Historias de los vascos – Página 28

Casquillos, botellas y espacios que hablan por los represaliados

La ya acuciante falta de testigos que sufrieron la guerra civil abre una nueva revolución de la arqueología para ahondar en la memoria histórica.

Un reportaje de Iban Gorriti

Josu Santamarina, en una de sus investigaciones de campo.DEIA

Día a día van falleciendo los últimos vascos testigos de la guerra del 36 surgida tras un fallido golpe de Estado militar. Ocurre mientras Europa vive un boom sobre memoria histórica. También Euskal Herria está asistiendo a esa revolución y, según las personas especializadas, desde una atalaya privilegiada, ya que las políticas existentes en este territorio, a diferencia del resto de ellos en el Estado, posibilitan la investigación de los materiales, la exhumación de restos de los paisajes de represión.

Esta nueva revolución es la investigación de aquel episodio cruel a través de la arqueología. Es decir, en pocos años ya no habrá testigos directos de aquel trienio bélico y del franquismo, pero sus materiales serán los nuevos protagonistas y quienes ayudarán a la ciencia a seguir interpretando la historia.

El alavés Josu Santamarina Otaola (Urrunaga, 1993) es historiador y becario predoctoral de la UPV que se encuentra inmerso en la elaboración de una tesis sobre memoria histórica, paisajes y patrimonio. “En Euskal Herria el interés por la memoria está creciendo. Se nota que lo hay y se hacen, por ejemplo, más documentales. En el resto del Estado siguen en el punto uno de investigar sí o no, mientras que aquí ya estamos en el investigar sí, ¿cómo? Seguimos en ese punto referencial”, enfatiza.

A su juicio, el afán, por ejemplo, de recuperar cuerpos de asesinados se dio en la década de los años 70 del siglo pasado. “Se comenzó a estudiar la materialidad de la guerra en los 70 con la búsqueda de personas en fosas en Sartaguda, por ejemplo. Los familiares revisitaron los lugares de represión de la guerra para buscar a parientes que habían perdido. No era un estudio científico, académico. Era recuperación familiar. Con la Transición se puso fin a esta ola de exhumaciones. Y en el año 2000 se volvió y el Gobierno vasco marcó cierto compromiso en recuperar espacios de la represión”, resume Santamarina.

A su juicio, con el nuevo siglo XXI la investigación comenzó a recibir una atención a nivel material, arqueológico. “Ahí está Paco Etxeberria con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y ahora desde la universidad también más grupos de trabajo o asociaciones como Intxorta 1937 Kultur Elkartea en Elgeta”, enumera quien estima, por experiencia, que en la CAV y Nafarroa son los territorios que se dan mejores posibilidades y oportunidades de investigar.

Santamarina ha tenido la suerte de formar parte de equipos de trabajo en Madrid, Aragón, Galicia o Castilla La Mancha. “Te das cuenta de que las connotaciones políticas pueden llegar a parar tu trabajo. En Belchite mismo nos pasó que el alcalde nos echó del pueblo. Aquí hay cierto consenso en que hay que estudiarlo. El cómo aún sigue en debate y es lo que hay que plantear”.

Otro ejemplo que pone el historiador de la UPV/EHU es la situación vivida (o sufrida) por la arqueología en Nafarroa. “Quien gobierne marca mucho el trabajo. Es decir, según estadísticas, con UPN en Navarra no había casi casos de exhumaciones y al haber cambio de política se disparó, hay una mayor sensibilidad”.

cartografías y espacios El historiador continúa con sus trabajos tanto académicos como a pie de paisajes históricos. “Es curioso, pero ahora que ya casi no tenemos a quién preguntar su testimonio, ahora nos falta por ejemplo reconstruir cómo aquellas personas sencillas pasaron de ser persona a soldado. No eran militares”, y se deberá lograr a través de lo que denomina “mirada arqueológica”. “Va a ser necesario poner unas nuevas gafas, como metáfora de aportar una nueva forma de mirar aquello que heredamos de aquel evento tan importante del siglo XX, la cultura material”. Así, mediante la geolocalización, confrontar el pasado con el presente y apoyados, por ejemplo, en cartografías.

Quien fuera profesora de Santamarina en la UPV/EHU, la duranguesa Belén Bengoetxea, también pone en valor esta ciencia “reciente” y “la visión distinta” que es necesaria para investigar a través de los medios materiales. “La patrimonialización ayudará a interpretar lo que nos queda, como compromiso social”, subraya Bengoetxea.

Santamarina también reconoce la importancia de patrimonializar lugares que fueron de batalla. “La recuperación arqueológica de los espacios puede implicar en ocasiones la patrimonialización, su puesta en valor y que se conviertan en lugares públicos de acceso a toda la ciudadanía”, valora, y va más allá con una comparación al respecto: “Digo esto porque los archivos históricos, por ejemplo, donde consultamos los documentos de la guerra del 36 suelen tener más restricciones al público. Incluso a la propia investigación. Los archivos pueden estar cerrados; en cambio, los paisajes están abiertos a todo el mundo como debe ser. Son buenos lugares para la intersubjetividad”.

Con todo, según estos historiadores, la arquelogía acerca al conflicto de una forma “más cruda” en los campos de batalla con sus casquillos, sus latas de comida, botellas con las que trataban de hacer frente a sus nervios, y también la exhumación de fosas: “no solo son esqueletos, sino testimonios vivos de una represión brutal”, concluye.

Javier Ciga, dibujos desde la cárcel

Hace ochenta años, el pintor Javier Ciga fue detenido, torturado y encarcelado; en su cautiverio realizó numerosos dibujos

Un reportaje de Pello Fernández Oyaregui

EL pensamiento que mejor define la trayectoria política de Ciga, es el aforismo que Unamuno escribió a Bergamín: Existir es pensar y pensar es comprometerse. Así pues la vida de Ciga, fue compromiso tanto con la pintura y su ideal estético, como con sus ideas políticas.

Durante toda su dilatada existencia, Ciga fue fiel al ideario nacionalista y como expresaba en su carta a su amigo Pueyo en 1918, se encontraba laborando por Basconia y por el arte. Desde sus años más jóvenes, constituyó con otros amigos la Cuadrilla de Cildoz, aglutinante de las primeras ideas vasquistas. Este proceso de concienciación experimentó un gran impulso al entrar en relación con la Asociación Euskara, con los que compartía la defensa de la lengua y esencias vascas de Navarra. A algunos de ellos, los inmortalizó con excelentes retratos como es el caso de Olóriz, Aranzadi, Etayo y Campión.

El pintor realizó diversos dibujos de sus compañeros de cautiverio. Dibujos de la cárcel (Cat.552). Fundación Ciga

Javier Ciga aparece como uno de los primeros afiliados al Partido Nacionalista Vasco (carnet número 36). Así mismo desempeñó distintos cargos, siendo los más relevantes el de tesorero-contador en 1921 y vicepresidente en 1936 en el Centro Vasco o Euzko Etxea, así como su vinculación proactiva con el periódico nacionalista La Voz de Navarra .

El año 1918 fue clave por el avance, tanto de la idea de Reintegración Foral, como del nacionalismo vasco, que por primera vez logró representación en el Ayuntamiento de Pamplona con tres concejalías en las elecciones de 1917, tras los anteriores intentos frustrados.

En las elecciones realizadas el 8 de febrero de 1920, salen elegidos ocho concejales nacionalistas. Entre ellos Ciga, que no era un político profesional, sino un hombre esencialmente bueno que en un momento determinado tuvo que comprometerse, entendiendo la política como servicio al ciudadano.

ACTA DE CONCEJAL Como consecuencia de la Alianza Foral (coalición entre jaimistas y nacionalistas) en las elecciones municipales de 1922, pasaron a controlar el consistorio pamplonés con mayoría. Así pues, Ciga desempeñó el cargo de concejal entre 1920 y 1923 y entre 1930 y 1931 (con el paréntesis 1923-1930), correspondiente a la dictadura de Primo de Rivera, y una vez caída esta, el restablecimiento de la corporación municipal anterior. Aún volvería a presentarse a las elecciones del 12 de abril de 1931, en el distrito 3 en el que obtuvo 245 votos. En estos comicios, que darán paso a la II República, los nacionalistas obtuvieron muy malos resultados, perdiendo así su representación.

Con el comienzo de la Guerra Civil, se iban a vivir circunstancias muy difíciles para todos aquellos que discrepaban con la política oficial y que, según su clasificación sui géneris, serían considerados como desafectos al Glorioso Movimiento Nacional.

MALOS TRATOS Y cárcel La casa de Ciga se iba a convertir en un ir y venir de desterrados en busca de ayuda. Esta situación se agravaría a partir del 19 junio de 1937 con la toma de Bilbao. Al mismo tiempo, desde Elizondo, la familia Ariztia continuaba con la labor humanitaria de proporcionar medicinas procedentes de Francia, para ser distribuidas entre los presos del fuerte de Ezkaba. Muchas fueron las voces que aconsejaron a Ciga que lo más prudente sería cruzar la frontera, ente ellos su amigo José Aguerre, compañero de partido, periodista, intelectual y euskaltzale. La respuesta siempre era la misma: “Yo no me voy, ya que no he hecho nada malo, nos podrán quitar la vida pero jamás la dignidad”.

La detención de Javier Ciga, se produjo el 13 de abril de1938, y fue conducido al Depósito Municipal o Perrera. Los agentes del Servicio de Información de la Policía Militar procedieron al interrogatorio, acusándole de facilitar la huida a Francia del comandante de la UGT Abásolo.

Contaba con 60 años, y ni siquiera la edad ni su delicado estado de salud sirvieron de atenuantes para la tortura física y psíquica que se le infligió, y que queda reflejada en la propia denuncia presentada y manuscrita por Ciga y firmada por otros encausados. En ella se describe cómo fueron insultados, vejados, golpeados con vergas, una de ellas metálica, y pateados en el suelo. Esto ocurrió a partir de las 15 horas del día de la detención y se repitió a las dos de la madrugada del día siguiente. Del estado lamentable en el que salió Ciga del Depósito Municipal, poseemos varios testimonios oculares, como los de María Iturralde, otra de las detenidas, el del oficial del Depósito, Bernardino Vidaurre, y el de Pello Mari Irujo, una vez en la prisión provincial, a donde fue conducido pasados los tres días de incomunicación.

DIBUJOS DE LA CÁRCEL Ciga, pintor vocacional, también ejerció su actividad en un recinto tan poco propicio como era la celda carcelaria, pero que le sirvió para evadirse y sublimar la cruda y absurda realidad que vivió. Con la falta de medios que imponía la circunstancia, es decir, una libreta y un lápiz, realizó la serie que conocemos como Dibujos de la cárcel, compuesta por 18 dibujos con formato vertical y horizontal de 15 x 19 centímetros. Once de los cuales representan retratos de sus amigos entre los que destacan los hermanos Irujo, Aquiles Cuadra y algunos baztandarras encarcelados.

Aparecen representados en todas sus modalidades: cabezas, bustos, medio cuerpo, tres cuartos, de cuerpo entero, de perfil, de frente, ladeados, etc. Los otros seis dibujos representan distintas escenas de la vida carcelaria en la que los presos pasaban su tiempo. Son dibujos minimalistas, ejecutados con unas pocas líneas, con la corrección y el rigor dibujístico que le caracterizaban y con dominio absoluto de las anatomías. Por medio del sombreado y escorzos, consigue interesantes efectos de volumetría y perspectiva. Ciga se revela como un fiel cronista de la vida carcelaria, dejándonos un documento de gran valor histórico.

CONSEJO DE GUERRA Tras la instrucción del sumario se celebra la vista del Consejo de Guerra, en la cual, a los detenidos en la redada del Catachú, se añaden el propio Javier Ciga y otros; acusados de la organización de evasiones y, en concreto, de la mencionada evasión de José Abásolo.

El delito se tipificó como auxilio a la rebelión. El fiscal, en las conclusiones del sumarísimo, copiadas en el informe 3137 de FET y de las JONS, acusa a Ciga “de ser uno de los separatistas más contumaces de la ciudad, de haber contribuido con 25 pesetas a la suscripción nacionalista al Día de la Patria Vasca, de haber sido concejal nacionalista del Ayuntamiento de Pamplona, de que en su casa se reunían significados separatistas, con fines de conspiración contra el Glorioso Movimiento Nacional”, aunque no se pudieron probar estos hechos. Se defendió de todas las acusaciones de evasión y negó que hubiera facilitado nombres, recomendaciones e itinerarios.

En esta fase de instrucción del sumario, defendieron a Ciga, mediante sendos informes, el alcalde de Pamplona Tomás Mata, calificando de intachable su conducta pública, y el director de la Congregación de Esclavos de María Santísima. Como abogado defensor ejerció el eminente José María Iribarren Rodríguez, secretario particular del general Mola y alférez del Cuerpo Jurídico Militar, llamó a declarar en defensa de Ciga a Hilario Castiella, a José Martínez, presidente del Bloque de derechas durante la II República y de la Junta de Guerra Carlista de Navarra, y a Joaquín Baleztena, jefe regional carlista. Todos refrendaron el moderantismo, la bondad, la religiosidad del defendido y si bien reconocían su ideología, no lo consideraban como un nacionalista de acción, ni separatista. Iribarren recalcó, cómo Ciga se negó a facilitar fugas y ayudar a que otros las realizaran y volvió a enfatizar el carácter formal, religioso, trabajador y moderado, incluso cuando era nacionalista. Ciga fue absuelto del delito de auxilio a la rebelión, aunque se le imponía una multa de 50 pesetas por no haber denunciado las evasiones. Ciga sale de la cárcel el 23 de septiembre de 1939, a punto de cumplir 62 años, después de soportar un largo periodo de año y medio. De todas formas, no acabaría aquí el calvario judicial para nuestro pintor, que tendría que hacer frente a un nuevo juicio.

SENTENCIA EN CONTRA Y SANCIÓN El caso pasó al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, según ordenaba la ley de febrero de 1939, por la que se debía castigar la participación subversiva en política. Ciga es acusado de ostentar cargos en el Partido Nacionalista Vasco y de no haberse adherido incondicionalmente al Alzamiento Nacional. Todo ello supuso la inmovilización de bienes, tanto los suyos (depósito de valores de 11.500 pesetas) como los de la funeraria, que estaban a nombre de la Sociedad Ciga y Compañía. El Tribunal falló en su contra, condenándole como responsable político al pago de 2.500 pesetas de multa, que pagó con el Calvario encargado por los PP. Escolapios y que a partir de entonces es conocido como el Cristo de la Sanción.

El trato vejatorio, el encarcelamiento, la larga dictadura franquista, la vejez, problemas de salud como la hemiplejía, pérdida de visión y de pulso, serán factores que dejarán huella negativa en nuestro artista y su obra. Ya nada sería igual, podemos dar por finalizada su fase creativa iniciando una recreación del rico imaginario estético e iconográfico de sus etapas anteriores.

La verdad y la coherencia marcaron su trayectoria vital, artística, así como su compromiso político. Todos estos aspectos nos dan una visión poliédrica que enriquecen la figura de Ciga, que haciendo suya la idea unamuniana, unió en su vida: existencia, pensamiento, arte y compromiso.

La dispersión de presos en la Guerra Civil

El memorialista Juanrramon Garai recopila el nombre de los catorce vascos que murieron en la cárcel más lejana de la Península tras ser hechos prisioneros en la guerra de 1936.

Un reportaje de Iban Gorriti

EL penal de El Puerto de Santa María fue la cárcel más lejana de la península a la que fueron enviados prisioneros vascos durante la guerra surgida tras el golpe de Estado de julio de 1936. No se hablaba entonces aún de política de dispersión, pero el bando golpista, así como más tarde el franquismo, trató de incrementar aún más el dolor de aquellas personas reas y sus familias trasladándoles a mil kilómetros de distancia. Entre sus muros perdieron la vida al menos catorce represaliados de Hegoaldea.

Hasta la localidad gaditana se ha desplazado esta semana el miembro de la asociación memorialista Intxorta 1937 Kultur Taldea, Juanrramon Garai. Allí recopila más datos para un libro acerca de la presencia vasca en la prisión que funcionó primero como hospedería penitenciaria y después como penal, entre 1886 y hace no tanto: el 20 de julio de 1981. “Más que política de dispersión como tal, entonces parece que prevaleció la actitud de juntar a todos los que habían desempeñado cargos -capitán, teniente y comisarios políticos en los batallones vascos- en dos lugares lejanos entre sí como son Burgos y Puerto de Santa María”, analiza desde el municipio portuense.

Acotando fechas, entre 1936 y 1955 -según datos ya consultados por Garai- de los miles de presos políticos que pasaron por este penal se custodian 5.690 expedientes de personas en las que concurrían los delitos de rebelión militar y auxilio a la rebelión. De estos documentos, 1.012 son de presos vascos. A su vez, de 187 poblaciones vascas. 633 expedientes eran de noventa enclaves de Bizkaia, 258 de 37 de Gipuzkoa, 73 de 34 localidades de Araba y 48 de 26 pueblos de Nafarroa.

“Se da la paradoja de que los que se sublevaron contra la legalidad vigente, juzgaron y condenaron por rebelión militar a quienes resistieron contra los golpistas. La pena a la que les condenaron fue la de reclusión perpetua, que entonces significaba treinta años de prisión. Hoy, ochenta años después, presos vascos con treinta años de pena continúan detenidos”, reflexiona Garai.

600 presos muertos La casi totalidad de reclusos ingresaron en el penal en 1938. “Agosto de 1938 fue el mes en el que más vascos fueron internados”, asevera, y va más allá: “Muchos de ellos fueron trasladados desde el penal del Dueso en Santoña y el trayecto duraba entre cuatro y ocho días, en condiciones deplorables”, confirma. 600 presos murieron en el penal. “Por los menos, catorce de ellos eran vascos”, agrega. Allí sufrieron represión políticos históricos como el lehendakari de la etapa preautonómica en el Consejo General Vasco, Ramón Rubial (PSOE), o el president de la Generalitat Lluís Companys.

Las localidades que más presos tuvieron en el Penal de Puerto de Santa María fueron Bilbao con cien y Donostia con 57. Les siguieron Eibar, con 17; Gasteiz, con 16, Barakaldo, Portugalete y Sestao, con quince; Abanto y Zierbena y Tolosa, con catorce; Arrasate, con trece; Sestao, con doce; Altsasu, con once, y Bergara y Trapagaran, con diez. Todos fueron trasladados en la guerra, salvo seis presos políticos vascos en 1944, 1946 y 1955. Garai ha recopilado estos días sus nombres y apellidos: Crescencio Royo, Jesús Solauz, Sóstenes Pérez, Santiago Morte, Juan Goñi y Germán Urrutia.

El historiador enumera el nombre de los catorce fallecidos: José Hurtado (Abanto y Zierbena), Evaristo Ibarzabal (Trapagaran), Bernandino Bengoa (Galdames), Lucio Anchia (Amorebieta), Juan López (Bilbao), Andrés Maruri (Karrantza), Ramón Odriozola (Somorrostro), Gregorio Ramos (San Miguel), Ramón Renovales (Artzentales), Juan San Esteban (Erandio), Cándido Urrutia (Bilbao), Casimiro Muguruza (Arrasate), Gregorio Zubiria (Hernani) y Pablo Velasco (Sojoguti).

Presos forman en el patio de la cárcel de Puerto de Santa María. Fotos: Intxorta 1937 Kultur Elkartea

1955 fue el último año que consta en los expedientes mostrados. “Hay muchos más, pero los de fechas posteriores no se han puesto a disposición del público”, lamenta, y explica que el viaje se debe a una publicación que Intxorta 1937 ultima bajo el título Arrasate 1936-1956. Guerra y resistencia. La divulgación tiene como objetivo sacar a la luz los sufrimientos por motivaciones políticas de esos años. “Conocíamos que a los mondragoneses que habían tenido responsabilidades en los batallones de gudaris y milicianos, condenados a penas de muerte que les conmutaron por las de treinta años y un día, les trasladaron al Penal de Burgos, y que varios de los condenados a prisión perpetua habían sido llevados al Penal de El Puerto de Santa María”, contextualiza Garai.

El Archivo Histórico Provincial de Cádiz, inauguró este mismo mes en su sede en La Casa de las Cadenas, la exposición El Penal del Puerto 1936-1955. Visitando la muestra es como Garai tuvo constancia de que la muestra se basaba en 5.690 expedientes de presos que habían sido escaneados. “Pero cuál fue mi sorpresa cuando en vez de los cuatro mondragoneses encontré los expedientes de trece y que uno de ellos, además, había fallecido en esa prisión”, enfatiza.

Continuó con los cuarenta expedientes de Debagoiena y con el resto de expedientes vascos, que suman al menos 1.012, “ya que en algunos casos figura su lugar de nacimiento antes de emigrar a Euskal Herria”. Desde Intxorta 1937 reconocen el “gran trabajo realizado por este Archivo Histórico Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para poner a disposición de todo el que lo desee esta información”.

Intxorta 1937 Kultur Elkartea es una de las asociaciones memorialistas más vitales. Para este año prevén publicar un libro escrito por el colectivo, otros dos como editorial y un documental. Mientras tanto, continúan investigando en Cádiz, donde se cantaba “mejor quisiera estar muerto, que verme pa toa la vía en este Penal de El Puerto, El Puerto de Santa María”.

Un diario desvela que los nazis participaron en el bombardeo a Durango

El elorriarra Alejandro Goicoechea informó a los fascistas de en qué iglesias estaban los batallones del Eusko Gudarostea

Iban Gorriti

Durango – La investigación sobre el bombardeo de Durango ha dado un giro inesperado. Hasta la fecha, los estudios de los investigadores sobre el ataque sufrido en la villa el 31 de marzo de 1937 arrojaban que fue obra únicamente de la Aviazione Legionaria italiana. Sin embargo, tal y como desvela hoy DEIA, esa conclusión no es totalmente exacta. El diario personal del jefe mayor del Estado nazi y último comandante de la Legión Cóndor, Wolfram Von Richthofen, corroboró que la aviación alemana también tomó parte en el raid que acabó con la vida de, al menos, 336 personas, el 5% de la población del municipio vizcaino.

Imagen aérea del bombardeo que sufrió la villa de Durango el 31 de marzo de 1937.Gederiaga Elkartea

Von Richthofen dejó escrito que los nazis de Adolf Hitler planificaron los bombardeos del 31 de marzo y días posteriores de hace 81 años. El mariscal más joven de la Luftwaffe tecleó que aunque proyectada por los germanos, la ejecución sería obra de los fascistas italianos, acompañados en el raid vespertino de aquel último día del mes por cazas alemanes.

El mayor estudioso de este episodio histórico es Jon Irazabal Agirre, que cuenta con varios libros dedicados a los bombardeos de Durango. El investigador de Gerediaga Elkartea se muestra sorprendido ante la evidencia de que hubo alemanes en el raid de la tarde del último día de marzo. “No lo sabía. En la primera exposición sobre el bombardeo que organizamos en Gerediaga en 1987, afirmamos en el folleto que los autores habían sido los alemanes, pero entonces desconocíamos que habían sido los italianos como más adelante demostramos. Lo de los cazas alemanes no lo había oído hasta la fecha”, admite Irazabal.

Numerosos testigos y supervivientes del bombardeo de Durango siempre señalaron a la Legión Cóndor como los autores de la barbarie. Sin embargo, los investigadores no se fiaron de su testimonio porque citaban que habían visto esvásticas y cruces gamadas en los aeroplanos. “No pudieron ver cruces gamadas y esvásticas en aquellos aviones, aunque fueran alemanes, porque no las llevaban. En el timón de cola llevaban una aspa negra sobre fondo blanco -cruz balcánica-. No hay ningún avión nazi en la Guerra Civil con esvástica”, diferencia Irazabal.

Y un dato inédito más ve hoy la luz: el objetivo de los conventos y las iglesias los marcó Alejandro Goicoechea, natural de Elorrio. El a la postre inventor del tren Talgo, pasó en plena Guerra Civil del bando republicano al de los golpistas y aliados sublevados contra la legítima Segunda República. Así lo atestigua el documento del que hicieron uso entonces nazis y fascistas italianos.

Al parecer, Goicoechea pasó la información de que en algunas iglesias y conventos tenían su cuartel batallones de gudaris y milicianos del Eusko Gudarostea, de ahí que los aliados antidemócratas se dirigieran directamente a bombardear San José Jesuitak, Santa María de Uribarri y el convento de Santa Susana con nefasto resultado.

Los bombarderos italianos partieron de Soria para ejecutar el raid de la tarde del 31 de marzo de 1937 y pasaron por Logroño. Desde la capital riojana, se les unieron un total de 14 cazas alemanes. El diario de Wolfram Von Richthofen detalla la llegada de sus compañeros pilotos -él también dirigió cazas de combate- al valle de Durango, enclave que califica como “pequeña y bonita ciudad, con hermosos palacios de nobles que tras un doble bombardeo de los italianos tiene un aspecto horrible. Es como si las bombas hubiesen buscado precisamente las iglesias”, estima en su escrito.

El testimonio informa de que “en el gran templo -cabe suponer que se refiere a la actual basílica de Santa María de Uribarri- en ese justo momento se celebraba misa mayor. Recibió un mínimo de seis bombas y una iglesia conventual, que es cierto que era un cuartel rojo [sic], cuatro al menos. Solo están en pie los muros”. Agrega que “en el templo mayor hubo muchos muertos -se estima que más de 150-. Por razones de propaganda, los rojos no han desescombrado absolutamente nada” del desastre, describe el mariscal.

Testigo directo Y no queda ahí la cosa. El propio Von Richthofen pudo haber visto desde el aire un mes después cómo quedó Durango tras los ataques cometidos de forma coordinada por Alemania, Italia y España. De hecho, según su diario, mantuvo una reunión con Kindelan, Franco y autoridades italianas en Gasteiz. “Puede que se reunieran porque Vitoria era lugar de encuentro para ellos. He visto fotos de uno de los comandantes nazis, Hugo Esperle, en Elorrio o de Franco y Mola juntos en Otxandio”, aporta Irazabal.

El manuscrito original de Von Richthofen fue redactado en Schloss Dyck, en la región del Rhin, siete años después de los bombardeos y poco antes de su muerte el 7 de diciembre de 1945.

La red Álava: Cuatro heroínas, mujeres solidarias y alguna gente buena

Madrid, 3 de julio de 1941. Una veintena de mujeres y hombres vascos son juzgados por la mañana. Por la tarde ya estaban condenados a 19 penas de muerte. ¿Cómo empezó esta historia?

Un reportaje de Txema Montero

PARÍS, 14 de junio de 1940. El ejército alemán acaba de entrar en la capital francesa y tras él, la Gestapo. Hubo derechistas y fascistas que se mostraron exultantes, ciertos extranjeros entre ellos. José Félix de Lequerica, embajador de la España de Franco; y Pedro Urraca Rendueles, comisario de policía, no cabían en sí de gozo, por fin iban a ajustar cuentas con los vecinos del otro lado del patio interior, ventana frente a ventana, del número 11 de la Avenue Marceau. Porque resultaba que aquellos vecinos no eran otros que los componentes de la delegación parisina del Gobierno vasco en el exilio. Así que los nazis en su allanamiento de París también ocuparon la delegación vasca incautándose, solos o en compañía de Lequerica y Urraca, nunca lo sabremos, de determinada documentación. ¿Qué y cuánta? Tampoco lo sabremos con certeza.

El 21 de noviembre de 1940 se registró en Madrid un informe procedente del Alto Estado Mayor franquista. Se precisa que el informe fue obtenido por el Servicio Exterior (policial): “De la mesa del despacho del denominado por los rojos presidente José María (sic) Aguirre”. Esta es la versión oficial que los militares españoles mantendrán, aunque en el sumario que se instruyó a continuación no se precisa la cadena de custodia del documento en el que se detallaba: “La labor de espionaje llevada a cabo durante nuestra guerra de liberación”. Palabras mayores para un ejército franquista que, de repente, conoce haber sido espiado desde el año 1937, y no se trataba de chismes de cantina sino de un informe en el cual el Servicio Interior (espionaje) del Gobierno vasco detalla la estructura, organización, trabajo y descripción mediante el uso de “nombres convencionales” (apodos) de los agentes sobre el terreno en la Euskadi ocupada. En ese documento, que llamaremos a partir de ahora El Informe, se reseñan 71 viajes transfronterizos, la colaboración en 200 evasiones y 1.242 documentos referentes a la política, situación de los presos, información económica o de la vida religiosa.

La mayoría de miembros de la red Álava, en la cárcel de Porfier (1941). Fotografías de Sabino Arana Fundazioa

Lo que produjo sensación entre los policías investigadores fue comprobar que se detallaba la composición del ejército franquista en su totalidad, así como unas notas, muy atinadas, sobre la organización del mismo; la situación en línea de todas las divisiones con sus puntos de base y con sus estafetas; numerosos datos, casi completos, sobre la Legión Cóndor… apartado específico sobre la línea defensiva franquista del Pirineo Occidental, movimientos de buques mercantes en los puertos de Bilbao o Pasaia; reparaciones y artillamiento de los buques de guerra en Vigo y El Ferrol.

En apenas dos semanas la policía franquista detiene a Bittori Etxeberria, Felícitas Ariztia y Agustín Ariztia y completan la redada con un saldo total de 48 detenciones de los que 21 acabarán procesados, cuatro mujeres y diecisiete hombres. Otros veintisiete serán puestos en libertad, 18 emakumes que asistían a los presos y 9 hombres. Reconocen su afiliación al PNV, 17; a Soli (STV) 8; a Emakumes 8; sin afiliación reconocida, 12; sacerdotes, 2; Juventud Vasca, 1. Una vez en Madrid, la policía política comienza los interrogatorios que tienen como guion el contenido de El Informe. Distinto será el tono de los interrogatorios que lleva a cabo el juez militar que quiere saber también el porqué. Y preguntará sobre las motivaciones que les llevaron a la militancia en el nacionalismo vasco; sobre sus objetivos políticos; sobre la aparente paradoja de ser católicos y aliados de los rojos, y sobre todo por la razón para traicionar a la patria española pasando documentación de orden militar a una potencia extranjera (Francia).

El 12 de abril, se ordena la instrucción como causa sumarísima y se procesa a los encartados por traición a España y Auxilio a la rebelión militar. El 31 de mayo de 1941 se designa como defensor de todos los acusados al alférez de Infantería Ramón Revuelta Benito. El proceso olía a cadaverina y el defensor echa el resto. Comienza su defensa afirmando que no se desprende la relación que pueda existir entre las personas que se citan en El Informe (de 1937) y el documento denominado Fortificaciones franquistas en los Pirineos Occidentales, que es de fecha 2-9-39. Finalmente aporta un buen número de certificaciones de buena conducta emitidas por cargos franquistas y religiosos en favor de varios de los acusados. La irrupción de estos buenos hombres, un abogado militar que bien pudo jugarse su carrera por la empatía que mostró con los acusados y su excelente defensa, y la lista de avalistas, personas e instituciones del régimen que a contrapelo ayudan con su testimonio a los acusados, son indicativas de que incluso en la noche más oscura la humanidad puede emitir destellos de fraternidad.

El 3 de julio de 1941 tuvo lugar la vista, deliberación y fallo del consejo de guerra permanente número 103.590. Un momento, ¿hemos leído bien? Porque hubo 103.589 juicios antes del que estamos analizando y ciertamente otros más después. La maquinaria judicial militar franquista picaba carne a escala industrial y a toda prisa. El juicio comienza a las 9.15 de la mañana y concluye al mediodía. No hubo ningún testigo y, atención, solamente se recibió declaración: “A algunos de los procesados”. No se me ocurre mayor aberración: casi todos fueron condenados sin ser oídos. Leamos lo sustancial de la sentencia:

RESULTANDO que, liberadas las provincias vascas ante el avance nacional, se iniciaron por fanáticos extremistas actividades clandestinas que bajo el conocido tópico de ayuda a los detenidos se vincularon a proporcionar a los dirigentes rojos residentes en Francia medios de lucha contra la España nacional… llegando a proporcionar información de carácter político, económico y militar de la nueva España, cuyas actividades continuaron después de la victoria, obrando conforme instrucciones que recibían a través de la frontera, habiéndose suministrado por los repetidos cabecillas parte de los informes al servicio de información francés, llegando incluso a proporcionárseles una emisora radiotelegráfica ascendiendo a varios miles de pesetas las cantidades que para cubrir los gastos de estas actividades se proporcionaron a los elementos que actuaban en la organización y que se acredita su intervención.

CONSIDERANDO que los hechos se encuadran en la figura delictiva de adhesión a la rebelión, así como, delito de auxilio a la rebelión.

FALLAMOS que debemos condenar y condenamos a la pena de muerte a los procesados 1 al 19, como autores de un delito de adhesión a la rebelión, elevando este Consejo la propuesta de conmutación de la pena impuesta a los procesados Goñi y Echeverria en atención al estado eclesiástico de los mismos.

“nO ES REBELIÓN” Al día siguiente, 4 de julio, se comunica la sentencia al abogado defensor. Oigámosle: “En el día de hoy me ha sido notificada la sentencia por la que se condena a muerte a 19 de mis defendidos. Estimo que el citado fallo no es acorde con las normas jurídicas pertinentes” y añade: “Por otra parte, la actividad de los encartados no debe tipificarse dentro de la figura delictiva de rebelión militar en forma de adhesión sino que cae de lleno dentro de la Ley de Seguridad del Estado de 29-3-1941, más favorable a los acusados, que en el momento de juzgarse está en vigor con artículos encaminados a castigar las actividades delictivas de carácter separatista que son aplicables a los procesados y que está penado con 6 años de prisión a 15 de reclusión a los dirigentes y a los meros partícipes con la pena de 1 a 5 años”.

El auditor de guerra (fiscal) se opone formalmente al recurso de la defensa pero, en un giro sorprendente, acaba coincidiendo con sus argumentos. Al día siguiente, el coronel del consejo de guerra informa de su: “Disentimiento con el dictamen de mi auditor por estimar que la promulgación de la Ley de Seguridad del Estado no implica la derogación de los artículos del Código de Justicia Militar reguladores del delito de rebelión militar y que la aplicación de estos últimos al caso de autos está determinada por la indudable trascendencia que revisten los hechos enjuiciados”.

El coronel auditor se revuelve contra su propio fiscal. Pase que el defensor haya hecho bien su trabajo, demasiado bien quizás, pero el giro del auditor le hace entrar en crisis porque a la máquina de picar carne se le han mellado dos dientes, primero el defensor ahora el fiscal.

Así llegamos a la sentencia de apelación dictada el 18 de septiembre de 1942 por el Consejo Supremo de Justicia Militar. La sentencia sorprende por incongruente: Considerando que los hechos fueron cometidos bajo vigencia del Código de Justicia Militar. Considerando que los hechos perseguidos constituyen un delito continuado de espionaje realizado sucesivamente en tiempo de guerra y paz en la que los autores lo son por participación material y directa…

Tras estas afirmaciones el destino de los acusados no podría ser más sombrío, pero entonces se produce el viraje, porque la sentencia continúa: Considerando que tratándose de un delito militar el Tribunal hace uso del libre arbitrio que el Código le concede para imponer la pena dentro de los límites establecidos: Fallamos que debemos revocar y revocamos la sentencia dictada por el Consejo de Guerra condenando a la pena de muerte a Luis Álava; a los procesados Iciar Múgica, Felipe Oñatebia, Victoria Echeverria, Julián Arregui, José Echeverria, Esteban Echeverria a la pena de 30 años; a los procesados Rafael Goñi, Agustín Ariztia, María Teresa Verdes, Rafael Gómez, Luis Cánovas, Inocencio Tolarechipi y Modesto Urbiola a 25 años; a los procesados Francisco Lasa, Ignacio Arriola, Félix Ezcurdia, Antonio Causo, Delia Lauroba, Víctor González a 20 años.

Obligadamente nos hemos de preguntar el porqué de esa benevolencia. El 28 de noviembre de 1942, el capitán general de la I Región Militar (Madrid y provincias cercanas), Andrés Saliquet Zumeta, ordena el cumplimiento de la sentencia, las conmutaciones de penas y la suspensión de la ejecución de la pena de muerte impuesta a Luis Álava. Saliquet era un militar monárquico próximo al grupo de generales aliadófilos, los sobrecogedores de los sobornos con los que Samuel Hoare, embajador británico en Madrid, conseguía que presionasen a Franco para que mantuviera la neutralidad española durante la II Guerra Mundial. No debemos olvidar la enorme actividad desarrollada por Manuel de Irujo ante el Foreign Office londinense en defensa de los condenados. Otro tanto puede decirse de intelectuales católicos europeos y del propio Vaticano, ¿hicieron mella en Saliquet? ¿Intervino Franco por motivos de interés político? Se mantuvieron las presiones del PNV, Gobierno vasco y diversos actores internacionales para conseguir la conmutación de la pena de muerte impuesta a Álava, pero quien debía resolver en última instancia, Francisco Franco, desoyó las peticiones. El 17-4-43 en un oficio dirigido al tribunal, Su Excelencia, “se da por enterado”, es decir no conmuta la pena de muerte. Otro oficio, confidencial, de fecha cinco de mayo, comunica que para el día siguiente “el próximo día jueves 6 de los corrientes, a las 6.30 horas en las inmediaciones del cementerio del Este por un piquete al mando de un oficial de la policía armada, sea cumplimentada la sentencia de pena de muerte contra el reo Luis Álava Sautu”. El mismo día 5 se da lectura íntegra de la sentencia al penado quien acepta los auxilios del capellán. Aliviado en lo espiritual, solo le queda esperar la entrada del plomo en su cuerpo y la certificación del final de su existencia. Un teniente médico, a las 6.30 del día 6 de mayo de 1943, acreditará la muerte de Luis Álava, “a consecuencia de las heridas recibidas en la ejecución de la sentencia de muerte”.

Con mi admiración por las cuatro heroínas, Bittori, Delia, Itziar y María Teresa, pues nunca tan pocas hicieron tanto a favor de tantos; con mi recuerdo agradecido a las emakumes, que en medio de tanto infortunio transmitieron afecto y ayuda a los gudaris presos; con la esperanza de que aprendamos a recordar todo lo bueno de los que todo lo dieron, particularmente la propia vida, como Luis Álava.

(Este artículo es un resumen de un amplio estudio sobre el Consejo de Guerra número 103.590, incluido en un libro de próxima aparición).