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Prevaricación y división

Como se decía en los tebeos de mi infancia, que me aspen si lo que está haciendo el juez Llarena no es una prevaricación del tamaño de la catedral de San Nicolás de Kiel, capital del estado de Schleswig-Holstein, cuyo tribunal le ha dejado al togado con las vergüenzas a la intemperie. Hasta donde sabemos, fue el justiciero del Supremo quien se emperró en atribuir a Carles Puigdemont los delitos de rebelión y malversación y quien, en virtud de tal circunstancia, emitió una orden para trincar al escurridizo president y devolverlo a España. Como saben, lo que ha ocurrido es que los magistrados alemanes no han apreciado la tal rebelión pero sí las migajas suficientes de malversación como para empaquetar al prófugo para Madrid. Y claro, eso arruina los planes del recalcitrante Llarena, que ha decidido, olé sus bemoles, retirar la euroorden, lo que pasado a limpio, significa renunciar voluntariamente a perseguir un delito.

La rocambolesca paradoja tiene su correlato en el pifostio creciente entre las fuerzas mayoritarias del soberanismo catalán, que ya no les soy capaz ni de identificar. No hace tanto, estaba claro que eran Esquerra y Convergencia (o viceversa), pero tras el alumbramiento del PDECat y la posterior creación de JxCat como marca electoral a mayor gloria de Puigdemont, las costuras del antiguo partido-guía se han difuminado. O, mejor dicho, acaban de reventar al mismo tiempo que a ERC se le terminaban de hinchar las narices por el clamoroso ninguneo que viene sufriendo la formación en general y su encarcelado líder, Oriol Junqueras, en particular. De nuevo no hay nada tan letal como el fuego amigo.

El 3 de marzo, en Europa

42 años después, la matanza del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz ha llegado al Parlamento europeo. Es decir, a uno de sus organismos casi arcanos para el común de los mortales, con un nombre, por demás, que a los que somos de natural escéptico nos hace pensar en una suerte de dispensario burocrático para el derecho al pataleo: Comisión de Peticiones. Y no se crean que es tan fácil situarse a pie de ventanilla. Por lo que contaba hace un par de días en Onda Vasca la eurodiputada Izaskun Bilbao Barandika, ha habido que batirse el cobre durante meses para que Nerea Martínez y Andoni Txasko, portavoces incombustibles e imprescindibles de Martxoak 3, fueran escuchados ayer en Bruselas.

Por lo demás, casi sonroja lo primario de la reclamación que toca seguir difundiendo a los cuatro decenios largos del asesinato de los cinco de Zaramaga. El puro catón: verdad, reparación, justicia y como resumen y corolario, fin de la impunidad. Se imagina uno la cara de pasmo del auditorio al ser informado de que hasta la fecha, ningún gobierno español —da igual su color— ha hecho absolutamente nada siquiera para reconocer que aquello ocurrió, que tuvo unos culpables en diferente grado y, desde luego, que las víctimas y sus familias merecen, además de un trato humano, la misma consideración que cualquiera de las muchísimas personas que han sido objeto de sufrimiento injusto. No se pide nada más que eso. Y nada menos. Cuesta trabajo creer, aunque desgraciadamente los hechos confirman que ha sido así, que cada gabinete que ha sucedido a aquel presidido por el inefable Arias Navarro se haya alineado sistemáticamente con los asesinos.

Algo más que indignarnos

Libertad provisional para los miembros de La Manada bajo fianza de 6.000 euros por cabeza. Lamento infinito escribir que no me sorprende en absoluto la decisión de la Audiencia de Navarra. Por descontado, deseaba otro desenlace, e incluso cuando nos llegó el primer chachau sin confirmar del todo, albergué la vana esperanza de que se tratara de un piscinazo que se vería desmentido con el tiempo. Sin embargo, los hechos contantes y sonantes junto al mínimo conocimiento del paño judicial apuntaban hacia lo que finalmente ha llegado a los titulares y ha provocado —eso también era de manual— que ardan las calles de santa y justa indignación.

Y está bien que gritemos, que nos desgañitemos movidos por la incredulidad, la rabia, la impotencia o la montaña rusa emocional que nos ha provocado ver negro sobre blanco la confirmación de los peores temores. Pero ese clamor no puede convertirse, como ya está ocurriendo, en el sempiterno concurso de la declaración más incendiaria o la proclama más biliosa. Ni tampoco debe tener carácter de pataleo difuso sobre la aplicación testicular de la Justicia. Ni orientarse en exclusiva a los cinco seres vomitivos que van a salir a la calle en cuestión de horas. No es la primera vez que escribo aquí que, aunque sea la más mediática, esta no es, ni de lejos, la única manada que practica la depredación sistemática. Si de verdad nos creemos lo que vociferamos hasta rompernos la garganta, tendríamos que conjurarnos para declarar la guerra sin cuartel a todos y cada uno de los machos que, individualmente o en jauría, se dedican a la caza de mujeres para satisfacer sus instintos. Hagámoslo.

Perplejidad infinita

Seguimos para bingo. Una descomunal cantada del gran latigador de la judicatura que atiende por Pablo Llarena provoca que la Fiscalía de Bruselas mande a la papelera la orden de entrega de los consellers expatriados en la capital de Bélgica, que lo es también, por cierto, de la Unión Europea. Los beneficiados por la anchoa se hacen un selfi partiéndose la caja con unas birras matutinas en la mano. Los perjudicados, osease el Tribunal Supremo, se ponen de morros como niños malcriados con nula tolerancia a la frustración y lamentan “la ausencia de compromiso de la Justicia belga”. Por si no fuera bastante descuajeringue con haber sido los autores de la metedura de pata y con la propia rabieta, inmediatamente después de hacer los pucheritos, los altos togados reconocen que todavía no han leído el fallo que están poniendo a caldo.

Esto, y siento que el esquema de la columna sea calcado al de la de ayer, casi al mismo tiempo que nos enteramos de que el ya president a todos los efectos de la Generalitat, Quim Torra, es un señor que hace año y medio se presentó en Ferraz cargando unas bolsas de plástico para formar parte de la claque callejera de Pedro Sánchez en los días en que fue depuesto como secretario general del PSOE. Eso, mientras no dejan de aparecer artículos del susodicho desbordantes de rancio esencialismo. Sin embargo, el procesismo de salón insiste en la martingala oficial de “los cuatro tuits sacados de contexto” y nos acusa de viles colaboracionistas del unionismo a los que no sabemos disimular el inenarrable escándalo que nos causa la elección de alguien con semejante trayectoria acreditada.

Togas contra Catalá

A buenas horas han descubierto algunos que el chisgarabís Rafael Catalá es un bocachancla con cartera ministerial adosada. Anda que no lo ha demostrado largamente adelantando al milímetro lo que iba a pasar con Iñaki Urdangarín o teledirigiendo con su lengua suelta a los togados por el turbio mar del Procés. Por no hablar, claro, de cómo se ganó a pulso la reprobación de todos los partidos menos el suyo tras hacer mangas y capirotes con las fiscalías, en comandita con el difunto Maza, para limitar el daño en las cloacas genovesas. Se pregunta uno dónde estaban entonces todas esas asociaciones gremiales de lo jurídico que ahora se muestran ofendidísimas porque el individuo ha soltado mierda sobre uno de los suyos.

Soy el primero en proclamar que un miembro del gobierno no debe poner en la picota —a lo Gila, además: “Todos saben que alguna persona tiene algún problema”— a un juez. Ni siquiera a uno que nos ha revuelto el estómago. Si de verdad sabía algo que inhabilitaba al fulano para meter sus narices en un asunto tan delicado como la actuación depredadora de La Manada, tenía que haberlo puesto en conocimiento de las instancias oportunas. Si solo es un tiro por elevación para embarrar más el campo y quedar bien con la calle, es cierto que no puede estar un minuto más en el cargo. Sin embargo, anoto a continuación que ni las citadas asociaciones de jueces ni el sacrosanto CGPJ tienen la menor legitimidad para pedir la dimisión de Catalá. Primero, porque no lo hicieron cuando debieron. Y segundo, porque al hacerlo, incurren en lo mismo de lo que acusan al ministro: atacar la separación de poderes.

¿Legislar en caliente?

Hay que ver cómo cambia el cuento. Ahora el gobierno español anuncia que revisará la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal, y prácticamente todo el arco político se apunta el tanto. Dicen que es el clamor de la calle y que hay que ponerse inmediatamente manos a la obra. Desde aquí, me sumo a la exigencia —a ver si esta vez lo hacen bien—, pero inmediatamente me hago una pregunta en voz alta, ustedes me dirán: ¿No habíamos quedado en que no se debía legislar en caliente?

Reitero que a mi me parece más que procedente y anoto mi vana esperanza de que en lo sucesivo esta forma de actuar marque tendencia. Qué gran retrato se han hecho los que en esta ocasión no han tenido remilgos en demandar, casi tea en mano, no ya cambios legales sino la crucifixión de los cinco malnacidos de La Manada, mientras que hace unas semanas trataban de turbamulta manipulada por el fascio a quienes salían a expresar su rabia por el asesinato del niño Gabriel Cruz. No faltaron los grandes santurrones que pidieron comprensión hacia la asesina en atención a su sexo, su origen y el color de su piel.

Y no, no es solo porque las violaciones les merezcan un trato diferente. Depende de cuáles. Yo tengo memoria. El pasado diciembre, cuatro depredadores alevines agredieron sexualmente a una niña en un trastero de Barakaldo. Hubo un par de pancartas en alguna concentración deslucida, de puro trámite, pero los apóstoles del buen rollo corrieron a apelar a la educación en valores, antes de ordenar discreción y respeto… para los victimarios, por supuesto. Ojalá lo de estos días suponga el fin de tanta hipocresía.

‘Fariña’ fina

Agradezco con entusiasmo a la juez Alejandra Fontana y más todavía al ex cacique pepero de las Rías Baixas, José Alfredo Bea Grondar, en calidad de instigador, que a estas alturas de la liga haya cometido la enorme torpeza de ordenar el secuestro del libro de Nacho Carretero titulado Fariña. Entre mi monumental despiste para ciertas cuestiones y mi agenda —digamos— complicada, jamás hubiera tenido conocimiento de tal obra, de no haber mediado la bronca originada por el absurdo intento de la magistrada de ponerle puertas al campo. Ni siquiera la publicidad de la serie de televisión —bien hecha, pero creo que pierde respecto al libro— me habría empujado a comprar el magnífico trabajo de Carretero, con el que he disfrutado un potosí. Y creo no haber sido el único. Tanto en papel como en formato digital, las ventas se han multiplicado por ene gracias a la decisión judicial.

Efecto Streisand, creo que lo llaman en fino. En castizo, darle tres cuartos al pregonero. Menudo tolo, que dicen en mi querida Galicia, el tal Bea Grondar, que habría pasado desapercibido entre los mil choricetes citados en el texto. Otra cosa es que, pese al paradójico resultado promocional, no debamos perder de vista lo principal, es decir, que estamos ante un intolerable caso de censura. Incluso aunque todo haga indicar que no vaya a tener mucho más recorrido en tribunales, como tal hay que denunciarlo sin rodeos. Al tiempo, el asunto también nos vale para distinguir un verdadero ataque a la libertad de comunicación del intento de pillar cacho propagandístico haciéndose pasar por víctima de la tijera. Algún caso ya se ha dado.