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Una nueva primavera, 40 aniversario del primer Gobierno vasco tras la dictadura

Hace cuarenta años, apenas cinco después de la muerte de Franco, los vascos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa recuperaban un gobierno propio que la dictadura les había arrebatado

Koldo San Sebastián

EL 9 de abril de 1980, Carlos Garaikoetxea Urriza juraba su cargo como tercer lehendakari de un Gobierno vasco bajo el Árbol de Gernika. Utilizó la misma fórmula que José Antonio Aguirre en 1936: ”Ante Dios humillado, en pie sobre la tierra vasca, en recuerdo de los antepasados…” Se iniciaba así una nueva etapa intensa, llena de dificultades, con un terrorismo desbocado, e intentos permanentes de boicotear la construcción de las instituciones (proceso que aún no ha concluido) que caracterizan un país diferente que sigue en marcha. Pero, para llegar a aquel momento, el de la jura, hubo que recorrer un camino sinuoso y lleno de trampas.

Muere Franco, la dictadura sigue

El 20 de noviembre de 1975 falleció en la cama el general-dictador Francisco Franco. Las Cortes franquistas proclamaban a Juan Carlos de Borbón como sucesor “a título de rey”. La dictadura mantenía intactas todas sus estructuras (incluida la policía política que no se disolvió hasta marzo de 1977) y la represión, lejos de remitir, se intensificó. Entre noviembre de 1975 y junio de 1977, las víctimas de la dictadura, tanto de las fuerzas de orden público como de grupos parapoliciales o de extrema derecha, superaron con mucho a las de organizaciones con ETA, Grapo y otras situadas todavía en la resistencia. DEIA publicó en su primer número un listado exhaustivo de víctimas.

A pesar de la situación, la oposición a la dictadura estaba agrupada en diferentes organismos: Junta Democrática-Asamblea Democrática de Euskadi, Plataforma Democrática y, por supuesto, el Gobierno vasco. La reivindicación básica de aquellas fuerzas fue: Libertad, Amnistía, Estatuto de Autonomía y, más tarde, se sumó la disolución de los cuerpos represivos.


Concentración en Bergara en apoyo del movimiento de alcaldes a favor de la reintegración foral en 1976. Fotos: Sabino Arana Fundazioa

1976 fue el año clave en el proceso del cambio. Partidos y sindicatos comienzan a reorganizarse. ETA-pm, por ejemplo, celebró su VII Asamblea de la que había de surgir un partido político, EIA. En ese año, por ejemplo, celebraron congresos (o comenzaron sus procesos congresuales) ELA-STV, UGT, el PSOE o el PNV entre las organizaciones históricas.

Aquel año, asimismo, se conmemoraba el centenario de la abolición foral (Ley de 21 de julio de 1876). Se inicia entonces un movimiento en favor de la reintegración foral plena impulsado, al principio, por un grupo de alcaldes guipuzcoanos (al que se sumarán los de otros territorios). La reivindicación de los alcaldes fue apoyada fundamentalmente por el PNV y otros pequeños partidos que acababan de surgir. El PNV tenía en su programa la reintegración foral plena (vuelta a la situación anterior a 1839) desde 1906. A la cuestión foral se sumaron otras demandas como la amnistía, la legalización de los partidos, de la ikurriña y un estatuto de autonomía.

Partidos, Constitución, Estatuto

Con el comienzo del año 1977, se legalizó la ikurriña y algunos partidos. El último partido legalizado –que, además, constituía una especie de prueba de sinceridad democrática– fue el Partido Comunista de España (el Sábado de Gloria de aquel año). No fueron legalizados, como tales, ninguna organización a la izquierda del PCE, ni los partidos republicanos o independentistas. Se abría así el camino hacia la celebración de unas elecciones.

Uno de los partidos legalizados fue el Partido Nacionalista Vasco que, en la Asamblea Nacional celebrada en Iruñea, elegía como presidente del Euzkadi Buru Batzar a un joven empresario navarro, Carlos Garaikoetxea Urriza, que debía encabezar el partido en la nueva etapa.

Mientras tanto, las organizaciones políticas y sindicales de signo abertzale (más el Partido Carlista de Euskadi- EKA) fueron convocadas a Txiberta para estudiar una serie de propuestas cara a la nueva etapa. En aquellos momentos, las elecciones ya estaban convocadas y las candidaturas cerradas. ETA-m y los grupos cercanos, fundamentalmente EHAS (luego, HASI), propusieron mantenerse al margen, no participar en las elecciones –si no se concedía la amnistía, aprobaba el estatuto y se disolvían los cuerpos de represión– y se planteó crear un gobierno provisional, que algunos pensaban que debía estar presidido por Telesforo Monzón.

La inmensa mayoría de los presentes, incluidas organizaciones como ANV o ESB, que después se integraron en HB, no tomaron en cuenta la propuesta y participaron en los comicios. Los milis quedaron colgados de la brocha y sin escalera enfrentados a todos (en guerra sangrienta) durante casi cuatro décadas.

Se celebraron elecciones generales y el PNV resultó la fuerza más votada en los territorios que hoy constituyen la CAV. De forma inmediata, se constituyó en Gernika una Asamblea de Parlamentarios que debía elaborar un Estatuto de Autonomía. Asimismo, para organizar la transición hacia un régimen de autonomía de constituyó un Consejo General que fue presidido, sucesivamente, por Ramón Rubial y Carlos Garaikoetxea.

Mientras tanto, en Madrid, las flamantes Cortes Generales comenzaban la discusión de una nueva Constitución, y, en noviembre de aquel año, aprobó una ley de amnistía que vació las cárceles de presos políticos.

El PNV fue marginado de la Ponencia constitucional. Xabier Arzalluz contaba que esto se debió a que los socialistas no querían que participase en la misma Enrique Tierno Galván, a la sazón presidente del Partido Socialista Popular (que, finalmente, se integró en el PSOE). Arzalluz tuvo que emplearse a fondo en aquellos días, tanto en comisión como en el pleno. Había una serie de cuestiones que hacían inasumible la Constitución. A él se debe la famosa Enmienda 689: Dos elementos estaban presentes en la misma: el autogobierno como derecho originario y no como concesión de la Constitución y la incorporación al Estado pero como proceso especial fruto del “hecho diferencial” existente, esto es, fruto de la foralidad, lo que le hace único y diferenciado al estar basado en los derechos históricos de sus territorios forales. No se aceptó en su plenitud, aunque en gran parte se encuentra en la Disposición Adicional Primera. Así el PNV pidió la abstención en el referéndum constitucional.

Quedaba el Estatuto de Autonomía que, finalmente, fue aprobado el 25 de octubre de 1979. Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, quedó disuelto el Gobierno vasco nacido del estatuto de 1936 y, su lehendakari, Jesús María de Leizaola, regresaba a la Euskadi peninsular tras 42 años de exilio. Meses más tarde, asistió en Gernika al juramento de Garaikoetxea como tercer lehendakari. Se habían conseguido la amnistía y la autonomía, aunque, desgraciadamente, ETA había vuelto a matar.

El autor

koldo san sebastián

Periodista e historiador. Ha trabajado en diferentes medios desde 1971: La Voz de Avilés, Punto y Hora de Euskal Herria, La Voz de Asturias, DEIA, Muga y Euzkadi, entre otros. Ha dirigido y escrito series documentales para televisión como Del País de los vascos, Espías vascos o La Guerra Civil en Euskadi. Entre su bibliografía: Historia del Partido Nacionalista Vasco (1985) o Los años difíciles con Iñaki Anasagasti (1986).

El PNV fue marginado de la Ponencia constitucional, pero Xabier Arzalluz se empleó a fondo para incluir la Enmienda 689

Dos elementos estaban presentes en ella: el autogobierno como derecho originario y la incorporación desde el ‘hecho diferencial’

El franquismo y la refundación de Euskaltzaindia

Tras la Guerra Civil y durante las primeras décadas de la dictadura franquista, Euskaltzaindia tuvo que hacer frente a un periodo de refundación que se extendió de 1936 a 1954

Antón Ugarte Muñoz

Cómo pudo la Academia de la Lengua Vasca (ALV) mantenerse en pie en el seno de un Estado dictatorial ultranacionalista español? Creo que las razones principales fueron dos. Por un lado, Euskaltzaindia como corporación no se posicionó a favor del Gobierno de Euzkadi durante la guerra civil española. Parece que hubo intención de tratar ese tema en una reunión en Bilbao a finales de 1936, una vez ocupada Gipuzkoa por las tropas de Emilio Mola, reunión a la que estaban convocados los académicos residentes en Bizkaia. Según testimonio de Bonifacio Echegaray, a la sazón miembro de la Comisión Jurídica Asesora de Euzkadi, el director de Euskaltzaindia -el sacerdote Resurrección Mª Azkue- fue conducido desde su residencia en Lekeitio hasta Bilbao para entrevistarse con el lehendakari José Antonio Aguirre, pero ningún vínculo orgánico y oficial se estableció entre la ALV y el Gobierno de Euzkadi. Este hecho probablemente fue valorado de forma muy positiva por las nuevas autoridades franquistas una vez que todo el territorio autónomo cayó en sus manos en 1937.

La segunda razón, estrechamente unida a la primera, es que los monárquicos maurrasianos que ostentaron el poder en Bizkaia tras la guerra civil consideraron que una Euskaltzaindia depurada de sus académicos abertzales -pues izquierdistas no los había habido nunca- bien podría servir como elemento simbólico para maquillar la política lingüística del falangismo dominante y tratar de arrebatar de esa manera la bandera del euskera al nacionalismo vasco, el cual acusaba al Nuevo Estado de estar llevando a cabo un genocidio cultural.

La ALV había quedado diezmada por la violenta contienda que asoló España entre 1936 y 1939, tras el fallido golpe de Estado contra la República. El erudito navarro Arturo Campión y el sacerdote vizcaino Juan Bautista Egusquiza habían fallecido de forma natural, pero sin ahorrarse el miedo a ser ejecutados por alguno de los bandos enfrentados. A consecuencia de su colaboración personal con el Gobierno de Euzkadi o con el PNV, se habían visto obligados a exiliarse en Francia los siguientes académicos: Bonifacio Echegaray, Severo Altube y el jesuita Raimundo Olabide. El fraile capuchino navarro Dámaso de Inza fue destinado por sus superiores a Chile, junto a otros compañeros de orden sospechosos de ser afines al PNV. Los académicos vasco-franceses se encontraron con una frontera férreamente controlada, primero, por motivo de la guerra civil española; en seguida, por la contienda mundial, y, a continuación, por el bloqueo diplomático antifranquista.

En suma, cuando R. M. Azkue aceptó las condiciones políticas exigidas por el franquismo para reanudar las actividades de su amada Euskaltzaindia, en el País Vasco-Navarro tan solo quedaban otros dos académicos para poder llevar a cabo dicha refundación: el exdiputado carlista Julio Urquijo y el sacerdote donostiarra Ramón Inzagaray. Las exigencias más importantes que el director de la ALV aceptó fueron las siguientes: sustituir a los miembros en el exilio por nuevos académicos de ideología derechista-españolista y dejar de convocar a los vasco-franceses.

Críticas a Azkue ¿Hasta qué punto se identificó el director de Euskaltzaindia con la ideología franquista? Resurrección María de Azkue, desde antes de la fundación de la ALV en 1919, había mantenido una relación conflictiva con el PNV, cuyo sector ortodoxo lo sometía a constantes críticas y desautorizaciones, tanto políticas como académicas. Al igual que muchos otros vasquistas de tradición conservadora e incluso antiliberal, pese a su indudable autonomismo, durante la guerra civil repudió la unión del PNV con el Frente Popular, y se abstuvo de mostrar su adhesión al Gobierno de Euzkadi. ¿Qué decir de Julio Urquijo, cuyo hermano, José María Urquijo, rival ultramontano de las izquierdas y del PNV, había sido ejecutado por sentencia de un Tribunal Popular en Donostia?

Una vez que el Frente del Norte cayó en manos de los sublevados, Azkue y Julio Urquijo acudieron a Salamanca en enero de 1938 como miembros de número de la Real Academia Española (RAE) -lo eran desde 1927, a consecuencia de un decreto de la dictadura primorriverista- a la constitución del nuevo Instituto de España (IdeE), donde juraron, junto al resto de académicos allí reunidos, lealtad al caudillo de España. Está sujeta a interpretación la sinceridad de dicho juramento, pero, así como otro miembro vasco de la RAE presente en Salamanca, el escritor Pío Baroja, se apresuró a refugiarse en París poco después, Azkue y Julio Urquijo participaron activamente -el segundo como secretario provisional- en las sesiones que la RAE realizó durante la guerra civil en Donostia, retaguardia cultural golpista y sede provisional de la RAE y del IdeE.

De esta manera, a pesar de las inevitables sospechas de criptonacionalismo vasco por parte del falangismo militante, Azkue y Julio Urquijo quedaron políticamente habilitados para refundar la ALV. Con el permiso de la Junta de Cultura de Bizkaia -presidida entonces por José María de Areilza-, un nuevo órgano que dependía de la Diputación Provincial, Euskaltzaindia fue autorizada a celebrar su primera sesión de posguerra en abril de 1941 en su sede oficial de Bilbao. Los nuevos académicos nombrados para sustituir a los miembros fallecidos o en el exilio, más allá de su vasquismo cultural, cumplían con las condiciones políticas franquistas: el abogado carlista Nazario Oleaga, quien ejercería de secretario;el sacerdote Pablo Zamarripa, el heraldista Juan Carlos Guerra y el archivero Juan Irigoyen. A propuesta de Resurrección María de Azkue, también fue nombrado académico el furibundo antiabertzale Eladio Esparza, representante oficioso de la Diputación Foral de Navarra.

Precaria vida académica El exiguo apoyo económico que las autoridades franquistas vasco-navarras otorgaron a Euskaltzaindia, la censura constante en lo que al uso público del vascuence se refiere y, por último, el temor a ser tachados de colaboracionistas por el nacionalismo vasco, obligaron a la corporación a llevar una precaria vida académica durante los años 40. Reducida a reunirse alternativamente en Bilbao y en San Sebastián, sin poder publicar su boletín oficial Euskera; su principal cometido fue continuar la elaboración del Diccionario español-vasco, proyecto que quedaría inacabado tras fallecer su principal responsable, Resurrección María de Azkue, en noviembre de 1951.

El enorme vacío dejado por el alma mater de la ALV, y, un año antes, por Julio Urquijo, fundador de la Revista Internacional de Estudios Vascos, se antojaba difícil, si no imposible, de llenar, debido al prestigio que ambos habían conferido a este campo de estudios durante la primera mitad del siglo XX. Uno de los postulantes fue el académico de padre alemán Federico Krutwig, quien entonces apenas contaba 30 años. En el acto público de ingreso del también joven académico Luis Villasante, fraile franciscano y futuro director de Euskaltzaindia, celebrado en Bilbao en mayo de 1952, Krutwig quiso borrar de un plumazo las acusaciones de contemporización franquista. En lugar de atacar directamente a la dictadura, se empleó a fondo en desautorizar públicamente a los Obispados de Bilbao y Donostia, recientemente desgajados del de Gasteiz, por marginar el euskera en sus diócesis. A pesar de que el discurso fue leído en el vascuence arcaizante que Krutwig había aprendido en obras de la Edad Moderna, fue denunciado inmediatamente por las autoridades provinciales presentes en el acto. Exigir públicamente que la Iglesia vasca se separase del Estado en su política lingüística, cuando la España nacional-católica surgida de la guerra civil se basaba en un pacto entre ambos poderes, fue una temeridad y una desastrosa táctica política. El vizcaino Krutwig fue el siguiente académico vasco obligado a marchar al exilio desde la guerra civil. Volvería a hacer gala de su extremismo dialéctico en el ensayo Vasconia (1963), el cual incluye el discurso de 1952 en su apéndice documental.

Con una corporación al borde del colapso y amenazada por el gobernador civil de Bizkaia, Genaro Riestra, el eje principal de la actividad académica se desplazó de Bilbao a San Sebastián hacia 1954 y buscó el apoyo de la Diputación Provincial de Gipuzkoa, presidida entonces por el tradicionalista José María Caballero. La dirección de Euskaltzaindia fue a parar a manos de Ignacio María Echaide, ingeniero provincial donostiarra e integrista católico a macha martillo; se nombraron académicos dos abogados derechistas guipuzcoanos -Antonio Arrúe y José María Lojendio- y se fundó en Donostia el Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo, cuyo origen se encuentra en el valioso fondo bibliográfico adquirido por la corporación provincial a la viuda de Urquijo. Tras superar los obstáculos políticos motivados por su condición de exgudari y expreso antifranquista, la dirección oficiosa del Seminario de Filología Vasca fue confiada a Luis Michelena, un hombre de cualidades extraordinarias, quien desde una posición externa u objetiva respecto del euskera -la de su labor lingüística y académica- como desde una posición interna o creativa -la de ensayista y animador de la revista Egan- supo encarnar la promoción del vascuence a nuevos niveles de relevancia y dignidad cultural.

Euskaltzaindia pudo así recuperar poco a poco su autonomía académica, convocar de nuevo a los miembros regresados del exilio y a los vasco-franceses, renovar sus estatutos, reanudar la publicación de su boletín, iniciar la descripción científica de un patrimonio secular, así como dar los primeros pasos en el proceso de estandarización literaria. Si bien continuaría siendo una entidad sin personalidad jurídica, tan solo tolerada por una dictadura firmemente establecida en el concierto anticomunista internacional, hasta que pocos meses después de la muerte del dictador, Francisco Franco, Euskaltzaindia fue reconocida como Real Academia de la Lengua Vasca por un decreto -preautonómico y preconstitucional- del Ministerio de Educación y Ciencia (1976).