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Final no tan feliz

Siento ser cenizo, pero no me cuento entre los que creen que la historia de Vitori ha tenido final feliz. Primero, porque todavía no ha terminado. A esta mujer de 94 años le queda aún un viacrucis burocrático-judicioso del nueve largo. Y aunque sea cierto que gracias a la emocionante presión de sus vecinas y vecinos y de las centenares de personas de ese gran barrio que es toda la Margen Izquierda, consiguió recuperar su casa, no podemos pasar por alto el estado en que la han dejado los asaltantes y que le han robado prácticamente todo. Se me caía el alma hace una rato leyéndole en una entrevista que nunca se había sentido tan triste porque se han llevado los recuerdos de toda su vida.

Aquí es donde la bilis vuelve a hervir al pensar que sus desvalijadores están perfectamente identificados pero no sufrirán la menor consecuencia. Una línea más para el kilométrico currículum delictivo, y a buscar otra morada que asaltar, a poder ser con un inquilino que no resulte tan mediático como una nonagenaria. Casas usurpadas por el procedimiento que acabamos de ver las hay por decenas por estos y otros castigados lares. Con el consentimiento cobardón de las autoridades locales y, desde luego, la bendición de jueces y legisladores. Pero no solo de ellos. Diría que es más sangrante la complicidad de esos beatíficos seres que el otro día echaba yo en falta en la concentración a pesar de que normalmente pierden el culo para estar a pie de pancarta. Algunos ya han reaparecido, es vedad que con sordina, para denunciar los derechos vulnerados de los ocupadores o para poner en duda —se lo juro— que Vitori viviera en esa casa.

¿Quién protesta por Vitori?

(***) No es solo la sentencia del Procés o la de Altsasu. Hay mil y una injusticias cotidianas que hacen imposible creer que vivimos en algo parecido a un estado de derecho. Una de las más lacerantes es la que le ha ocurrido a Vitori, una mujer de 94 años de Portugalete. O para ser exactos, del orgulloso Grupo El Progreso, una zona de modestas viviendas construidas en los años 20 del siglo pasado para acoger, fundamentalmente, a los trabajadores de las industrias del hierro de los alrededores. En una de esas casas baratas ha vivido Vitori desde 1931.

Y lo escribo en pretérito, porque el pasado domingo, a la vuelta de unos días con unos familiares, la mujer se encontró con que su humilde morada había sido ocupada por unas personas que no se mostraron precisamente amistosas cuando trató de ponerles al corriente de que aquel era su domicilio. Le dieron con su propia puerta en las narices. Pero lo más terrible vino cuando al ir a poner la denuncia pertinente, le informaron de que, en el mejor de los casos, tardaría más de un mes en volver al techo que la ha acogido desde que era una mocosa de seis años. En el juicio que se celebrará el 20 de noviembre será ella quien tenga que demostrar que es la propietaria. Como lo leen.

Tecleo estas líneas aún con la emoción inmensa de haber asistido a la impresionante concentración que ha tenido lugar ante la casa robada. Hacía tiempo que no se producía en Portu una movilización tan numerosa y tan variopinta en cuanto a sus participantes. Solo faltaban, qué raro, los habituales de primera línea de pancarta en otras ocasiones. Por lo visto, esta vez la protesta no era de buen tono.

****Después de enviar estas líneas a los periódicos, ha habido novedades. La concentración se extendió hasta bien entrada la noche. La tensión fue creciendo, pero finalmente, los ocupantes fueron desalojados de la casa de Vitori.

Desamparo infinito

Recurso a Estrasburgo y una manifestación el 26 de octubre. Es todo lo que se puede hacer ante un atropello que ha ido creciendo en cada vuelta de tuerca. Lo primero, la apelación, aun con resolución favorable, llegará cuando los jóvenes de Altsasu encarcelados hayan consumido todos o casi todos los años de su desproporcionada condena. Lo segundo, llenar las calles con la rabia por montera, por muy meritorio y loable que sea, no va más allá del derecho al pataleo, el único que queda medio en pie.

Son pésimos tiempos para creer en las instituciones en general y en la Justicia en particular. Por más acopio de ingenuidad y de esperanza que hagamos, la mayoría de las decisiones de las altas instancias judiciales acaban alimentando una sensación de desamparo infinito. De las más recientes con relieve mediático, quizá quepa como excepción la vía libre a la exhumación de Franco. El resto han sido el calco de los peores presagios, hasta con una especie de cínico y cruel recochineo, como ha sido el caso de la que comentamos, que muchos medios han vendido haciendo ver que las rebajas de condena eran un chollo para los que las cumplirán y, al tiempo, la muestra de la bondad de la legalidad vigente y de sus administradores. De propina, sin posibilidad de crítica, siguiendo esa doctrina amordazante que van impartiendo significados representantes de los tres poderes clásicos. Repasen los titulares de estos días atrás y verán desde cuántos flancos se nos ha advertido con gesto adusto de que las sentencias no solo se acatan sino que se respetan y punto. La próxima, dicen que hoy mismo o el lunes, la del Prócés. Prepárense.

«Ajustada a Derecho»

En mi última descarga compartía con ustedes el asco infinito y la brutal desazón que me produjo la sentencia del ya para los restos Tribunal de La Manada que reducía a diez meses la condena a un tipo que intentó matar de dos maneras distintas a una mujer en presencia de los hijos de ambos. Hoy, trepando por la escala del dolor y la perplejidad, les hago partícipes de mi espanto por el aguacero de justificaciones de la decisión judicial de marras que me ha caído desde la publicación de la columna. Y no precisamente solo por parte de gañanes de palillo en comisura babosa y copazo de Soberano, que también, sino en su mayoría, por hombres (ahora que me doy cuenta, únicamente hombres) muy cabales y profesionales del Derecho que ejercen en varios ámbitos, desde la universidad a los juzgados en diferentes responsabilidades, incluida la de dictar sentencias.

Algunos de esos educados bofetones por lo que escribí han sido públicos —vayan a mi muro de Facebook— y otros los he recibido en privado. Absolutamente todos tienen en común la misma idea: no hay un solo pero que ponerle a la sentencia y los que nos atrevemos a discrepar somos átomos manipulados de una turbamulta ignorante que solo merece el desprecio de los sumos sacerdotes de la ciencia jurídica. No crean que se conforman con el comodín del “es ajustada a Derecho”. Sostienen sin dudar que es justa. O sea, les parece totalmente de recibo que se vaya casi de rositas alguien que —¡en presencia de sus aterrados hijos!— intentó asfixiar y acuchillar a su pareja. ¡Solo porque no termina de hacerlo! Y aquí sí que no hay más preguntas, señorías. Hoy es 25-N, ¿verdad?

Otra sentencia vomitiva

No soy sospechoso, ni de lejos, del llamado populismo punitivo, y menos, del que más se lleva ahora, que es el selectivo. Tampoco soy partidario de la teas ardientes, los ojos fuera de las órbitas, las condenas por aclamación, la fe ciega en sustitución de los hechos, ni los linchamientos promovidos por el dogmatismo impermeable a los matices. Especialmente, en los casos en que no es difícil ver, como deslizaba ayer en estas mismas líneas, un chiringuito donde llenarse la cuenta corriente y el ego. Y hasta sigo queriendo creer en la Justicia, surfeando sobre los quintales de mondongos infames que nos suministra a diario. Pero hay cosas con las que es imposible tragar y que se deben denunciar hasta dejarse la garganta. Sobre todo, cuando muestran algo que no una actuación aislada sino un patrón.

No es casualidad —y ya entro en materia— que el mismo tribunal que dulcificó la sentencia a esos cagarros cósmicos que conocemos por La Manada haya evacuado otra sentencia en que reduce a diez meses de cárcel la condena a un malnacido que intentó asfixiar y acuchillar a su pareja. La excusa es que en el último momento le perdonó la vida. O dicho con las nauseabundas palabras de sus señorías, “De manera libre y voluntaria no continuó con la reiteración o insistencia en actos dirigidos a lograr la muerte de la víctima”. Y solo les anoto uno de los varios entrecomillados lacerantes de un texto que daría para tesis de psiquiatría.

Casi con mayor espanto que esas aberraciones con membrete, he leído y escuchado a puristas que las justifican y señalan al Código Penal como responsable, como si bajo las togas no hubiera seres humanos.

Sánchez, el del 155

Ni uno solo de los dirigentes independentistas catalanes debió entrar en prisión. No es una cuestión de simpatía ideológica. Es puro sentido común y reconocerlo debería ser muestra de honestidad política, intelectual y, por encima de todo, personal. Estoy convencido de que incluso muchos de los defensores de la unidad de la nación española a machamartillo son conscientes en su fuero interno de la descomunal injusticia que se cometió con la persecución vengativa de unas mujeres y unos hombres que fueron las cabezas visibles —ahora de turco— de un inmenso movimiento popular.

Se puede llegar a discutir si, teniendo en cuenta que la legalidad española no se había derogado, su actuación les hizo merecedores de alguna sanción administrativa o económica. Seguiría siendo un error, puesto que los problemas políticos deben resolverse con métodos políticos, pero cabe el debate. En todo caso, insisto, la encarcelación es una demasía intolerable.

Y si lo fue en el minuto uno, qué decir de su mantenimiento con carácter preventivo durante un año y, llegando a lo más reciente, de sostener, apelando a criterios presuntamente legales que el castigo debe prolongarse durante un cuarto de siglo. Al empeñarse tozudamente en sostenella y no enmendalla, la Fiscalía del Tribunal Supremo se retrata como instrumento para la revancha. Lo de la abogacía del Estado, rebajando las peticiones de penas a la mitad, es casi peor. De saque, porque incurren en un fariseísmo de náusea, pero sobre todo, porque evidencian que, por mucha sacarina que lleve su discurso actual, Pedro Sánchez sigue siendo el copromotor del 155 con el que empezó todo.