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Martes 4 de septiembre de 2018

Más escoceses apoyan la independencia tras el Brexit

El 47% de los escoceses votaría a favor de la independencia de Escocia si el Reino Unido estuviera ahora fuera de la Unión Europea (UE), frente al 43% que apoyaría la permanencia de la región en el país, según un sondeo publicado hoy.

La encuesta, hecha entre 1.022 personas residentes en Escocia, reveló, además, que si tuvieran la oportunidad de votar hoy mismo, el 45% respaldaría la escisión y el 47% la rechazaría, mientras que el resto -en ambas opciones- se mostró indeciso. La consulta fue realizada por Deltapoll, una nueva compañía establecida por expertos de las conocidas firmas encuestadoras ICM y YouGov, por encargo de «Best for Britain», un grupo proeuropeo que apoya la permanencia del Reino Unido en la UE.

La europarlamentaria laborista Catherine Stihler, dijo a los medios que este resultado pone de manifiesto el peligro que el «Brexit» supone para el futuro de la unión de las regiones del país Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. «Dejar la UE será calamitoso para la economía de Escocia y no hay tal cosa (que se llame) un buen «brexit». Dejar el Reino Unido será aún más catastrófico, pues llevará a una profunda austeridad y recortes en los servicios públicos que puede perjudicar más a las personas sin recursos», añadió Stihler.

En el referéndum de independencia del Reino Unido celebrado en 2014, el 55% de los escoceses votó en contra de la separación.

El Nuncio habló

Le tocó al Nuncio Apostólico y decano del Cuerpo Diplomático acreditado en Venezuela, Monseñor Aldo Giordano, dar la bienvenida al nuevo Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Venezuela James Story (el cuarto en 9 meses tras los anteriores haber sido declarados “persona no grata” y solicitado su salida del país) en su presentación ante sus colegas diplomáticos y los invitados que incluían la dirigencia política democrática, los empresarios y los medios de comunicación.

Fue sorpresa para todos los asistentes escuchar al Nuncio Giordano describir -con sutil ironía la realidad que sufre Venezuela, país al que describió como “tierra de gracia. Dijo: “Es un país muy hermoso. Bienvenido James a un pueblo que sufre y lucha y que nos roba el corazón! Tu experiencia y tu sabiduría serán importantes para todos nosotros”. Allí aprovechó e hilvanó un rosario de preguntas donde asumió una posición -¿crítica o de alerta?- para que los presentes, casi todo el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, salieran comentándolas tanto como las del recién llegado. “¿Cómo servir el bien común de este querido pueblo de Venezuela en un momento tan difícil y complicado? ¿Cómo salvar la paz que es el primer fin de la diplomacia? ¿Cómo ayudar a erradicar el uso de la violencia que siembra tantas lágrimas e inseguridad? ¿Cómo defender los derechos de las personas que deciden de emigrar y atravesar las fronteras de nuestros países? ¿Cómo ayudar a un proceso hacia una reconciliación nacional? ¿Cómo nuestros países pueden colaborar para afrontar los problemas concretos de la gente y de las familias? ¿Cómo superar las políticas parciales, al servicio de un interés particular? ¿Cómo favorecer la justicia y la fraternidad universal de la familia humana?”.

Temas como la violencia, la paz, las políticas parciales al servicio de un interés particular y, sobretodo, en el tema migratorio que el gobierno de Maduro insiste en negarlo desde todos los frentes, acusando a los medios nacionales e internacionales de fabricar un montaje con fines desestabilizadores.

Considero que es un avance en la participación de la Santa Sede, es decir del Vaticano y su enviado permanente en Venezuela, en buscar soluciones a la grave situación venezolana.  Siento que es la primera vez que este Decano de los diplomáticos ha puesto los puntos sobre las “íes” en los temas que ya varios países, desde el Grupo de Lima, la OEA y la Unión Europea hasta la Casa Blanca, el Departamento de Estado, senadores y representantes del Congreso estadounidense y el Comando Sur han alertado.

Y el gobierno insiste en decir que todo es un montaje mediático. Niegan todo lo que los afecta y nos mienten con descaro. En el alto gobierno, una vez más, oídos sordos a la búsqueda de soluciones.

Lunes 3 de septiembre de 2018

Pablo Casado, del PP, está horrorizado por la propuesta de Sánchez de propiciar un referéndum de autogobierno en Catalunya. Iniciativa que ha hecho pública hoy en la Ser, porque él ya no va a los estudios. No creo sea el sitio adecuado para esta nueva ocurrencia, pero Casado, palentino él, diputado por Ávila y residente en Madrid no entiende que las demandas vascas, catalanas y gallegas, no son cosa de competencias y de transferencias, sino de identidad. Casado tiene su identidad española satisfecha, pero la mayoría de vascos, catalanes y gallegos no, y de eso se trata, no de referéndums paliativos ni del NO continuo del esencialismo español. Primera frase.

La segunda es de Carlos Espinosa de los Monteros, un señor castellano, que es el clásico hidalgo español muy consciente de su españolidad y que la interpreta de una sola manera. A la manera del Cid Campeador. Es ahora el Comisionado de la Marca España y todavía Sánchez no le ha mandado a hacer gárgaras, como merece.

Hoy aparecen unas declaraciones suyas en portada del diario El Mundo en las que dice lo siguiente. ”Hemos vuelto a ser un país inestable”. La pregunta que le haría a este señor sería. ¿Comparando con que época?. ¿La de la dictadura de Franco?”.

Si es así coincide con Mayor Oreja que decía que estos franquistas en agradable placidez, pues si, pero la democracia trae estos saltos porque no es uno solo el que manda sino lo es el ciudadano con su voto.

Ya lo siento Sr. Espinosa de los Monteros. La democracia es así y lástima que usted no se haya enterado.

Le recuerdo a este hombre cuando sacó su Marca España y le pregunté en el Senado el por qué la adornaba con un toro en su logo. Para él eso era la Marca España. Luego la cambió pero para él, aquel toro, identificaba muy bien la Marca España. Y tenía razón.

La tercera frase que resalto es la respuesta de la ministra de educación y portavoz del gobierno Sánchez, Isabel Celaa a una pregunta del periódico El Correo sobre cuando se exhumarán los restos del dictador y sacarlo del Valle de los Caídos. ”Puedo responder que los restos de Franco serán exhumados antes de fin de año” respondió con contundencia, olvidando que Ramón Jauregui, siendo ministro de la presidencia de Zapatero y correligionario suyo no lo hizo hace diez años.

Pero a la pregunta sobre el calendario de Transferencias a pactar con el gobierno vasco, ahí, si no fue tan categórica.

La Sra. Celaa, contestó. ”Otra cosa es comprometerse con fechas. Esta es una cuestión diferente y más difícil. Vamos a ver qué podemos llegar a acordar”.

El estatuto de Gernika, que es ley orgánica refrendada va a cumplir el mes que viene 39 años. En casi cuatro décadas ni el PSOE, ni el PP lo han culminado por puro cálculo político. Dicen que las últimas transferencias son las más difíciles y que hay que estudiarlas. Al parecer no han tenido tiempo de hacerlo, aunque si lo tuvieron para pedir los cinco votos al PNV.

¿Es que 39 años de paciencia no son suficientes?.

Celaa se ha escaqueado. Y eso que conoce como nadie la realidad vasca y que si juega con estas cosas la voluntad de Sánchez de agotar la legislatura estará más que cuestionada.

Pero ahí los socialistas siguen siendo como el PP.

Domingo 2 de septiembre de 2018

En septiembre del año 2015 le conocí en la Fundación Sabino Arana, en uno de sus coloquios, al profesor Ignacio Sánchez Cuenca, escritor, analista, filófofo, hombre que analiza muy bien lo que pasa alrededor. Y siempre le sigo en sus reflexiones.

El ex diputado Andoni Monforte me acaba de enviar un artículo publicado en La Vanguardia de Sánchez Cuenca sobre las Fake News, un tema tratado asimismo en la Fundación hace dos meses. Y como creo vale la pena lo reproduzco a continuación. Dice así:

“La posverdad puede definirse como una cierta indiferencia ante los hechos. El término se utiliza sobre todo para referirse al fenómeno de falsas creencias populares: la imagen de la posverdad que se ha instalado en los medios es la de masas ignorantes engañadas por políticos demagogos a través de las redes sociales.

Sin embargo, el fenómeno de la indiferencia ante la verdad se percibe también en las altas esferas, en el ejercicio del poder; es una constante a lo largo de la historia política. Uno de los ejemplos más puros de posverdad en tiempos recientes fue la decisión de EE.UU. de atacar Irak. La administración de George W. Bush se encerró en su caparazón, eliminando cualquier fuente de información que no fuera a favor de sus planes. Fallaron los mecanismos internos de control y se actuó con desprecio de la realidad: no había evidencia de las famosas armas de destrucción masiva ni un plan mínimamente consistente para la reconstrucción del país. El resultado fue catastrófico: Irak sucumbió a una espantosa guerra civil de la que surgió la insurgencia del EI.

La posverdad es la consecuencia de un “aislamiento epistémico”: un grupo de personas, más o menos amplio, comparte unas determinadas ideas sin someterse al principio de realidad. Cuanto más cerrado sea el grupo, más refractario se vuelve a enfrentarse a la verdad. Las razones de esa cerrazón son muy variadas, del sectarismo ideológico al espíritu corporativo, en el que la confianza no trasciende los límites de un cuerpo profesional.

En estos momentos, la posverdad corporativa e ideológica se encarna de forma sobresaliente en nuestro Tribunal Supremo y su empeño en mantener la acusación de rebelión contra los líderes políticos del movimiento independentista catalán. Tratar de encajar las conductas del “otoño caliente” del 2017 en el tipo penal de rebelión es contrario a la lógica, el sentido común y el propio derecho español. La estrategia seguida en la instrucción del caso supone una degradación profunda de nuestro sistema legal: pocas veces se ha visto con tanta claridad cómo los prejuicios ideológicos y políticos se imponen sobre una consideración racional e imparcial de los hechos.

El Tribunal Supremo se ha metido en su propia burbuja epistémica. El tipo penal de la rebelión requiere un “alzamiento violento y público”. Para poder hablar de rebelión en el caso catalán, hay que deslizarse por una pendiente que termine asimilando los sucesos del otoño pasado al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Pero mientras que los golpes de Estado siempre conllevan violencia (de facto o en forma de amenaza coactiva), lo sucedido en los meses de septiembre y octubre del 2017 no encaja, se mire como se mire, con un “alzamiento violento”.

La acusación de rebelión no sólo carece de sustento empírico, pues la violencia que exige el Código Penal no tuvo lugar, sino que además revela una concepción muy pobre de la democracia, confundiendo protesta, resistencia y desobediencia con violencia insurreccional. En una de­mocracia sana, la protesta y la desobediencia, aunque puntualmente puedan degenerar en algún comportamiento violento en la calle, no se criminalizan como si fuera un golpe de Estado. Sólo retorciendo los hechos y deformando los conceptos se puede mantener la causa por delito de rebelión. Los magistrados han llegado a utilizar la represión policial ocurrida durante la jornada del 1 de octubre como prueba de la violencia del movimiento independentista. Con suma ironía, cabe apuntar que los argumentos manejados por los magistrados del Supremo sobre la violencia fantasmagórica del procés harían las delicias de aquellos posmodernos que ven una violencia ubicua en la vida social.

Si los razonamientos de los magistrados sobre la rebelión catalana se despojaran de su autoridad institucional, no resistirían un mínimo examen lógico en la esfera pública. La acusación de rebelión resulta tan extravagante que incluso podría ser motivo de mofa si no fuera porque hay políticos encarcelados. Sólo cabe explicar la toma de posición del Tribunal Supremo por una mezcla de corporativismo, soberbia y orgullo nacional herido. Se han propuesto dar un escarmiento ejemplar a los líderes del independentismo, un castigo que deje claro a las próximas generaciones el riesgo al que se exponen si alguien intenta de nuevo una estrategia unilateral rupturista.

El Tribunal Supremo es una de las instituciones más conservadoras del sistema constitucional español. Sus miembros son elegidos en ­muchas ocasiones en función de criterios políticos antes que por mérito y capacidad profesional. El Partido Popular ha controlado el Consejo General del Poder Judicial durante largos años y ha conseguido que el Supremo esté muy escorado a la derecha. Además, el clima de la política española permite que los magistrados estén actuando de forma arbitraria e ideológica, pues los mecanismos que inducen un cierto autocontrol por parte del Tribunal no están operativos. Dichos mecanismos tienen que ver con el temor a las reacciones políticas y sociales que sus decisiones pueden suscitar. En la situación actual, los partidos de la derecha, los principales medios españoles, muchos intelectuales y una mayoría abrumadora de la opinión pública están a ­favor del encarcelamiento de los acusados por rebelión. En esas condiciones, los magistrados se sienten impunes. Nada les frena. Están dispuestos a deteriorar aún más la reputación democrática de España, pues el castigo por el desafío a la unidad de España parece estar para ellos por encima de cualquier otra consideración. Para frenar el disparate y la injusticia que se está cometiendo con las acusaciones de rebelión, haría falta una sociedad civil que se tomara en serio que en una democracia resulta inadmisible juzgar a unos políticos por hechos que no han cometido. No estamos ahí todavía”.