Varios expertos valoran si la posible exhumación de dos cuerpos en la cripta de El Escorial puede tener continuidad
Un reportaje de Iban Gorriti
EXISTE un antes y un después en el Valle de los Caídos tras conocerse que cabe la posibilidad de que se exhumen los cuerpos de dos hermanos anarquistas de Calatayud allí ubicados? ¿Hay esperanza de que algo cambie en el mayor cementerio del Estado, donde se cifran en alrededor de 33.850 los muertos custodiados junto a las tumbas de los dictadores Franco y Primo de Rivera? Se estima que un millar de ellos fueron trasladados desde la CAV y Nafarroa, lo que no significa que todos fueran vascos. Ahora bien, diez familias de Euskadi han solicitado a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco la recuperación de los restos de parientes, una reivindicación que se remonta a 2003.
Francisco Etxeberria, Queralt Solé, Francisco Ferrándiz e Hilari Raguer, todos ellos eminencias en lo referente al Valle de los Caídos, siguen de cerca la noticia de que un magistrado ha ordenado que se exhumen los cuerpos de los hermanos fusilados Manuel y Antonio Lapeña. ¿Pero creen que esta decisión insólita abre una puerta a la esperanza? ¿Con esa exhumación se darán nuevos pasos en favor de otras intervenciones en dicho mausoleo del terror?
El más tajante es Etxeberria, antropólogo forense de la UPV/EHU y presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, profesional al que la familia Lapeña ha requerido para exhumar los restos de los ácratas aragoneses. Patrimonio decidirá ese extremo. “¿Esperanzador? No lo creo en absoluto. La sentencia se ha producido en la jurisdicción civil, no en la penal. El juez dice que los familiares tienen derecho a rescatar esos cuerpos y eso no tiene nada que ver con juzgar los crímenes franquistas”, analiza el experto.
El de Beasain asegura que son bastantes las exhumaciones que él y su equipo han realizado con conocimiento judicial, “pero otra cosa es abrir diligencias y sentar una verdad judicial respecto de unos hechos injustos sobre los que nunca ha existido una investigación oficial”, subraya. Va más allá al trasmitir que el reto para los próximos años es hacer oficial esa verdad en la que trabajan a diario, “y para eso también deben servir otras estructuras institucionales además de las judiciales”.
El historiador y religioso catalán Hilari Raguer formó parte a título personal -“ni de la Iglesia ni de nadie”- de la Comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos. “Es esperanzador desde el punto de vista jurídico y judicial”, valora, y matiza que “la dificultad es más técnica que jurídica y política, a pesar de la resistencia que haya podido haber”.
Como Raguer, Paco Ferrándiz, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) también formó parte activa de la comisión de asesores. “La exhumación de los dos hermanos es muy esperanzadora, pero debemos tomarlo con cautela”, previene tras conocer que Patrimonio Nacional tiene 45 días para responder al fallo del juez: “Si no lo hacen -ilustra Ferrandiz-, la demanda irá a la Sala número 3 del Tribunal Supremo. En ese caso se demoraría todo un año más. Pero si Patrimonio colabora…”. Insiste en que “es esperanzador con todas las cautelas por los procesos judiciales complejos”.
Este exdocente de la Universidad de Deusto recuerda que la conciencia pública en materia del Valle de los Caídos como fosa común con tantos miles de cuerpos “es muy reciente” y por ello lo considera “un monumento surrealista”. A juicio de Ferrándiz se desconoce, además, qué consecuencias tendría la apertura de las criptas en las que están documentadas 12.800 personas. “No se ha dado nada por sentado, son muchas las suposiciones y hay un informe de Bedate de 2010. Es evidente el escaso interés y la enorme complejidad”, concluye el autor del libro El pasado bajo tierra, primer estudio en castellano que trata la apertura de fosas comunes de la Guerra Civil desde un prisma antropológico-social.
Centenares de vascos La profesora de Historia de la Universidad de Barcelona Queralt Solé confirma como “un antes y un después” el caso de los dos sindicalistas de la CNT a exhumar en el Valle de los Caídos. “Lo es desde el momento en que la Justicia reconoce un derecho a una familia, a dos personas inhumadas en la mayor fosa común de España”, esgrime. “¿Será factible?”, se pregunta y vuelve al origen: “¿Esperanzador? Que lo reconozca un juez ya es significativo”.
Como los hermanos de Calatayud, hay centenares de vascos en aquel enclave. El arqueólogo Jimi Jiménez asegura que la cifra de “mil vascos” asimilada como oficial no es tal. “Sí, se llevaron a Madrid restos de unas mil personas muertas en el País Vasco y Nafarroa, pero muchos, por ejemplo, eran gallegos”, diferencia este miembro de Aranzadi.
Su compañero de trabajo, Francisco Etxeberria, camina por la misma senda. “En efecto, los más de mil restos trasladados desde el País Vasco proceden en su mayoría de combatientes en esta zona cuyas identidades se desconocen. Y de los que no eran combatientes, la inmensa mayoría se llevaron al Valle de los Caídos con el permiso de sus familiares”, asevera.