La Matxinada de 1718 en Bizkaia

Luis de Guezala

Cuando al finalizar el siglo XVII, el 14 de diciembre de 1700, las Juntas Generales de Bizkaia proclamaron como su Señor a Felipe V de Castilla, lo hicieron por primera vez con un monarca Borbón. Venido de Francia, su concepto de la autoridad monárquica distaba mucho de la de los antiguos Señores de la casa de Austria. Tenía como modelo a su abuelo, Luis XIV, que gobernaba como monarca absoluto con base a la teoría del derecho divino de los reyes.

Felipe V, considerando que no debía existir limitación alguna para su autoridad, intentaría trasladar a los territorios que había heredado en la península Ibérica el mismo modelo absolutista y centralista que se iba implantando en el Reino de Francia, sin tener en cuenta las diferentes realidades nacionales y políticas que se daban en ellos.

El consenso político secular mantenido en torno a los Fueros vascos, «cartas magnas» o «constituciones» que regulaban las relaciones, deberes y derechos del monarca y sus súbditos vascos, quedaría pronto roto. El absolutismo había llegado ya a todo el País Vasco. Durante los primeros años del reinado de Felipe V se dio una larga serie de violaciones de la letra y el espíritu establecidos en los ordenamientos forales vascos.

Son los años en los que se abolieron, tras el final de la guerra de Sucesión, los Fueros de la Corona de Aragón, que había apostado por el archiduque Carlos, pretendiente austríaco al trono español que acabó siendo derrotado por el francés. En este proceso, en Bizkaia se fue viendo claramente que, mientras que los junteros elegidos por las diferentes localidades mantenían la defensa del Fuero, la élite política dirigente del Señorío se posicionaba en clara connivencia con el corregidor y los intereses de la Corona. Nada nuevo bajo el sol. Y menos entonces, cuando estos personajes colaboradores estaban cada vez más necesitados del favor real para mantener su estatus social, con premios, títulos o nombramientos en la administración civil o en el ejército real.

A los contrafueros monárquicos, las Juntas vizcainas respondían con la aplicación de lo establecido en el Fuero de Bizkaia. Recordaron que las órdenes del monarca debían ser trasladadas, antes de ser cumplidas, a los síndicos del Señorío, para que estos dictaminaran si respetaban lo establecido por el ordenamiento foral vizcaino. Y que, en caso contrario, debían ser devueltas para que se reformularan de acuerdo al Fuero. Procedimiento conocido como Pase Foral.

Las Juntas llegaron, por esta cuestión, a desautorizar expresamente a los diputados generales y a la Diputación, cuyo fundamento, como un Gobierno actual respecto a los Parlamentos democráticos modernos, era precisamente ser una comisión ejecutiva de las Juntas mientras estas no estuviesen reunidas. El conflicto era cada vez más evidente entre la monarquía española y los vascos, que entendían y se basaban en dos fuentes distintas y enfrentadas de legitimidad: la divina, por parte del monarca absolutista, y la democrática, por parte de las Juntas vascas.

El 31 de agosto de 1717 un nuevo real decreto acabó con el precario equilibrio que todavía se mantenía al establecer que las aduanas vascas, que hasta entonces habían estado situadas en la frontera con Castilla, debían trasladarse a los puertos de la costa y a la frontera con Francia. Se ordenó así trasladar, en el caso de Bizkaia, las aduanas de Orduña y Balmaseda al puerto de Bilbao. Por si hacía falta ser más explícito, el real decreto indicaba literalmente que el cambio se ordenaba «no obstante los Fueros». Esta fue la primera ocasión en que un Señor de Bizkaia reconocía expresamente que no respetaba el Fuero.

Para que no faltara nada, y presumiendo que los vizcainos podían no acatar el contrafuero, el real decreto amenazaba con que, en caso de incumplimiento del traslado de las aduanas, se pasaría el comercio de lana y otros géneros del puerto de Bilbao al de Santander, urgiéndose rápida contestación. Otra vez, nada nuevo bajo el sol.

La respuesta de las Juntas Generales no pudo ser más clara y contundente. Si el monarca quería desviar el tráfico comercial a Santander, el Señorío de Bizkaia le contestaba que aunque «la manutención del Comercio en mi distrito es apreciable, y aun preciso para la conservación de mis hijos (…) padeceré gustoso el perjuicio que contemplo, hasta última desolación, por no experimentar lastimado y empañado lo más apreciable de mi honor con la herida de mis Fueros.»

La respuesta de Felipe V a esta petición fue enviar nuevamente la orden del traslado de las aduanas al Señorío. En respuesta, las Juntas Generales acordaron enviar un comisionado al monarca para defender el mantenimiento de las aduanas en sus emplazamientos tradicionales. Este comisionado argumentó así que el Señor de Bizkaia no tenía la potestad de vulnerar el Fuero: «(…) tiene la limitación de no proceder en Reyno, Provinzia, República o Ciudad que no trasladó en el Príncipe absoluta y llanamente su poder sino es que en el acto mismo de sujeción hizo pactos o Leyes, porque en tal caso el Príncipe queda precisamente obligado a la observancia y no tiene la facultad para la contravención a ellas».

El nieto de Luis XIV no podía ni quería entender estos argumentos, pensando que su autoridad no debía tener ninguna limitación, así como que la nueva estructura estatal que estaba construyendo no tenía porqué reflejar su realidad política y nacional. Y el traslado de aduanas se consumó porque a Felipe V le dio la real gana.

El domingo 4 de septiembre se celebró en la anteiglesia de Begoña una asamblea de sus vecinos para tratar de esta cuestión. Decidieron que el traslado de las aduanas era contrario a los Fueros, así como marchar, precedidos por su fiel o alcalde, a Bilbao, donde se encontraban las máximas autoridades del Señorío, para conminarles a que firmasen un escrito contrario al traslado, así como para saber quiénes eran los vizcainos cómplices en el traslado de las aduanas.

El Corregidor, Carlos Saracoiz Ayala, ante cuya residencia en Bilbao se presentaron, consiguió con promesas y buenas palabras zafarse de ellos sin necesidad de firmar el escrito. Los begoñeses se dirigieron después a la casa del diputado general oñacino, Enrique de Arana, que huyó antes de su llegada, tratando de encontrar refugio entre sus vecinos, que se lo negaron. Su casa fue asaltada y registrada, al igual que las colindantes para detenerlo, pero sin éxito, ya que Arana consiguió finalmente refugiarse en el colegio de los Jesuitas.

Los begoñeses, a los que se les unieron numerosos vecinos de Bilbao, y, más tarde, otros quinientos vecinos de la anteiglesia de Abando, se dirigieron después a la casa de otro destacado miembro de la elite dirigente vizcaina, el marqués de Bargas, que había sido regidor del Señorío en el mandato anterior. Su hijo resultó malherido intentando contenerles, y tuvo que refugiarse en la iglesia de San Antón. El marqués, con parte de su familia, escapó también, escondiéndose donde algún vecino. Su casa fue también asaltada.

Estos asaltos y registros tenían como principal objetivo averiguar el nombre de los cómplices en el contrafuero, el traslado de las aduanas. Resulta muy significativo que en una de las casas asaltadas, la de Lorenzo de Sierralta, a su secretario Domingo de Zaldua se le obligara a firmar una nómina de «traidores a la Patria». Un segundo registro en la casa de Arana propició la detención de su tío y administrador, el sacerdote Francisco de Zarraga, que fue conducido a Begoña para que confesara los nombres de los cómplices en el traslado de aduanas, calificados como «enemigos de la Patria».

Los amotinados se hicieron con el depósito de pólvora que el Señorío tenía en Abando e hicieron un llamamiento a las anteiglesias de Bizkaia para que se les unieran en su defensa del Fuero. En respuesta a este llamamiento se congregaron en Bilbao al día siguiente, lunes 5 de septiembre de 1718, más de 5.000 hombres armados procedentes de Begoña, Abando, Deusto, Galdakao, Arrigorriaga, Basauri, Lezama, Etxabarri, Erandio, Sondika y otras localidades de la costa de Bizkaia. Una auténtica multitud, especialmente si tenemos en cuenta que la población de Bilbao entonces apenas superaba los 6.000 habitantes.

Los congregados redactaron un decreto en contra del traslado de las aduanas, en el que se nombraban los cómplices en su admisión, que obligaron a firmar al corregidor y al diputado general Arana. Éste firmó el documento en el colegio de los Jesuitas donde se había refugiado, pero los amotinados le obligaron a hacerlo públicamente en el Arenal bilbaino, junto a otros cargos públicos del Señorío, que fueron maltratados. A la llegada de Enrique de Arana al Arenal toda la atención se centró en él, considerándosele el principal cómplice en el traslado de las aduanas tras habérsele interceptado un mensaje enviado a la Corte el día anterior pidiendo el envío de 10.000 hombres armados para aplastar la rebelión. Mientras se encontraba firmando los documentos que le entregaban, el Diputado General acabó asesinado.

Los disturbios y asaltos de domicilios continuaron en los días posteriores por numerosas localidades vizcainas, organizados los sublevados como las milicias populares locales que normalmente constituían en tiempo de guerra, llegando a movilizarse entre seis mil y siete mil hombres armados. El sábado 10 de septiembre un grupo proveniente de Gernika, Murueta, Busturia, Ibarrangelua y Mundaka, que obligaba al teniente del corregidor a que les encabezara, asaltó la cárcel de Bermeo, en la que se encontraban apresados cinco personas acusadas de cómplices del traslado de las aduanas, matando a todos ellos.

Ese mismo día el Corregidor reunió en su casa de Bilbao a los miembros del regimiento general, titulares o suplentes que quedaban para reconstituir esta institución y la Diputación, intentando reconducir la situación. Los incidentes disminuyeron hasta que el 11 de noviembre entró en Bilbao, sin encontrar resistencia, una tropa del ejército real compuesta por 3.000 soldados, con un regimiento de caballería.

En enero de 1719 se dictó la sentencia contra los participantes en la Matxinada de 1718, que supuso muchas penas de prisión y dieciséis condenas a muerte que se ejecutaron en la cárcel de Bilbao con garrote, exhibiéndose públicamente las cabezas de los ajusticiados en varios pueblos de Bizkaia. Cinco de los ejecutados eran de Otxandio, uno de Eskoriatza, tres de Abando, uno de Barakaldo, otro de Galdakao, otro de Lezama, dos de Murueta, uno de Busturia y otro de Portugalete.

El 16 de diciembre de 1722, tras constatar la Hacienda Real que con el nuevo sistema aduanero los ingresos eran menores que con el sistema anterior, otro decreto real ordenó que las aduanas volvieran a sus lugares tradicionales. Se retornó así a la situación anterior, pero nada era ya como antes. Se había iniciado un nuevo proceso, liderado por la monarquía española, de vulneración de su vinculación tradicional con los territorios forales vascos, unificándolos con los otros territorios de la corona sin tener en cuenta la identidad ni la voluntad de sus habitantes, y por el recurso de la fuerza, superior, del ejército español. Un proceso que, como ya auguraron nuestros mayores, aquellos vizcainos que se amotinaron en 1718 en defensa de su Fuero, no traería a este País nada bueno.