Eduardo J. Alonso Olea
Bilbao. EN este año repleto de aniversarios veremos uno ocurrido un lejano 23 de junio de 1937, hace por lo tanto 75 años. Las tropas del ejército sublevado en julio de 1936 habían entrado en Bilbao cuatro días antes, el 19 de junio de 1937. Dos días después, una nueva gestora de la Diputación Provincial de Vizcaya se constituyó con seis miembros (Luis de Llaguno, presidente; Lorenzo Hurtado de Saracho, vicepresidente; Ildefonso de Arrola, Manuel Vega, Isidoro Delclaux y, como secretario en funciones, Manuel Zorrilla). El 23 de junio Francisco Franco firmó un Decreto en Burgos por el que se derogaba el Concierto Económico con Bizkaia y Gipuzkoa.
El Concierto Económico había sido la norma, articulada por medio de varios Decretos desde el original de 28 de febrero de 1878, que regulaba la contribución de las Provincias Vascongadas a las arcas del Estado, en cumplimiento de la Ley de 21 de julio de 1876 (art. 4º), que determinaba su obligación de aportar hombres a las quintas y recursos a la Hacienda del Estado en proporción a sus haberes. Desde 1878, por lo tanto, las Diputaciones habían regulado sus propios sistemas tributarios dentro del amplio espectro que el Concierto permitía. Realmente solo las aduanas, como tributos relevantes, quedaron fuera de él. Fue bastante más de un mero acuerdo tributario puesto que permitió que las Diputaciones Provinciales, herederas de las disueltas Forales, mantuvieran amplias competencias no solo tributarias sino administrativas: carreteras, policías provinciales, escuelas, hospitales, ferrocarriles, control municipal y un largo etcétera. En definitiva, las Diputaciones provinciales vascas tuvieron, gracias a la gestión de sus propios recursos, una gran autonomía.
‘Agravio comparativo’
En 1937, por lo tanto, se eliminó de un plumazo el sistema en Bizkaia y Gipuzkoa. En el preámbulo del Decreto se fundamentaba en el agravio comparativo que suponía una menor presión fiscal sobre los contribuyentes vizcainos y guipuzcoanos y el fraude fiscal en perjuicio de la Hacienda del Estado. El mal uso hecho de este privilegio y el que se alzaran en armas, estas dos provincias, contra el Movimiento Nacional, «correspondiendo así con la traición a aquella generosidad excepcional», eran las causas que justificaban la derogación del Concierto. No obstante, estos principios de privilegio y causa de fraude fiscal no fueron aplicados a Álava y Navarra, pues estas sí se habían alineado con el golpe militar. Por último, se reconocía la existencia de vizcainos y guipuzcoanos patriotas, y así se justificaba la medida como un acto de justicia y no «de mera represalia».
En la parte dispositiva se establecía que desde primero de julio de 1937 los impuestos, rentas y contribuciones del Estado se realizarían en Bizkaia y Gipuzkoa como en el resto del Estado y con sus reglamentos. Por su artículo cuarto se reconocía la vigencia del Concierto en Alava. La Junta Técnica del Estado dictó, el día 30 de junio, una orden por la que establecía la formación de una Comisión mixta Estado-Diputaciones para que propusiera el mecanismo concreto el traspaso de servicios de las Diputaciones al Estado.
Los efectos del decreto y su posterior aplicación sobre los servicios públicos provinciales fueron demoledores, al añadirse, no hay que olvidarlo, al proceso de depuración. De hecho, en 1936 trabajaban en la Diputación unos 1.000 empleados mientras que en 1939 no llegaban a los 350.
Eliminación de servicios
Como consecuencia directa de la abolición del Concierto no solo hay que contar el paso de la recaudación fiscal al Estado, sino también la eliminación de servicios de las Diputaciones. Así se transfirieron un total de 398 kilómetros de carreteras de la Diputación de Guipúzcoa y 652 de la de Vizcaya -la mitad de la red viaria- al Estado, consideradas según la norma de interés general. La carretera de Orduña a Pancorbo, propiedad de la Diputación de Vizcaya desde el siglo XVIII, pasó a depender de la Jefatura de Obras de Burgos. Todo el material de obras públicas y el personal adscrito pasaría también al Estado.
De igual modo, los gastos de Instrucción Pública pasaban al Estado (Universidad de Oñate, Escuelas de Ingenieros, Conservatorio de Bilbao, Escuelas de Barriada de Vizcaya y las Escuelas Rurales de Guipúzcoa), pero reservándose el derecho de modificar, e incluso suprimir, los establecimientos de enseñanza si no encajaran en sus planes educativos.
Por último, se estableció que el personal de las Diputaciones que sobrara pasaría a la situación de excedencia forzosa, con el sueldo que fijara la respectiva Diputación. El Estado podría utilizar, como interinos, a este sobrante de personal mientras que le fuera necesario o no pudiera regresar a la Diputación. Hubo una laguna al respecto del personal provincial, puesto que en el Decreto no se aludía directamente a los Cuerpos de Miñones de Bizkaia y Miqueletes de Gipuzkoa que fueron eliminados en el mes de agosto debido a su participación directa en la guerra. En definitiva, se desarboló toda la estructura tributaria y administrativa que las Diputaciones provinciales había heredado de las Forales y aumentado desde 1878.
‘Provincias traidoras’
Se ha identificado la expresión provincias traidoras -aunque literalmente no aparezca en el decreto- como un castigo específico a Bizkaia y Gipuzkoa por alinearse junto a la República, pero siendo así hay también otros elementos que conviene señalar para tener una perspectiva más amplia de por qué se tomó tal decisión en ese momento. En esencia, ¿por qué se derogó el Concierto con Gipuzkoa en junio de 1937 si ya en septiembre de 1936 había caído buena parte de la provincia en manos de los rebeldes? Si era un privilegio, ¿por qué se eliminó a Bizkaia y Gipuzkoa y no a Álava y Navarra? Además de la obvia justificación política del momento, de castigo a unas provincias rebeldes, no hay que olvidar un hecho: al bando franquista le hacían falta recursos para una guerra que ya caminaba por su primer año, y además, los gestores de la hacienda franquista, en Burgos, no eran precisamente recién llegados ni desconocían el régimen concertado.
Comenzada la Guerra Civil, se organizó en Burgos una Junta Técnica del Estado, a falta de un gobierno formal. El 7 de octubre de 1936, se nombró a Andrés Amado y Reigondaud de Villabardet (1886-1946) como presidente de la Comisión de Hacienda de la Junta Técnica. Como vocales de la Comisión fueron nombrados inicialmente funcionarios de Burgos, pero se fueron añadiendo otros. Así, el 9 de abril de 1937 fue designado vocal José Navarro Reverter y Gomis (1888-1969). Víctor Amado fue un alto funcionario del Ministerio de Hacienda que había participado en la negociación del Concierto en 1925-26. José Navarro Reverter, hijo del ministro de Hacienda que negoció la renovación del Concierto en 1906, fue otro destacado funcionario en 1926, y que luego haría carrera en el Banco Hipotecario y en Telefónica. El preámbulo fue derogado en 1968, pero la del propio Decreto no llegó hasta la aprobación del Decreto-Ley de 30 de octubre de 1976, que se ha tenido como el inicio de la configuración autonómica del nuevo Estado con la Transición. Finalmente, el Concierto Económico negociado en 1980, fue aprobado en 1981, tras un paréntesis de 43 años y medio, incluido ya dentro de la Constitución de 1978 y del Estatuto de Autonomía de 1979.