La propuesta de creación de un estado vasco impulsada por Joseph-Dominique Garat, senador del Imperio, a Napoleón Bonaparte, es uno de los capítulos más sugerentes de la historia decimonónica del País Vasco. A pesar de ello, se ha mantenido relativamente oculto para el gran público, lo que no parece responder a ningún tipo de interés con trasfondo político o ideológico, sino al hecho cierto de que se trató de uno de tantos planes que el Gran Corso contempló y finalmente desechó, quedando relegado al limbo de las realidades que pudieron ser pero nunca fueron. No trascendió, quedando recluido al ámbito de la alta política y la diplomacia como una especie de proyecto de salón en el que, precisamente por esta causa, nada terminó de concretarse del todo.
Sin embargo, su importancia es crucial, no únicamente porque prevé la constitución de un ente administrativo capaz de fundir en una unidad política los territorios vascos de ambos lados del Bidasoa -un planteamiento que no era estrictamente novedoso-, sino por la ideología y el modelo de estado que su proyecto llevaba implícitos. Lejos de la profunda impronta provincialista que caracterizó a propuestas como la de las Provincias Unidas del Pirineo propugnado por Manuel de Larramendi o la propia Euzkadi que Arana ensalzará como patria de los vascos casi cien años después de la era napoleónica, Garat hablaba de un estado uniforme y centralizado. El respeto a los fueros e instituciones de cada una de las provincias vascas no era para Garat una base de partida esencial, sino la propia identidad vasca vista desde un punto de vista rigurosamente moderno, en perfecta consonancia con los ideales políticos que propugnó la Revolución Francesa.
Su propuesta aparece como un calco del sistema administrativo y de gobierno aplicado en Francia durante la revolución y el Imperio: la nación moderna, distribuida administrativamente siguiendo criterios de pura racionalidad y no identitarios, se apropia de los recursos de un estado que llega a encarnar, correspondiéndole un solo gobierno y administración centralizada, una única lengua y una única identidad nacional. En este sentido, Garat se muestra partidario de diluir las provincias vascas siguiendo el mismo proceso que aconteció con las francesas, basándose en criterios puramente administrativos, mezclando buena parte de Bizkaia, Gipuzkoa y Laburdi en una nueva y homogénea provincia, dada su común dependencia del mar. Igualmente propuso para el resto del territorio, llegando a hablar de la provincia de Nueva Fenicia, de Nueva Tiro y, en caso de ser necesario, una tercera llamada Nueva Sidón, todas ellas sin rastro alguno de la tradicional división provincial. En este sentido, Garat puede considerarse como el primero que propugnó un modelo de nacionalismo moderno, basado en los postulados de la Revolución, para el País Vasco.
Llama la atención la modernidad de algunos de sus postulados, como la concienciación acerca de la necesidad de una lengua vasca unificada, así como de escuelas en las que se imparta la formación en euskera a partir de los textos de Larramendi y Ohienart, entre otros autores clásicos. Sin embargo, pecó de cierta ingenuidad al creer a pies juntillas en las teorías acerca del origen hebrero de la lengua vasca, a partir de la lectura de varios estudios poco rigurosos, entre los cuales el más conocido es la obra escrita en 1785 por Matthieu Chirinac de Labastide, titulada Dissertation sur les basques, obra mediante la que el autor francés pretendía demostrar la semejanza entre ambas lenguas. Garat también conocía la teoría vasco-iberista, tan en boga en aquellos momentos merced a los estudios de Astarloa o Wilhelm von Humboldt, quien difundió la idea por todo el mundo.
El antecedente de Moncey
El senador no partía de cero cuando pretendió interesar a Napoleón. El general Moncey prefiguró una solución parecida cuando se apercibió de la actitud de las autoridades guipuzcoanas ante la penetración de las tropas de la Convención en 1794.
Basándose en la teoría del pacto secular, los guipuzcoanos recibieron con simpatía a los franceses, ofreciéndoles la adhesión de la provincia a cambio del respeto a sus fueros e instituciones. Se trataba de la ejecución del derecho de soberanía que mediante pacto les había unido secularmente a Castilla, girando esta vez hacia Francia. Los representantes de la provincia, que negociaron con Francia por boca de José Fernando de Echave Asu, Joaquín Barroeta, Francisco Javier Leizaur y José Hilarión, no ocultaban su malestar por la política crecientemente nacionalista de Carlos IV, tras de quien se encontraba la sombra de Godoy, y creyeron ver en la república francesa a un posible garante de las libertades vascas. Sin embargo, los altos representantes convencionales, Jacques Pinet y Jean-Baptiste Cavaignac, se cerraron a la posibilidad de ningún acuerdo a excepción de la anexión pura y simple a Francia.
Fue entonces cuando Moncey, dándose cuenta de que la república estaba perdiendo unos aliados providenciales, sugirió la posibilidad de crear un estado formado por las tres provincias de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, cuya supervivencia vendría garantizada por las fuerzas de la república. La idea no prosperó, a pesar de que estuvo presente en las conversaciones de Basilea (1795) que restauraron la paz entre Francia y España y devolvieron la frontera a su trazado anterior, a cambio de la entrega de parte de la isla de Santo Domingo y un buen desembolso económico por parte del gobierno de Carlos IV.
Garat conoció el plan de Moncey, lamentó su fracaso y pergeñó un nuevo proyecto a partir de esta idea, pero ampliándolo a los territorios vascos del estado francés y a Navarra. Si bien sus estudios histórico-etnológicos le llevaron a reclamar en el último de sus escritos las poblaciones de Laredo o Santoña como territorios vizcainos, el proyecto de Garat tiene el privilegio de ofrecer una imagen insólita en cuanto que, basándose en cuestiones étnicas y no tanto históricas, propone la conformación de un estado nuevo, respondiendo así a los postulados del moderno nacionalismo y abriendo una alternativa nacionalista o prenacionalista diferente a la que finalmente, y de forma más bien tardía, se impuso en el país.
Nueva Fenicia, país de corsarios
Cuando en 1807, las fuerzas francesas rebasaron nuevamente el Bidasoa, Garat, como Moncey en su día, no perdió la oportunidad para ofrecer su plan a Napoleón. Su primer informe -hubo otro anterior, pero en él únicamente se refiere a Iparralde-, data de 1808. Se tituló Exposé succint d´un Project de reunión de quelques cantons de l´Espagne et de la France dans la vue de rendre plus fáciles et la soumission de l´Espagne et la creation d´une marine puissante, y surgía de una doble toma de conciencia: por un lado, sabía que era el momento idóneo, que Napoleón había tomado España y se hallaba indeciso sobre qué hacer con ella. Por el otro, era una oportuna contramedida para contrapesar la fuerza del viejo proyecto de secesión de los territorios situados entre el Ebro y los Pirineos y su anexión al Imperio Francés.
Talleyrand no veía con malos ojos esta medida, y varios informes, como el que escribió el subcomisario de Marina francés solicitando la unión del puerto de Pasajes a Francia, empujaban al emperador a liquidar de una vez por todas el viejo contencioso ebropirenaico. El senador Garat aprovechó las circunstancias políticas para presentar el proyecto neofenicio como un compendio de ventajas para el imperio, a fin de llamar la atención del emperador.
Consciente de que tras la derrota de la armada combinada franco-española en Trafalgar (1805) Napoleón contaba con la hegemonía terrestre pero se hallaba en seria desventaja frente a los británicos en el mar, el laburdino presentó Nueva Fenicia como un estado eminentemente marítimo, capaz de generar flotas corsarias a fin de imposibilitar el tráfico militar y comercial del Reino Unido, organizando una especie de guerrilla del mar: tripulaciones de corsarios que se lanzarían sobre los mares de las dos Vizcayas, situados precisamente en la ruta de Inglaterra a las dos Indias. Se volvería a ver sobre el océano lo que no se ha visto desde hace un siglo; una verdadera guerra de filibusteros que desolaría la marina mercante inglesa y formaría tripulaciones que, en nuestras escuadras y flotas, no tardarían en combatir y vencer a la marina militar de esos insolentes dominadores de los mares.
Joseph-Dominique Garat fue un abogado, periodista y orador laburdino que tomó parte en los acontecimientos que conformaron el proceso revolucionario francés desde sus prolegómenos hasta su culminación imperial. Como tal, estaba profundamente imbuido por estos ideales, tanto que llegó a votar, junto a su hermano mayor Dominique y no sin reticencias, la derogación de los fueros vascos en la noche del 4 de agosto de 1789. Cuando llegó el Imperio, creyó ver en Napoleón la figura que sería capaz de hacer realidad sus aspiraciones. No en vano, el emperador había creado estados de nueva planta a lo largo y ancho de Europa desde antes de su ascenso al trono imperial -en tiempos del Directorio (1794-99) reorganizó prácticamente sin oposición el mapa política italiano-, lo que animó a Garat a proponerle la constitución de un estado vasco adherido al Imperio. La idea pareció atractiva a Napoleón, que solicitó a Garat que profundizara en ello, fruto de lo cual resultó un extenso informe sobre los vascos y otros pueblos antiguos de España, pero para entonces el rumbo de la guerra le aconsejó un control directo de los territorios situados entre el Ebro y los Pirineos. Con fecha 8 de febrero de 1810, un decreto imperial desgajó unilateralmente estos territorios de los dominios de José Bonaparte, cuyas protestas no lograron revertir la decisión. Se formaron cuatro gobiernos -Vizcaya, Navarra, Aragón y Cataluña-, cuyos responsables, todos ellos militares, respondían directamente ante París, rompiendo toda vinculación con la España josefina y formando una especie de administraciones transitorias que en el caso catalán derivaron en la anexión (1812). La derrota napoleónica truncó estos designios, retornando la situación al estatus quo anterior a 1807.
(Artículo de Iñigo Bolinaga)