Autor: Javier Vizcaíno

Libertad de voto

El domingo pasado a mediodía las portadas digitales regalaban uno de esos titulares que a la hora de la merienda agonizan al fondo de la página. Raro que es uno, este es el minuto en que sigo dándole vueltas a lo que quizá a la mayoría de ustedes les parecerá una nadería. Aunque había varias versiones, el enunciado más común era este: “Unió concede libertad de voto a su militantes en la consulta del 9-N”. En el primer bote, se manifiesta una eterna duda que nadie me ha satisfecho a pesar de que llevo largo tiempo preguntándolo: ¿Qué es realmente Unió? Desde la distancia y, probablemente, el desconocimiento, a mi me suena a puro residuo histórico que sobrevive pegado a la chepa de Convergencia y que no obtendría más de tres concejales si abandonara el cómodo y generoso vientre que lo acoge. En muchos aspectos me recuerda a… Bueno, dejémoslo, que me lío y no les hablo de lo sustancial del entrecomillado, es decir, de lo de la libertad de voto a la militancia, cuestión que se extiende más allá de Unió. Que tire la primera piedra el partido que esté libre de pecado.

El partido… o los propios militantes, que se dejan tratar como ovejas. Si analizan la frase por el reverso, notarán que se da por supuesto que en otras circunstancias, los afiliados están obligados a votar lo que les manden, so pena de ser considerados ejemplares descarriados y exponerse al correspondiente comité disciplinario. Otra cosa es, siendo secreto el sufragio, cómo narices se va a identificar a los renegados que se atreven a desafiar el imperativo de la dirección. ¿Habrá policías de conciencia? Pues no lo descartaría.

Incorrompibles o así

Me emociona comprobar la honradez inquebrantable de mis congéneres. La teórica, claro, la que se manifiesta en condiciones de laboratorio, en un vacío moral donde la integridad no corre el menor riesgo. En esas circunstancias completamente ajenas a la posibilidad de realización práctica, resulta que 99 de cada 100 mortales consultados aseguran que jamás aceptarían una tarjeta de crédito de la que tirar a discreción sin que el saldo de la cuenta propia disminuya ni un céntimo. Algunos hasta se ofenden por la duda, y la mayoría se descuelga con una filípica morrocotuda sobre la falta de principios y valores. La lanzan con tanta vehemencia que se queda uno avergonzado para sus adentros, pensando que ni con aceite hirviendo confesará que es la excepción de la centena, aunque ahora que caigo, me acabo de delatar ante ustedes.

Caray, no me miren así. No estoy diciendo que me tiraría en plancha a coger el plastiquito mágico. Solo que le daría un par de vueltas al asunto. Lo más probable es que al final pediría que apartaran de mi ese cáliz. Llevado por algún leve prejuicio ético, sí, pero más que nada —y aquí quizá vuelva a decepcionarles—, por miedo a que me pillasen, que es el mismo motivo que me impide mangar un libro en El Corte Inglés o colarme en el metro.

Júzguenme tan duramente como crean conveniente, pero no sin haber hecho antes su propio examen de conciencia al respecto. A sus pies, si salen del envite con buena nota. Y después, dediquen un tiempo a reflexionar sobre cómo es posible que, siendo los campeones de la virtud, surja a nuestro alrededor semejante cantidad de ladrones sin escrúpulos.

Temperatura social

La soberanía vasca, ¿sola o con sifón? O sea, ¿por las malas o con pacto? Ya quisiera tener la respuesta, pero les confieso que no me alcanza la clarividencia para tanto. Por un lado, se me hace cuesta arriba la idea de acordar lo que sea con quien, aparte de haber demostrado ser mal cumplidor, no quiere ni oír hablar del peluquín. Por otro, mi posibilismo me dice que lo del portazo y el ahí te quedas está muy bien como bravata, pero tiene muy pocos visos de realización práctica.

Menudo dilema, ¿no? Siento decir que, en realidad, no lo es. Ojalá llegue a serlo, porque eso significará que hemos llegado al punto en el que hay que tomar tal decisión. Ahora mismo solo es un debate de fogueo, una pura discusión teórica con el riesgo añadido de dividir (más) a quienes afirman compartir una causa común. Tanto dará que hayan ganado quienes abogan por el divorcio civilizado o los que prefieren cortar por lo sano, si en el momento del envite resulta que no hay el suficiente número de personas para respaldar una u otra vía.

Estará bien que los que nos decimos soberanistas vayamos pensando cómo afrontar la salida de España, y mejor todavía, que tengamos diseñado un país por el que haya merecido la pena el viaje. Sin embargo, no podemos poner el carro delante de los bueyes, salvo que nos estemos haciendo trampas en el solitario y todo esto sea una cínica manera de no conseguir nunca lo que aseguramos que queremos. A día de hoy, lo que nos hace falta es la temperatura social necesaria para echar a andar. Mientras los esfuerzos no se centren ahí, solo estaremos comprando boletos para una nueva frustración.

¡Suspendan mi autonomía!

Lo del 155.1 de la hispánica Constitución es una vieja cantinela. La de veces que nos la habrán entonado a los pérfidos vascones en los tiempos del Plan Ibarretxe. Con la vena hinchada, los ojos fuera de las órbitas y un hilillo de baba patriótica colgando de la comisura de los labios, los tertulieros y columneros de la época —que, básicamente, son los de ahora— se venían arriba clamando por la suspensión de la autonomía vasca. La performance solía adornarse con menciones a tanques paseando por la Gran Vía o el Boulevard, y/o ensoñaciones del lehendakari y los miembros del Gobierno vasco tripartito vestidos con pijama a rayas y engrillados por los tobillos. Escuchando o, si era el caso, leyendo aquella sarta de soplagaiteces, debo reconocer que a mi también se me ponían los dientes largos, pero a la inversa. Vamos, que me daba por pensar que no caería esa breva.

O estoy muy equivocado, o algo así se están maliciando los partidarios de la consulta catalana al escuchar de nuevo las desorejadas apelaciones al tal 155.1. No se me ocurre mejor impulso para un movimiento que ya va sobrado de fuelle que la aplicación del artículo de marras. Sería el insulto final y sin vuelta atrás. Enardecería a los convencidos y terminaría con las dudas de muchos de los que aún creen que España es el mal menor.

La cuestión es que Rajoy tiene la excusa para invocar el 155.1 y la mayoría absoluta necesaria (solo se requiere la del Senado, cosa curiosa) para aplicarlo. En virtud del 8.1 del mismo libro de instrucciones, la misión se encomendaría a las Fuerzas Armadas. ¿Llegaremos a verlo? No me atrevo a apostar.

Corrupción institucional

Al girar la puerta, no necesariamente hay una eléctrica o una teleco. Alberto Ruiz-Gallardón, por ejemplo, se encontró con un Consejo Consultivo. El de la Comunidad de Madrid, esa que anda afeando a los demás no sé qué privilegios y prebendas. Puede sonar a premio de consolación, pero, oigan, son 8.500 euros del ala al mes por una reunión semanal que se celebra los miércoles, salvo, imagino, cuando le toca Champions a los merengues. Hasta el sastre de Tarzán trabaja más. El lote incluye coche oficial, despacho, secretaria (o secretario, digo yo) y la utillería de rigor, a saber, Iphone del copón, tablet de quitar el hipo y resmillería personalizada. ¡Ah! Y para que luego digan de la temporalidad de los contratos, se trata de un puesto vitalicio. Sin periodo de prueba ni nada. Aquí te ficho, aquí cobras la primera dieta: no se le habían secado las lágrimas por la dimisión del martes, y el jueves estaba ya a la orden. Solo el Tribunal Constitucional resolviendo recursos contra Catalunya tiene acreditada tal celeridad.

Por lo demás, al progre más ultra (o viceversa) no le va a faltar buena compañía. Preside la cosa Ignacio Astarloa, presunto muñidor de algún indulto firmado por el propio Alberto, culo conocedor de una amplia panoplia de cargos, y todavía diputado en el Congreso; las incompatibilidades son para para los pringaos. También hay otra media docena de perfectos desconocidos y, rematando el lustre, ese simpático bribón de la política que atiende por Joaquín Leguina. Se pregunta uno qué necesidad tendrá este ganado de andar con sobres y cajas B, si tienen la corrupción institucionalizada.

Niñas mutiladas

Según datos de Emakunde, en la Comunidad Autónoma hay 800 niñas en riesgo de sufrir ablación. En Navarra se estima que pueden ser unas 100 actualmente, mientras que un estudio realizado entre 2008 y 2011 identificó a 293 menores de 14 años que habían sido objeto de la mutilación genital. Les ahorro los espeluznantes detalles sobre cómo se practica la amputación del clítoris de las pequeñas, pero ya imaginarán que estas operaciones en las que se despoja a las mujeres de su capacidad para sentir placer sexual se realizan en condiciones más cercanas al matadero que al quirófano. En la mayoría de los casos acreditados, el cercenamiento tiene lugar aprovechando unas vacaciones familiares en el país de origen.

De acuerdo con las leyes españolas, se trata de un delito penado con varios años de cárcel para sus autores, conocedores o instigadores. Aparte de que la reforma de la Justicia Universal ha venido a dificultar (o impedir) su persecución,  la realidad, sin embargo, es que muy pocos casos han llegado a los tribunales y que las condenas han sido excepcionales. En la última memoria de la Fiscalía Superior del País Vasco se justifica lo que podría parecer inhibición respecto a dos casos detectados en Araba diciendo que sancionar a los padres supondría incrementar el sufrimiento de las niñas.

Hace unos meses, Asha Ismail, mujer mutilada y activista contra la ablación, me decía que no le cabía en la cabeza que en nombre del progresismo y el multiculturalismo pésimamente entendido se pudiera guardar silencio o, peor aun, justificar esta barbarie en pleno siglo XXI. ¿Acaso esto no es heteropatriarcado?

Giorgio Pujolone

Dando la razón a las viejas maledicencias mesetarias, el pasado viernes Jordi Pujol se apareció en el Parlament como Giorgio Pujolone, capo di capi de la Cosa Nostra institucional en la Catalunya peninsular. Totó Riina y Bernardo Provenzano, padrinos de la marca original siciliana, tienen acreditadas actuaciones similares ante los tribunales que llegaron a juzgarlos y condenarlos. Desde el banquillo de los acusados, se revolvían como hidras jurando (o sea, perjurando) que solo eran  honrados campesinos, afirmación que ellos mismos desmentían al advertir a jueces y fiscales de las funestas consecuencias que tendría tocarles un pelo. Su caída —amenazaban, y de algún modo se cumplió— precipitaría el hundimiento de las más altas instancias del Estado italiano. La versión del (creo que) todavía dignificado como Molt Honorable fue la metáfora de la rama y el árbol, que no deja de ser una adaptación del universal chiste del paciente que le agarraba de sus partes al dentista: “No nos iremos a hacer daño, ¿verdad, doctor?”.

De perdido al río, a Zu Pujolone no le queda otra que la huida hacia adelante. Su comportamiento es tan despreciable como humanamente comprensible. Consciente de que su lugar en la Historia se ha ido al guano —hasta que lo rehabiliten, como se hizo con el ilustre corrupto Indalecio Prieto, por ejemplo—, su única aspiración es limitar daños, especialmente para su famiglia, puesto que él está amortizado. Ha sido una jugada muy hábil recordar en presencia de no pocos de sus cómplices de siglas múltiples que sus presuntos delitos fueron perpetrados a la vista y con beneficio de muchos.