Hace cuatrocientos años se puso fin a la persecución de supuestas brujas y brujos en el Duranguesado, gracias al inquisidor Alonso de Salazar y Frías, conocido como el abogado de las brujas, que fue juez en Zugarramurdi.
Un reportaje de Jon Irazabal Agirre
LAS tierras vascas sufrieron un convulso inicio del siglo XVII en lo referente al tema de la brujería. Los procesos de Pierre Lancre en Iparralde (1609) y el proceso de Zugarramurdi en Nafarroa (1609-1610) generaron un clima en el que tanto las autoridades como los vecinos veían brujas y brujería en todos los rincones. En este clima fueron diversas las voces que manifestaron su desacuerdo con lo que sucedía y las sentencias que se dictaban. Uno de estos disidentes fue el inquisidor Alonso de Salazar y Frías, quien había ejercido de juez en Zugarramurdi y había logrado que la Inquisición revisara el proceso. Tras la revisión, Salazar redactó un informe sobre lo acontecido en aquellas tierras navarras y lo presentó al Tribunal de la Inquisición. En el escrito, el inquisidor afirmaba que las brujas no existían y que lo acontecido en Zugarramurdi solo había tenido lugar en la mente de las acusadas y de las delatoras.
A raíz de este informe, en 1614, la Inquisición adoptó un criterio receloso en lo que atañía a las denuncias por brujería y promulgó el conocido como Edicto del Silencio. En él se recogían instrucciones basadas en las recomendaciones de Salazar, formando la base sobre las que se asentó la jurisprudencia que regiría con posterioridad. Por su parte, las autoridades civiles, ignorando los consejos del edicto, continuaron en su guerra contra la brujería.
Fue en junio de 1616 cuando surgieron los primeros problemas en Bizkaia. Teresa de Landachua, hija de un buhonero radicado en Bermeo, declaró que de noche la llevaban como bruja a los aquelarres. A raíz de estas manifestaciones, las autoridades civiles de Bermeo iniciaron una dura caza de brujas que causó la muerte de varias mujeres a las cuales se les negó incluso la sepultura. En Gernika, se llegó a dejar insepulto el cadáver de una mujer, que fue comido por los perros. Juan de Arecheta, comisario de la Inquisición en Bermeo, se opuso a esta salvaje represión pero fue ninguneado por las autoridades civiles, por los curas y los propios familiares de la Inquisición.
Tras estos incidentes, en octubre de 1616, las Juntas de Gernika se dirigieron al rey Felipe III, señor de Bizkaia, mostrándole su preocupación por los daños que estaban causando las brujas en el Señorío. En el escrito se denunciaba la actitud pasiva, acorde con las recomendaciones emanadas tras el Edicto de Silencio, que mostraban frente al problema el corregidor Hernando de Salcedo y Avendaño, así como el Tribunal de la Inquisición de Logroño, y se solicitaba el nombramiento de un juez que se hiciera cargo de la instrucción del caso.
El señor de Bizkaia, Felipe III, nombró un juez seglar quien comenzó su labor pidiendo opinión al jesuita Diego de Medrano sobre cómo actuar en el caso. Este informó de que fueran los propios curas del lugar de procedencia de las supuestas brujas quienes trataran el tema, sin involucrar a la Inquisición y sin dar publicidad a las acusaciones. Solicitado dictamen a la Inquisición de Logroño, el nuevo inquisidor riojano, Antonio de Aranda y Alarcón, junto a Salazar y Frías respondieron que era mejor no remover el tema. A pesar de todo ello, las autoridades civiles permanecieron aferradas a criterios y creencias antiguas.
Los ‘chivatos’ En este ambiente, el rey nombró nuevo corregidor del Señorío a Francisco de la Puente Agüero, a quien comisionó para que dictara justicia también sobre el tema de la brujería. Trasladado a Bizkaia, de la Puente tomó posesión de su cargo y, en la Junta General celebrada en Gerediaga el 13 de abril de 1617, nombró teniente corregidor de la Merindad de Durango a Gaspar del Hoyo Alvear, natural de tierras cántabras y familiar de la Inquisición de Navarra. Los familiares eran los funcionarios de menor nivel de la Inquisición y su función era la de informar de todo lo que fuera de interés para esta, es decir eran los chivatos del Tribunal. Es de suponer que Del Hoyo conocía bien lo acontecido pocos años antes en Navarra y se puede decir que por su forma de actuar no era una persona cercana a las tesis de Alonso de Salazar y Frías. En este sentido, tampoco las autoridades civiles de Bizkaia estaban por la labor de aceptar el pensamiento de Salazar y persistieron en su guerra contra las brujas teniendo para ello unos magníficos aliados en las figuras de Francisco de la Puente Agüero y Gaspar del Hoyo.
En la Junta de Merindad celebrada el 3 de septiembre de 1617 so el árbol de Gerediaga se reunieron, presididos por Gaspar del Hoyo y de su alcalde (ayudante) Luis de Gamboa, los fieles de las 12 anteiglesias del Duranguesado; Pedro de Betosolo (Abadiño), Martín Ibáñez de Sarria (Berriz), Domingo de Celaya Goitana (Mallabia), Joan de Aguirre Jausolo (Apatamonasterio), Joan Ruiz de Azcarraga (San Agustín Etxebarria), Martín de Aranguren y Martínez de Jainaga (Zaldua), Iñigo de Dueña (Garai), Joan de Baraia (Mañaria), Joan de BesoitaUrien (Iurreta). Joan de Aldecoa (Arrazola), Pedro de Arceaga (Axpe) y Antón de Mendive (Izurtza). Las cuatro villas del territorio no solían participar en las Juntas de Merindad.
El acta de la sesión recoge que se trató muy extensamente acerca de los numerosos brujos, brujas, hechiceros y hechiceras de la Merindad y que se acordó pedir poderes al corregidor del Señorío para que el teniente de la Merindad, Gaspar del Hoyo, averiguase los daños que causaban y así poder castigarlos, comisionando para entender de dicho tema al fiel de Apatamonasterio, Juan de Aguirre Jausolo.
Verdad y castigo La semana siguiente, el 10 de septiembre, en una nueva Junta celebrada en Astola, Juan Aguirre Jausolo leyó los pareceres del doctor Saravia y de los licenciados Aperribay y Garren, sobre la petición formulada por la Merindad al corregidor en relación a las brujas, brujos y hechiceros. En sucesivas reuniones el tema de las brujas siguió estando presente en el orden del día de las Juntas. Así, el 24 de septiembre se leyó la carta en la que el corregidor Francisco de la Puente daba comisión al teniente Gaspar del Hoyo para perseguir a las brujas y hechiceros, ordenando que en el plazo de 6 días den los mismos noticia de las brujas y brujos y hechiceros que tuvieren noticia y sospecha que lo son y de los testigos que en razón de ello puedan decir y declarar para que su merced cumpla con lo acordado. Se acordó también que el primer domingo o fiesta de guardar se celebrara una solemne misa en honor de la Santísima Trinidad para que la misma alumbrara en la declaración de la verdad y castigo de los malhechores. El 8 de octubre se consultó sobre los castigos a imponer y se prohibió a los vecinos de la Merindad alojar en sus casas y mesones a franceses y, en especial, a los de Navarra Navarra, dado que eran de mala fama y opinión de brujos. También acordaron dar noticia de los decretos adoptados a las villas de Durango, Ermua y Elorrio.
En este sentido, el concejo de la villa de Durango el 13 de octubre, festividad de San Fausto, adoptó el mismo acuerdo, prohibiendo a mesoneros y vecinos alojar a franceses a no ser que estuvieran de paso. Franceses que, en realidad, eran habitantes de Iparralde, fugitivos de la represión de Lancre. Gaspar del Hoyo al usar el término los de Navarra Navarra seguramente se refería a los habitantes Baxenafarroa, territorio al que había dejado reducido el reino de Nafarroa tras las invasiones castellanas del siglo XVI.
En esta Junta del 8 de octubre de 1617 los fieles manifestaron no tener conocimiento de la existencia de brujos. Este acuerdo produjo fuertes discrepancia entre el poder eclesiástico y civil a la hora de enjuiciar la supuesta brujería, generándose una situación que obligó a la Inquisición a comisionar a Alonso de Salazar y Frías y enviarlo a Bilbao, donde llegó el día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos. En Bilbao, Salazar se reunió con el licenciado Juan de Arecheta, antiguo comisario de la Inquisición en Bermeo y que en el caso de brujería habido en la localidad costera en 1616 se había manifestado en contra de las actuaciones del Señorío.
Tras la visita, Alonso de Salazar logró frenar a jueces y autoridades locales aplicando el Edicto de Gracia, creyendo de esta manera encauzar el problema y dominar las contrariedades. Pero el clero estaba dividido entre los que creían en brujas y los que no. Tanto el corregidor como el teniente de corregidor continuaron con su cruzada.
“Hasta el tormento” En la Junta celebrada en Astola el 2 de febrero de 1618 se dio cuenta a los fieles (alcaldes) de las diligencias que se habían practicado contra los brujos y brujas de la Merindad. Puente Agüero en marzo-abril de 1618 intentó juzgar a los que él considera brujos y brujas pero sin éxito, imponiéndose el razonamiento de Alonso Salazar. Finalmente, el 5 de junio de 1618, en la reunión celebrada so el árbol de Gerediaga se acordó por orden del teniente corregidor liberar a dos de las tres brujas que hallaban encarceladas en Astola. De la que quedó en prisión se señalaba que no tenía bienes con los que sustentarse y se pedía a los fieles que solicitaran limosna en sus anteiglesias con el fin de mejorar su situación. Todavía en marzo y junio de 1619, en las Juntas de Bizkaia celebradas en Gernika, se pidió de nuevo, y con reiteración, medidas contra las brujas, llegando un juntero a solicitar que se procediera “con todo rigor y hasta el tormento”.
Las creencias religiosas obsesivas sembradas durante siglos por clérigos de muy pocas letras hallaron durante mucho tiempo eco en autoridades locales no mejor dotadas. Frente a esta situación, la gran labor del inquisidor Alonso de Salazar y Frías, conocido acertadamente con el sobrenombre de el abogado de las brujas, quien a pesar de la opinión de las autoridades civiles y de muchas mujeres y hombres del Duranguesado, ordenando que todo lo concerniente a las brujas se remitiera a la Inquisición de Logroño, logró dar terminó al último vuelo de las brujas y brujos de la Tierra de Durango.
En el cuarto centenario de los hechos, en recuerdo de aquellas mujeres invisibles para la historia, las Juntas Generales de Bizkaia y Gerediaga Elkartea, han promovido un manifiesto en favor de la libertad de pensamiento, conciencia y creencia, firmado por los alcaldes del Duranguesado el 9 de junio, así como la instalación, el 16 de octubre, en el espacio Foral de Gerediaga de una silueta de mujer.