‘Provincias traidoras’

Casi no merece la pena ni indignarse. Más bien, procede ahorrarse el berrinche y tomarse a beneficio de inventario la penúltima —vendrán mil más— pasada de frenada del PP con las transferencias eternamente pendientes. Es verdad que al Gobierno vasco le tocaba, como ha hecho ayer mismo, poner el grito en el cielo por la ruindad sin límites que supuso haber promovido una moción en el Senado exigiendo al gobierno de Sánchez que incumpla la legalidad, es decir, que bloquee el calendario previsto para el traspaso de lo muchísimo que todavía queda por llegar. Sin embargo, el pronunciamiento, que ha resultado firme y tiene el valor de venir avalado por los dos socios del Ejecutivo, llega cuando ese capitulo de iniquidad ya ha sido desbordado.

Ahora estamos donde no hubiéramos imaginado ni en lo más crudo de los años del plomo. De hecho, hemos vuelto al lenguaje del epílogo del último parte de la guerra civil, cuando los vencedores eliminaron el sistema foral de las “provincias traidoras”, Bizkaia y Gipuzkoa. El pizpireto líder de las falanges genovesas, Pablo Casado, ha actualizado la terminología, pero los resabios son los mismos. “Comunidades desleales” es la nueva acuñación del individuo, que no tiene empacho en proclamar que cuando gobierne retirará las competencias que sea menester a los terruños que no observen la debida adhesión inquebrantable al régimen que pretende (re)instaurar con la ayuda del figurín figurón naranja y del cid campeador de Amurrio. Y el PP vasco, silbando a la vía. El 25 de octubre tendrán los santos bemoles de soltar que el Estatuto sobre el que se ciscan es el que une a los vascos.

La (i)legalidad según el PP

Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu otra mano derecha. O bueno, sí, que lo sepa, y que se la refanfinfle que sea exactamente lo contrario de lo que se anda propalando a voz en grito. Como habrán adivinado por el título, me refiero al PP. Menudos aplausos con las orejas al Borbón reinante por haberse pasado por entre las ingles su obligada neutralidad —jua, jua, jua— para atizar la enésima colleja a los soberanistas catalanes. “Sin legalidad no hay democracia”, tuvo el cuajo de moralizar el vástago del Campechano, como si no supiéramos que él está donde está gracias a la legalidad franquista.

Pero otro día exploro ese jardín. Hoy me centro, como apuntaba arriba, en el desparpajo de la banda de Casado, que horas después de hacer la ola a esa filípica —o felípica, en este caso— se hicieron mangas y capirotes con ella en el Senado al aprovechar su mayoría absoluta para aprobar una moción que insta al gobierno de Sánchez a no completar las transferencias pendientes a la Comunidad Autónoma Vasca. Ojo, todas y cada y una de ellas, desde las que más sarpullidos les arrancan —Prisiones y Seguridad Social— hasta la más triste devolución de medio kilómetro de línea ferroviaria. ¿Acaso no es eso instar al incumplimiento vergonzante de la legalidad emanada, no se pierda de vista, del festejado Estatuto de Gernika y de la sacrosanta Constitución española? Tampoco es cuestión de sacar a paseo los grandes exabruptos, pero sí procede recordar que cuando la vaina es al revés, las bocas se llenan con la demasía del golpe de estado. En esta ocasión, sin embargo, la democracia es fumarse un puro con la ley. Así es el PP.

Calendario, por lo menos

Y todavía habrá que dar las gracias. A principios del año en que el Estatuto de Gernika cumple cuatro decenios, el gobierno eventual de Pedro Sánchez ha hecho llegar a las pacientes autoridades de la demarcación autonómica un calendario para negociar las transferencias eternamente pendientes. De saque, queda fuera todo lo que tiene que ver con esa fruta prohibida que es la gestión de la Seguridad Social y se deja para el postre la presuntamente peliaguda competencia de prisiones.

Manda pelotas, por demás, que siendo así, tengamos que asistir al posturero rasgado de vestiduras del ultramonte, vendiendo la especie de que el inquilino de Moncloa se ha bajado los bombachos no ya ante el PNV, sino la izquierda abertzale y, ya que nos ponemos, ETA. Les juro que cosa similar cacareaba anteayer en su editorial aquel diario que fundó Pedrojota. Y no crean que anda lejos el PP; ya escuchamos a Casado gritar con los ojos fuera de las órbitas que impediría que Zaballa se convierta en “catedral de ETA”. Cualquiera le explica al aznárido alevín que el acercamiento de reclusos no tiene demasiado que ver con la asunción de la política penitenciaria tal y como se dejó plasmado negro sobre blanco en el Estatuto que tanto le gusta a su partido esgrimir como supuesta argamasa de los ciudadanos de los tres territorios. De cumplirlo, que es de lo que se trata simple y llanamente, ya tal.

Resumiendo, que entre la pachorra y la racanería de los actuales mandarines españoles y la cerrilidad de las envalentonadas derechas unas y trinas, dan ganas de cortar por lo sano. Pero lo práctico es no hacerlo… todavía. Menos da una piedra.

«Estatuto sobrepasado»

Lo que es la globalización. Ahora resulta que los votos de las elecciones andaluzas se pescan en la pérfida Vasconia. Y como parece que entre los emergentes ultramontanos de Abascal y los naranjitos entreverados de azul mahón se le está poniendo la cosa muy chunga a la menudencia que encabeza las listas del PP en la Bética y la Penibética, toca echar las pelágicas a todo trapo en el Cantábrico. En esas tenemos al Lepencitín Casado, que mientras su candidato pide el voto a una vaca —les juro que es literal—, se deja la garganta prometiendo expropiar las competencias de Educación, Sanidad y no sé cuantas cosas más. Por supuesto, con el añadido de conjurarse para que jamás de los jamases se transfiera a Euskadi la gestión de la Seguridad Social y, faltaría más, la de prisiones.

Serían solo cansinos regüeldos del chisgarabís venido a más que ahora manda en los gavioteros, si no fuera porque el baranda de la sucursal vascongada ve la apuesta de su jefe y la sube hasta el quinto pino. Tirando de esa parraplería de cuñao con cuatro vinos que cada vez le sale mejor, Alfonso Alonso soltó anteayer —con Iturgaiz el de los dedos largos como testigo de primera fila— que el Estatuto de Gernika no solo está cumplido, sino desbordado. Lo que están leyendo. 37 transferencias sin venir desde 1979 —35, según las cuentas a su favor de la ministra Batet—, y el que cada 25 de octubre, aniversario de la cosa, se viste de domingo para cantar las excelencias del texto presuntamente sagrado se engorila del modo que les acabo de relatar. Luego se extrañará el chistoso Alonso de la irrelevancia imparable de la formación que dirige.

No nos resignemos

39 años y un mes después, llegan a la demarcación autonómica las transferencias de 6 kilómetros de una autopista y 14 de dos líneas de ferrocarril de mercancías. Un pellizquito a descontar del Cupo. No me digan que no es motivo de celebración. Casi para sacar la gabarra, si no fuéramos a herir sensibilidades. Pero eso no es todo, oigan. Lo rebueno es que hay un calendario. ¿El de los bomberos? ¡Ca! ¡Mucho mejor! Uno que hace el inventario de lo que ponía en el Estatuto de 1979 en la fila de la derecha, mientras que en la de la izquierda figuran las fechas en las que el muy cumplidor Estado español va a ir devolviendo el trigo a su dueño nominal. ¿Como las anotaciones de las deudas en la barra de hielo? Por ahí debe de ir la cosa, con el pequeño matiz de que el gobierno presuntamente pagador está en situación de interinidad y podría ser que pasado mañana, cuando toquemos el timbre para ver qué hay de lo nuestro, nos contesten que Pedro ya no vive aquí y que las reclamaciones, al maestro armero.

Admito que me llamen pinchaglobos, incluso antes de que les revele el minúsculo detalle de que la ministra Batet, cabeza del equipo negociador español, ha dejado claro que, sintiéndolo mucho, la Seguridad Social (artículo 18.2) se cae de la lista de lo demandable. Bastante será que se ponga sobre la mesa la competencia de Prisiones, esa que Marlaska dijo que no y Celaá que quién sabe.

Comprende uno que, con la amenaza ultracentralizadora de la tripleta Casado-Rivera-Abascal cerniéndose en el horizonte, quepa apechugar con la teoría del mal menor. Pero resignarse a quedarnos sin lo que es ley no debería ser una opción.

Un chollo de Estatuto

25 de octubre, fugazmente San Patxi y San Antonio (Basagoiti) en aquel trienio pardo de gobierno vasco sociopopular que decidió convertir en fiesta de guardar el aniversario de la aprobación del eternamente incumplido Estatuto de Gernika. Hoy, que se alcanza la trigesimonovena vuelta completa de calendario, aunque vuelva a ser jornada laborable, tocará asistir de nuevo al orgasmo celebratorio justamente a cargo de quienes han perpetrado con diurnidad y alevosía su vaciado sistemático de contenido. Se le ocurren a uno pocos ejercicios de hipocresía semejantes. O mejor dicho, de cinismo y de ventajismo: los mutiladores contumaces del texto lo glorifican como supuesta gran cúpula celeste bajo la que viven felices las vascas y los vascos de la demarcación autonómica.

Ocurre que tal martingala no cuela. Hace mucho que dejó de ser verdad que la carta del 79 concita el acuerdo mayoritario de los censados en los tres territorios. Y miren que podía haber sido así. Quizá si se hubieran ido cumpliendo los mandatos que el documento deja negro sobre blanco, hoy tendríamos algo parecido a ese consenso inventado. Pero no ha habido la menor intención ni —todavía peor— la hay a día de hoy, como acaba de dejar claro el presidente español, Pedro Sánchez, en el Senado con su lapidaria al tiempo que reveladora frase sobre la competencia en materia de Seguridad Social: “Si no se ha completado en 30 años, por algo será”. Lo triste es que el principio es de aplicación para cada una de las disposiciones que no han pasado del papel a los hechos. Si lo piensan, los festejos son totalmente comprensibles: este Estatuto es un chollo.

San Patxi, c’est fini

Espero que esta sea la definitiva, porque ya he perdido la cuenta de las veces que hemos anunciado la derogación del 25 de octubre como Día de Euskadi, también conocido en algunos círculos como San Patxi, en dudoso honor de quien lo calzó en el calendario aprovechando que la izquierda abertzale estaba de excedencia por ilegalización. En todas las ocasiones, además, nos ha tocado ilustrar la noticia con el consabido salpicón de declaraciones recalentadas hasta la náusea. Como si los que instauraron la cosa por joder un rato, o sea, para marcar paquete constitucionalista, no supieran desde el mismo minuto en que lo hicieron que aquello tenía fecha de caducidad. Manda pelotas que se empeñen en venirse arriba con lo que nos une a todos, cuando el trozo mayor de ese supuesto todos había dejado claro que celebraría antes San Cucufato que el aniversario de la aprobación de un Estatuto que ha resultado el timo de la estampita. Leñe, que alguna vez tendremos que acabar con la costumbre de este pueblo —véase el 31 de agosto en Donostia— de convertir en fiesta las derrotas y las catástrofes.

Si ya en origen y por buenas intenciones que tuviera, el texto de Gernika era, en el mejor de los casos, un apaño para ir tirando, su contumaz incumplimiento por parte de los gobiernos españoles ha acabado convirtiéndolo en una broma de pésimo gusto. Qué puñetera casualidad que los mentados gobiernos que se lo pasaban por la sobaquera hayan estado en manos de los dos partidos que promovieron su efeméride y que siguen defendiéndola con lo más granado de su artillería dialéctica. Apenas se les nota que lo que les pone cachondos del articulado del 79 es que, vaciado de contenido hasta situarnos en algunas materias por debajo de las competencias de Murcia, marca el non plus ultra de lo que su jacobinismo rojigualdo y ramplón está dispuesto a ceder. Qué menos que no festejarlo.