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Malo o peor

Mis recientes cabezazos en el muro del jurismo inmaculado me tienen sumido en una inmensa melancolía. Les confieso que ya no sé qué subespecie de la fauna togada y aledaña me provoca un acongoje más intenso. Hasta este último episodio, creía estar convencido de que el mal de la Justicia española reside en los que despachan autos, dictámenes y sentencias de acuerdo con su obediencia política o de su ideología; nótese que aunque suelen coincidir, no siempre son lo mismo. Me resultaba —y sigue resultándome— inconcebible que tengamos como algo absolutamente normal que las decisiones sean predecibles en función de la etiqueta, conservador o progresista, del juez o jueces en cuestión. Y conste que me parece igual de reprobable el modus operandi cuando el retorcimiento de las leyes conduce a un fallo que simpatiza con mis causas o ideas.

Pero, como les digo, frente a esos y esas profesionales de las leyes a veces demasiado humanos, de unos días a esta parte se me han aparecido los otros, los que juzgan desde una frialdad aséptica, levitando a un metro del suelo. Se comprende que, como cuentan algunos médicos que hacen, intenten no dejarse llevar por las emociones, precisamente para hacer mejor su trabajo. Pero sorprende y alarma que en esa toma de distancia acaben olvidando que sus decisiones afectan a seres humanos. Ojo, no solo a los implicados en una causa; también a la sociedad que va a conocer esas resoluciones. Por supuesto que no se trata de votar asambleariamente las condenas o las absoluciones. Es algo, diría, prejurídico. Tan simple como buscar impartir lo que mayoritariamente entendemos como justicia.

«Ajustada a Derecho»

En mi última descarga compartía con ustedes el asco infinito y la brutal desazón que me produjo la sentencia del ya para los restos Tribunal de La Manada que reducía a diez meses la condena a un tipo que intentó matar de dos maneras distintas a una mujer en presencia de los hijos de ambos. Hoy, trepando por la escala del dolor y la perplejidad, les hago partícipes de mi espanto por el aguacero de justificaciones de la decisión judicial de marras que me ha caído desde la publicación de la columna. Y no precisamente solo por parte de gañanes de palillo en comisura babosa y copazo de Soberano, que también, sino en su mayoría, por hombres (ahora que me doy cuenta, únicamente hombres) muy cabales y profesionales del Derecho que ejercen en varios ámbitos, desde la universidad a los juzgados en diferentes responsabilidades, incluida la de dictar sentencias.

Algunos de esos educados bofetones por lo que escribí han sido públicos —vayan a mi muro de Facebook— y otros los he recibido en privado. Absolutamente todos tienen en común la misma idea: no hay un solo pero que ponerle a la sentencia y los que nos atrevemos a discrepar somos átomos manipulados de una turbamulta ignorante que solo merece el desprecio de los sumos sacerdotes de la ciencia jurídica. No crean que se conforman con el comodín del “es ajustada a Derecho”. Sostienen sin dudar que es justa. O sea, les parece totalmente de recibo que se vaya casi de rositas alguien que —¡en presencia de sus aterrados hijos!— intentó asfixiar y acuchillar a su pareja. ¡Solo porque no termina de hacerlo! Y aquí sí que no hay más preguntas, señorías. Hoy es 25-N, ¿verdad?

El cliente siempre paga

Vuelvo a estar en minoría absoluta. Si ayer les confesaba que no entendía los motivos para festejar una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no pasa de palmada en la espalda, hoy les cuento que tampoco alcanzo a comprender el rasgado de vestiduras ritual a cuenta de la yenka del Supremo español con el impuesto de las hipotecas. Me suena, ya siento ser tan directo y seguramente inoportuno, a cabreo programado o a modelo de pataleta para armar.

En todo caso, si hay algo sorprendente, casi misterioso, en el episodio, es la evacuación de la sentencia ahora autocorregida. Resultaba imposible de creer que un órgano judicioso como el que nos ocupa le atizara semejante bofetón a la banca, y más —a ver quién se atreve a reconocerlo— en una cuestión que el común de los mortales, con o sin préstamo hipotecario, daba por hecho que le tocaba apoquinar al firmante. No digo que fuera lo justo. Apunto que es exactamente como está montado el invento este del capitalismo: en el precio del bien o del servicio están repercutidos todos los costes de producción, incluidos los impuestos.

Poca escapatoria hay a ese principio. Y si el gobierno justiciero de Robin Sánchez acaba endiñando por ley el impuesto de marras a las entidades, serán los bolsillos de los clientes los que se resientan. Ese “la banca siempre gana” que ha dado para tanto titular ingenioso es literal. Incluso si sus supremas señorías hubieran mantenido el fallo inicial, no hacía falta ser un lince en materia financiera para tener claro que los paganos finales seríamos de forma alícuota todos los usuarios de los servicios bancarios. Así de triste.

Llarena for president

Como faltaban astros en el firmamento judicial, acaba de irrumpir la supernova con toga que atiende por Juan Pablo Llarena. Apenas anteayer todavía nos liábamos con su apellido y escribíamos de oído Llanera o Llaneras. Pero ya no hay lugar a confusión, a fuerza de verlo en quintales de titulares, cada vez más psicodélicos. Y fíjense que la primera leyenda que lo acompañaba era la de tipo prudente y razonable a carta cabal, en contraste con la legionaria ideologizada Carmen Lamela, condición que pareció confirmar mandando a casa a Carme Forcadell.

Ya ahí debimos ver que tal puntada no carecía de hilo. Libraba de la cárcel a la anterior presidenta del Parlament, no por bonhomía o espíritu de ecuanimidad, sino al precio de pasar a tercera fila de la política. Conquistada esa playa, repitió la jugada —corregida y aumentada— cuando en una imitación de andar por casa de su colega Salomón, excarceló a unos consellers y dejó entre rejas a Junqueras.

Solo era la preparación para su gran pirueta judiciosa, de momento, la más reciente. Es puro encaje de bolillos, atiendan: desoye la petición de la Fiscalía de ordenar detener a Puigdemont en Dinamarca bajo el argumento de que es el president expatriado quien busca ser detenido. ¿Para qué? Pues para ser enviado a prisión y, de ese modo, tener derecho a delegar el voto y, sobre todo, a ser elegible de nuevo como cabeza de la Generalitat. Y todo eso se lo guisa y se lo come solo el Juan Palomo de la Judicatura hispana, que aun tiene el desparpajo de dejar por escrito en el correspondiente auto que —poco más o menos— ha parado un golpe a la nación española.

Lo técnico y lo político

Enorme contrariedad, resulta que el Cupo vasco no es constitucional. Lo dice nada menos que en el periódico global en español, me cachis en la mar, una eminencia del Derecho, a ver quién es el cuñao que le replica a su ilustrísima. Qué más querían, ¿verdad?, tiñosillos, bronquistas y, en general, pescadores de río territorial revuelto, que desde la mismísima privilegiada e insolidaria Vasconia apareciera un cátedro con quinquenios a darles la razón en sus ataques furibundos a la peculiaridad fiscal. Hasta a algunos de los partidarios les he visto hiperventilando ante el mensaje del erudito. Fuera de concurso, los entreverados que, haciéndose los perspicaces, señalan: “Ojo, que no dice Concierto, sino Cupo”.

La cosa es que puede decir misa. Conocemos lo suficiente el paño como para no morder semejante anzuelo. Para empezar, ustedes y yo sabemos que hay, como poco, seis docenas de juristas tan expertos o más que el que nos ocupa, que les dirían justo lo contrario y se lo argumentarían con idéntica contundencia. Nada es constitucional o inconstitucional, todo es según el color del cristal de la lupa ideológica con que se escudriña lo que sea. Hasta en el Tribunal encargado específicamente de la cosa encontrarán magistrados que emiten conclusiones como la noche y el día respecto al mismo hecho.

Así que menos hacer como que nos caemos del guindo. ¿Que la negociación del Cupo es pelín abstrusa? Nadie lo niega. ¿Que lo político se impone a lo técnico? ¡Toma, claro! Exactamente igual que ocurre con la exposición de la luminaria en cuestión, que es puramente política aunque se embadurne de barniz jurídico.

Compraventa de bebés

Maternidad subrogada, alguna certeza y no pocas dudas. La inmediata, respecto al motivo por el que, casi de repente, se ha empezado a hablar de la cuestión desayuno, comida y cena. Apenas ayer era material para telefilm de sobremesa dominical o extravagancia de cuatro parejas con pasta de por ahí. ¿Por qué justamente ahora se nos viene encima con la apariencia de debate sobre no se sabe qué derecho?

Sí, derecho, otro más de esos manufacturados al gusto del pensamiento fetén para quedar de vanguardia del quince al reivindicarlo con la rotundidad con que en otros tiempos se exigía pan, trabajo y libertad. Y la cosa es que al primer bote casi cuela. Nos preguntan a bocajarro, y nos sale el instinto cobardón para que no se diga que no llevamos a la orden los certificados reglamentarios de progresía o que se nos ha parado el calendario en el pleistoceno. Que si es un asunto de mucho calado, que si todo es respetable, que si…

Confieso que anduve en esas, pero ya no. Ahora mismo tengo claro que el tal derecho es, en plata, la mercantilización pura y dura de la reproducción humana. Bebés convertidos en productos de consumo solo para quienes pueden permitírselo. Al otro lado, mujeres reducidas a suministradoras de criaturas para cumplir los deseos —¿o van a ser los caprichos?— de los que consiguen lo que sea a golpe de chequera. Y en más de un caso, todavía tienen el desahogo de hacerse los ofendidos y corregir al personal cuando se habla de vientres de alquiler, expresión no solo más popular sino más ajustada de esta práctica que ni siquiera es nueva. La compraventa de chiquillos viene, por desgracia, de muy atrás.

Imputados

Atención, pregunta: ¿Qué implica que a alguien le citen en calidad de imputado en una causa judicial abierta? Si tiene que contestar un profano como el que garrapatea estas líneas, diría que a primera vista, no es algo que suene especialmente apetecible ni deseable. Como poco, es un marrón de regulares dimensiones. Da a entender que se ha estado lo suficientemente cerca de la materia oscura que se investiga como para que quien lleva la toga y las puñetas considere necesario pedir un puñado de explicaciones. Dado que también existe la posibilidad de ser llamado como testigo, se desprendería que la imputación conlleva un grado mayor de sospecha. Pero, insistiendo en que este es el razonamiento de un lego que ha leído algo y ha visto unas cuantas series de tribunales, añado que en ese momento procesal —nótese mi dominio de la jerga— todavía se es inocente. O, volteando la frase, aún no se es culpable.

No descarto que parte de mi argumentación sea técnicamente incorrecta. Sin embargo, sobre la conclusión estoy absolutamente seguro, porque esto es algo que en mi gremio lo tenemos (o en una época lo tuvimos) muy mamado. Hasta que no hay sentencia condenatoria firme no hay culpabilidad.

¿Cómo habría que proceder, entonces, cuando se imputa a una persona con responsabilidad política? Salvo en caso de flagrante e innegable delito o renuncio, personalmente yo abogaría por esperar a la resolución judicial. Entiendo que haya quien sostenga que se debe exigir la dimisión inmediata o forzar la expulsión. Lo que no parece de recibo es defender lo uno o lo otro en función de si el imputado es conmilitón o no.