‘Vendettas’ republicanas

El PP pide a la Diputación de Bizkaia que aplique la Ley de la Memoria histórica y reconozca a los derechistas que murieron en manos del bando democrático

Un reportaje de Iban Gorriti

El Partido Popular ha solicitado a la Diputación de Bizkaia un reconocimiento institucional para un total de 365 personas muertas por el bando republicano en los barcos prisión Cabo Quilates y Altuna Mendi, así como en cárceles de este territorio durante la Guerra Civil “en aplicación de la Ley de Memoria Histórica”.

Lo argumentan: “Fueron un total de 365 muertos, personas ejecutadas sin juicio y por el simple hecho de ser sospechosos de ser derechistas, aunque no por ello franquistas. Incluso, según algunas investigaciones, el 25% ni siquiera tenían afiliación política conocida”, aseveran. Y recuerdan que el lehendakari Iñigo Urkullu reconoció recientemente “la injusticia” de las matanzas con motivo del 80 aniversario de estos hechos.

A juicio del PP, el bando de los militares golpistas que atentaron contra la legítima Segunda República cometió “crímenes condenables”, y citan como ejemplos los bombardeos contra población civil indefensa de Durango y Gernika en los que asesinaron a centenares de personas de todas las ideologías y edades, sin distinción. Los populares añaden que el bando no golpista, es decir, el demócrata republicano, también cometió “matanzas indiscriminadas”.

Este partido cita las sacas de las naves Cabo Quilates y Altuna Mendi tras un bombardeo fascista perpetrado el 25 de septiembre de 1936, y ese mismo día en Durango tras otra suelta de bombas por parte de facciosos. A estos sucesos se suman los de las escuelas de Urbinaga en Sestao al día siguiente, así como los del 4 de enero de 1937 en Bilbao en la Casa Galera, el Convento el Carmelo, los Ángeles Custodios y Larrinaga.

Ese día, tras un bombardeo de aviones facciosos sobre la ciudad hubo una saca de derechistas o presuntos derechistas que fueron fusilados. A pesar de que algunos consejeros del incipiente Gobierno vasco pidieron a los manifestantes que se disolvieran, muchos de ellos decidieron marchar hacia las cárceles de Larrinaga, Carmelo, los Ángeles Custodios y Casa Galera, que fueron finalmente asaltadas a las cinco de la tarde, dando muerte a 224 personas.

Otra vendetta se produjo en los citados barcos prisión. Según narra Germán Cortabarría en la enciclopedia Auñamendi, el primer buque, de 12.000 toneladas, estaba fondeado en el puerto de Bilbao cuando el 25 de septiembre de 1936, tras un bombardeo aéreo de hora y media sobre la capital vizcaina, “fue asaltado por enfurecidos tripulantes del acorazado republicano Jaime I. A pesar de la resistencia de los guardianes, lograron dominar la situación”.

El investigador cifra en 39 los presos muertos de ambas embarcaciones. Según esta fuente, a consecuencia de este incidente fueron ejecutados por orden de las autoridades vizcainas varios de los asaltantes, y el Jaime I fue obligado a abandonar el puerto. Otro barco que funcionó como cárcel flotante fue el Upo Mendi, que en 1939 fue rebautizado Monte Jarindo, siendo desguazado en 1962.

La misma jornada del 25 de septiembre, los aviones leales al bando sublevado se acercaron a Durango. Allí lanzaron hacia las 11.00 horas cuatro artefactos. Uno fue dirigida al frontón de Ezkurdi, donde estaban milicianos y refugiados huidos de Gipuzkoa. La bomba alcanzó la pared lateral del frontón, atravesó el muro y estalló. Causó doce muertos y varios heridos. “Otro artefacto cayó en la huerta del médico Marcos Unamunzaga, y dos más en la estación del ferrocarril”, confirma Jon Irazabal Agirre, el investigador que más ha estudiado esos meses de sangrienta contienda. Tras el ataque, milicianos posiblemente del Batallón Rusia de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), “enardecidos por las escenas de muerte y dolor que produjo el bombardeo, se dirigieron a la cárcel”, relata Irazabal. En ese lugar, hoy edificio de Telefónica, redujeron a los guardias y sacaron a veintidós presos detenidos por presunta afinidad con los sublevados. Trasladados al cementerio, fueron fusilados.

El investigador concluye apuntando que, “no conformes con estos fusilamientos, trataron de detener y fusilar a otros derechistas de Durango. Advertidos de estas intenciones, miembros del PNV y de STV alertaron y ocultaron a diversos tradicionalistas hasta la liberación”.