Sábado 25 de febrero de 2012.
Nos hemos pasado un mes discutiendo, argumentando, opinando, sobre si Urdangarín debería entrar en coche o andando al Juzgado de Mallorca. Y todo porque desde la Casa Real y la policía decían que le iban a tirar huevos, insultar, e incluso agredir. Al final el juez Pedro Castro, muy en contra de su voluntad y para que no se dijera que tenía animadversión al imputado, accedió el viernes a que entrara en coche y bajara esos cuarenta metros, donde no hay público sino cámaras de fotos y de televisión, superpotegido. Y toda esa presión policial y de la Casa Real en el fondo era para que no saliese una fotografía de un miembro de la real familia bajando una cuestecita del Juzgado.
Afortunadamente, para nada. Nos podían haber ahorrado la pérdida de tiempo.
Iñaki Urdangarín, demostrando que todas las prevenciones de esos malos funcionarios de la Casa Real en su exceso de celo eran falsas, ha decidido bajar la cuesta andando y decirles a los periodistas que es inocente. Y no ha pasado nada.
Pues muy bien. Ha hecho lo correcto. Y ha desmentido el mal trabajo de esos paniaguados cuyas sucias manos ponen siempre el caldo morado. Los escoltas de Felipe de Borbón no dejan a la gente ni acercarse a este señor ni a dos metros en evidente acto de abuso de poder.
.A mi, en una oportunidad, tras una cena y queriendo salir de Palacio, me dijo uno de ellos que no podía salir porque el rey todavía no lo había hecho. Le miré y solamente le dije:”Le voy a demostrar como si puedo salir”.Y me fui escaleras abajo.
Todo ésto me ha recordado algo que no lo digo yo, sino nada menos que el Tribunal de Estrasburgo.
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, no revisó la condena a España por haber vulnerado la libertad de expresión de Arnaldo Otegi. El recurso presentado por la Abogacía del Estado fue rechazado, lo que implica que el exportavoz de la ilegalizada Batasuna debería ser indemnizado por el Estado Español con 20.000 euros.
Los Servicios Jurídicos del Estado Español intentaron que la Gran Sala, compuesta por 17 magistrados, revisara la sentencia de marzo en la que el tribunal declaró que España había vulnerado el derecho a la libertad de expresión de Otegi, por haber sido condenado a un año de prisión por los tribunales españoles por un delito de injurias al rey.
La condena se basó en que Otegi que en 2003 era parlamentario de Sozialista Abertzaleak hizo unas declaraciones en las que se refirió al rey como el «responsable de los torturadores», durante una visita que Juan Carlos I realizó a Bizkaia en 2003. Los responsables del diario Egunkaria que luego fueron absueltos por la Audiencia Nacional acababan de denunciar torturas durante su detención.
El objetivo de la impugnación de la Abogacía del Estado era determinar los límites impuestos por Estrasburgo a la protección del jefe del Estado dispensada por la legislación española, así como para la libertad de expresión de los políticos ante la existencia de terrorismo.
La decisión adoptada por cinco magistrados de no elevar a la Gran Sala la impugnación supone una ratificación de la sentencia del tribunal europeo que enmendó la plana a las más altas instancias judiciales españolas, el Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional.
Incluso fue más allá, al calificar de «sobreprotección» la prevista en el código español para el monarca y que supera con creces la fijada para el resto de instituciones del Estado.
La resolución concedió 20.000 euros a Otegi por daños morales, al entender que la pena que le habían impuesto los tribunales españoles por un delito de injurias graves al rey había sido «particularmente severa» y «desproporcionada».
Conviene recordar estas cosas a ese mundo cerrado y sin oxigenar que es el de esos malos funcionarios a los que Estrasburgo les dice que sobreprotegen al monarca. Que es lo que han hecho con toda esta estéril discusión de las últimas semanas. Y que ha sido la tónica de treinta años.
Y finalmente recordar una vez más lo que intentó hacer sin éxito esta misma semana el senador Jordi Guillot cuando formuló estas tres preguntas:
1.- ¿Considera el Gobierno que es función de la Casa Real dirigirse a los juzgados de Palma con el objetivo de permitir al imputado Iñaki Urdangarín no acceder el sábado 25 de febrero a pie como lo haría cualquier otro ciudadano?.
2.- ¿Considera el Gobierno que el imputado Iñaki Urdangarín corre riesgos de seguridad el día citado a declarar en los juzgados de Palma?.
3.- ¿Qué opinión le merece al Gobierno que la declaración del imputado Iñaki Urdangarín no sea grabada ni se permita tomar imágenes como la de cualquier otro ciudadano?.
¿Y qué pasó?.
La Mesa del Senado ni las admitió a trámite.
Y luego se quejan de que Urdangarín se creyera tan inmune y tan impune como su suegro. Con semejante vasallaje a su lado de gente tan roma de inteligencia, como para no caer en la tentación de la manzana envenenada.
Comienza la operación “Cortafuegos”.
Ha comenzado, tras los primeros momentos de duda, la gran campaña cortafuegos. ¿En qué consiste?. En lograr centrar toda la atención en Urdangarín. En lograr que el asunto prescriba. En llevar al ánimo de quienes son Juancarlistas que ha podido haber errores de gestión, pero no robo. En que la pareja Cristina-Iñaki es sólida y aguanta el oleaje. En que Felipe de Borbón está cabreado y a él ésto no le afecta. En seguir con la agenda del rey inaugurando cosas y leyendo malamente sus discursos, y, en definitiva, en que aquí no pasa nada. Ya están el PSOE, el PP, Prisa, Recoletos y el ABC, para garantizar la vida de esta modélica “monarquía parlamentaria”. Y, a vivir, que son dos días. Eso si. A cuerpo de rey.
