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España nos sisa (y mucho)

La erosión silenciosa es el título de un robusto volumen —setecientas páginas de vellón— que recoge cómo a lo largo de los años el centralismo español rampante ha ido afanándole a la demarcación autonómica pequeñas dosis de autogobierno. No se trata de esas cuestiones que van a los titulares gordos y provocan visibles movidas que acaba resolviendo casi siempre a favor de Madrid el Tribunal Constitucional, juez y parte. Tampoco de las eternamente adeudadas transferencias que recoge negro sobre blanco el tan cacareado como incumplido estatuto de Gernika. Qué va. Son, como denunció la consejera Olatz Garamendi en la presentación de este censo general de mangancias, una suma continua de contumaces actuaciones fuera de los focos y el interés público que en conjunto han esquilmado el ya de por sí precario bosque de las competencias propias.

Hablamos de cuestiones en apariencia tan poco sospechosas como la concesión de tarjetas de aparcamiento para personas discapacitadas, un plan renove de automóviles o la normativa sobre claves digitales. Tal y como han documentado los servicios jurídicos de Lakua en un trabajo que profundiza hasta el vigésimo decimal, tacita a tacita, como en el célebre anuncio de café soluble de Carmen Maura que recordamos los viejenials, nos han ido arañando pedacitos de autogobierno. Quizá sea excesivo decir que España nos roba, pero está claro que nos sisa de un modo continuo e independientemente del color del gobierno. Es muy procedente la acusación que contiene este trabajo, pero no se puede quedar simplemente en el enésimo pataleo. Va siendo hora de parar los pies al rapiñador.

Diario del covid-19 (40)

¿Apoyar o no apoyar la prórroga del Estado de alarma? He ahí el dilema. O sea, la tremenda trampa para elefantes en que han caído las formaciones que auparon a Napoléon Sánchez a Moncloa y que lo han venido respaldando con lealtad. Si lo hacen, como podría indicar cierta lógica y quizá (esto ya es más discutible) la necesidad del momento, estarán regalando de nuevo al prócer máximo la facultad de seguir haciendo de su capa un sayo dictatorial. Si no lo hacen y, en consecuencia, decae la prórroga, la nueva caverna, que es un calco inverso de la otra, se lanzará con los ojos inyectados en sangre a acusar a estos partidos de cómplices criminales de Vox, el PP y los restos de serie de Ciudadanos. De rebote, la tri(ultra)derecha recién citada se pondrá cachonda y llamará al alzamiento nacional.

En resumen, la opción es entre lo malo y lo peor. O lo sería, si no fuera porque es muy probable que en este minuto del partido la lucha contra el bicho y sus consecuencias se pueda afrontar con la legalidad ordinaria. No lo digo yo, que en esto soy igual que cualquier cuñado de grupo de guasap. Lo anotan catedráticos de Derecho Constitucional de diversos credos, en cuyos análisis deslizan algo que debería parecernos terrorífico: Sánchez ha banalizado groseramente una herramienta excepcional de la democracia.

40 años sin cumplir

El Estatuto de Gernika acaba de cumplir 40 años. Algunos vamos para viejos. Aunque todavía estaba lejos de la edad de votar, recuerdo perfectamente los Bai gigantes pintados con mejor o peor gusto en las paredes. También un coche —juraría que un Renault 12 azul— con megafonía atronadora recorriendo el barrio en bucle para llamar a los vecinos a votar en aquel referéndum. Ese vehículo se cruzaba con otro que profería a todo trapo sapos y culebras contra el texto que se sometía a votación y pedía que no se acudiera a las urnas a dar validez al Estatuto de La Moncloa. La banda sonora entre consigna y consigna era Lepoan hartu. Y para completar el retrato, también tengo grabadas en mi memoria las inserciones publicitarias, creo que en La Gaceta del Norte, de Alianza Popular abogando sin matices por el No a algo que suponía la destrucción de España.

Empezando por lo último, es gracioso que el PP, sucesor sin ruptura de aquella AP de Fraga, Arias Navarro y demás quincalla que había compartido consejo de ministros con Franco, sea quien enarbole con mayor frenesí aquel texto y tenga el rostro de alabastro de decir que es el instrumento que une a todos los vascos. Bien es cierto que tal mentira, defendida al unísono con el PSE, se basa en una circunstancia que no dejo de señalar de aniversario en aniversario: vacío de su contenido, con casi 40 transferencias eternamente incumplidas, el Estatuto resulta un chollo para el centralismo cada vez más asilvestrado. Es triste a la par que revelador pensar que cuatro décadas después, ese documento tan celebrado habría sido echado atrás sin miramientos en las Cortes españolas.

¿Y qué opina Alonso?

Si lo piensan, tampoco es tan extraño que el petimetre Pablo Casado, un tipo que se merca másteres de Harvard en Aravaca y que cree que Getxo está en Gipuzkoa, vaya por ahí expandiendo la idea de que la Ertzaintza es una especie de policía de la señorita Pepis. Este humilde columnero que les canta las mañanas ni se molestó en indignarse ante la penúltima soplagaitez del ahijado putativo de Aznar. Me limité a sonreír con resignación cuando le escuché vomitar que si llega a Moncloa, hará que la Policía Nacional y la Guardia Civil, presunta Benemérita, tengan prevalencia sobre el resto de los cuerpos de orden público.

Qué santa paciencia, la de Aitor Esteban al contestarle lo obvio: que el Estatuto de Gernika, incluso en la parte más o menos cumplida y creíamos que asumida por todos, deja claro el carácter de la Ertzaintza como policía integral. Es más, si hay algo sujeto a debate es la negativa reiterada a replegar a los de los uniformes azules y verde oliva. Como sostuvo el portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, la memez del chisgarabís palentino entra en la categoría de agresión a ese Estatuto que tan fariseicamente festejado. Y aquí es donde uno se acuerda de Alfonso Alonso, nominalmente responsable del PP vasco o, según me decía el otro día una lengua viperina, el encargado de ventas de la zona norte. Tengo la certeza de que ni de lejos comparte la demasía de su jefe y que en su fuero interno está que fuma en pipa, pero algo me dice que no saldrá a enmendarle la plana. Bajará la testuz y, como las veces anteriores, dirá que estamos haciendo una “lectura nacionalista” de las palabras de Casado. Apuesten algo.

‘Provincias traidoras’

Casi no merece la pena ni indignarse. Más bien, procede ahorrarse el berrinche y tomarse a beneficio de inventario la penúltima —vendrán mil más— pasada de frenada del PP con las transferencias eternamente pendientes. Es verdad que al Gobierno vasco le tocaba, como ha hecho ayer mismo, poner el grito en el cielo por la ruindad sin límites que supuso haber promovido una moción en el Senado exigiendo al gobierno de Sánchez que incumpla la legalidad, es decir, que bloquee el calendario previsto para el traspaso de lo muchísimo que todavía queda por llegar. Sin embargo, el pronunciamiento, que ha resultado firme y tiene el valor de venir avalado por los dos socios del Ejecutivo, llega cuando ese capitulo de iniquidad ya ha sido desbordado.

Ahora estamos donde no hubiéramos imaginado ni en lo más crudo de los años del plomo. De hecho, hemos vuelto al lenguaje del epílogo del último parte de la guerra civil, cuando los vencedores eliminaron el sistema foral de las “provincias traidoras”, Bizkaia y Gipuzkoa. El pizpireto líder de las falanges genovesas, Pablo Casado, ha actualizado la terminología, pero los resabios son los mismos. “Comunidades desleales” es la nueva acuñación del individuo, que no tiene empacho en proclamar que cuando gobierne retirará las competencias que sea menester a los terruños que no observen la debida adhesión inquebrantable al régimen que pretende (re)instaurar con la ayuda del figurín figurón naranja y del cid campeador de Amurrio. Y el PP vasco, silbando a la vía. El 25 de octubre tendrán los santos bemoles de soltar que el Estatuto sobre el que se ciscan es el que une a los vascos.

La (i)legalidad según el PP

Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu otra mano derecha. O bueno, sí, que lo sepa, y que se la refanfinfle que sea exactamente lo contrario de lo que se anda propalando a voz en grito. Como habrán adivinado por el título, me refiero al PP. Menudos aplausos con las orejas al Borbón reinante por haberse pasado por entre las ingles su obligada neutralidad —jua, jua, jua— para atizar la enésima colleja a los soberanistas catalanes. “Sin legalidad no hay democracia”, tuvo el cuajo de moralizar el vástago del Campechano, como si no supiéramos que él está donde está gracias a la legalidad franquista.

Pero otro día exploro ese jardín. Hoy me centro, como apuntaba arriba, en el desparpajo de la banda de Casado, que horas después de hacer la ola a esa filípica —o felípica, en este caso— se hicieron mangas y capirotes con ella en el Senado al aprovechar su mayoría absoluta para aprobar una moción que insta al gobierno de Sánchez a no completar las transferencias pendientes a la Comunidad Autónoma Vasca. Ojo, todas y cada y una de ellas, desde las que más sarpullidos les arrancan —Prisiones y Seguridad Social— hasta la más triste devolución de medio kilómetro de línea ferroviaria. ¿Acaso no es eso instar al incumplimiento vergonzante de la legalidad emanada, no se pierda de vista, del festejado Estatuto de Gernika y de la sacrosanta Constitución española? Tampoco es cuestión de sacar a paseo los grandes exabruptos, pero sí procede recordar que cuando la vaina es al revés, las bocas se llenan con la demasía del golpe de estado. En esta ocasión, sin embargo, la democracia es fumarse un puro con la ley. Así es el PP.

No nos resignemos

39 años y un mes después, llegan a la demarcación autonómica las transferencias de 6 kilómetros de una autopista y 14 de dos líneas de ferrocarril de mercancías. Un pellizquito a descontar del Cupo. No me digan que no es motivo de celebración. Casi para sacar la gabarra, si no fuéramos a herir sensibilidades. Pero eso no es todo, oigan. Lo rebueno es que hay un calendario. ¿El de los bomberos? ¡Ca! ¡Mucho mejor! Uno que hace el inventario de lo que ponía en el Estatuto de 1979 en la fila de la derecha, mientras que en la de la izquierda figuran las fechas en las que el muy cumplidor Estado español va a ir devolviendo el trigo a su dueño nominal. ¿Como las anotaciones de las deudas en la barra de hielo? Por ahí debe de ir la cosa, con el pequeño matiz de que el gobierno presuntamente pagador está en situación de interinidad y podría ser que pasado mañana, cuando toquemos el timbre para ver qué hay de lo nuestro, nos contesten que Pedro ya no vive aquí y que las reclamaciones, al maestro armero.

Admito que me llamen pinchaglobos, incluso antes de que les revele el minúsculo detalle de que la ministra Batet, cabeza del equipo negociador español, ha dejado claro que, sintiéndolo mucho, la Seguridad Social (artículo 18.2) se cae de la lista de lo demandable. Bastante será que se ponga sobre la mesa la competencia de Prisiones, esa que Marlaska dijo que no y Celaá que quién sabe.

Comprende uno que, con la amenaza ultracentralizadora de la tripleta Casado-Rivera-Abascal cerniéndose en el horizonte, quepa apechugar con la teoría del mal menor. Pero resignarse a quedarnos sin lo que es ley no debería ser una opción.