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Las (no) condenas del PP

“¡Ya está bien de exigir al PP la condena del franquismo y de la dictadura en todo momento y en toda situación!”, protestó anteayer la secretaria general de la sucursal vasca de la formación gaviotil, Nerea Llanos. Era su curiosa forma de echar un capote a su conmilitón y concejal en Durango, Juanjo Gastañazatorre, notable zascandil que después de fotografiarse de nazi sonriente en el carnaval de Tenerife—dando muy bien el tipo, todo hay que decirlo—, tuvo los santos bemoles de negarse a suscribir una declaración de condena contra el bombardeo fascista de su pueblo en 1937.

Pocas bromas con eso. Estamos hablando de 336 personas muertas y de la reducción a escombros de buena parte de la villa en lo que fue una de las primeras acciones de castigo contra poblaciones civiles, amén de precedente inmediato de la masacre de Gernika. Abstenerse en la reprobación de tal barbarie 78 años años después de que se produjera delata demasiadas cosas y me temo que ninguna buena. Es un retrato de similar catadura al que se hizo con la gorra de plato, la cruz gamada y las dos eses con forma de rayo, solo que en esta ocasión no cabe el beneficio de la duda por la transgresión carnavalera.

Da entre rabia y asco, además, que una vez que se monta el necesario escándalo por su mezquina actitud el tipo salga con el pretexto ramplón de que no tenía muy claro uno de los puntos de la declaración y por eso prefirió no meter la pata. Pues la metió hasta el fondo. Y como remate y redondeo del círculo —o sea, del circo—, su superiora jerárquica se hace la ofendida porque le pedimos al PP que condene el franquismo. Anda ya.

La casta gana

Como a veces ocurre con el sexo, lo mejor de las elecciones es el cigarrillo de después. En cuanto se cierran las urnas y van llegando primero los sondeos israelitas y luego, los resultados reales, se despliega un gran espectáculo de prestidigitación donde a la vista de todo el mundo se dan la vuelta los discursos y los hechos incontrovertibles de un minuto antes. Y no me refiero solo a las encuestas, que esta vez, ni tan mal, sino a los principios grouchomarxianos e mobili qual piume al vento de los protagonistas de la berrea electoral.

Casi da igual el partido que tomen. Si vamos por el lado del ganador, que hablando de los comicios andaluces, ha sido indudablemente el PSOE, nos encontramos con que la victoria le deja en una situación objetivamente peor que la que tenía antes de la convocatoria anticipada. Si la disolución se justificó por la búsqueda de la estabilidad, Susana Díaz ha hecho un pan con unas hostias. Pero vayan ustedes, cuélense en los fastos celebratorios, y traten de explicárselo a dirigentes, militantes y simpatizantes del partido de Pedro Sánchez.

¿Y qué me dicen de los que antes de contar las papeletas proclamaban que el 22-M marcaría el principio del fin del régimen-del-78? Jodida digestión tienen ante la evidencia de que los partidos de tal régimen —incluyendo el de nuevo cuño, con sus 9 escañazos— les vapulean por cuatro a uno en la cámara. Tremenda paradoja la de Podemos, cuyos 15 parlamentarios deberían suponer un éxito del recopón y medio, si no fuera porque habían elevado las expectativas al doble y porque ahora solo sirven para hacer pinza con el PP. La casta gana.

Investigados e imputados

La historia, siempre injusta, no guarda memoria del nombre del alto funcionario del ministerio franquista de Obras Públicas que, a la vista de que los efectos más graves de los accidentes ferroviarios se registraban en el vagón de cola, propuso suprimir el último coche de cada convoy. Ha debido de ser un nieto espiritual de aquella luminaria anónima el que —esta vez con acogida favorable por parte de sus superiores— ha parido la fórmula para acabar de un plumazo con la plaga de imputados que tan feo lucen en las poltronas y no digamos en las listas electorales. Tan sencillo, oigan, como eliminar la antiestética palabra y sustituirla por otra de ecos menos desagradables.

Investigados ha sido, concretamente, el vocablo elegido por los ingenieros semánticos —Orwell no pierde su vigencia— del ministerio español de Justicia. Su titular, Rafael Catalá, explicaba que el término tiene los taninos exactos como para no sonar a inocente del todo pero tampoco a casi culpable, como ocurría con el participio desechado. Una vez publicado el birlibirloque en el BOE, Mariano Rajoy podrá proclamar sin mentir que ha conseguido acabar con los imputados en las filas del PP y, en un acto de generosidad encomiable, en las del resto de formaciones.

¿Colará? Mucho me temo que, incluso en un lugar cuyos paisanos se meten en vena masivamente Grandes hermanos VIP y Sálvame Deluxes a tutiplén, el truco del almendruco va a dar el cante. En lo sucesivo, cuando el personal escuche que tal o cual trapisondista con carné “está siendo investigado”, traducirá mentalmente: “Vamos, lo que viene siendo imputado de toda la vida”.

Participación inútil

Se pregunta uno a santo de qué se vendrán tan arriba algunos partidos con la milonga de la participación, si a la hora de la verdad, de lo que tiran es del dedazo de toda la vida. ¿Cuántas primarias (supuestamente) abiertas de par en par están acabando estos días en el vertedero de las buenas intenciones? Se pierde la cuenta. En IU de Madrid, la candidata escogida por militantes y simpatizantes tiene que montarse un partido porque la dirección no deja de hacerle la trece-catorce. También en la villa, corte y comunidad, pero en el PSOE, la cúpula se cepilla sumarísimamente a Tomás Gómez, el tipo que había recibido el respaldo de las bases. En el PSE alavés, a la aspirante a la alcaldía de la capital, que además era la única que había optado a ello, no le queda otra que tirar la toalla porque la ejecutiva pretende calzarle en la lista a dos menganos que no entraban en sus planes.

Si bien el PP no le echa tanta literatura a lo de la democracia interna a gogó, cabe añadir a los casos que enumero el de su candidatura a la alcaldía de Donostia. Como es bien sabido, la que escogió la directiva de Gipuzkoa fue laminada y sustituida por una más conveniente desde el despacho de Arantza Quiroga. Tirando no sé si de cinismo o de honestidad brutal, un miembro de la formación gaviotil con el que comentaba el episodio me situó en la que podría ser la clave correcta. En su experimentada opinión, un partido debe funcionar de acuerdo con el principio de máxima eficacia. Eso implica organigrama claro y verticalidad. Si no se actúa así, me decía, el remedio es peor que la enfermedad. A la vista parece que está.

Politiqueo bastardo

Los pesimistas irredentos tenemos una máxima que se basa, no tanto en nuestra condición de cenizos, como en la tozuda constatación de los hechos: ninguna buena acción queda sin castigo. La penúltima víctima de la maldición a nuestro alrededor es el recién nombrado consejero de Empleo y Políticas sociales del Gobierno vasco, Ángel Toña. Manda muchísimas pelotas que, además de ver su intachable trayectoria de muchísimos años arrastrada por el barro, haya tenido que poner su cargo sin estrenar a disposición de la Comisión del Código ético… ¡justamente por haber actuado conforme a la ética defendiendo a los más débiles frente a la infame Ley Concursal, que es el complemento y martillo pilón de la Reforma laboral!

Bonito retrato de los que han ejercido de acusicas esgrimiendo un supuesto incumplimiento de la legalidad (española de pura cepa, por cierto) como causa para destituir a Toña. Que Borja Sémper, compañero de mil y un imputados que no se bajan del cargo ni por error, nos suelte una charla sobre la ejemplaridad es un puñetero chiste malo. Pero es mucho peor que EH Bildu, una formación que reclama la insumisión a las leyes injustas y se dice aliada de los currelas, saque el zurriago contra un tipo que actuó en conciencia para evitar a los trabajadores los daños de una norma arbitraria.

Queda como consuelo que allá donde el politiqueo se ha demostrado cutre y bastardo, hayan venido los cuatro grandes sindicatos en una unidad muy poco frecuente a respaldar sin fisuras y con un lenguaje rotundo la conducta de Ángel Toña en el caso por el que se le ha querido enmerdar. Ese gesto sí es honrado.

Leyes no escritas

A su edad, con su currículum, su carácter y su patrimonio, Mario Fernández es uno de los pocos seres humanos de nuestro entorno que pueden permitirse el lujo de no andar midiendo las palabras. O de conducirse con una sinceridad que, rozando la soberbia en algunos casos —Kutxabank c’est moi —, resulta singular cuando lo que se lleva alrededor son los sobreentendidos, los eufemismos, las miradas hacia otro lado y, como muchísimo, las medias verdades. Quizá hubo un tiempo en el que el expresidente de la-entidad-más-solvente-de-españa tuvo que vestirse de lagarterana, pero parece que ya no está por la labor. Y la prueba es la torrencial nota que hizo pública el viernes, coincidiendo con su declaración ante la fiscalía del País Vasco por el caso (más bien casillo) de los 243.000 euros perdidos y hallados en el templo.

Sin pelos en la pluma, Fernández deja negro sobre blanco que quien le pidió el favor de buscarle una canonjía remunerada a Mikel Cabieces fue “un líder del PP”. Bonito ¡zasca! para la sustituta del aludido aunque no nombrado, Arantza Quiroga, que días atrás había bocabuzoneado que el marrón era obra del binomio PNV-PSE. Anotado el enésimo ridículo de la irundarra, no perdamos de vista el meollo, que está en la justificación de los hechos que, como si tal cosa, deja caer el veterano banquero. La colocación de cesantes obedece a “una ‘ley no escrita’ que ha funcionado con todos los gobiernos y todos los partidos durante los últimos 30 años”. Si bien se refiere a cargos relacionados con la lucha anti-ETA, no recuerdo una explicación tan clara del funcionamiento de las puertas giratorias.

El penúltimo pacto

El bipartidismo español agonizante se retrata sacando el eterno conejo de la chistera: un acuerdo contra el terrorismo. En este caso, se supone —y así se vende en los titulares— que contra el yihadista. Sin embargo, basta leer los pobretones ocho puntos del texto y el campanudo preámbulo para entender que la parte contratante de la primera parte contratante se reserva el derecho a decidir en el futuro qué comportamientos o actitudes serán asimilables al terrorismo. Conociendo el paño, es decir, los usos y costumbres del PP en la materia, procede prepararse para lo peor. Podría ocurrir que todo lo que no sea amor y adhesión inquebrantable a la patria española y sus instituciones sea tipificado como acto terrorista. ¿Exagero? No será por falta de precedentes.

Por lo demás, si el objetivo real del convenio es disuadir a los yihadistas, tipos dispuestos por definición a dejarse el pellejo en sus acciones, llama la atención que la gran baza para hacerlo sea la amenaza de la cadena perpetua disfrazada de prisión permanente revisable. No parece que a un suicida le vaya a surtir gran efecto la eventualidad de ir a la cárcel de por vida. Otra razón para sospechar que lo del entrullamiento vitalicio está pensado para otros casos. Exactamente para los que ustedes se están imaginando.

Fuera del concurso de despropósitos, el PSOE, o sea, su actual líder pan sin sal, prometiendo que llevará al Tribunal Constitucional lo que acaba de firmar con su sangre de horchata. Y Rajoy, pensando para sus adentros lo fácil que le ha resultado volver a chulear a su antagonista y la pena que le da que el chollo se acabe.