Durante la Guerra de la Convención, las Cortes navarras sopesaron la formación de un ejército, lo que creó tensión con el Gobierno central
Un reportaje de Fernando Mikelarena
La pauta tradicional de movilización militar general en Navarra obedecía a lo señalado por el Fuero General. El Apellido o llamamiento universal, que ponía en pie de guerra a las milicias del reino, convocando a todos los hombres entre los 18 y los 60 años, debía realizarse en caso de invasión de Navarra por parte de ejército extranjero por un máximo de tres días. Bajo cualquier otro supuesto, el rey debía solicitar la concesión de un servicio militar a las Cortes navarras, las cuales podían concederlo o no.
En relación con esta otra posibilidad, las repetidas reclamaciones de contrafueros por los alistamientos efectuados por los virreyes en Navarra suscitaron el establecimiento en 1642 del servicio de soldados, destinados a campañas en el exterior. Los tercios concedidos, siempre muy por debajo de lo solicitado por el virrey, se entendían como una concesión voluntaria destinada con carácter temporal a empresas bélicas determinadas y con la condición de que el legislativo navarro designara a los oficiales y gestionase el alistamiento.
Por otra parte, Navarra se opuso a los diversos intentos de introducción de un sistema de quintas, un servicio militar obligatorio, a lo largo del siglo XVIII por parte de la monarquía, el último entre 1770 y 1777. Las resistencias por parte de la Diputación en esa ocasión consiguieron que Campomanes desistiese de sus propósitos. Posteriormente el problema no se volvió a plantear, al menos durante lo que restaba de siglo, porque en la guerra de la Convención se produjo un alistamiento general de todos los navarros según los patrones forales.
Durante la Guerra de la Convención las Cortes navarras de 1794-1796 debatieron sobre la creación de un ejército navarro propio, incrementando las tensiones con el gobierno central que ya inicialmente se había mostrado reticente a la apertura del legislativo navarro. Las Cortes fueron convocadas porque la Diputación respondió al virrey que solo el legislativo navarro podía introducir modificaciones en lo relativo a la contribución militar de los navarros, de cara a hipotéticas peticiones por parte de la monarquía.
Hasta junio de 1794, la demora de las autoridades navarras y de los municipios navarros en atender las continuas peticiones de los jefes militares españoles de cara a un incremento del número de voluntarios solo se palió en los momentos en que las ofensivas francesas amenazaban más peligrosamente. Con todo, incluso entonces se constataron recriminaciones y deserciones.
Pese a todo, la gravedad de la situación bélica motivó que el 21 de junio de 1794 las Cortes navarras decidieran en una reunión en la que previamente a ella se juró “guardar un escrupuloso silencio” sobre cuanto se iba a tratar, de llamar al Apellido (o movilización general) conforme al Fuero para llamar a 20.000 hombres. Esa decisión habría empujado a diversos miembros del legislativo navarro a elaborar documentos acerca de la conveniencia de que Navarra contara con un cuerpo militar estable propio. Se presentaron tres memoriales, uno del conde de Echauz, otro anónimo y otro del marqués de San Adrián.
El memorial de Echauz plantea un servicio estable de 6.000 hombres, recurriéndose al Apellido en caso de invasión. Para contar con ese “servicio estable u ordinario de campaña” de 6.000 hombres hacía falta formar un cuerpo de 18.000, que se dividirían en tres tercios que se alternarían en el servicio estable cada uno durante dos meses. Los 18.000 hombres estarían mandados por un Comandante General que estaría sujeto “únicamente al Reyno junto en Cortes o en Diputación”. Los mandos se elegirían entre la nobleza.
Tropa ligera El memorial anónimo hablaba de que los oficiales y soldados que entraran “a servir en este cuerpo” deberían ser navarros y de que “la constitución de este cuerpo será de tropa ligera”. En tiempo de paz estos batallones no permanecerían fijos en Navarra, sino que podrían salir fuera para adquirir experiencia militar y para fomentar el ascenso en la carrera militar de sus integrantes. Por otra parte, el nombramiento de mandos sería a propuesta de las Cortes o de la Diputación, siempre entre navarros que tuvieran la graduación correspondiente. También se planteaba el establecimiento de un colegio de cadetes. No obstante, también se sugería un segundo plan que se hacía “indispensable atendidas las actuales críticas circunstancias”.
Se proponía que todo navarro estaba “obligado a servir a la Patria desde la edad de 17 años hasta la de 56”. Los solteros de entre 17 y 56 años serían los primeramente movilizados, asumirían los destinos más alejados y harían instrucción militar en sus pueblos una hora todos los domingos, mientras los casados se ejercitarían con mayor intervalo temporal. Hacia el final del documento se habla de la necesidad de inculcación de valores navarristas puesto que se dice “para que nadie ignore desde su niñez las obligaciones que ha contrahído por nacer en Navarra, deverán imprimirse las que fuesen en preguntas, y respuestas, para que las aprendan de memoria”. Esto debería “enseñarse en las escuelas después de los compendios de Religión que regularmente se dan”.
El tercer plan fue redactado por el marqués de San Adrían. Los cálculos aplicados por San Adrián a la población navarra, ponderados por parámetros relativos al número de soldados similares a los empleados para la conformación del ejército prusiano, fijaban en 10.556 hombres los que constituirían “el cuerpo militar de Navarra”, estructurados en once batallones y 91 compañías. Este nuevo sistema precisaría de un alistamiento general regular de todos los individuos de cada pueblo, introduciéndose algunos criterios de exención. Como es de suponer, los cargos de oficialía quedaban reservados para los nobles. El mando de los batallones sería fijado por las instituciones del reino entre “Personas entresacadas del exército” por méritos de graduación y de mérito militar, “prefiriendo para dichos empleos en igualdad de circunstancias a los que tubieren la calidad de naturales del Reino”. Habría dos batallones en cada merindad, a excepción de en la de Pamplona, donde habría tres, habiendo un cuartel en la capital de cada distrito.
Los soldados se ejercitarían dos meses al año, en los meses de abril y mayo. Cada dos años, en los mismos meses mencionados, se juntarían todos los batallones para ejercitarse en cuestiones de táctica militar de mayor enjundia. “Esta misma repetición de campamentos propagará insensiblemente por el País, un cierto entusiasmo y espíritu Militar que hará Marcial y Guerrero el carácter de todos los Navarros”. Con todo, en el cuartel de cada merindad habría siempre cinco compañías permanentemente dispuestas.
Las peticiones de llamada al Apellido de 21 de junio y de 22 de agosto, así como esas propuestas de alteración de la constitución militar del reino, no habrían sido del agrado del gobierno de Madrid. El 23 de agosto el virrey contestó a la segunda de las solicitudes de llamada al Apellido afirmando que no le parecía oportuno y recomendando que se formaran batallones de voluntarios. Una semana antes, las tres personas comisionadas por las Cortes ante el gobierno de Madrid y ante el rey (el obispo de Pamplona, el marqués de Fontellas y el representante de Tudela y dramaturgo Cristóbal María Cortes) se habían entrevistado con Carlos IV, a quien expresaron la preocupación de las instituciones navarras por la precaria defensa del reino de Navarra ante los franceses.
En su correspondencia con las Cortes navarras los delegados se hacían eco de que el rey no solo estaba “instruido (…) del estado actual de ese reino y necesidades de socorro, sino que también lo estaba de varias expresiones que se han vertido en el Congreso con alguna imprudencia, sobre lo que ha instado para saber si podría contar seguramente con la fidelidad de V. S.”, aludiendo con ello a las cuestiones de alcance que se habían debatido en los últimos meses. Los comisionados respondieron al monarca con “fuerza y vigor (…) asegurando que ese fidelísimo Reino derramaría la última gota de sangre, antes que apartarse del dominio de tan digno Dueño”.
Desconfianza del virrey Hacia julio de 1795 cuando Pamplona y toda Navarra estuvieron a punto de caer a manos de los franceses, el virrey Castelfranco no se recató de expresar su desconfianza hacia las instituciones navarras. Durante todo aquel mes se esforzó para que las Cortes se trasladaran a Olite, animando a la población a evacuar la ciudad. Castelfranco se mostraba sospechoso de la fidelidad de los pamploneses ya que mencionaba en dicho documento la posibilidad de que, “sitiada Pamplona, no resistiera el tiempo que debe esperarse por haber en ella las gentes y efectos que, por su número, devilidad u otras circunstancias, puedan ser obstáculo a la buena defensa”.
Asimismo, el virrey decía que “la prebención impone siempre al enemigo, así como se aprobecha de los descuidos y confianzas temerarias. Estas son las precapciones juiciosas que se siguen en la guerra, y el que resiste su execución y práctica pasará por la nota de descuidado o de preparador de las glorias del enemigo”. En su decisión de no abandonar Pamplona, las Cortes hicieron referencia a esas insinuaciones como “hideas de una sombra” y defendieron la probada fidelidad demostrada por el reino.
Finalmente, la firma de la paz de Basilea el 22 de julio y el éxito del representante español en sortear las solicitudes francesas de negociar aspectos que afectaran “la integridad del territorio peninsular de España”, conviniendo “en someter a examen la cesión de Santo Domingo y la Luisiana”, zanjaría cualquier polémica, si bien Godoy se instalaría en la desconfianza ante Navarra.