El blog de Iñaki Anasagasti

Lunes 3 de septiembre de 2018

Pablo Casado, del PP, está horrorizado por la propuesta de Sánchez de propiciar un referéndum de autogobierno en Catalunya. Iniciativa que ha hecho pública hoy en la Ser, porque él ya no va a los estudios. No creo sea el sitio adecuado para esta nueva ocurrencia, pero Casado, palentino él, diputado por Ávila y residente en Madrid no entiende que las demandas vascas, catalanas y gallegas, no son cosa de competencias y de transferencias, sino de identidad. Casado tiene su identidad española satisfecha, pero la mayoría de vascos, catalanes y gallegos no, y de eso se trata, no de referéndums paliativos ni del NO continuo del esencialismo español. Primera frase.

La segunda es de Carlos Espinosa de los Monteros, un señor castellano, que es el clásico hidalgo español muy consciente de su españolidad y que la interpreta de una sola manera. A la manera del Cid Campeador. Es ahora el Comisionado de la Marca España y todavía Sánchez no le ha mandado a hacer gárgaras, como merece.

Hoy aparecen unas declaraciones suyas en portada del diario El Mundo en las que dice lo siguiente. ”Hemos vuelto a ser un país inestable”. La pregunta que le haría a este señor sería. ¿Comparando con que época?. ¿La de la dictadura de Franco?”.

Si es así coincide con Mayor Oreja que decía que estos franquistas en agradable placidez, pues si, pero la democracia trae estos saltos porque no es uno solo el que manda sino lo es el ciudadano con su voto.

Ya lo siento Sr. Espinosa de los Monteros. La democracia es así y lástima que usted no se haya enterado.

Le recuerdo a este hombre cuando sacó su Marca España y le pregunté en el Senado el por qué la adornaba con un toro en su logo. Para él eso era la Marca España. Luego la cambió pero para él, aquel toro, identificaba muy bien la Marca España. Y tenía razón.

La tercera frase que resalto es la respuesta de la ministra de educación y portavoz del gobierno Sánchez, Isabel Celaa a una pregunta del periódico El Correo sobre cuando se exhumarán los restos del dictador y sacarlo del Valle de los Caídos. ”Puedo responder que los restos de Franco serán exhumados antes de fin de año” respondió con contundencia, olvidando que Ramón Jauregui, siendo ministro de la presidencia de Zapatero y correligionario suyo no lo hizo hace diez años.

Pero a la pregunta sobre el calendario de Transferencias a pactar con el gobierno vasco, ahí, si no fue tan categórica.

La Sra. Celaa, contestó. ”Otra cosa es comprometerse con fechas. Esta es una cuestión diferente y más difícil. Vamos a ver qué podemos llegar a acordar”.

El estatuto de Gernika, que es ley orgánica refrendada va a cumplir el mes que viene 39 años. En casi cuatro décadas ni el PSOE, ni el PP lo han culminado por puro cálculo político. Dicen que las últimas transferencias son las más difíciles y que hay que estudiarlas. Al parecer no han tenido tiempo de hacerlo, aunque si lo tuvieron para pedir los cinco votos al PNV.

¿Es que 39 años de paciencia no son suficientes?.

Celaa se ha escaqueado. Y eso que conoce como nadie la realidad vasca y que si juega con estas cosas la voluntad de Sánchez de agotar la legislatura estará más que cuestionada.

Pero ahí los socialistas siguen siendo como el PP.

Domingo 2 de septiembre de 2018

En septiembre del año 2015 le conocí en la Fundación Sabino Arana, en uno de sus coloquios, al profesor Ignacio Sánchez Cuenca, escritor, analista, filófofo, hombre que analiza muy bien lo que pasa alrededor. Y siempre le sigo en sus reflexiones.

El ex diputado Andoni Monforte me acaba de enviar un artículo publicado en La Vanguardia de Sánchez Cuenca sobre las Fake News, un tema tratado asimismo en la Fundación hace dos meses. Y como creo vale la pena lo reproduzco a continuación. Dice así:

“La posverdad puede definirse como una cierta indiferencia ante los hechos. El término se utiliza sobre todo para referirse al fenómeno de falsas creencias populares: la imagen de la posverdad que se ha instalado en los medios es la de masas ignorantes engañadas por políticos demagogos a través de las redes sociales.

Sin embargo, el fenómeno de la indiferencia ante la verdad se percibe también en las altas esferas, en el ejercicio del poder; es una constante a lo largo de la historia política. Uno de los ejemplos más puros de posverdad en tiempos recientes fue la decisión de EE.UU. de atacar Irak. La administración de George W. Bush se encerró en su caparazón, eliminando cualquier fuente de información que no fuera a favor de sus planes. Fallaron los mecanismos internos de control y se actuó con desprecio de la realidad: no había evidencia de las famosas armas de destrucción masiva ni un plan mínimamente consistente para la reconstrucción del país. El resultado fue catastrófico: Irak sucumbió a una espantosa guerra civil de la que surgió la insurgencia del EI.

La posverdad es la consecuencia de un “aislamiento epistémico”: un grupo de personas, más o menos amplio, comparte unas determinadas ideas sin someterse al principio de realidad. Cuanto más cerrado sea el grupo, más refractario se vuelve a enfrentarse a la verdad. Las razones de esa cerrazón son muy variadas, del sectarismo ideológico al espíritu corporativo, en el que la confianza no trasciende los límites de un cuerpo profesional.

En estos momentos, la posverdad corporativa e ideológica se encarna de forma sobresaliente en nuestro Tribunal Supremo y su empeño en mantener la acusación de rebelión contra los líderes políticos del movimiento independentista catalán. Tratar de encajar las conductas del “otoño caliente” del 2017 en el tipo penal de rebelión es contrario a la lógica, el sentido común y el propio derecho español. La estrategia seguida en la instrucción del caso supone una degradación profunda de nuestro sistema legal: pocas veces se ha visto con tanta claridad cómo los prejuicios ideológicos y políticos se imponen sobre una consideración racional e imparcial de los hechos.

El Tribunal Supremo se ha metido en su propia burbuja epistémica. El tipo penal de la rebelión requiere un “alzamiento violento y público”. Para poder hablar de rebelión en el caso catalán, hay que deslizarse por una pendiente que termine asimilando los sucesos del otoño pasado al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Pero mientras que los golpes de Estado siempre conllevan violencia (de facto o en forma de amenaza coactiva), lo sucedido en los meses de septiembre y octubre del 2017 no encaja, se mire como se mire, con un “alzamiento violento”.

La acusación de rebelión no sólo carece de sustento empírico, pues la violencia que exige el Código Penal no tuvo lugar, sino que además revela una concepción muy pobre de la democracia, confundiendo protesta, resistencia y desobediencia con violencia insurreccional. En una de­mocracia sana, la protesta y la desobediencia, aunque puntualmente puedan degenerar en algún comportamiento violento en la calle, no se criminalizan como si fuera un golpe de Estado. Sólo retorciendo los hechos y deformando los conceptos se puede mantener la causa por delito de rebelión. Los magistrados han llegado a utilizar la represión policial ocurrida durante la jornada del 1 de octubre como prueba de la violencia del movimiento independentista. Con suma ironía, cabe apuntar que los argumentos manejados por los magistrados del Supremo sobre la violencia fantasmagórica del procés harían las delicias de aquellos posmodernos que ven una violencia ubicua en la vida social.

Si los razonamientos de los magistrados sobre la rebelión catalana se despojaran de su autoridad institucional, no resistirían un mínimo examen lógico en la esfera pública. La acusación de rebelión resulta tan extravagante que incluso podría ser motivo de mofa si no fuera porque hay políticos encarcelados. Sólo cabe explicar la toma de posición del Tribunal Supremo por una mezcla de corporativismo, soberbia y orgullo nacional herido. Se han propuesto dar un escarmiento ejemplar a los líderes del independentismo, un castigo que deje claro a las próximas generaciones el riesgo al que se exponen si alguien intenta de nuevo una estrategia unilateral rupturista.

El Tribunal Supremo es una de las instituciones más conservadoras del sistema constitucional español. Sus miembros son elegidos en ­muchas ocasiones en función de criterios políticos antes que por mérito y capacidad profesional. El Partido Popular ha controlado el Consejo General del Poder Judicial durante largos años y ha conseguido que el Supremo esté muy escorado a la derecha. Además, el clima de la política española permite que los magistrados estén actuando de forma arbitraria e ideológica, pues los mecanismos que inducen un cierto autocontrol por parte del Tribunal no están operativos. Dichos mecanismos tienen que ver con el temor a las reacciones políticas y sociales que sus decisiones pueden suscitar. En la situación actual, los partidos de la derecha, los principales medios españoles, muchos intelectuales y una mayoría abrumadora de la opinión pública están a ­favor del encarcelamiento de los acusados por rebelión. En esas condiciones, los magistrados se sienten impunes. Nada les frena. Están dispuestos a deteriorar aún más la reputación democrática de España, pues el castigo por el desafío a la unidad de España parece estar para ellos por encima de cualquier otra consideración. Para frenar el disparate y la injusticia que se está cometiendo con las acusaciones de rebelión, haría falta una sociedad civil que se tomara en serio que en una democracia resulta inadmisible juzgar a unos políticos por hechos que no han cometido. No estamos ahí todavía”.

 

Sábado 1 de septiembre de 2018
Hace unos años el PNV celebraba el aniversario de su fundación en Mutriku. Allí solía ir Xabier Arzalluz y marcaba la discusión del verano. Con el tiempo y la inauguración de una estatua de Sabino Arana en la Plaza Albia, al lado de Sabin Etxea, el acto pasó al lugar donde se fundó el nacionalismo vasco. Pero eso no obviaba que en Zarautz, en el Antoniano, se diera inicio al curso político con una cena de cientos de afiliados y mitin del presidente del EBB, que hoy se ha reconvertido mayoritariamente en un encuentro de cargos públicos con el EBB en el paseo marítimo de Zarautz contando con una buena megafonía y un escenario de acto público serio, así como, en los dos últimos años, invitados catalanes del PDCAT.
Eso es lo que hizo Andoni Ortuzar este 31 de agosto tocando todos los palos del escenario, desde una evidente centralidad, y dejando mensajes para cada quien. A Bildu le dijo que se mojen en Madrid y que apoyen el techo de gasto y que ya está bien de ese vértigo adolescente al pacto que les atenaza y que, en este momento se quiten los complejos y apoyen al gobierno Sánchez si quieren que las cosas den pasitos, mientras le recordaba al PSOE que está bien hablar del cumplimiento de la ley, pero que el Estatuto de Gernika es una super ley orgánica de obligado cumplimiento que ni González ni Zapatero desarrollaron y que está ahí, sin cumplir.
A ver que nos dice en respuesta Idoia Mendía, la única que no ha salido este fin de semana a dejarnos algún mensaje.
Se ve que estos encuentros cada vez más son actos mediáticos que es en lo que se ha convertido la política dejando la presencia de afiliados y simpatizantes, en el caso del PNV, para el Alderdi Eguna que está al caer. Las redes y la excesiva información desmotivan al más entusiasta.
Otegi, no queriendo ser menos, nos dijo ayer que propugna una Euskal Herria confederal, soberanista y con el derecho a decidir consagrado, algo que proclamó Sabino Arana en 1895 y como aquella Euskal Herria lingüística y cultural la defendían tibiamente los euskalerriacos que no le gustaban nada, innovó y creó el término Euzkadi que Otegi y los suyos desprecian y reconvierten en la CAV. La cosa es matar al padre.
Lander Martínez, que tiene la fórmula de la Coca Cola, dio a diestra y siniestra presentando a su organización juvenil, que no desentona mucho de la actual dirección de Elkarrekin – Podemos por algo tan deseable como la juventud. En Podemos los mayores de cincuenta años están en el secadero. Y por eso se come el mundo y cree que él es el tarro de las esencias.
Finalmente Alonso, en Gasteiz nos dice que está preocupado porque Euzkadi va a la confrontación catalana de los lazos amarillos. Al PP solo le gustan los lazos azules, pero no los amarillos, sin pararse a pensar que detrás de esos lazos hay políticos encarcelados en prisión preventiva. Para él lo malo son los lazos, no el abuso de poder de encarcelar a políticos por sus ideas y haciéndolo como lo han hecho sin usar violencia alguna y no como hizo Rivera quitando los lazos de la calle con indudable agresividad y mal estilo democrático.
Finalmente, lo que ha estado de traca ha sido el escrito contra la política de memoria histórica firmada por Mayor Oreja, María San Gil, Gallardón y Fernández Savater que se han quitado por fin su máscara, aunque ya Mayor Oreja nos había dicho aquello de que él vivió aquella satrapía con extraordinaria placidez. Pues bien. Todo lo no hecho en 1977, ahora en el día de hoy, sale a la superficie con gran escándalo de los que consideraron que la sacrosanta transición era solo una cuestión de mirar a lo que decían “el futuro” pero metiendo toda la basura criminal y de responsabilidades bajo la alfombra de una historia muy parcial.
En fin, nada nuevo bajo el sol, señora Baronesa.