estimulante comprobar que la Comisión Europea tiene muy presentes las experiencias locales para preparar sus programas. Y lo es más cuando estos programas se centran en mejorar la gobernanza de las empresas propiciando la participación de los trabajadores en el capital de las mismas o impulsando cualquier tipo de emprendimiento relacionado con la Economía Social, ha valorado Izaskun Bilbao Barandica al conocer el contenido de la respuesta. Es además doblemente satisfactorio comprobar que las consideraciones e iniciativas al respecto que se están adoptando en Euskadi y Navarra están en vanguardia de la Unión Europea y son fuente de inspiración para los programas europeos. Esto es lo que significa construir Europa con Euskadi. Por eso es un honor representar aquí una sociedad tan viva y dinámica como la vasca. Gracias al trabajo de todas y de todos somos referencia en la Unión. Esto es lo significa cuando digo que estamos aquí para construir Europa con Euskadi».

Acabar con unanimidad para aprobar leyes contra la discriminación

Es de destacar que la Comisión Europea (CE) propuso este martes acabar con la norma que exige la unanimidad de todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para aprobar leyes que combatan la discriminación por motivos de religión, edad u orientación sexual en el club comunitario.

En su lugar, plantea aplicar la mayoría cualificada, que permitiría sacar adelante las medidas con el apoyo de un 55 por ciento de los Estados miembros (dieciséis de los veintiocho actuales) que representen al menos el 65 % de la población total de la UE.

Bruselas opina que el abandono de la unanimidad «también se podría considerar en el futuro cercano para adoptar recomendaciones en el área de la seguridad social y la protección social de trabajadores».

No obstante, en la rueda de prensa para presentar la iniciativa, la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, destacó que la CE no pretende armonizar los sistemas nacionales de seguridad social y que la mayoría cualificada se aplicará solo a las recomendaciones.

«Para responder al rápido cambio en la sociedad y los mercados laborales, la UE necesitará adoptar decisiones de política social de forma oportuna, flexible y eficiente», indicó en un comunicado el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis.

La mayoría de las leyes en la Unión Europea se aprueba con el visto bueno de los dos colegisladores comunitarios, la Eurocámara y el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros y suele dar luz verde a la legislación por mayoría cualificada.

Sin embargo, en algunas áreas de la política social aún se exige la unanimidad en el Consejo, lo que permite a un solo país vetar una ley.

Además, esas mismas materias están sujetas a procedimientos legislativos especiales en los que el Parlamento Europeo no tiene el mismo poder de decisión que los países.

Es el caso de la discriminación por motivos de género, raza, origen étnico, religión o creencia, discapacidad, edad y orientación sexual.

Sucede lo mismo en las áreas de la seguridad social y la protección social de los trabajadores, con la excepción de las situaciones transfronterizas.

También afecta a las condiciones de trabajo para nacionales de países terceros que residen de forma legal en la UE, la representación y defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y empleadores, además de a la protección frente a los despidos, si bien en estos ámbitos Bruselas no cree que sea necesario hacer el cambio en la actualidad.

Apunta que o ya existen leyes al nivel comunitario o, en el caso de la representación y defensa colectiva, la UE no puede aportar valor añadido a los países.

Según el Tratado de la Unión Europea, para poder pasar a la mayoría cualificada, el Consejo Europeo (los jefes de Estado y de Gobierno) debería dar su visto bueno por unanimidad, sin objeciones de los parlamentos nacionales y con el consentimiento de la Eurocámara.

Bruselas recalcó que, debido a la unanimidad, el trato igualitario sin importar la religión, las creencias, la discapacidad, la edad y la orientación sexual no está garantizado al mismo nivel que la protección frente a la discriminación por género o raza.

Agregó que el fin de la unanimidad no supone un cambio en las competencias del club comunitario y las de los Estados miembros.

Además de en las políticas sociales, la CE ya ha planteado acabar con la unanimidad en ámbitos como la fiscalidad.

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