La práctica totalidad de Araba quedó en manos de los sublevados nada más producirse el golpe militar lo que sumió a jeltzales y republicanos en una feroz represión
Un reportaje de Roman Berriozabal
Grupo de presos gasteiztarras tomada en diciembre de 1936. Foto: Francisca Abaitua
AMANECER del 19 de julio de 1936. El sacerdote Pedro Anitua se cruzó en una calle gasteiztarra con el carlista Bruno Ruiz de Apodaka. Este, zapatero de profesión, dirigiéndose al sacerdote nacionalista, le dijo con conocimiento de causa: “Ahora las vais a pagar todas juntas”. Momentos antes, los militares habían declarado, sin disparar un solo tiro, el estado de guerra en la ciudad y, de común acuerdo con carlistas y falangistas, se hicieron con el control de ésta y gran parte del territorio alavés. La sublevación no alcanzó en un primer momento la victoria esperada en toda la geografía, por lo que la situación derivó en una guerra civil. Ésta, en lo que respecta a Euzkadi, finalizó en julio de 1937; en lo concerniente al Estado español, el 1 de abril de 1939.
El zapatero carlista, amparado por la oscuridad de la madrugada, había tenido ocasión de observar con atención las idas y venidas de los jeltzales al Centro republicano así como de los republicanos al Gobierno Civil. Unos y otros, partidarios de una acción armada conjunta para neutralizar a los militares, al modo y manera como se había procedido en Bilbao y Donostia, no pudieron hacer nada. El gobernador civil, que creía contar con la autoridad y apoyo suficientes para meter en cintura a los levantiscos, les negó tajantemente las armas solicitadas. Una vez se vio traicionado por la Guardia Civil y la Guardia de Asalto a su mando, huyó a Bilbao. Vistas las circunstancias, los burukides jeltzales desmovilizaron a varios centenares de jóvenes que estaban esperando instrucciones en los locales de Juventud Vasca y, al igual que numerosos republicanos, se inhibieron y optaron por la neutralidad.
La actitud y la dinámica de EAJ-PNV no fueron ni pudieron ser unánimes. Estuvieron mediatizadas por el éxito y el fracaso del golpe militar en los diversos territorios: Bizkaia y Gipuzkoa permanecieron bajo la jurisdición republicana; por el contrario, Nafarroa y el grueso de Araba, excepto Aramaio y los municipios del Valle de Ayala y el Alto Nervión, pasaron a manos de los sublevados.
Al tiempo de la toma del poder, los sublevados en Araba la emprendieron, mediante la represión, contra aquellas personas consideradas adversarias. La amenaza del zapatero carlista no había sido gratuita. En el caso de, al menos, 193 personas, la represión culminó con su asesinato. El propósito último era claro: eliminar al contrario. Fue el preludio de una dictadura que duró 40 años.
Posturas diversas Los jeltzales se vieron ante una difícil disyuntiva: ¿qué hacer y cómo comportarse? No hubo una postura unánime. Las circunstancias les obligaron, al igual que a otros muchos, a tomar posturas, en muchos casos contradictorias entre sí: éxodo, resistencia pasiva, claudicación, arrepentimiento e, incluso, apoyo a los sublevados.
De un tiempo para acá, determinados autores, con escasa o nula cautela y rectitud intelectual, vienen mostrando de forma taimada un interés en mancillar a EAJ-PNV, atribuyéndole una actitud contemporizadora inmerecida y proyectando sombras y dudas sobre la represión ejercida contra los jeltzales arabarras. Por contra, omiten o ignoran voluntariamente aquellas referencias que expliquen la actitud y comportamiento de otros partidos y sindicatos.
Tras su detención, los militares sometieron a destacados jeltzales arabarras a un intensa presión (los burukides del ABB Julián Agirre y José Luis Abaitua; el exdiputado a Cortes Francisco Javier Landaburu, el abogado y antiguo burukide del ABB Manuel Ibarrondo…). Estaban empeñados en apartar a EAJ-PNV de la dinámica favorable a la República que había adoptado oficialmente y, consiguientemente, atraerlo a su causa. Tras sucesivos intentos infructuosos, lograron, mediante la amenaza y el chantaje, que determinados jeltzales arabarras (Abaitua, Landaburu e Ibarrondo) redactasen y firmasen, al menos, dos comunicados en un breve espacio de tiempo: el primero, ordenando a toda la afiliación jeltzale realizar pacíficamente las actividades de su vida ciudadana; el segundo, entre otros aspectos, exhortando a los jeltzales para que, lejos de impedir, coadyuvaran al éxito de los sublevados. Dichos documentos, interesadamente retocados por los militares, fueron publicados en la prensa local y exhibidos a modo de trofeo de guerra.
La supuesta frialdad con que Vitoria-Gasteiz acogió el día de Santiago al general Cabanellas, presidente de la Junta de Defensa Nacional de los sublevados, sirvió de pretexto para, una vez más, presionar a los jeltzales y obligarles a remitir una misiva a sus correligionarios vizcainos y guipuzcoanos, ofreciéndoles futuras prerrogativas a cambio del mantenimiento del orden en aquellos territorios. ¡Vaya sarcasmo! Días antes dos aviones facciosos bombardearon Otxandio: fallecieron 58 personas. EAJ-PNV no aceptó la propuesta que le fue remitida.
iLEGALIZACIÓN Dicho general, en su afán por desactivar, eliminar y/o controlar a la población civil, puso en vigor una serie de disposiciones: declaró fuera de la ley todos los partidos y agrupaciones políticas o sociales contrarios. La ilegalización llevó pareja la incautación de cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenecieren a los referidos partidos o agrupaciones. En relación a las personas, se procedió a la suspensión y destitución de aquellos trabajadores públicos desafectos. A consecuencia de las disposiciones anteriores, fueron clausuradas las batzokis arabarras, incautados sus bienes, y, respecto a las personas, apartados de sus cargos de responsabilidad y expulsados de sus respectivas instituciones destacados jeltzales gasteiztarras (Ramón Irazusta, ingeniero agrícola de la Diputación; Manuel Ibarrondo, secretario de la Caja de Ahorros…).
Tras el fracaso anterior, los sublevados intentaron jugar la carta religiosa. No valían posiciones intermedias: o se estaba con Dios, o contra Dios. Para ello, los obispos Mateo Mugika y Marcelino Olaetxea, titulares de las diócesis de Vitoria y Pamplona, respectivamente, declararon ilícito y monstruoso el que los nacionalistas vascos se hubieran sumado al enemigo acérrimo del cristianismo. Exigieron a los burukides de EAJ-PNV en Bizkaia y Gipuzkoa que se apartaran de la contienda para evitar el enfrentamiento entre católicos. Los jeltzales se vieron ante un dilema: obedecer o desobedecer al obispo. Tras numerosas gestiones y no pocas consideraciones, estimaron que no estaban sujetos al mandato del obispo. Éste, lejos de facilitar las cosas, no escatimó recursos para reprimir, perseguir y tolerar el asesinato de sacerdotes y religiosos nacionalistas y/o vasquistas que habían quedado en el lado faccioso.
Una vez que los sublevados abandonaron toda posible idea de pacto y desechada, por tanto, la necesidad de aparentar buenas maneras, se acentuaron todas las formas posibles de criminalizar a los jeltzales. Había llegado el momento de los actos enérgicos. La situación se hizo insostenible. Pese a la adversidad, Pedro Anitua y su amigo José Luis Abaitua no dudaron en dar cristiana sepultura a dos presos fusilados tras consejo de guerra (Elgezabal y Kortabarria). La osadía mostrada, una supuesta ofrenda de flores a los fusilados, así como la desaparición de Landaburu irritaron a los sublevados. Éstos ordenaron la detención de Abaitua así como de algunos compañeros de partido. Su puesta en libertad fue casi inmediata, previo pago de una multa. El tiempo que permaneció en libertad fue efímero; se truncó el 26 de agosto de 1936. Nunca más pisó las calles vitorianas. Mientras permanecía en prisión, el diario carlista Pensamiento Alavés dio cuenta de un supuesto donativo de José Luis Abaitua y sus hermanas: 1.000 pesetas, una libra esterlina y 2 relojes de oro. Dicho donativo, así como otros a los que se vieron obligados a realizar los jeltzales, tenían muy poco de voluntario, no en vano eran invitados a participar en la campaña recaudatoria emprendida por los sublevados para el sostenimiento de su ejército y de su aparato de terror. Dicha campaña recaudatoria prosiguió en el tiempo, mediante la incautación de bienes y la imposición de multas. Éstas alcanzaron una dimensión inusitada años más tarde, en torno a 1941, con la entrada en vigor del Tribunal de Responsabilidades Políticas. Así, por ejemplo, por el solo hecho de haber profesado las ideas jeltzales, los padres del gudari José Mª Azkarraga Lurgorri, fusilado en diciembre de 1937, fueron condenados a pagar 200.000 pesetas.
oRDEN DE ASESINATO Mola, considerado como el director de la conspiración militar, acudió a Vitoria-Gasteiz el 27 de marzo de 1937, para ultimar los detalles de la inminente ofensiva contra Bizkaia. En dicho contexto ordenó el asesinato de presos. Días más tarde, 31 de marzo, el delegado de orden público firmó una orden de puesta en libertad de Abaitua y de 15 compañeros. Dado su apellido, Abaitua tuvo el macabro honor de encabezar la lista alfabética que el delegado Pelegrí confeccionó con 16 apellidos comprendidos entre las letras iniciales A y H. En torno a las 12 de noche, fueron puestos en libertad. Una vez en la calle, un pelotón de carlistas y falangistas capitaneados por el zapatero Ruiz de Apodaka ordenó a los recién liberados subir a unos vehículos. La comitiva se encaminó hacia Estella. Se detuvo en el kilómetro 16 de la carretera A-132. Desde allí fueron conducidos, monte arriba, a un lugar concreto. Según iban siendo confesados, fueron asesinados. Seguidamente, sus asesinos se entregaron a la rapiña despojando a los muertos de sus pertenencias personales más valiosas. Luego fueron semienterrados. Dicho acto luctuoso y execrable fue descubierto a las pocas horas. Pedro Anitua, sacertote que el 19 de julio había escuchado la amenaza del zapatero carlista, plantó cara a los asesinos, localizó los restos mortales, no cejó en su empeño hasta dar sepultura digna a su amigo José Luis Abaitua y quince compañeros asesinados en Azazeta y dejó escrito ante notario su testimonio. El suyo fue y es un ejercicio sin par en materia de memoria histórica, para el que los autores referidos más arriba no han tenido una palabra amable y generosa.
ABATIDOS EN aZAZETA
Abaitua, José Luis (EAJ-PNV)
Alejandre, Víctor (PRRS)
Cerrajería, Casimiro (UGT)
Collel, Manuel José (UR)
Conca, Jaime
Covo, Eduardo
Díaz de Arcaya, Francisco, concejal gasteiztarra (PSOE)
Elorza, José Domingo (PSOE)
Estrada, Jesús (PCE)
García de Albéniz, Daniel (CNT)
García, Antonio
Garrido, Francisco (CNT)
González de Zarate, Teodoro, alcalde de Vitoria-Gasteiz (IR)
González, Constantino
Hermua, Prisco (CNT)
Hernández, Manuel