Los encausados salvaron la vida gracias a que el lehendakari Leizaola y el vicelehendakari Rezola movieron hilos para que la vista fuera pública
Un reportaje de Iñaki Anasagasti
a Mario Onaindia, uno de los condenados a muerte en el conocido como Juicio de Burgos le conocí en el Parlamento Vasco en 1980. Representaba a Euzkadiko Ezkerra y nos llamaba la atención la obsesión que tenía contra los jesuitas, contra Xabier Arzalluz y contra todo lo religioso en general. No había debate donde no les aludiera como el poder en la sombra de absolutamente todo. Posteriormente, fue senador por Gipuzkoa en las legislaturas de 1993 y 1996 cuando ya su partido se había adscrito al PSE. Escritor y parlamentario, en Madrid caía muy bien su arrepentimiento y sobre todo su beligerancia contra el nacionalismo vasco en el que había militado. La Villa y Corte trata muy bien a los conversos.
Una noche, por coincidir en las Cortes con él, Joxe Joan Gonzalez de Txabarri y yo le invitamos a cenar al hotel Palace. Queríamos hablar de política e informarle de un dato que quizás él no sabía pero que fue fundamental para que salvara su vida y recuerdo de aquella cena el buen apetito que tenía y que no nos rebatiera cuando le dijimos que gracias al lehendakari Leizaola y al vicepresidente del Gobierno vasco en el exilio Joseba Rezola y a los obispos Argaya y Cirarda estaba cenando allí con nosotros. Tanto meterse con los curas y con el PNV, para eso.
“¿Por qué decís esto?”, nos preguntó. Y le contamos cómo al haber dos sacerdotes encausados, Kalzada y Etxabe, el juicio debería celebrarse a puerta cerrada, por así regularlo el Concordato entre Franco y la Santa Sede. Era un acuerdo que le venía bien al régimen ya que había planificado un juicio militar rápido, sin el ojo público encima y con unas sentencias condenatorias que se iban a llevar a cabo inmediatamente.
Pero no contó con nuestros dos ancianos que se presentaron en Roma y a través de los contactos históricos con la democracia cristiana italiana y con dos sacerdotes vascos que trabajaban en la Curia, junto a la petición de los obispos, lograron que aquel Juicio fuera a puerta abierta con lo que el mundo pudo ver la verdadera cara de un régimen terrible, vengativo y cruel. Aquello fue el detonante de una movilización mundial porque de ser juzgados aquellos jóvenes por una dictadura, fue la dictadura la que se sentó en el banquillo de los acusados. La Santa Sede agradeció que el juicio fuera público e intercedió ante el Gobierno español para pedir una actitud de clemencia en el caso de condenas a muerte para que las mismas no fueran ejecutadas.
Esto sucedió el 3 de diciembre de 1970 en la ciudad de Burgos. Fue un juicio sumarísimo contra dieciséis miembros de ETA acusados de los asesinatos de tres personas durante la dictadura. Fueron estos: Eduardo Uriarte, Jokin Gorostidi, Xabier Izko de la Iglesia, Mario Onaindia, Xabier Larena, Unai Dorronsoro, Bittor Arana, Josu Abrisketa, Ione Dorronsoro, Enrique Gesalaga, Jon Etxabe, Gregorio López Irasuegui, Itziar Aizpurua, Julen Kalzada, Antton Karrera y Arantza Arruti.
Los hechos juzgados se remontaban al año 1968. El 2 de agosto de aquel año era asesinado el policía torturador Melitón Manzanas, jefe de la Brigada de Investigación Social (policía política secreta del franquismo) de la comisaría de San Sebastián y primera víctima premeditada de la historia de ETA.
Estado de excepción El 7 de junio había sido asesinado José Pardines, agente de la Guardia Civil, al interceptar a dos miembros de ETA en un control de carretera. A raíz de estos hechos el Gobierno español declaró el estado de excepción en Gipuzkoa primero y después en todo el Estado español. Las detenciones masivas desencadenadas durante esos años consiguieron que para el otoño de 1969 estos dieciséis miembros de ETA ya estuvieran presos.
A los imputados se les acusaba asimismo del asesinato del taxista Fermín Monasterio así como de otros delitos, como atentados y robos, que según la acusación les habían reportado un botín de más de treinta millones de pesetas.
Los hechos juzgados eran considerados un ataque al régimen español, por lo que fueron acusados genéricamente del delito de “rebelión general continuada” llamando la atención el elevado número de encausados, dieciséis, entre los que se encontraban tres mujeres y dos sacerdotes, así como las penas solicitadas: seis penas de muerte y 752 años de cárcel.
La vista del Sumarísimo 31/69 se celebró del 3 al 9 de diciembre de 1970 en la sala de justicia del Gobierno Militar de Burgos y el tribunal militar deliberó 18 días en sesión ininterrumpida pero como la jurisdicción castrense en lugar de desglosar los hechos, supuestamente delictivos, se empeñó en acumularlos en un único sumario, para que una condena masiva proyectara una mayor ejemplaridad, la oposición mediática de la época explotó los errores acumulados.
Aquel juicio tuvo una inmensa repercusión en el mundo y como se necesitaban las biografías y las fotografías de los encausados, los activistas del PNV en la clandestinidad, Txomin Saratxaga y Jokin Insasuti recorriendo casa por casa la de todos los 16 juzgados solicitando a sus familias datos y una fotografía. Mientras uno subía a cada piso, el otro esperaba abajo con el coche en marcha y así consiguieron ofrecer a la agencia de noticias France Press, en la persona de Juan Manuel Idoyaga, un material informativo invalorable para poner cara y ojos a los que iban a ser condenados a muerte con lo que la campaña internacional tuvo en sus manos una información clave.
Cuestación popular El equipo que les defendió estaba formado por dieciséis abogados y sus gastos fueron sufragados por cuestación popular. Como letrados actuaron Josep Solé i Barberá, Gregorio Peces Barba, José Antonio Etxebarrieta, Juan María Bandrés, Miguel Castells, Ibon Navascues, Francisco Letamendia y Elías Ruiz Ceberio, entre otros, los cuales tuvieron como asistentes a Txiki Benegas y a Eduardo Moreno Bergaretxe. Entre todos planearon una cuidada escenificación ante el tribunal militar en la que los acusados y sus abogados pudieron hacer el papel de acusadores con sus declaraciones, para así dar a conocer internacionalmente la situación de opresión y represión a la que estaba sometida Euzkadi. Además, todos los días los abogados de la defensa celebraban ruedas de prensa en las que se pormenorizaba la evolución del juicio. Juan Ajuriaguerra y Sabin Zubiri estuvieron en la sala del juicio.
Para aprovechar políticamente el juicio, ETA secuestró el 1 de diciembre de ese año al cónsul honorario de Alemania en San Sebastián Eugen Bheil, equiparando su suerte a la de los procesados sobre los cuales pendía la pena capital, lo que atrajo aún más la atención internacional. Sin embargo, los encausados celebraron una reunión poco antes de comenzar el juicio y decidieron condenar el secuestro por entender que podía perjudicar a las movilizaciones en curso al desviar la atención del mismo.
En Catalunya el 12 de diciembre, trescientos artistas e intelectuales catalanes se encerraron en la abadía de Montserrat y lanzaron un manifiesto en el que pedían la amnistía total, libertades democráticas y el derecho a la autodeterminación. En Madrid un centenar de abogados se encerró en el Palacio de Justicia; y en León, durante el Congreso de la Abogacía española se leyó un comunicado de los presos vascos y se aprobaron, entre otros puntos, la desaparición de las jurisdicciones especiales y la abolición de la pena de muerte. También se produjeron en toda España y en Euzkadi, encierros y manifestaciones multitudinarias contra este proceso y pidiendo la libertad de los procesados, así como protestas universitarias y otras manifestaciones relacionadas con conflictos sociolaborales que sumaban a sus reivindicaciones la demanda de amnistía.
En Europa las informaciones y editoriales en los medios de comunicación a favor de los encausados incluyeron el apoyo de intelectuales como Jean Paul Sartre. Paralelamente se produjeron movilizaciones de protesta contra la dictadura franquista en distintas ciudades europeas y sudamericanas, así como ataques a delegaciones y embajadas españolas. En Caracas, fue Euzko Gaztedi del Centro Vasco de Caracas quien dirigió la manifestación ante la residencia del embajador y ante el consulado español en la calle Sabana Grande. Pedimos permiso en nuestros trabajos y universidades para movilizar a todos los vascos de Venezuela logrando que desde el presidente de la República a los diputados y hasta a los estibadores, se solidarizaran con la protesta resumida en lo que el diario El Nacional publicó como editorial Bolivar, nieto de vascos. Aquello fue un detonante tremendo para movilizar a todo el mundo.
Ante aquella protesta internacional, el almirante Carrero Blanco se dirigió a las Cortes españolas el 21 de diciembre en su calidad de vicepresidente del Gobierno afirmando que cualquier foco de subversión sería desarticulado. A lo largo de su discurso trató de explicar cómo el terrorismo no era consecuencia de circunstancias internas, sino la estrategia que el comunismo seguía para suscitar múltiples guerras simultáneas, consecutivas y entrelazadas.
Clamor internacional Celebradas aquellas navidades con semejante tensión el 25 de diciembre de 1970, ETA liberaba al cónsul alemán y el 28 de diciembre el fiscal hacía públicas las sentencias con la confirmación de las seis penas de muerte iniciales y tres más, en total nueve sentencias de muerte, quinientos diecinueve años de cárcel y multas por valor de seis millones de pesetas. Pero fue tal el clamor internacional que el dictador a sabiendas que la clemencia sería interpretada como debilidad, el 29 de diciembre se reunió el Consejo del Reino y el 30 el Consejo de Ministros en El Pardo, acordando por unanimidad conmutar las penas de muerte por las inmediatamente inferiores en grado.
Siete años más tarde, todos los procesados conseguirían la libertad tras la amnistía general de 1977 y aquellos seis condenados por asesinato antes de ser amnistiados, fueron expulsados de España (Izko, Gorostidi, Uriarte, Onaindia, Larena y Dorronsoro).
Le salió muy mal aquel juicio a la dictadura gracias a que todos trabajamos para que los 16 condenados salvaran sus vidas, incluyendo a nuestros dos ancianos que se fueron a Roma y a los que este mundo jamás ha reconocido su empeño. Fue la victoria de una causa justa, dijo el lehendakari Leizaola desde París.
