Etiqueta: tortura

El cobarde Rodrigo Lanza

De Ciutat morta recuerdo dos impresiones. La primera, que mantengo, es la existencia de una trama judicial y policial para manipular los hechos que quedó a la vista de todo el mundo en el documental. La segunda, en la que en este instante me reafirmo, es la sospecha de que el tal Rodrigo Lanza fue, efectivamente, el autor material de la pedrada que dejó tetrapléjico a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona. O, como poco, sabía quién lo hizo. El mal cuerpo que se me quedó al llegar a los títulos de crédito respondía, de hecho, a la sensación de haber asistido a la impunidad de uniformados torturadores y jueces prevaricadores, pero también a la cobardía de este figura bocachancla que, según lo entendí yo, dejó que un puñado de chavales se comieran un marrón en el que poco —en algún caso, nada— tuvieron que ver. Una de las jóvenes se suicidó, poca broma.

Ahora que el tipo vuelve a ser presunto autor de un hecho criminal, nada menos que un asesinato (o no sé si técnicamente, de momento solo homicidio—, considero ventajista la enmienda a la totalidad del mensaje de la película. Con su gruesa capa de demagogia y lo que se quiera, que a ver si a estas alturas vamos a descubrir el género panfletario, Ciutat morta mostraba y sigue mostrando la sordidez de determinadas alcantarillas del llamado Estado de Derecho. Quizá los retenes de retroprogres de guardia que se han lanzado a disculpar al personaje, cuando no a justificarlo porque su víctima era un ultraderechista casi literalmente con correajes, deberían pararse a pensar en el daño colateral que su defendido le ha acabado haciendo a una buena causa.

El precio de torturar

Seguimos para bingo. Octava condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por no investigar una denuncia de torturas. Pero no pasa absolutamente nada. Se pregunta el precio, se saca la chequera, se paga, y aquí paz y después, gloria. 20.000 cochinos euros de indemnización es un precio de risa para la impunidad. ¿Qué estado se va a resistir a apretar las tuercas a cualquier desgraciado si todo lo que arriesga es una calderilla que, para colmo, no sale de los bolsillos de los torturadores ni de sus jefes, sino de las arcas comunes?

Ahí es donde el dedo acusador señala también a los propios magistrados europeos, que no pasan del rapapolvo. A esta sentencia le seguirá otra, y luego una más, y así hasta infinito. El mensaje que nos lanza la justicia europea es que estamos ante una cuestión menor, más de forma que de fondo. No hay color entre la sanción por hacer la vista gorda ante una vulneración de los derechos básicos y, pongamos, el puro que le puede caer a una administración por la sola sospecha de haber dado ayudas públicas no bendecidas a este o a aquel sector.

Claro que tampoco nos engañemos. Este escándalo, el enésimo, no ha merecido ni un comentario a pie de página de la precampaña para las elecciones generales repetidas del 26 de junio. Ni siquiera las fuerzas que dicen venir a cambiar esto como un calcetín han dicho esta boca es mía. Saben muy bien que el asunto no vende una escoba entre los posibles votantes. Antes, al contrario, se diría que existe una especie de comprensión, cuando no aprobación tácita, de los malos tratos infligidos en esta o aquella dependencia policial.

Memoria de Mikel Zabalza

Curioso ganapán, el de delegado o delegada del Gobierno español en las taifas peninsulares del café aguado para todos. Miren la que acaba de liar la que ejerce en Madrid a cuenta de la estelada. Del virrey en la demarcación autonómica de Vasconia, Suecencia Urquijo, qué les voy a contar; como aquel viejo eslogan del cupón de la ONCE: cada día, un numerito. Y no pierde comba en el concurso de hacer la gapuchipez más gorda la titular de la prefectura patria en el cachito foral, Carmen Alba.

“Ya estoy acostumbrada a que me reprueben y pidan mi dimisión”, se refocilaba hace unos días la que lleva como apellido cierto ducado de infame recuerdo. Razón no le falta, a ella plin, así que, sin dejar de sumarme a la inútil petición de que se las pire de una vez, le muestro mi gratitud en estas líneas. Sí, lo que leen: gratitud. Su infinita torpeza —seguramente malvada, por demás— al relacionar con ETA a Mikel Zabalza en el tristemente célebre requirimiento para que se borrase la pintada de Aoiz contra la tortura ha servido para sacar del olvido uno de los más truculentos crímenes cometidos en las cloacas del Estado español.

Invito a los lectores más jóvenes a documentarse sobre el caso. Más de 30 años después, los mismos que berrean sobre la asunción del daño causado y nos dan lecciones de memoria, siguen sin tener los bemoles de reconocer como víctima a un inocente al que sacaron de su casa de madrugada, lo llevaron a Itxaurrondo para inflarlo a hostias, y apareció 20 días más tarde en una zona del río Bidasoa que ya se había rastreado. ¿Cómo era la cantinela de la verdad, la justicia y la reparación?

Denunciar no es calumniar

Pues otra vez los golpes en la puerta no eran del lechero, salvo que lo tomen por el lado metafórico. Gajes de la democracia a la española y de sus presuntos guardianes de uniforme, con gran frecuencia dispuestos a demostrar quién manda aquí. Y, como ha sido el caso de las últimas horas en Navarra, a regalar ocho excursiones de ida y vuelta al cuartelillo por un quítame allá esa pintada. En concreto, una ubicada en Burlada en la que se ven unas manos encadenadas, la palabra Tortura atravesada por un trazo rojo y el anagrama #Aztnungal, es decir, Laguntza, escrito de derecha a izquierda.

¿Qué tiene todo eso de delictivo? Quienes no estén al corriente del asunto podrán pensar en un exceso de celo ante el incumplimiento de algún reglamento en materia de limpieza urbana. Pero no. Se supone que todos los elementos referidos constituyen, al parecer de la luminaria que ha ordenado el operativo, un delito de injurias y calumnias a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Si no estuviéramos ante una martingala tan grave, la primera sonrisa sería al pensar en lo fácilmente que se dan por aludidas las tales fuerzas y lo mal que les sientan ciertas verdades.

Quizá haber escrito lo anterior me haga merecedor del mismo trato que han recibido los detenidos. Si eso toca, sea, pero ni ellos, ni servidor ni miles de personas o entidades respetables —empezando por Amnistía Internacional— decimos nada que no se haya constatado en numerosas ocasiones: por estos lares se ha torturado y se sigue torturando. Y las denuncias ni siquiera se investigan, como prueban las multas a España del Tribunal europeo de Derechos Humanos.

Torturas de allá y de acá

Festival de vestiduras rasgadas y manos a la cabeza. Con el tono del gendarme Renault en Casablanca, los escandalizables a tiempo parcial se hacen lenguas sobre el informe del Senado de Estados Unidos que acusa a la CIA de haber practicado “brutales e inefectivas” torturas. Si la cuestión no fuera para llorar tres océanos, sería hasta divertido contemplar las teatrales soflamas de esta panda de fariseos del nueve largo. Cómo se adornan los muy joíos con el respeto a los Derechos Humanos, la existencia de límites que ningún poder público debe rebasar y la imperiosa exigencia de que caiga sobre los autores todo-el-peso-de-la-ley.

Ningún problema en ganar el concurso de denuncias cuando el asunto que se dilucida está a 7.000 kilómetros. Ahora, si el catálogo de horrores indecibles lo aplican en la comisaría de la vuelta la esquina, la cosa cambia, y de qué manera. Entonces los discursos se engolfan en la negativa —¡esas cosas no pasan aquí, por favor!—, en la teoría pusilánime de la excepción excepcionalmente excepcional, o en el más vergonzoso y clamoroso de los silencios.

Y no es difícil remitirse a las pruebas. Hace apenas tres meses, la asociación Argituz y otras siete organizaciones sin color político presentaron en Madrid un rigurosísimo informe sobre malos tratos infligidos en dependencias policiales españolas. Aplicando el Protocolo de Estambul, método científico internacionalmente aceptado, el trabajo documenta 45 casos de torturas, algunas de ellas idénticas a las de la CIA. De aquello nos hicimos eco la media docena de medios de siempre, mientras los que ahora cacarean silbaban a la vía.

Queridos torturadores

Triste privilegio de los detenidos hasta bien entrados los años ochenta: sabían el nombre y la jeta que tenían sus torturadores. Sádicos, ególatras y, por supuesto, conscientes de su impunidad, a los matasietes policiales del franquismo y el (eterno) postfranquismo les ponía pilongos que se supiera cómo las gastaban en el cuarto oscuro. Firmaban cada mamporro que calzaban y, arrebatados de chulería, exigían a sus víctimas que propagaran la identidad del que les había tatuado en el cuerpo un mapamundi de moratones. Luego se iban al garito de costumbre a gallear, cubata de Larios en mano, de cómo un rojo de casi dos metros se les había rilado a la tercera patada en los huevos, menudo es el inspector Tal o el comisario Cual.

¿Y nunca pagaron por ello? Al contrario. Buena parte de estos criminales uniformados recibieron condecoraciones, menciones de honor y ascensos en reconocimiento a su abnegación para preservar el orden público. Con la rúbrica del ministro de interior correspondiente, siempre un demócrata de toda la vida. En el peor de los casos, a los que no supieron adaptarse a los nuevos tiempos que exigían maltratar con cierta discreción se les proporcionó una licencia de estanco, una colocación para no hacer nada en cualquier empresa del INI o, si se terciaba, un cheque para abrir un club de alterne. Manteniendo pipa y placa o en esos plácidos retiros, los calendarios se han ido sucediendo sobre ellos sin novedad. Estaban a salvo —no me digan que no es para llorar— gracias a la misma ley de amnistía que en 1977 sacó de la cárcel a algunos de sus martirizados.

Estos días una jueza argentina ha entrado donde jamás quisieron hurgar su colegas españoles. Ha pedido la detención de cuatro de esos psicópatas. Tarde. Dos se fueron tan ricamente al otro barrio. Los otros que aún respiran, el siniestro Billy el niño y el desalmado Capitán Muñecas, saben que no hay pelotas a tocarles un pelo.

De la tortura

Indignación con carácter retroactivo. Ocho años después, un periódico saca del congelador el vídeo de tres soldados españoles moliendo a patadas a unos presos iraquíes encerrados en una mazmorra de Diwaniya, base de los tercios pacificadores de su majestad en aquellos andurriales del eje del mal. La conciencia perezosa de los mansos, que en realidad somos casi todos, se rebela. En algunos casos, porque les han jodido el café y el croasán dominical con las duras imágenes; te conectas para ver cómo ha quedado Alonso en Australia y te encuentras con eso. A otros les incomoda enterarse abruptamente de que los héroes humanitarios que nos sacaban en los publirreportajes patrióticos llevan el sadismo tatuado al lado del amor de madre y demás calcomanías legionarias. Y los hay también que simplemente se suben a la ola del rasgado tuitero de vestiduras aunque en su fuero interno se la traiga al pairo que inflen a hostias “a unos moros que seguramente se lo merecían”.

Tenemos un problema respecto a la tortura. Uno muy serio. Al primer bote y, especialmente si hay público, nos parece fatal. Villanía, vesanía, tropelía… Se nos agota el campo semántico en la denuncia. Pero luego, en la intimidad del hogar, no se nos atragantan los nachos viendo cómo el poli de nuestra serie favorita le calza unas yoyas al maloso en el interrogatorio. Al contrario, celebramos que se le vaya la mano y deseamos fervientemente que le caiga otra, y otra, y otra más.

De acuerdo, pero eso es ficción. En la vida real hilamos más fino. ¿Seguro? Me encantaría poder afirmarlo. Sin embargo, no dejo de ver, en el mejor de los casos, reproches asimétricos en función de quién da y quién recibe. La descalificación de los malos tratos no suele ser absoluta ni atiende a principios éticos básicos. Funciona como reacción de parte, revelando una descomunal hipocresía y, lo peor, provocando su perpetuación por los siglos de los siglos.