Jueves 22 de marzo de 2018
Caso “Margüello’
Algunos medios tratan de presentar los ‘casos de Miguel y Margüello’ como un amplio frente judicial del PNV. Algunos medios insisten en que era Viceconsejero del Lehendakari Ibarretxe. No resisten tratar de unir corrupción con PNV.
¿Hay similitudes entre ambos?
Sí, tres:
1.- En ninguno de los dos casos se aprecia, ni por los jueces ni por la Fiscalía, ninguna sospecha de financiación irregular del PNV. Las que se juzgan son actuaciones particulares de personas que en su momento tuvieron una vinculación importante con el PNV.
2.- Ninguno de los acusados milita en la actualidad en EAJ-PNV. Y a todos ellos les asiste la presunción de inocencia.
3.- El Gobierno vasco está personado en la causa por si hubiera quebranto a las arcas públicas.
En lo que respecta al Gobierno vasco:
En este momento le corresponde actuar a la justicia, juzgar los hechos y emitir un veredicto. Hay que dejar trabajar a los tribunales con independencia y libertad y recordar también que el derecho de presunción de inocencia corresponde a todo imputado hasta que una sentencia firme establezca lo contrario.
El Gobierno Vasco apuesta día a día por una gestión rigurosa y eficiente de los recursos públicos y es el primer interesado en que esta cuestión se juzgue y se esclarezca cuanto antes. De hecho, el Gobierno está personado en el proceso judicial como actor civil para poder defender los intereses económicos del Gobierno y de las ciudadanas y ciudadanos vascos; y fue el Gobierno Vasco quien solicitó la apertura del juicio oral en el procedimiento abreviado 318/2016, para acelerar el esclarecimiento de los hechos.
La cifra de posible quebranto de la que habla el Ministerio Fiscal asciende a 6,8 millones de euros. También es cierto que diferentes informes de la Oficina de Control Económico elaborados durante diferentes y sucesivos gobiernos concluyeron que todos los servicios se prestaron en los términos contractuales acordados. Por lo tanto, ahora deberá ser la Justicia quien emita un veredicto final, y hay que dejarles trabajar.
Los informes de la Oficina de Control Económico textualmente recogen:
- “los servicios contratados se realizaron en los términos convenidos y de conformidad con las tarifas establecidas”
- “el pago está justificado si el servicio se ha prestado efectivamente y el precio es el contractual”
Además, entre los años 2010 y 2011 se desarrolló una comisión de investigación en el Parlamento vasco que elaboró un informe de conclusiones y recomendaciones. El Gobierno vasco tomó en cuenta este informe para su debido cumplimiento.
El Gobierno Vasco apuesta por la transparencia, por la gestión rigurosa y eficiente de los recursos públicos y va a seguir trabajando con responsabilidad y compromiso por el bien de todos los ciudadanos y ciudadanas de Euzkadi.
Pensiones y la demagogia irresponsable de Bildu y Podemos.
Desde EH Bildu y desde Podemos Euskadi están tratando en las últimas horas, con poca vergüenza, de meter al PNV en el mismo saco del PP (sin fondo) del sistema de pensiones español, queriendo presentarnos como corresponsables del desastre y cómplices de la desastrosa gestión del PP, con fines que puedes imaginar sin demasiado esfuerzo:
Que la indignación de estos días en las calles de Euzkadi se vuelva hacia y contra nosotros. En su estrategia, ambos inciden en nuestro acuerdo presupuestario de 2017, ya que es en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado donde se consagra formalmente (es un mero trámite burocrático) una decisión (la de la actualización anual del 0,25%) que fue adoptada en 2013 por el Partido Popular haciendo uso de su rodillo absolutista y con el voto en contra del PNV.
Creo que a estas alturas de la película es bien conocida la posición del PNV con respecto a las pensiones, empezando por su histórica reivindicación de la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, contemplada en el Estatuto de Gernika. Pero, por si acaso, hay que insistir en aclarar a continuación algunos puntos:
la pasada semana en el Congreso de los Diputados se trató este asunto; y la enmienda transaccional que PNV, PSE, Bildu y Podemos apoyamos a primeros de mes en el Parlamento Vasco (solo se quedó fuera el PP).
- La subida del 0,25% de las pensiones se establece en la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, y no en los Presupuestos Generales del Estado. EAJ-PNV rechazó esta Ley desde su presentación, votó en contra de la misma, y siempre ha solicitado su derogación (así lo hemos expuesto en las reuniones del Pacto de Toledo y así se lo trasladamos al propio Rajoy en el Pleno sobre pensiones que tuvo lugar el pasado miércoles, 14 de marzo).
Los Presupuestos Generales del Estado no hacen más que reflejar esa subida del 0,25% adoptada con arreglo a la Ley 23/2013. Es un mero trámite: no entra dentro del paquete de negociación. Quien quiera hacer ver lo contrario es que juega a engañar a la ciudadanía vasca porque saben que, también en este asunto, las y los vascos confían muchísimo más a la hora de ejercer la defensa de sus intereses (y de sus pensiones) en el PNV que en EH Bildu y Podemos.
- Con respecto a la propuesta lanzada por Rajoy la semana pasada de supeditar una mejora de las pensiones a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, manifestamos nuestro escepticismo con esta idea: no sería más que un parche, un paréntesis, cuando el problema es mucho más profundo. La bajada que han sufrido las pensiones requiere una respuesta y el Sistema necesita una solución de fondo consensuada en el Pacto de Toledo que garanticen su viabilidad y sostenibilidad a futuro.
- EH Bildu pide ahora que el Gobierno vasco complete todas las pensiones de las y los vascos hasta un mínimo de 1.080 euros al mes (puestos a pedir, podrían pedir 2.080 o 3.080 euros). La pasada legislatura, el Gobierno Vasco ya mostró su criterio desfavorable a la toma en consideración de esta propuesta en el Parlamento Vasco porque, a su juicio, «carece de la necesaria seguridad jurídica porque vulneraría las normas de compatibilidad en la percepción de prestaciones de Seguridad Social».
- Una parte de la ciudadanía (y algunos periodistas que deberían estar mejor informados para el desempeño de su labor de servicio público) ignora que el Gobierno Vasco ya complementa la pensión a más de 16.000 vascos y vascas, las de aquellos y aquellas que pensiones más bajas y menos recursos tienen, lógicamente. A día de hoy, un total de 16.284 pensionistas vascos perciben una Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para poder complementar su prestación.
Para percibirla se tienen que cumplir algunos requisitos, más allá de no llegar al máximo estipulado por esta prestación, que es de 787,51 euros para una unidad convivencial de un pensionista. En el caso de dos el límite es de 984,38 euros y en el de tres, de 1.063,13 euros. Pero, además, el patrimonio máximo no puede exceder de los 37.800,48 euros en el caso de que viva solo, de 47.250,24 si son dos y de 51.30,24 euros si son tres o más. Queda exenta la vivienda habitual, incluido garaje y trastero.
