Por Txema Montero. Bilbao
ENTRE los años 1893 y 1902, Sabino Arana fue llevado en siete ocasiones ante los tribunales y se puede decir, sin incurrir en exageración, que casi toda su vida política activa resultó un vía crucis judicial. Las denuncias, interpuestas por el Fiscal del Rey por delitos que hoy denominaríamos «contra la Constitución, el orden público o traición e independencia del Estado», terminaron en sobreseimiento o amnistiados, lo que no impidió que permaneciera en prisión provisional durante la instrucción de varias de las causas. En una sola ocasión fue condenado y cumplió pena efectiva de un mes y once días: un exconcejal y médico bilbaino llamado Filomeno Soltura le había acusado de injurias. Resulta interesante observar que esa única condena fue dictada por un Tribunal de Derecho, esto es, compuesto por jueces profesionales. En las demás ocasiones, cuando fue juzgado por un Tribunal de Jurado formado por sus convecinos, resultó siempre absuelto.
Estamos en septiembre de 1895, cuando en el semanario Bizkaitarra se publica un artículo titulado La invasión maqueta de Guipúzcoa. Fue el último número. La autoridad judicial lo clausuró, al igual que hizo con el Euskaldun Batzokija. Procesó a sus 110 socios y encarceló a la Junta de Gobierno, incluido Sabino Arana, quien permaneció en prisión preventiva hasta enero del año siguiente cuando, una vez absuelto por el Jurado, fue puesto en libertad. Arana Goiri fue defendido por Daniel de Irujo, padre del luego dirigente jeltzale Manuel de Irujo, quien durante la II República española fue ministro de Justicia y primer nacionalista miembro de un gobierno español. A su dimisión, en 1937, fue sustituido por Tomás Bilbao, de ANV.
No era ese el único vínculo familiar entre justicia y política presente en los estrados del tribunal durante aquel juicio. La fiscalía estaba representada por Fermín Moscoso del Prado, riojano de origen y afincado en Bilbao. En Arrigorriaga, precisamente, nació su descendiente Carlos Moscoso del Prado Iza, quien con el tiempo ingresó en el Ejército español. Destinado en Pamplona con empleo de capitán, fue pieza clave en la conspiración y rebelión facciosa en Navarra organizada por el general Emilio Mola Vidal en julio de 1936. Carlos Moscoso alcanzó el grado de general de brigada del ejército franquista. Su hijo, Javier Moscoso, quien nunca hizo uso, vaya usted a saber por qué, de la segunda parte de su apellido compuesto, fue ministro del primer gobierno de Felipe González y posteriormente fiscal general del reino. La genealogía familiar de los Moscoso resulta ser un paseo circular que se inicia con un fiscal del rey y culmina con un fiscal del reino, espadón sublevado mediante.
Provocación a la independencia El primer Moscoso tuvo una intervención antológica en aquel juicio contra Sabino Arana. Se daba la circunstancia de que en el Código Penal entonces vigente para la península no existía ningún delito que castigara «la provocación a la independencia» que, sin embargo, y por razones de evidente guerra colonial, sí lo estaba en Puerto Rico, Cuba y Las Filipinas. Tal omisión era motivo de amarga dolencia para Francisco Romero Robledo, a la sazón ministro de Gracia y Justicia y presidente del Tribunal Supremo. Romero se quejaba de que «en una provincia, aunque parezca increíble, un periódico bizkaitarra… enarbola banderas de rebeldía contra la integridad de España y por la insuficiencia de la ley, por la indefinición del delito, viene subsistiendo aquél papel (semanario) …por lo que el Código Penal debe ser reformado en este punto…».
Ni siquiera al lector menos atento se le escapará la coincidencia entre la propuesta de reforma del código penal que pretendía y consiguió el ministro Romero con similares prácticas del presidente José María Aznar, quien más de un siglo después, el año 2003, introdujo como nuevo delito la convocatoria de consulta popular al margen del Parlamento español con un destinatario predeterminado: el lehendakari Juan José Ibarretxe. Tamaña aberración jurídica, cambiar la ley para hacer la trampa, fue derogada por el presidente Zapatero en 2005. Sin embargo, a fecha de hoy vuelve a ser propuesta por influyentes medios de comunicación españoles y sectores del Partido Popular. El partido UPyD, siempre presto si de la unidad constitucional del reino se trata, presentó en el Congreso el pasado mes de octubre una proposición de ley orgánica para recuperar el delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por medio de referéndum, que tiene como destinatario inmediato al president de Catalunya, Artur Mas.
Puesto que, a diferencia de los territorios de ultramar, al fiscal Moscoso le faltaba base legal para mantener su acusación en territorio peninsular, fundamentó su alegato en que Arana Goiri injuriaba y calumniaba a España y, por tanto, no era otra cosa que un perturbador social que alteraba la convivencia en defensa de una utopía sostenida sobre una mentira histórica: la originaria independencia de Bizkaia y subsiguiente pérdida de su soberanía tras la abolición foral. El abogado defensor Daniel Irujo aprovechó tal argumento para darle la vuelta, al tiempo que promocionaba las tesis políticas de su defendido. Ilustró al jurado sobre el auténtico sentido de los Fueros como «Constitución, códigos y leyes de las naciones euskaras», acusando al Reino de España de incumplimiento de la Ley de 25 de octubre de 1839 que dio fin a la I Guerra Carlista «por la que se confirmaban los fueros… sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía», coletilla que ha sido el portillo por donde han pasado todas las demás leyes atentatorias de nuestras libertades hasta la última (Abolitoria de los Fueros) de 21 de julio de 1876. El brillante alegato de Irujo, magnífico ejemplo de defensa jurídico-política sin concesiones a la acusación, resultó eficaz pues, queda dicho, el jurado absolvió a Sabino Arana y quizás saliese convencido de su programa político. Lo cierto es que el despegue electoral del bizkaitarrismo, luego nacionalismo vasco, se inició después de aquel juicio.
Carta a Roosevelt, ‘en rebeldía’ El último proceso en el que se enjuició a Arana Goiri tuvo lugar en 1902 y en un contexto más peliagudo si cabe. España había perdido las posesiones de Ultramar y Cuba, conseguido la independencia. El 26 de mayo de aquel año, Sabino Arana mandó depositar en la oficina de Correos de Bilbao su célebre telegrama felicitando al presidente Roosevelt por «haber librado de la esclavitud» al pueblo de Cuba, añadiendo que «si Europa lo imitara también sería libre la Nación Vasca, su pueblo más antiguo que más siglos gozó libertad rigiéndose constitución que mereció elogios de Estados Unidos» (en referencia a John Adams, admirador de los fueros vascos, padre fundador y segundo presidente de EE.UU., redactor de la Constitución de Massachussets, matriz de la Constitución Federal). Para entonces, el ministro Romero Robledo ya había conseguido su propósito y el telegrama de Sabino podía ser legalmente considerado un delito consumado de rebelión, toda vez que el Código Penal había sido reformado por ley de 1 de enero de 1900 incluyendo un nuevo artículo a tal fin. En consecuencia, el fiscal del rey solicitó para el reo una condena de 8 años y un día de prisión.
El fiscal conocía al detalle el planteamiento de la defensa, no en vano se trataba de un asunto similar al que había dado lugar al juicio de 1895 y el acusado estaba representado por el mismo abogado, Daniel de Irujo. Como la nueva ley le favorecía y curándose en salud ante la certeza de que había de encarar un nuevo proceso político, el fiscal advirtió a Irujo que de repetir su argumentación de años atrás pediría la suspensión del juicio y el procesamiento del propio letrado porque «la libertad de defensa… no puede ser empleada… para engañar ni sorprender a las personas que le escuchan» (en referencia al jurado y al público asistente). ¡Increíble, pero cierto!: El fiscal trataba de amedrentar al defensor poniendo bajo control al jurado y en guardia al público asistente.
Amenazas del fiscal Irujo no se amilanó: «No hablaré mal de ninguna patria, hablaré sí a favor del País Vasco, que tan maltratado ha sido en el elocuente discurso del representante de la ley… y hablaré a favor del procesado, que para esto he venido aquí». El fiscal, porfiando, fue más lejos y, dirigiéndose a los jurados, dijo: «Si vosotros no ponéis remedio a esto, ya sabéis que lo único a donde puede llegarse por ese camino es a la guerra civil… y os digo esto porque la historia nos dice que las provincias catalanas perdieron sus fueros por una guerra civil; que vosotros perdisteis los vuestros por otra guerra civil… y desgraciada la provincia de Vizcaya si aquí muriera un soldado español por defender la integridad de la Patria. Ese día sería el último en que tendríais esos privilegios» (referente a los Conciertos Económicos).
Conforme a la ley de enjuiciar, el presidente del Tribunal era un magistrado profesional y debía proceder a hacer un resumen para el jurado de los argumentos de acusación y defensa. El presidente no era otro que el mismo Moscoso del Prado, fiscal en el juicio de 1895, y ahora juez. Estas fueron sus palabras: «Recuerdo la vista de otra causa contra el Sr. Arana. Yo me sentaba ahí como fiscal… La ley manda al presidente que haga un resumen con imparcialidad… lo que se juzga hoy es una cuestión patriótica y… el presidente (refiriéndose a sí mismo) es español y tiene que venir aquí a defender a España… me es imposible tratar el asunto como lo han hecho el fiscal y el defensor, pero la ley no puede prohibir al presidente ser español hasta la médula, aunque conozco Vizcaya donde he vivido desde niño y formado una familia». El jurado hizo caso omiso de las advertencias del fiscal y de las invocaciones patrioteras del presidente Moscoso. Absolvió a Sabino. Sin embargo, el fiscal tuvo más éxito con sus premoniciones. Resultó que la mayoría de los vascos, sin tener en consideración los augurios del fiscal, acabaron por asumir el proyecto político del partido de Arana Goiri. Un ejército sublevado -el mismo «Ejército de la victoria» de Franco en el que sirvió otro Moscoso del Prado- re-nacionalizó España y derogó los Conciertos Económicos en «las provincias traidoras» el 23 de junio de 1937, cuatro días después de caer Bilbao.
Más de un siglo después, la mayoría de los vascos vota a favor de quienes reclaman el reconocimiento de la nación vasca en la Unión Europea. Mientras tanto, los partidos políticos mayoritarios en España comienzan a hablar de redimensionar la administración del Estado o, con más descaro, de recentralizarlo. No sé lo que va a suceder, pero sí que deberemos estar muy atentos a lo que los medios de comunicación españoles jaleen, el ministro de Justicia proponga y el fiscal del reino disponga porque, si hay algo previsible en este mundo, es la irracional e histérica reacción nacionalista española cuando la unidad nacional se pone en cuestión. El ¡todos a la cárcel! parece, tanto ayer como hoy, el tratamiento preferido por los determinados políticos españoles como arma disuasoria contra quien trate de abrir una ventana de oportunidad a la libre decisión de las nacionalidades que conforman «ese árido rincón, ese fragmento extirpado de la calurosa África, tan crudamente soldado a la inventiva Europa», una lúcida definición del escritor anglo-americano W. H. Auden en su poema España, de 1937, inspirado en aquella guerra tan precisamente pronosticada por el fiscal 35 años antes por si se daba el caso de que los miembros del jurado prestasen oído a los alegatos de un defensor que ponía en su boca el ideario emancipador de Sabino Arana.